• Último taller presencial desarrolló los temas sobre los procesos institucionales de reclutamiento y selección de personal y de contratación pública.

 Blindar al Poder Judicial con un instrumento para la gestión de acciones contra la corrupción a lo interno de la institución, es el trabajo que se desarrolla en la construcción de la Política Anticorrupción, que mediante talleres presenciales, permitió alimentarse de los aportes de diversos sectores judiciales.

Jefaturas, personal profesional y técnico de los tres ámbitos judiciales (Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia) y representantes de las asociaciones gremiales, tuvieron una participación activa en la etapa de la definición del plan de acción de la política institucional.

 El último de los talleres presenciales programados para el mes de octubre, desarrolló de forma especializada los procesos de reclutamiento y selección del personal judicial y los procesos de contratación pública; de gran relevancia para la materia que se trabaja.

 La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, Patricia Solano Castro, enfatizó en el valor supremo de la administración de justicia que se le confió a la institución y de ahí la importancia de responder a la ciudadanía con compromiso, trabajo, con un servicio eficiente, de calidad, objetivo, igualitario y recto. Además resaltó los temas de primer orden.

 “El proceso de reclutamiento del personal judicial debe reforzarse institucionalmente, pues demanda una modernización de sus modelos, para fortalecer los mecanismos internos que aseguren la contratación de personal idóneo y ese debe ser el norte en esta institución y el eje central para la prevención de la corrupción.  Igualmente, el proceso de contratación de bienes y servicios institucionales y la relación pública-privada es de la mayor importancia, por ello, todas las medidas que aseguren estos procesos y que nos generen insumos para la administración, en la prevención de actos de corrupción, deben ser adoptados en procura de resguardar la imagen, reputación y credibilidad de la institución”, afirmó Solano Castro.

 La Oficina de Cumplimiento tiene a cargo el proceso de construcción de la política anticorrupción y se constituye como facilitador de los talleres.

 “Los talleres nos han permitido establecer una serie de hallazgos importantes como la importancia de que exista una coordinación efectiva entre las diversas oficinas que tienen a cargo la gestión del riesgo de la corrupción y así tenga un mayor impacto y efecto en el Poder Judicial.  También que existe mucha información de calidad en materia de corrupción, que permitiría un amplio análisis de datos para trabajar el tema, garantizado que sea compartida de forma efectiva”, explicó Kenia Alvarado Rodríguez, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial.

 Los talleres permitieron la identificación de 11 temas estratégicos que van desde las buenas prácticas en Gobernanza Judicial, hasta el análisis de riesgos especializados como el de la corrupción, gestión de ética e integridad y la capacitación para la sensibilización en la temática; así como los temas centrales en  materia de reclutamiento y selección del personal judicial y la contratación administrativa.

 Con los insumos obtenidos en el taller, se iniciará un proceso de validación de las líneas de acción definidas, para luego elaborar un documento consolidado de la Política Anticorrupción que se presentaría ante Corte Plena para su valoración y aprobación.