Presidenta de la Corte expuso presupuesto para el 2017
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- Publicado: Viernes, 16 Septiembre 2016 14:20
Ante Comisión de Hacendarios de Asamblea Legislativa
• No hay plazas nuevas.
• Crecimiento es el más bajo de los últimos cuatro periodos.
• Se aplicaron 118 directrices internas de contención del gasto.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge expuso ante la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el Presupuesto Ordinario del Poder Judicial para el 2017, por un monto de ¢421.886.962.460, lo que implica un crecimiento de 1.6% en relación al año en curso. Este monto incluye los recursos para el ámbito jurisdiccional, administrativo, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, Defensa Pública y el Programa de Protección de Víctimas y Testigos.
Con presupuesto separado la jerarca judicial aclaró que para la implementación de la reforma procesal laboral se requiere de: ¢ 8.820.633.833; la reforma procesal civil se proyectó un monto de ¢ 457.605.516; para el fortalecimiento de la aplicación de la Ley de Sustracciones y Desapariciones de Menores de Edad, conocida como “Ley Yereling” se solicita ¢ 1.815.901.571 y para la Ley que crea la Jurisdicción de Crimen Organizado se prevee que el impacto económico es de ¢ 3.499.896.620.
Enfatizó la vinculación del presupuesto a los resultados de los despachos judiciales. “Se analizó cuanto se produjo, que oficinas están atrasadas, como fue la ejecución presupuestaria y de acuerdo con los resultados así se les asignó el presupuesto”.
La formulación del presupuesto es el resultado de un esfuerzo de los órganos que componen el Poder Judicial, contó con un amplio análisis por parte de Corte Plena, Consejo Superior y los órganos técnicos de la institución con el fin de definir las prioridades y no desmejorar la atención en el servicio público. El plan de gastos no contempla la creación de plazas ni apertura de servicios nuevos.
Diputados y diputadas que integran la Comisión de Hacendarios plantearon consultas y cuestionaron partidas presupuestadas. Entre ellas las siguientes:
Olivier Jiménez del partido Liberación Nacional cuestionó el aumento en la partida de capacitación en relación con lo presupuestado en el 2015. La jerarca judicial explicó que este dinero es el que se utilizará para la capacitación del recurso humano que tendrá a cargo la aplicación de la reforma laboral y civil.
El legislador Rolando González de la misma agrupación política cuestionó el presupuesto de la partida para la implementación de la ley que crea la jurisdicción contra el crimen organizado, en su criterio no debe incluirse porque aún no está aprobada. La magistrada Villanueva aclaró que este es un ejercicio responsable para que se determine el impacto económico. Se planteó que este rubro se traslade a un presupuesto extraordinario. También González solicitó aclaración sobre la compra y sustitución de vehículos; se le informó que la política institucional es sustituir cada seis años.
Por su parte José Ramírez del Frente Amplio, solicitó se le aclarará la inyección de capital en construcciones y licencias de software . Se le indicó que el dinero es para fortalecer el fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica que permitirá la construcción de edificios propios. Las licencias se utilizarán para potenciar circuitos electrónicos que es una modalidad de trabajo que agilizan la tramitación de los procesos.
El diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario pidió que se le enviara por escrito información detallada sobre incentivos salariales. Adelantó que desde revisarán con detenimiento en que partidas se puede recortar gastos.
En la audiencia acompañaron a la magistrada Villanueva Monge, el Director del Despacho de la Presidencia Róger Mata Brenes; Subdirector Ejecutivo Rodrigo Arroyo Guzmán; Directora de Planificación Nacira Valverde Bermúdez y el Director de Gestión Humana José Luis Bermúdez Obando. La sesión se realizó el 14 de setiembre 2016 y se extendió por aproximadamente dos horas.
