Evaluación del Desempeño del Poder Judicial cumple con disposiciones de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
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- Publicado: Jueves, 21 Enero 2021 10:36
- Primer período de evaluación del desempeño bajo el nuevo modelo, inició en junio de 2020, donde se ha completado el 97% de la población judicial, que son 12.192 personas servidoras judiciales notificadas con planes de evaluación.
- Cronograma de implementación de la Ley 9635 inició desde marzo de 2020 y se extiende hasta enero de 2022.
- Implementación debe considerar más de cuatrocientos clases de puestos por la diversidad de los grupos profesionales existentes en este Poder de la República.
El Poder Judicial emprendió desde el mes de junio del 2020 la concreción de la primera etapa de evaluación del desempeño a toda la población judicial, apegada a las disposiciones contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).
Sin embargo, el proceso como tal, arrancó desde el año 2015 en cumplimiento con un acuerdo de Corte Plena de ese año por lo que el proceso de implementación del modelo inició antes de que se promulgará la señalada ley mejor conocida como el plan fiscal.
“La implementación de este proceso está a cargo de la Dirección de Gestión Humana, dependencia que formuló un plan de trabajo apegado a la normativa de la Ley 9635 , con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección Jurídica, donde se gestionó la reforma al Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño de este Poder de la República, aprobado por Corte Plena en mayo del 2020 precisamente para adaptarla a la citada ley” detalló la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta.
La funcionaria agregó que este proceso incorpora también los aspectos ordenados por la Contraloría General de la República en aplicación al Título III de la Ley 9635, por ello se formuló un cronograma para dar cumplimiento al año 2022, plazo que aplica a todas las instituciones del sector público.
El proceso judicial de evaluación de desempeño se basa en dos factores. El primero de ellos es el factor rendimiento que tiene una valoración cuantitativa de un 80%, las metas son establecidas por la persona evaluadora y la persona evaluada, considerando las funciones asignadas, la carga de trabajo, las características particulares de la persona evaluada, utilizando como insumo los Planes Anuales Operativos y otros instrumentos de control.
El 20% restante contempla el factor de competencias identificados por la Dirección de Gestión Humana, en instrumentos técnicos propios del desarrollo humano.
Cronograma. El proceso de implementación y la modificación de los sistemas informáticos internos avanza igualmente mediante un cronograma de trabajo, pues se requieren ajustes para adaptarlo a la evaluación de las jefaturas de oficina y despachos judiciales, según los nuevos componentes que ordenó la Ley 9635 y sus reglamentos.
Actualmente, el 97 % de la población judicial, que nominalmente equivale a 12.192 personas servidoras, cuentan con un plan de evaluación en ejecución, la cual se inició en el mes de junio del año del 2020 como se indicó anteriormente.
Las mejoras al sistema informático, labor más compleja, registra un 39% de avance y la capacitación ha sido permanente mediante la modalidad presencial y virtual esta última como medida sanitaria por la pandemia, para ello se ejecutó una estrategia de comunicación interna de información y sensibilización.
El proceso de Implementación de la Evaluación del Desempeño en el Poder Judicial debe considerar entre otras variables la población judicial en total de 12. 597 personas trabajadoras y 407 clases de puestos, esta diversidad se extrae de las funciones asignadas a las personas que pertenecen al ámbito administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia, que son los órganos judiciales: Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y la Defensa Pública.
“Auditoría especial”. La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República aplicó una “auditoría especial” con el objetivo de determinar sí el Poder Judicial ha implementado un proceso de evaluación del desempeño tendiente a desarrollar y fortalecer las capacidades del personal judicial.
Los resultados de la auditoría se comunicaron mediante informe DFOE-PG-IF-00015-2020 del 15 de diciembre del 2020 en el que se indicaron recomendaciones y oportunidades de mejora en el proceso que aún está en marcha.
Las recomendaciones del órgano contralor como corresponde a este tipo de auditorías, establecieron plazos de cumplimiento, el último de éstos vencería el 17 de diciembre 2021.
Entre las recomendaciones se cita la elaboración de una estrategia para el fortalecimiento, avance y consolidación del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño del Poder Judicial, elaboración de un cronograma para la implementación de la estrategia, establecer responsables de la ejecución del cronograma, informes del avance y mecanismos de rendición de cuentas.
Sobre esta auditoría la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta aclaró que este es un estudio que surge paralelo al trabajo que en desarrollo humano por competencias ha impulsado la institución, el cual debió adaptarse a las disposiciones normativas de la Ley 9635 y sus reglamentos.
Los resultados y recomendaciones del informe del órgano contralor están integradas dentro del cronograma y plan de trabajo en ejecución que finaliza en el año 2022.
