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SALA DE PRENSA

Defensa Pública de Nicoya facilita acceso a la justicia en Isla Venado

  • Imparten capacitación sobre la labor que realiza este órgano auxiliar de justicia e informa sobre los servicios que brinda.

La Defensa Pública del II Circuito de Guanacaste, realizó una gira a Isla Venado, el pasado 22 de octubre, con el objetivo de brindar acceso a la justicia a las personas usuarias de las zonas más alejadas del cono peninsular de Lepanto, Puntarenas.

Este órgano auxiliar de Justicia capacitó a 19 jóvenes estudiantes de sétimo año y a 6 madres y padres de familia que asistieron a la actividad, sobre las materias de pensiones alimentarias, penal juvenil, laboral, agraria, así como orientación con respecto a cómo solicitar los servicios de asesoría y representación que brinda la institución en dichas materias.

La actividad fue organizada por el personal de la Defensa Pública de Nicoya, a quienes les corresponde la atención de las personas usuarias de Isla Venado y Jicaral.

Es importante resaltar que las personas usuarias de esta localidad que deban realizar una diligencia judicial en los Tribunales de Jicaral o Nicoya tendrían que gastar, la suma promedio de 15 mil colones en transporte y alimentación, además de todo el tiempo que requiere en el traslado en bote y de manera terrestre.

Mainor Barrantes Castillo, Defensor Público en materia penal juvenil señaló que esta actividad “facilita a las personas usuarias el acceso a los servicios que brinda la institución, debido a que en esta zona se atienden procesos penales, agrarios no contenciosos y en materia laboral, entre otros. En esta oportunidad, se realizó una charla preventiva, sobre el proceso penal juvenil, para explicarle a las personas menores de edad de la zona, sus derechos y obligaciones, así como la posibilidad que tienen de ser representadas por una persona defensora pública”.

La gira contó con la participación de Ligia Jiménez Zamora, supervisora regional de la Defensa Pública, de la zona de Guanacaste; Johana López Matarrita, defensora pública de laboral; Laura Beita Benavente, defensora pública agraria y Mainor Barrantes Castillo, defensor público de penal juvenil y coordinador de oficina.

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