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Edificio de la Corte Suprema de Justicia

SALA DE PRENSA

Corte Plena se apega a lineamientos del Ministerio de Hacienda en relación a la estimación de costo de vida

Corte Plena inició este lunes 6 de junio el análisis del Presupuesto Institucional para el 2017, el que incluye al Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Defensa Pública y Escuela Judicial.

Al respecto la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia Zarela Villanueva Monge, reiteró el compromiso institucional de continuar con la contención  del gasto, según la solicitud expresa del Ministerio de Hacienda.

“El presupuesto institucional, es el resultado de un proceso de formulación responsable que involucra a toda la institución.  Somos conscientes de que debemos contener el gasto y por ello para el próximo año el crecimiento es de un 2.14%.”, señaló Villanueva.

El contenido del anteproyecto fue elaborado por la Dirección de Planificación  y estudiado y aprobado por el Consejo Superior, antes de su conocimiento en Corte Plena.  La formulación del presupuesto 2017  inició  desde  el mes de diciembre del año anterior.

El plan de gastos ordinarios del Poder Judicial,  de 424.245.830.277 millones, fue detallado por la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez.

“El Anteproyecto de Presupuesto del Poder Judicial, no está realizando estimaciones de costo de vida, sino que se ajusta a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda”, indicó Valverde.

La funcionaria explicó detalles del anteproyecto para atender la continuidad de servicios del Poder Judicial, como es el desarrollo de sistemas, mantenimiento y seguridad de la Plataforma Tecnológica, servicios básicos, detalle de proyectos constructivos, gasto variable, entre otros.

La Presidencia de la Corte  impulsa un proyecto de Justicia Abierta que procura potenciar más recursos en  el área tecnológica para facilitar el acceso a la información de las personas usuarias. Un plan piloto opera en el Circuito Judicial de Cartago.

Al respecto la Directora de Tecnología de la Información, puntualizó: “Con  esta asignación de recursos se pretende dar prioridad a la continuidad a una serie de inversiones tecnológicas de la institución, enfrentar retos de equidad en esta materia con el fin de llevar las plataformas a todo el país.

La Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins aclaró aspectos sobre construcción de edificios judiciales que se ejecutarán con un fideicomiso suscrito con el Banco de Costa Rica, que permitirá disminuir alquileres. El fideicomiso es por 30 años y se tiene previsto ejecutar 14 proyectos de construcción.

La propuesta del anteproyecto de presupuesto detalla los recursos ordinarios que requiere el Poder Judicial, y se presentará adicionalmente la segunda parte con las necesidades de recursos para la implementación de las reformas procesales en materia laboral y civil así como la Ley de Alertas para la desaparición de personas menores de edad, conocida como la Ley Yereling y los recursos que se proyectan para la implementación de la jurisdicción especializada en crimen organizado.

En su intervención  el jerarca del Ministerio Público, Jorge Chavarría Guzmán explicó que con el fin de fortalecer la asesoría legal a las víctimas de delitos que delegan la acción civil resarcitoria en el Ministerio Público, se plantea la importancia de incorporar en el Presupuesto los rubros para concluir la compra de un edificio en Heredia, que albergaría la Oficina de Defensa Civil de las Víctimas, en esa provincia.

Dicha dependencia del Ministerio Público genera sus propios recursos económicos que le permite impulsar proyectos en beneficio de las víctimas de delitos. Lo anterior en cumplimiento con los artículos 33, 34 y 35   de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

En la presentación se contó con la presencia de los integrantes del Consejo Superior,  Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla; Ramiro Salvador Arauz Montero y Carlos Toscano Mora Rodríguez.

El magistrado Fernando Castillo destacó el trabajo realizado por el Consejo Superior en la revisión del anteproyecto de presupuesto.

Además del Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, la Directora a.i. de la Defensa Pública, Diana Montero Montero y la Directora de la Escuela Judicial, Ileana Guillén Rodríguez.

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