Evaluación del desempeño como prioridad judicial
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- Publicado: Miércoles, 18 Mayo 2016 15:10
El objetivo principal del proceso de evaluación del desempeño que promueve el Poder Judicial tiene un objetivo claro: mejorar los índices de respuesta en el servicio de la institución.
Las acciones emprendidas durante el 2015, reflejan el compromiso institucional por mejorar el servicio de administración de justicia.
“Hemos concebido la creación de un Sistema de Rendición de Cuentas y de Evaluación del Desempeño aplicable a todos los puestos del Poder Judicial, incluyendo magistrados y magistradas. Es un mecanismo concebido como una forma de demostrar el trabajo que cada persona realiza”, destacó la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Zarela Villanueva Monge. Así se desprende del informe de labores del año 2015.
La aprobación por Corte Plena en el 2014 del Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño, permitió concretar acciones en este tema.
En el 2015 se inició con la implementación del Sistema, mediante un plan piloto, dirigido a áreas específicas de la institución.
De manera voluntaria, se sometieron a dicha evaluación, el Ministerio Público y la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
Este proceso comprende la revisión de las competencias y perfiles de los diversos puestos a su cargo y el establecimiento de parámetros de investigación.
Para este año, se espera la incorporación de la Defensa Pública y la Judicatura.
El sistema establece la evaluación de la gestión institucional que involucra a todos los despachos jurisdiccionales, órganos auxiliares y administrativos de la institución y el sistema de evaluación individual del desempeño, que alcanza a todas las personas que laboran para el Poder Judicial en cargos en propiedad o interinos.
Otra acción por parte de Corte Plena, fue la aprobación en abril de 2015, de la propuesta de ley sobre evaluación de la gestión, el desempeño y la rendición de cuentas.
La propuesta ya se encuentra en su trámite en la corriente legislativa y propone una norma legal general y articulada para la efectividad del quehacer judicial.
