Poder Judicial eficiente en su gestión administrativa
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- Publicado: Miércoles, 25 Mayo 2016 14:50
La eficiencia en la gestión administrativa fue uno de los compromisos que asumió el Poder Judicial de cara a garantizar el uso efectivo y eficiente de los recursos presupuestarios asignados, para propiciar la atención de las necesidades más urgentes y de carácter social.
Durante el 2015, la administración judicial destacó la labor desarrollada para atender las necesidades de infraestructura judicial y contratación.
En el caso del déficit de espacio para oficinas judiciales, el faltante que se registra es de aproximadamente 52 mil metros cuadrados.
La Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge, destacó la concreción de mecanismos financieros para impulsar la construcción de edificaciones propias.
“La idea se concretó con la figura del fideicomiso, que tenía aproximadamente diez años de estarse gestando. En noviembre del 2015, la Contraloría General de la República refrendó el contrato de fideicomiso entre el Poder Judicial y el Banco de Costa Rica”, manifestó la jerarca judicial durante la rendición de cuentas brindada en la Inauguración del Año Judicial 2016.
El fideicomiso permitirá financiar la adquisición directa de terrenos y edificios, el diseño, construcción y el arrendamiento de edificios para el Poder Judicial. Además, el costo por los servicios del fiduciario es uno de los más bajos del mercado.
El primer proyecto que cuenta con la orden de ejecución por parte de la Dirección Ejecutiva es la construcción de la Ciudad Judicial de Hatillo.
En materia de contrataciones y la ejecución del presupuesto 2016, la administración judicial inició los procesos de contratación desde finales del 2015. En total la Institución inició dichos procesos en 137 proyectos que corresponden a licitaciones públicas, licitaciones abreviadas, contrataciones directas y por excepción, cuyo monto total asciende a unos ₡13.171.017.764.21.
Además, durante el 2015, el Consejo Superior aprobó una normativa aplicable en materia de contratación con responsabilidad social, cuyo fin es propiciar una mayor participación de mujeres jefas de familia y de personas con capacidades especiales en los procesos de compras que realiza el Poder Judicial.
“Se asignan puntos adicionales a las personas oferentes que demuestren que contratan a mujeres jefas de hogar; o que dentro de sus planillas contraten al menos un 3% de personas con discapacidad; a PYMES dirigidas por mujeres jefas de hogar o que contraten al menos un 5% de personas con esa condición. De esta forma, la institución promueve la responsabilidad de otorgar mejores oportunidades de trabajo y de superación personal a todas las personas”, detalló la Presidenta de la Corte, Zarela Villanueva Monge.
