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Espacios laborales libres de corrupción: lo vital de proteger a personas trabajadoras denunciantes y testigos

  • Congreso Nacional reúne al Poder Judicial, sector público y privado para fortalecer conocimientos y acciones puntuales

 La protección de las personas trabajadoras denunciantes y testigos en actos de corrupción reunió al Poder Judicial, el Colegio Profesional de Ciencias Económicas, representantes de entidades públicas y privadas.

 El Congreso denominado “Fuero de Protección del Denunciante y Testigo de Actos de Corrupción de Represalias Laborales, Ley 10437”, se realizó este miércoles 11 de diciembre de 2024, en el auditorio del Colegio de Profesionales de Ciencias Económicas de Costa Rica.

 “Debemos prepararnos y conocer la fortaleza legal que tenemos, para que las personas trabajadoras y las personas ligadas a la Ley con protección, puedan tener la certeza de que si denuncian actos de corrupción, no van a ser expuestos a perder su trabajo.  Es crear un espacio laboral donde no se permita que haya acoso contra personas trabajadoras que han denunciado actos de corrupción, que es una obligación legal”, destacó la magistrada e integrante de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, Julia Varela Araya.

 Para Leonardo Castellón Rodríguez, Presidente de Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica, “nuestro propósito es reflexionar y actuar en torno a la implementación de la Ley 10437. Esta Ley no es solo un avance jurídico sino un compromiso como sociedad para que la verdad pueda prevalecer sobre la impunidad. Proteger a las personas denunciantes no es solo un deber moral, es una inversión en la democracia y en la confianza ciudadana.  El desafío de la ley de construir confianza institucional pues las personas solo denunciarán si confían en que las instituciones manejarán sus casos con justicia, confidencialidad y rapidez”.

 La actividad académica contó con la participación y experiencia de autoridades del Poder Judicial, desde la Oficina de Cumplimiento, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción y  la Defensa Pública, en temas como el rol del denunciante dentro del mecanismo anticorrupción, el fuero de protección especial de la Ley 10437 y buenas prácticas en la protección de denunciantes y testigos de actos de corrupción a la luz de esa legislación: desde un enfoque de compliance para asegurar la adecuada gestión de una denuncia.

 Para Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, el Congreso tiene un objetivo claro, propiciar alianzas públicas y privadas en beneficio de la institucionalidad y la sociedad, y garantizar a la ciudadanía organizaciones líderes en integridad y ética.

 “El propósito del Congreso es que convergieran el sector público y el sector privado en acciones colectivas e integradoras del mecanismo anticorrupción. Abordar el paradigma de responsabilidad de todos y todas en la implementación de una legislación que viene a garantizar el instituto de la denuncia a través de la protección de la persona denunciante y testigo de irregularidades y corrupción, asegurando el ejercicio y resolución efectiva de las denuncias.  Esta legislación pone al país en un nivel más avanzado en la lucha contra la corrupción, establece mecanismos en la detección y prevención de irregularidades, asegura la cultura de integridad de las organizaciones, impactando positivamente la paz social de los países”, puntualizó Alvarado Villalobos.

 En las ponencias también brindaron sus aportes en la materia la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Trabajo y Paz Social, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés) y el National Center for States Courts (NCSC) de la Embajada de los Estados Unidos.

 

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