• Poder Judicial consultará a la Contraloría sobre posible declaratoria de urgencia y necesidad
• Se aprueba guía de autoprotección para personas servidoras judiciales
La Corte Suprema de Justicia aprobó en la sesión de este lunes 10 de febrero, mediante acuerdo firme, instruir a las diferentes direcciones del Poder Judicial para revisar las partidas presupuestarias asignadas y redirigir recursos con el fin de fortalecer la seguridad de las personas usuarias y el funcionariado judicial, sin afectar los servicios de administración de justicia que se brindan a la población.
Esta medida busca, de forma responsable y ágil, atender y prevenir posibles ataques a las distintas sedes judiciales, priorizando aquellas que, según los diagnósticos elaborados por la institución, enfrentan mayores riesgos o vulnerabilidades, como las ubicadas en la provincia de Limón.
La decisión es una respuesta concreta de la Corte Plena, compuesta por las 22 magistraturas, tras el lamentable asesinato del subjefe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, Geiner Zamora, luego de ser atacado con arma de fuego el pasado 1° de febrero.
“Para el Poder Judicial, la seguridad de las personas funcionarias y de quienes requieren nuestros servicios es una prioridad. Estamos tomando medidas, fortaleciendo programas y generando cambios, siempre con el objetivo de atender de manera oportuna la situación de violencia que enfrenta el país. El acuerdo de este lunes refleja el compromiso de todo el Poder Judicial y la unión hacia un mismo objetivo”, afirmó el magistrado presidente Orlando Aguirre Gómez.
Consulta a la Contraloría
La Corte también aprobó consultar a la Contraloría General de la República sobre la posibilidad de declarar un Estado de Urgencia y Necesidad, lo que permitiría disponer de fondos adicionales del Fondo de Emergencias del Poder Judicial para reforzar la seguridad en los circuitos judiciales de Limón, Pococí y el I Circuito Judicial de San José.
La presidencia de la Corte gestionará la consulta ante el ente contralor con el fin de obtener una respuesta lo más pronto posible.
Guía de autoprotección para el funcionariado judicial
Finalmente, las y los magistrados aprobaron la implementación del protocolo “Persona atacante activa” y la Guía de autoprotección para personas funcionarias del Poder Judicial, herramientas que forman parte del Proyecto Fortalecimiento de la Seguridad Institucional. En 2024, se capacitó a 12.000 personas funcionarias en estos temas, lo que representa un 80% del funcionariado. Para este año, se alcanzará al 100%.
Acciones desarrolladas en el Proyecto de Fortalecimiento de la Seguridad
Este proyecto se sustenta en tres ejes estratégicos y cuenta con un presupuesto de ₡2.400 millones para 2025:
1. Seguridad en infraestructura, tecnología y recurso humano
Se han destinado recursos para mejorar las condiciones de seguridad en los espacios de trabajo y atención al público, incluyendo:
- Instalación de cerramientos perimetrales
- Construcción de cámaras de seguridad tipo exclusamiento
- Implementación de casetas de seguridad
- Ampliación del sistema de Circuito Cerrado de Televisión (CCTV)
- Instalación de sistemas de alarma, botones de pánico y control de acceso
- Fortalecimiento del servicio de seguridad privada
2. Seguridad en los procesos
- Actualización y aplicación de protocolos y reglamentos para la prevención y respuesta ante situaciones de riesgo
- Revisión de los sistemas de detección temprana de amenazas y vigilancia
- Coordinación con entidades externas para fortalecer las acciones de seguridad
3. Seguridad de las personas
- Capacitación obligatoria en vigilancia y manejo de riesgos para el personal judicial
- Charlas sobre medidas preventivas y autoprotección
