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Edificio de la Corte Suprema de Justicia

SALA DE PRENSA

Acceso a la justicia se robustece

07 de abril de 2016.

La prioridad del Poder Judicial de propiciar mecanismos para resguardar el acceso  a la justicia se fortaleció con diversas acciones emprendidas durante el 2015.

Mejoras en el servicio para la atención especial de personas víctimas, el acceso a los servicios en comunidades de difícil acceso y el impulso de la especialización en materias sensibles como pensiones alimentarias, marcaron la labor del Poder Judicial el año pasado.

“El acceso a la justicia y la gratuidad de ella han sido los objetivos hacia los que nos hemos encaminado”, afirmó Zarela Villanueva Monge, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, durante el acto solemne de Inauguración del Año Judicial 2016.

Villanueva Monge resaltó el impulso que se dio en el 2015 a la Política Pública de Equidad de Género, con la construcción del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, inaugurado oficialmente en marzo del presente año.

“Mediante este observatorio se busca sistematizar las acciones que desarrolla el Poder Judicial para la atención, investigación y sanción de las distintas formas de violencia contra las mujeres y su acceso a la justicia. Desde esta plataforma informativa queremos dar nuestro aporte para consolidar una sociedad pacífica, en la que las mujeres y las niñas, tengan igualdad de oportunidades”, explicó la máxima jerarca judicial.

La Plataforma Integral de Servicios de Atención a Víctimas (PISAV) inauguró sus servicios en Tres Ríos de La Unión, Cartago, cuyo modelo de atención reúne y coordina en una misma sede,  servicios judiciales de diversas competencias, así como la asistencia psicológica, jurídica, sanitaria y social, para evitar o mitigar la revictimización. 

El Programa de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, liderado por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), se consolidó el año pasado, al contar con 371 personas facilitadoras, que son habitantes de las comunidades, líderes comunales y que se constituyen en un puente de comunicación entre la población y los despachos judiciales.

En setiembre del 2015, el Poder Judicial también aprobó la Política Institucional de Acceso a la Justicia de las Personas Afrodescendientes y se unió a la presentación oficial de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa, la cual bajo el Programa de Justicia Restaurativa, se contabilizó entre enero a octubre del 2015, la atención de 305 víctimas y 761 personas ofensoras y la generación de 55182 horas de servicio comunal.

En materia de pensiones alimentarias, se concretó el programa de especialización de estos despachos en el I Circuito Judicial de la Zona Sur, sede Pérez Zeledón y en Pococí y se incorporó el expediente electrónico.

“En total, en el territorio nacional existen 11 juzgados de pensiones alimentarias, bajo la modalidad electrónica.  Nos falta San Ramón y San Carlos,  que son electrónicos pero que aún comparten su gestión con contravenciones.  También tenemos pendiente el Juzgado especializado en Pensiones de Puntarenas que funciona con expedientes físicos debido a limitaciones de infraestructura del inmueble”, detalló la Presidenta de la Corte.

Esta labor comprende buenas prácticas como la de los Juzgados de Pensiones Alimentarias y Contravencional, Menor Cuantía y Tránsito de Sarapiquí, que salen de sus despachos y visitan comunidades alejadas para recibir demandas, pruebas y brindar aclaraciones en cuanto a los expedientes judiciales, entre otros.

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