Propuesta regularía nombramientos en la función fiscal
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- Publicado: Lunes, 20 Noviembre 2017 15:56
Redactar un proyecto de ley para la creación de la Carrera Fiscal y establecer los requerimientos para la presentación del informe anual del Fiscal General, son los objetivos del grupo No. 5 denominado “Establecimiento de la Carrera Fiscal y requerimientos en la presentación del informe anual del Fiscal General”
En sesión de Corte Plena de este lunes 20 de noviembre, la Fiscal General a.i. de la República, Emilia Navas Aparicio, presentó, junto con el Magistrado Paul Rueda Leal, la propuesta del Proyecto “Establecimiento de la Carrera Fiscal en el Poder Judicial” ante los Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia, completando así el primer objetivo de la Comisión.
El producto presentado es el anteproyecto de Ley de Carrera Fiscal del Ministerio Público, el cual pretende convertirse en una garantía de igualdad de condiciones, en el ingreso, permanencia, ascenso, finalización del cargo, derechos y obligaciones esenciales de la función fiscal sobre la base de idoneidad funcional y ética, así como el desarrollo de las competencias exigidas.
Para la Fiscal General en ejercicio, es un honor presentar este proyecto ante la Corte Plena, ya que representa el esfuerzo de dos semanas de trabajo a tiempo completo por parte de los y las integrantes del grupo de trabajo encargado de esta propuesta.
Navas Aparicio señaló que este proyecto permite crear consciencia de que los nombramientos, ingreso y promoción de fiscales y fiscalas dentro del Ministerio Público, deben regirse por criterios estrictamente objetivos, que garanticen que la institución sea eficiente y genere confianza en la ciudadanía.
Por su parte, el Magistrado Paul Rueda Leal, promotor de la propuesta de reformas urgentes al Poder Judicial, indicó que la carrera fiscal implica un gran avance que durante años no pudo ser concretado. Merced a una acción conjunta de Magistrados, la Fiscalía General y la Asociación Costarricense de Fiscales, se ha logrado en dos semanas, de manera ejecutiva, plantear a Corte un proyecto serio para su discusión, equivalente a lo que la carrera judicial ha significado para la estabilidad e independencia de los jueces. Esta discusión iniciará el próximo miércoles 6 de diciembre, en horas de la tarde.
Ronald Segura Mena, Presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales, ente que participó de manera activa en esta propuesta, señaló la importancia del proyecto como herramienta de orden dentro del Ministerio Público, incluyendo criterios de eficiencia que garantizan la idoneidad de las personas que lleguen a ser nombradas.
Segura Mena, resaltó que los nombramientos serán en su totalidad mediante concurso, lo que establece un escalafón que garantiza una adecuada distribución de las funciones en el Ministerio Público. Otro de los aspectos relevantes es que las personas que provengan de cargos políticos, deben esperar ocho años para optar por un nombramiento en esta entidad.
Para finalizar el Presidente de la Asociación Costarricense de Fiscales, envió un mensaje al país en donde reiteró que este proyecto lo que busca es la eficiencia del Ministerio Público, trabajando con transparencia y velando por que las que las personas más idóneas, sean las que representen al Estado en la acción penal.
El documento explica la categorización de los puestos, los cuales deben responder a las habilidades, destrezas, cualidades y competencias que tienen que reunir todos los fiscales y fiscalas.
Se busca fortalecer los órganos de Consejo Fiscal y se propone la creación de un Consejo Rector de Carrera Fiscal, lo que se une al empoderamiento que se le está dando a la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, la cual no solo tendrá funciones en la formación y actualización de los fiscales y fiscalas, si no también brindará a la Fiscalía General y a la Unidad Administrativa, insumos importantes para la toma de decisiones.
El Presidente de la Corte, Carlos Chinchilla Sandí, calificó la propuesta como un documento histórico, en materia de carrera fiscal, el cual se presenta como un proyecto de Ley. Además reconoció la labor de la Fiscal General en ejercicio, por su tenacidad, inteligencia y visión de futuro.
Informe anual fiscal
El trabajo de esta Comisión no concluye y este mismo día los Magistrados de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro y Paul Rueda Leal, presentaron la justificación de la segunda parte del proyecto que consiste en establecer los requerimientos para la presentación del informe anual del Fiscal General.
Para los Magistrados, aunque la Corte no puede objetar las decisiones adoptadas por el Ministerio Público, es importante que se interese por sus actuaciones, para así poder detectar deficiencias, especialmente en el ejercicio de la potestad acusatoria.
Se señala que el informe no deba interpretarse de una forma descriptiva, sino que requiere una valoración puntual sobre fortalezas, debilidades y amenazas del órgano acusatorio y que además no exista ninguna limitación para que este informe sea presentado ante representantes de la sociedad civil.
La adición de un apartado en la Ley Orgánica del Ministerio Público sobre la tardanza en la definición de asuntos denunciados, especialmente en temas que tienen relación con probidad, intereses difusos, casos de alto impacto político y mediático, incluyendo una evaluación sobre los plazos requeridos en la definición de la requisitoria fiscal o la desestimación, también forman parte de la justificación de los Jerarcas.
La posibilidad de que la Fiscalía General pueda incluir temas al informe, como una definición de política de comunicación, sin necesidad de hacer una reforma legal, así como las sugerencias de rubros hechas por la Comisión de Transparencia, son parte de las razones para crear este ejercicio anual de rendición de cuentas.
A criterio de los magistrados proponentes, es importante que el informe contenga una autoevaluación de los temas más relevantes, en los que se incluyen los casos de mayor impacto político y mediático; pero también deben destacarse los problemas de la mora judicial, la impunidad, las deficiencias en la tutela de la víctima, así como las debilidades en la protección de los derechos fundamentales.
La Comisión encargada de este proyecto la integran el Magistrado Fernando Cruz Castro, quien es el coordinador, la Fiscala General Emilia Navas Aparicio, el Magistrado Paul Rueda Leal, además de los Magistrados Suplentes Jazmín Aragón Cambronero, Alicia Salas Torres y Ronald Salazar Murillo, así como la Asociación Costarricense de Fiscales, representada por su Presidente Ronald Segura Mena, la Fiscala de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público, Mayra Campos Zúñiga y los letrados de la Sala Constitucional Andrea Herrera y Daniel Mora.
