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Cuarto Informe del Estado de la Justicia: Plantean desafíos en procura de mejora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa

El Cuarto Informe del Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, plantea una serie de desafíos para la mejora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en un estudio profundo y consciente de la complejidad de la materia y de los asuntos que en esta se conocen.

Dicho informe, en su capítulo 2 en el apartado “Tutela Efectiva de Derechos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, analiza una serie de aspectos de esta jurisdicción, con el fin de presentar recomendaciones para la mejora de la calidad del servicio en búsqueda de una justicia pronta y cumplida.

De la investigación se desprende, que las actuaciones en cada tipo de terminación en materia contenciosa son acordes con el ordenamiento legal, claras y que garantizan seguridad jurídica en las distintas secciones de esta jurisdicción, al concluir, que no existe evidencia alguna que permita afirmar prácticas arbitrarias que hagan necesario anular actuaciones de la primera instancia.

Un tema de particular interés para el estudio fue determinar si la conciliación y sus respectivas resoluciones son accesibles, prontas y equitativas para ambas partes. Se encontró que la conciliación es una forma muy utilizada para resolver los casos en los expedientes de amparos de legalidad (50,5%). Solo en cuatro casos se identifica el fracaso de la conciliación debido a que alguna parte no se presenta a la audiencia conciliatoria o cualquiera de las partes se niega a conciliar. El motivo de salida de estos cuatro expedientes es sentencia. Cabe indicar, finalmente, que cuando no fracasa la conciliación hay homologación en todos los casos.

En lo que respecta al tema de los riesgos asociados al cumplimiento de la resolución, se señala, que, en la reforma operada mediante el CPCA, una de las preocupaciones que generó mayor atención fue, precisamente, la ejecución de las sentencias de carácter estimatorio, en donde se concluye que el cuerpo de jueces de ejecución de sentencias de lo contencioso-administrativo es, quizá, una de las principales víctimas de las fortalezas de la reforma contencioso-administrativa, ya que se han dado eventos de origen legislativo que han impactado el circulante de los casos que deben atender, aunque para ello no se ha aumentado la cantidad de recursos humanos y materiales, al menos de forma proporcional.

El informe hace recomendaciones en aspectos como los datos estadísticos del análisis de la admisibilidad de las demandas, además, se sugieren una serie de medidas de carácter administrativo que, de ser implementadas, podrían significar una mejora sustancial en el servicio al justiciable y de mejora de los tiempos de trámite de los procesos, se recomienda desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que les faciliten a los juzgadores la identificación de procesos complejos, el estado de todos los asuntos bajo su cargo en tiempo real, así como la tramitación automatizada de ciertas tareas de baja complejidad.

Además, el informe recomienda en el tema de audiencias virtuales, ampliar los recursos tecnológicos en el TCA, con el fin de facilitar la celebración de audiencias mediante ese mecanismo. “Resulta de particular interés diseñar una campaña constante de información al justiciable –respecto a esa alternativa–, dado que, como se vio a lo largo de este capítulo, solo se habilita a petición de parte. Otra alternativa es que, en los casos en que se advierta que las partes provienen de zonas rurales, el juez tramitador a cargo del proceso advierta de oficio, en la resolución que corresponda, que las partes podrán optar por esa alternativa de participación en las audiencias”, señala el informe.

Cabe destacar, que el Informe de Estado de la Justicia, es un estudio al que el Poder Judicial se somete de forma voluntaria, con el fin de evaluar sus servicios y así aplicar las medidas necesarias para mejorar el servicio de Administración de Justicia.

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