Corte Plena aprobó este jueves 6 de junio en sesión extraordinaria,  el proyecto de presupuesto para el 2020 ajustado a las directrices de contención del gasto emitidas por el Ministerio de Hacienda previamente comunicadas a este Poder de la República.

Con la totalidad de 21 votos de magistrados y magistradas presentes en la sesión se acordó que la prioridad será la lucha contra la corrupción en todas las áreas de la institución, con una redistribución  en la ejecución presupuestaria del año 2020 para dar cumplimiento al  acuerdo de Corte Plena del 4 de marzo pasado que aprobó un informe de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción.

La jerarquía del Poder Judicial es consciente de la crisis fiscal que enfrenta el país, por ello desde los últimos 5 años el presupuesto institucional que se entrega al órgano hacendario es para cumplir con requerimientos mínimos y garantizar la efectividad de los servicios que actualmente tiene a disposición de las personas usuarias.

En la sesión de este jueves el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Fernando Cruz puntualizó: “… el presupuesto del Poder Judicial se aprueba conforme al marco legal ajustándonos a la regla fiscal.  De igual manera debemos plantear una serie de valoraciones y propuestas para los temas prioritarios de crimen organizado y otras leyes especiales pues debemos hacerle frente a estas nuevas obligaciones”.

La Directora de Planificación Nacira Valverde, expuso en la sesión el  plan de gasto y  señaló que ‘’... el presupuesto total se revisó y se ajusta al monto indicado y al límite estipulado por el Ministerio de Hacienda, que corresponde a un rubro por debajo del presupuesto otorgado en el 2019,  que representa un 0,56 %  menos y con cero crecimiento en plazas. Se tomaron una serie de acciones que comprendieron reajustes en materia de sustitución de personal en los diferentes programas presupuestarios y en la partida de remuneraciones”.

La formulación presupuestaria aprobada hoy cumple con los oficios DM-0466-2019  y DM-0615 –2019, de la autoridad hacendaria y fundamentados en Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobada el 3 de diciembre del año anterior como Ley de la República, que introdujo la regla fiscal.

El proyecto de presupuesto judicial para el próximo año contempla los recursos económicos para la judicatura, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública, Escuela Judicial,  Programa de Protección de Víctimas y Testigos  y el ámbito administrativo.

No hay crecimiento en plazas nuevas dentro del Poder Judicial, directriz que las autoridades judiciales siguen desde el plan presupuestario del presente año.

Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones  se remitirá al Ministerio de Hacienda una propuesta de los requerimientos que se necesitan para su implementación. Estas leyes son bienestar animal, acceso a pueblos indígenas, justicia restaurativa, reforma agraria y la jurisdicción especializada en crimen organizado.  

La formulación del anteproyecto de presupuesto de  este Poder de la República corresponde  al Consejo Superior,  con el apoyo de los órganos técnicos y la aprobación final compete a la Corte Plena, así lo indica la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El proyecto de presupuesto 2020  se remitirá al Ministerio de Hacienda en fecha 14 de junio de 2019.

El monto total del presupuesto ordinario corresponde a 470.743.709.100 colones.

Con la puesta en marcha de la Oficina de Cumplimiento, el Poder Judicial emprende acciones concretas para fortalecer la lucha contra la corrupción. Sus funciones son  identificar las amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno,  las faltas a la ética y probidad; así como su prevención, control y sanción.

La Oficina se crea en acatamiento del acuerdo unánime adoptado por las magistradas y los magistrados que integran Corte Plena, en la sesión del pasado 4 de marzo.  La propuesta la presentó la magistrada Nancy Hernández López, quien asumió la coordinación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción desde noviembre de 2014 y hasta marzo  de 2019.

Actualmente la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, asume la dirección de la Comisión de Transparencia. 

“La creación de la Oficina de Cumplimiento, tiene como tarea elaborar un plan de acción que facilite la toma de decisiones oportunas y acciones administrativas para la prevención, control y sanción de las faltas y riesgos derivados de fraudes internos, corrupción y acciones contrarias a la ética y probidad”, manifestó Solano Castro.

Es una oficina autonomía e independencia funcional y de criterio y actúa de oficio, explicó la coordinadora de la Comisión de Transparencia, Patricia Solano Castro

La Oficialía de Cumplimiento, resulta una apuesta a la innovación judicial y un cambio de paradigma en la Institución, enmarcando su  visión en ser el órgano rector que  articule y de seguimiento al cumplimiento normativo del Poder Judicial de Costa Rica en materia anticorrupción.

El nuevo despacho ha establecido como su principal objetivo: identificar las amenazas provenientes de la corrupción, el fraude interno y las faltas a la ética y probidad, con el fin de establecer actividades de prevención, control y sanción

Se nombró a la MSc Kennia  Alvarado Villalobos, como Oficial de Cumplimiento, quien tiene amplia experiencia y conocimiento en temas  de  crimen organizado y materia penal, y se  cuenta con la colaboración de dos personas profesionales.

Como parte de la cooperación estratégica que brinda la Embajada de los Estados Unidos, por medio del ente ejecutor National Center for State Court; recientemente se realizó una visita a Washington,  con el fin de conocer con mayor detalle el funcionamiento de los Oficialías de Cumplimiento, sus competencias y labor en general.

En incremento de la cantidad de sentencias dictadas por el Tribunal Penal de San José y la disminución en los casos que son devueltos para la realización de un nuevo juicio, son aspectos que destacan en el trabajo que emprendió este despacho judicial como parte del Proyecto de Rediseño en Materia Penal, que impulsa la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

“Los indicadores de gestión demuestran que el Tribunal de San José no solamente ha dictado más sentencias, con lo que ha incrementado la cantidad de asuntos terminados por año, sino que además incrementamos la calidad de las sentencias, dado que los casos de reenvío para celebrar un nuevo juicio han disminuido considerablemente, según los informes rendidos por Planificación”, puntualizó Nuria Villalobos Solano, jueza coordinadora del Tribunal Penal de San José.

En el 2017, el Tribunal terminó un promedio mensual de 109 asuntos, mientras que en el 2018 fue de 143, mientras que en el 2019 se alcanzan 155, lo cual refleja la mejora continua de ese Tribunal.

El incremento en los niveles de producción también se ve reflejado en la disminución de la taza de expedientes reentrados, donde en el 2017 la tasa era de un 15%, en el 2018 se disminuyó a un 11% y en el 2019 un 9%, lo cual quiere decir que en este año por cada 100 terminados sólo existen 9 reentrados, siendo la cifra más baja en los últimos años en ese Tribunal.

Cabe destacar que en el 2018 se finalizaron 31% más procesos penales que en el 2017 (463 asuntos).

Los indicadores de gestión también evidencian una importante disminución en el circulante activo del Tribunal de San José, en los últimos dos años.  Mientras que en el 2017 al finalizar el mes de diciembre se registraron 1481 casos activos (expedientes en estado trámite),  el 2018 contabilizó 1128 y al 31 de marzo se tienen 1115, lo que representa una disminución del 25%, desde que inició el proyecto.

La labor por mejorar la gestión del despacho ha permitido que al día de hoy, el señalamiento de juicios colegiados se mantenga en un promedio en juicios colegiados de catorce meses, una vez que ingresan los asuntos y para los juicios unipersonales un plazo promedio de 3.5 meses, según las matrices de los indicadores de gestión que mensualmente presenta el Tribunal a la Dirección de Planificación.

“Este tribunal tiene un alto nivel de complejidad en relación con los casos que se conocen.  La mayoría corresponde a delitos económicos.  Esto significa que no solamente se debe conocer la materia penal, sino además involucra una acción civil resarcitoria en muchos casos, que hace referencia al daño causado que es reclamado por las partes dentro del proceso penal. Esto hace que los juicios sean más largos, al requerir más cantidad de audiencias para realizarse”, explicó la jueza coordinadora.

La Jueza Villalobos puntualizó que el desempeño del Tribunal que coordina desde el mes de febrero pasado, es fruto del trabajo realizado por su antecesor el exjuez Juan Carlos Pérez Murillo, quien se acogió a su jubilación. Indica que ella continuará con estas labor de fortalecimiento del desempeño del tribunal con el apoyo de jueces,  juezas y personal de técnico.

Por un período de cuatro años, el magistrado Orlando Aguirre Gómez, continuará sus labores como Presidente de la Sala Segunda.

Esta tarde, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, juramentó al magistrado Aguirre, luego de que las magistradas y magistrados integrantes del Tribunal de Casación Laboral y de Familia, remitieron la solicitud por aclamación ante Corte Plena.

“Agradezco la confianza de las magistrados y los magistrados que integran la Sala Segunda.  Siempre he entregado todo mi empeño en las labores a mi cargo y el compromiso con el trabajo en la Sala.”, expresó Aguirre Gómez

El Presidente de la Sala Segunda expresó que en este momento el Tribunal se encuentra en una etapa de renovación, con la implementación de una reciente norma legal que ha impactado el volumen de procesos en conocimiento de la Sala en materia laboral y la nueva integración de este órgano de la Corte, lo cual demanda una apertura al cambio frente a nuevos criterios.

“Siempre he estado abierto al cambio y asumo mi compromiso con mucho empeño y trabajo”, reafirmó el magistrado Orlando Aguirre.

La Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, destacó la vasta experiencia del magistrado Aguirre y sus calidades como persona y profesional.