Poder Judicial trabaja de la mano con población en situación de discapacidad en actualización de política institucional
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- Publicado: Viernes, 18 Febrero 2022 09:55
- 2022 se orientará al trabajo de co-construcción con personas usuarias en situación de discapacidad y organizaciones que las representan.
- Trabajo coordinado de la Comisión de Acceso a la Justicia, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, la Unidad de Acceso a la Justicia y el apoyo técnico del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
Actualización de la política judicial de población en situación de discapacidad avanza con acciones claras para este 2022. El objetivo del Poder Judicial es mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a esta población mediante acciones que den respuesta a sus requerimientos y acorde con la nueva legislación nacional y convenios internacionales.
El proceso corresponde a un trabajo coordinado de la Comisión de Acceso a la Justicia, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad y la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, con el apoyo de la y la colaboración técnica del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).
El magistrado y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Jorge Olaso Álvarez, destacó el trabajo trascendental del Poder Judicial en su evolución de emprender acciones para garantizar el acceso a la justicia de las personas con discapacidad.
Olaso Álvarez señaló que la reciente reunión con autoridades del CONAPDIS “abrió la posibilidad de firmar un convenio interinstitucional para promover una colaboración mutua para el diseño técnico y estructural en la actualización de esta política pública, la cual debe contar con los lineamientos establecidos por el Consejo y que integre a toda la estructura del Poder Judicial”.
Según explicó la magistrada y coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad, Damaris Vargas Vásquez, se trabaja con el CONAPDIS en la coordinación y enlace con la población en situación de discapacidad y las organizaciones que las representan.
“Queremos emprender un proceso mediante talleres con grupos focales para concertar posiciones, establecer sesiones de trabajo y que esa población beneficiaria de la política, que nos señale cuáles son sus principales requerimientos y que desde la política judicial se establezcan las acciones para darles solución. Lo que procuramos con esta actualización de la política institucional, es que se establezcan una serie de medidas que garanticen la eliminación absoluta de las barreras que tiene esta población y que se desarrollen en igualdad de oportunidades”, puntualizó Damaris Vargas.
El proceso de actualización de la Política de Acceso a la Justicia y Equiparación de Oportunidades contempla un plan de acción, ya aprobado por Corte Plena, “porque la política tiene que cobrar vida y precisamente lo hace a través de este plan de acción que dará solución a esos problemas, a esas barreras, a todo lo que limitan de alguna manera, que las personas en situación de discapacidad, puedan desarrollarse plenamente en el acceso a la justicia y en la equiparación de sus oportunidades, es decir, en el ejercicio de sus derechos. De tal manera que estamos avanzando”, explicó la magistrada.
También se trabaja en propiciar la cooperación de parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidades que impulse el desarrollo de esta política, pues muchas de las circulares internas que se aplican actualmente en el Poder Judicial cuentan con altos estándares internacionales que surgen de las resoluciones de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La política contemplará la actualización de la normativa nacional en esta materia como la reciente reforma a la Ley 7600 que incorpora un capítulo 8 sobre acceso a la justicia y la Ley de la autonomía individual de las personas en situación de discapacidad.
Esta labor se emprende siguiendo la metodología de administración de proyectos y los lineamientos sobre la construcción de políticas institucionales en el Poder Judicial, aprobados por Corte Plena.
