Justicia Restaurativa se amplía en proyecto piloto a flagrancia
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- Publicado: Martes, 27 Septiembre 2016 11:48
Aquellos casos en flagrancia, que reúnan los requisitos para la aplicación de la Justicia Restaurativa, se tramitan desde el pasado mes de mayo, bajo una forma distinta de hacer justicia, a partir de la restauración del daño causado a favor de la víctima y la aplicación de medidas alternas a la prisión, con la participación activa de todas las partes del proceso y la comunidad, desde las redes de apoyo.
La magistrada Doris Arias Madrigal, coordinadora del Programa de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, destacó la labor emprendida en coordinación con la Comisión de Flagrancia, para iniciar un plan piloto en los circuitos judiciales de Heredia, Pérez Zeledón y Pococí.
El protocolo denominado “Proyecto de gestión de casos para juzgar los delitos de flagrancia a través de justicia restaurativa”, contó con la aprobación del Consejo Superior y la Comisión Nacional de Flagrancias, integrada por: Lic. Francisco Fonseca, Dra. Doris Arias Madrigal, Lic. Rodolfo Solórzano.
“Se desarrolló una propuesta de protocolo de actuación específica para cada región, por las condiciones en las que funcionan los Tribunales de Flagrancia. En el caso de Heredia y Pérez Zeledón, funcionan en horarios vespertinos, donde las audiencias restaurativas están a cargo de los equipos interdisciplinarios. En Pococí, que funcionan con horario ordinario, son los jueces de flagrancia los que facilitan las reuniones”, destacó la magistrada Arias Madrigal.
La funcionaria judicial resaltó que este proceso se inició con los recursos existentes, mediante la ampliación de la atención de audiencias de los equipos psicosociales de Justicia Restaurativa, que funcionan en los tres circuitos judiciales.
Uno de los aspectos importantes a considerar, son las condiciones que deben cumplir los casos que se presenten para la aplicación de la Justicia Restaurativa en casos de Flagrancia.
“El perfil de casos se incorporó al protocolo que elaboramos y que contiene los delitos aprobados por el Ministerio Público, además de aspectos como que las personas sean primarias, algunos que se puedan detectar y abordar desde el Programa de Tratamiento de Drogas, donde el detonante del delito es el consumo”, explicó la magistrada.
Para el Vicepresidente de la Corte Suprema y de Justicia y Coordinador de la Comisión de Flagrancia, José Manuel Arroyo Gutiérrez, “…el Programa Nacional de Flagrancias surgió como una respuesta del Estado Democrático y con el respeto pleno de derechos para todos los intervinientes, ofreciendo una respuesta ágil, aplicable a ciertos procesos penales de sencilla tramitación, donde se detenía al imputado en el momento de la comisión de los hechos, inmediatamente después o cuando tuviera objetos o rastros que hagan presumir su participación en un delito y a cumplido a cabalidad con las expectativas”.
Arroyo Gutiérrez, explicó que en los procedimientos expeditos para los delitos en flagrancia, también se puede lograr la solución de conflicto a través de institutos como la conciliación y suspensión del proceso a prueba, entre otros.
“En aquellos casos donde exista la posibilidad de restaurar el daño causado, las ventajas derivadas de la Justicia Restaurativa deben ser aprovechadas y esperamos que sus métodos y principios orientadores, brinden, no sólo, la plena satisfacción a la víctima, sino una oportunidad al imputado a través de un alto control y apoyo”, afirmó el magistrado José Manuel Arroyo.
En los asuntos donde no se concrete un acuerdo entre partes, se remite nuevamente el expediente al Tribunal de Flagrancia, para que continúe con la audiencia inicial y el juicio.
“Este plan comprende un trabajo articulado entre Justicia Restaurativa y los Tribunales de Flagrancia. Buscamos dar un abordaje más integral desde la raíz del conflicto y tratar de darle una solución mediante una resolución integral”, destacó la magistrada Arias Madrigal.
El seguimiento a los planes reparadores han marcado el éxito de la Justicia Restaurativa, que desde su creación registra un 96% de cumplimiento por parte de las personas imputadas y ésta labor es la que se pretende llevar en este ámbito de lo penal.
Los resultados de la propuesta permitirán la expansión en el I, II y III Circuito Judicial de San José.
