Poder Judicial aprueba proyecto de presupuesto 2022 apegado a regla fiscal, lineamientos y restricciones presupuestarias
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- Publicado: Viernes, 04 Junio 2021 14:54
- Presupuesto para el 2022 disminuyó en un 0. 06% con respecto al monto aprobado por Corte Plena para el 2021, lo que representa ¢289 millones menos.
- Gasto presupuestario máximo es de ¢468.504 millones de colones.
Apegado a las directrices de restricción del gasto y atendiendo la situación fiscal del país, la Corte Plena aprobó por mayoría de 19 votos, 1 voto por no aprobar, el proyecto de presupuesto para el año 2022, durante la sesión extraordinaria celebrada el martes 1 de junio de 2021.
El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, señaló que “el proyecto de presupuesto judicial para el ejercicio económico del año 2022, se apega a la Regla Fiscal y a las políticas restrictivas del Ministerio de Hacienda, es un plan de gastos que cumple con los lineamientos de restricción que hemos recibido de las autoridades del Poder Ejecutivo”.
La exposición sobre el contenido del proyecto estuvo a cargo de la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.
“A partir también de los lineamientos del Ministerio de Hacienda, la administración judicial tomó acuerdos para sostener y dar contención al gasto, entre los lineamientos tomados por Corte Plena, fue no recortar el presupuesto de la Dirección de Tecnología para el año 2022, dado el impacto que tiene la sostenibilidad tecnológica en este momento para el Poder Judicial en la prestación del servicio público, igualmente, este presupuesto, aplica los controles mediante la metodología de proyectos establecidos y presupuestos plurianuales, asociados a los planes de trabajo presentados”, explicó Valverde Bermúdez.
Este monto representa un decrecimiento del presupuesto institucional del 0.06% (¢289 millones) en relación con el monto aprobado por Corte Plena para el 2021. Para cumplir con la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, se incluyeron también los recursos necesarios para cancelar el Impuesto al Valor Agregado.
Valverde Bermúdez destacó que el Gasto Corriente se fijó en ¢443.456 millones y el Gasto de Capital en ¢25.047 millones. Estos montos se apegan a las restricciones presupuestarias establecidas.
No se crean plazas nuevas y por restricción hacendaria, el presupuesto no se incrementa por costo de vida para ninguna clase de puesto de la institución.
En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos, salvo los que por disposición legal u órdenes sanitarias, se tengan que ajustar; además los contratos en limpieza y vigilancia no se incrementan, salvo para cubrir los costos del impuesto al valor agregado.
Dentro de los proyectos prioritarios para el Poder Judicial, se contempla la inversión en tecnología, para el fortalecimiento de los servicios judiciales en línea, de relevancia para la institución, para garantizar la continuidad de los servicios judiciales y la seguridad sanitaria ante la emergencia por los efectos de la pandemia que vive el país, ante el COVID-19.
Otro de los lineamientos importantes que se genera a partir de este presupuesto 2022, es lo correspondiente a la sostenibilidad presupuestaria de las acciones tomadas por la institución para la atención de la emergencia por el impacto del COVID 19. Estos fueron muchos esfuerzos de todas las oficinas para darle contenido y formular lo necesario para cumplir con medidas sanitarias y darle prioridad a productos medicinales, limpieza, seguridad y a adquisición de licencias de trabajo para impulsar el teletrabajo, puntualizó la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde.
Junta Administradora de Jubilaciones y Pensiones. La inclusión de la ésta como un programa más dentro del presupuesto institucional obedece a la solicitud de la Junta Administradora del Fondo, fundamentada en los criterios de SUPEN y la Procuraduría General de la República (PGR) que determinaron su naturaleza jurídica, como un Órgano más del Poder Judicial.
En el criterio número C-021-2021 de fecha 29 de enero 2021 de la PGR señala: “La Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial es un órgano con grado de desconcentración máxima del Poder Judicial para la administración de dicho régimen, dotado de personalidad jurídica instrumental para la gestión más eficiente de su propio presupuesto y de los recursos que componen el aludido fondo. 2. La naturaleza jurídica de la Junta, a la que el artículo 239 de la LOPJ le confiere poderes – incluso normativos – que inciden directamente en la gestión de los recursos humanos a su cargo; no desliga a su personal del Poder Judicial, con el que sigue manteniendo una relación de empleo público”, (negrita y subrayado para efectos de este comunicado).
Ejecución de nuevas leyes demandan recursos adicionales. En un esfuerzo institucional para atender el cumplimiento en la obligación de leyes especiales, se formulan recursos específicos para avanzar en la implementación de estas normas legales aprobadas sin contenido presupuestario.
De esta manera, el proyecto de presupuesto del Poder Judicial para el 2022 contempla recursos de forma prioritaria por ₡84 millones para la capacitación de las personas juzgadoras para la implementación del nuevo Código Procesal de Familia y que abarcará 106 despachos de Familia, Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica. Se incluyen recursos destinados para la Reforma Procesal Agraria ante la necesidad específica en diversas zonas del traslado del personal juzgador. Para la Ley de Bienestar Animal se destinan ₡113 millones para el equipamiento de laboratorio. En cuanto a los requerimientos de crimen organizado la necesidad de remodelación de espacio físico y resguardo a la jurisdicción, con salas de juicio, acondicionamiento de celdas y zonas de seguridad por ₡511 millones.
Adicionalmente, los montos faltantes para atender la total implementación de estas leyes se remiten nuevamente al Ministerio de Hacienda para valorar la viabilidad de que en algún momento se cuente con contenido presupuestario y se pueda dotar los recursos para la implementación de esas nuevas obligaciones legales. De acuerdo con los estudios de la Dirección de Planificación se puntualizan los requerimientos anuales reales de estas leyes especiales que corresponden a:
- Ley de Bienestar Animal ₡666 millones
- Código Procesal de Familia ₡424 millones
- Código Procesal Agrario ₡460 millones
- Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada ₡19.469 millones
- Ley 9593 Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas ₡105 millones
- Ley 9582 Justicia Restaurativa ₡1.087 millones
El magistrado Fernando Castillo Víquez se inhibió de votar la formulación presupuestaria del Poder Judicial 2022, al estar habilitados para conocer la acción inconstitucional sobre el acuerdo tomado por Corte Plena para la aplicación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, del 18 de marzo de 2019. Se le aceptó la inhibitoria.
El proyecto de presupuesto 2022 del Poder Judicial, se remitirá al Ministerio de Hacienda, cuya fecha legal de entrega está fijada para el 15 de junio.
