Con una administración responsable se ha garantizado seguridad y rendimiento durante 80 años de existencia
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- Publicado: Lunes, 26 Junio 2017 13:58
La actual administración del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, mediante sus órganos especializados en finanzas, mercado bursátil y contabilidad, garantiza el incremento de los rendimientos de las inversiones y la disminución del riesgo de pérdidas.
Con estas acciones se brinda seguridad a las personas trabajadoras que cotizan para el régimen y confianza a las personas retiradas que recibirán puntualmente su pensión, todo esto sin atender intereses particulares gremiales.
Una gestión responsable ha llevado a la contratación de un Estudio Actuarial al Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas, que con profesionales de re nombre y bajo los principios de equidad individual, social y solvencia actuarial, no consideran entre sus supuestos el gasto por administración. Esta decisión no responde a un mandato del Poder Judicial como contratante, sino a un criterio independiente de no cargar mayores gastos a las personas trabajadoras, retiradas ni al erario público.
Para esta administración no es necesario el pago de dietas o rubros adicionales como se propone en el proyecto gremial, lo que sí significaría un costo para toda la clase trabajadora activa y jubilada. Esta situación sí ocurre en otros regímenes y no es conveniente que esa práctica se implemente en el judicial.
No resulta correcto comparar el rendimiento del Fondo de Jubilaciones y Pensiones con el de JUPEMA ya que parten de metodologías de cálculo distintas. Además, el régimen del Magisterio se encuentra en etapa de acumulación, lo que significa que, no tiene pago de jubilaciones importantes y todos sus ingresos se incorporan a la inversión, obteniendo ventajas adicionales en el proceso de generación de recursos.
La estructura administrativa del Fondo, a cargo de la institución, cumple con las recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República, dadas en el 2012, en el tema de especialización de los profesionales a cargo.
Además, se apega a las recomendaciones de la Auditoría Interna y se aplican como buenas prácticas, las que emite SUPEN.
El Poder Judicial está abierto a que se emprendan modificaciones en la administración del Fondo para una integración bipartita pero sin que esto represente un costo adicional para el personal judicial activo, jubilado y pensionado ni el Estado. Lo que se lograría únicamente si la administración permanece dentro del Poder Judicial.
Es decir, considerar una nueva estructura de administración separada del Poder Judicial implica un costo operativo al Fondo que lo terminarán costeando las personas trabajadoras como ocurre en otros regímenes como JUPEMA.
En el estudio de la Dirección de Planificación número 113-PLA-2013, que se encuentra en las actas de Consejo Superior disponible en la página web, se proyecta que el costo de crear una estructura básica para el fondo asciende a 328 millones de colones anuales. Este monto no contempla plazas nuevas creadas para el fortalecimiento e inversiones y riesgos, ni tampoco incluye el costo de crear una cartera crediticia. Sin lugar a dudas el costo total será mayor.
Es irresponsable difundir mensajes entre la población judicial que se enfocan en cargar los costos operativos de administración del fondo a una simple expectativa de mayores ganancias sobre inversiones, como se ha dicho, cuando ello dependería de factores externos que están en constante cambio.
El ejercicio correcto es establecer un canon por administración y ese será el que tendrá que hacer frente todo el colectivo judicial de prosperar la propuesta de los gremios y la SUPEN.
De aprobarse el proyecto de gremios y SUPEN todos tendremos que hacerle frente a un costo por la administración sin lugar a dudas.
