• Para construcción de presupuesto judicial 2022

Las acciones que emprende el Poder Judicial y su población trabajadora de cara al ahorro en recursos como papel, tóner, impresión y servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, se reflejan en la etapa de elaboración del anteproyecto de presupuesto del 2023.

El Consejo Superior en la sesión N°103-2021 celebrada el 01 de diciembre del 2021, artículo XXV, aprobó una serie de lineamientos propuestos por la Dirección de Planificación, que deben seguir los Centros de Responsabilidad del Poder Judicial, en la formulación de sus anteproyectos de presupuesto de cara al próximo año.

Las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023,  se elaboran en el Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional, de la Dirección de Planificación, quienes durante el proceso las remiten a conocimiento y aprobación de las diferentes Direcciones, Departamentos y Programas Presupuestarios.

“La Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas implicó limitaciones de crecimiento presupuestario desde el 2020, y bajo el supuesto de que se mantendrán las mismas medidas de contención del gasto y que nuevamente no habrá posibilidad de un incremento en el presupuesto solicitado por el Poder Judicial, los Centros de Responsabilidad deben ajustar el límite de sus solicitudes de gasto.”, se puntualiza en el documento.

Con las medidas de contención del gasto establecidas, las acciones que emprende la población judicial en el uso racional de los recursos, aunadas a las gestiones administrativas, se generará un impacto positivo.

El acuerdo del órgano judicial administrativo avaló las acciones que amplíen los esfuerzos institucionales de “…reducir el uso de papel y tóner, promover el uso de medios tecnológicos, sensibilizar a las servidoras y los servidores judiciales sobre el consumo del papel y la necesidad de disminuir el tiempo de respuesta sin deterioro de los derechos fundamentales de las personas usuarias.”.  

Se dispuso la aplicación de medidas de control de crecimiento por parte de los Centros de Responsabilidad, en los servicios de fotocopiado.

También se estableció la revisión del Banco de Buenas Prácticas para valorar la aplicación de experiencias exitosas de otras oficinas en materia de uso de papel y el compromiso del establecimiento de planes para disminuir su consumo, sin que se genere un faltante de suministros en las oficinas y despachos.

En cuanto a las Comisiones que a la fecha producen agendas o calendarios para distribuir, se indica que se debe acordar la forma en que se reduzca el número de ediciones, tratando de que las publicaciones satisfagan las necesidades de todos.

Se destacan los sistemas de agenda administrativa y agenda judicial que permiten realizar la programación de las gestiones judiciales de forma electrónica, tanto de oficinas como despachos.

El Consejo Superior reiteró la directriz relacionada con la solicitud “…a las Administraciones Regionales y demás centros de responsabilidad, que para la adquisición de equipos con especificaciones técnicas que permitan el ahorro de agua y electricidad, consideren el “Catálogo de Especificaciones Técnicas Básicas, para la Estandarización del Suministro de Equipos de Ahorro del Consumo de Agua y Energía Eléctrica, en las Edificaciones Sostenibles del Poder Judicial”, de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional”., detalló el acuerdo.

A esto se suma la directriz establecida desde el 2018, para que las oficinas y Centros de Responsabilidad del Poder Judicial, implementen medidas para disminuir de forma paulatina el consumo de plásticos de un solo uso, mediante alternativas renovables o biodegradables, amigables con el ambiente.

Las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, también contemplan aspectos puntuales sobre el cumplimiento de las normas de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en temas como el límite de crecimiento presupuestario, pago del Impuesto al Valor Agregado en las compras judiciales de bienes y servicios.

Además, en cuanto a los recursos que sean formulados para la atención y ejecución de proyectos se deberán aplicar los lineamientos de la Metodología de Administración de Proyectos aprobados por la Corte Plena en la Sesión N°02-2020 del 13 de enero del 2020, artículo XXXIII, entre otros aspectos técnicos.