Recientemente el Consejo Superior reafirmó el compromiso de garantizar el derecho de la persona sobreviviente, tras el fallecimiento de un servidor o servidora judiciales del mismo  sexo, de solicitar el otorgamiento de una pensión.

El órgano administrativo judicial recalcó lo dispuesto en la “Política Respetuosa de la Diversidad Sexual”, aprobada por Corte Plena en setiembre del 2011, para su aplicación en estos casos, durante el análisis de un caso en particular.

El acuerdo del Consejo Superior también basó su decisión, en el criterio técnico de la Dirección Jurídica del Poder Judicial el cual, después de un amplio análisis normativo, jurisprudencia y convencional,  señaló que “…El Poder Judicial está llamado a realizar las acciones afirmativas necesarias para garantizar igualdad en todo tipo de poblaciones, dada la diversidad existente en nuestro país y por consiguiente, no es dable imponer restricciones por motivos de orientación sexual” (N° DJ-C-411-2019 de 25 de setiembre de 2019).

La norma 228 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, mediante ley 9544, indica lo siguiente:

“Artículo 228- Tienen derecho a pensión por sobrevivencia: ….b) El compañero económicamente dependiente al momento del fallecimiento del jubilado, que haya convivido por lo menos tres años previos al deceso y tuvieran ambos aptitud legal para contraer nupcias, conforme la legislación civil….”, sin hacer ningún tipo de distinción respecto de la condición u orientación sexual de la persona que sea compañero o compañera del fallecido.

Este criterio, acogido por el Consejo, reviste de gran importancia al reconocer que “la opinión consultiva de la Corte Interamericana y el derecho convencional obligan al Poder Judicial al reconocimiento para las personas del mismo sexo que se encuentren un unión como proyecto de vida, así como a las que solicitan el reconocimiento de un género autopercibido, de los mismos derechos que actualmente se le otorgan a las parejas heterosexuales en virtud de las diferentes relaciones de empleo público que tiene con sus servidores o de servicio con sus usuarios.”

El Poder Judicial fue galardonado como la mejor institución del sector público en el “Índice de Transparencia” y acceso a la información pública a través de sitios web durante el 2019.

Así se desprende del  quinto reporte anual sobre “Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP), que acreditó a este Poder de la República con el primer lugar.

En la clasificación general de la quinta evaluación, el Poder Judicial obtuvo la calificación de 100 puntos, de un total de 254 instituciones evaluadas, seguido del Organismo de Investigación Judicial que obtuvo el segundo lugar con 98.06 puntos en temas como el acceso a la información pública, rendición de cuentas, participación ciudadana y datos abiertos de gobierno.

La premiación se llevó a cabo la mañana de este jueves 17 de octubre durante el “Foro Anual de Transparencia” que realiza cada año la Defensoría de los Habitantes en alianza con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica, con la participación de la Vice Presidenta de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de la Comisión de Transparencia, Magistrada Patricia Solano Castro; la Fiscal General de la República, Emilia Navas Aparicio, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza, así como de la Coordinadora de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, Kennia Alvarado Villalobos y representantes del Departamento de Tecnología de la Información.

“Recibir el día de hoy este premio es un reconocimiento de la labor de la gestión pública que ha venido realizado el Poder Judicial en transparentar todos nuestros procedimientos a la ciudadanía como una forma de combatir la corrupción.”, comentó la magistrada Patricia Solano en su condición de Coordinadora de la Comisión de Transparencia.

El Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP) es un instrumento de medición de la transparencia de las instituciones que conforman el sector público costarricense, centrado en el acceso a la información pública disponible en sus sitios web, que busca ofrecer una medición anual con el objetivo de fortalecer la institucionalidad costarricense.

Kennia Alvarado Villalobos, encargada de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial  también resaltó este premio como un reconocimiento a los esfuerzos institucionales en la lucha contra la corrupción y de acceso a la información, al indicar:  “Este reconocimiento es un esfuerzo conjunto que se ha venido realizando para transparentar la gestión pública y la gestión judicial, reconociendo como eje fundamental el derecho al acceso a la información como derecho de todo ciudadano y en la lucha contra la corrupción.”

“Para el Poder Judicial este reconocimiento nos compromete en una doble vía reconocer el derecho de la ciudadanía, pero también genera un compromiso para elevar los estándares en materia de transparencia, Justicia Abierta y en Rendición de cuentas.”, agregó Kennia Alvarado.

El premio reconoció el acceso a la información y la transparencia que brinda el Poder Judicial a la comunidad a través de 80 sitios web desarrollados por la institución a través de la Dirección de Tecnología de la Información (TEI).

Para el Coordinador del Portal del sitio web, Juan Diego Víquez Oviedo, el Poder Judicial ha realizado esfuerzos importantes a nivel institucional para exponer información enfocada en altos índices de transparencia y rendición de cuentas.

La actividad se llevó a cabo en el Hotel Try San José, y representa una iniciativa anual que impulsa la Defensoría de los Habitantes en alianza con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP-UCR).

En la sesión de Corte Plena de este lunes 14 de octubre 2019, magistrados y magistradas aprobaron un incremento salarial de 4 mil colones a la base para las personas servidoras de este Poder de la República, la decisión los excluye,  como también a las personas cuyo salario bruto sea igual o superior a 4.000.000,00 .

El acuerdo se tomó en apego  a lo dispuesto por la Sala Constitucional en el voto 19511-2018 del 23 de noviembre del 2018, que evacuó la consulta  de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, antes de su aprobación por el plenario legislativo.

En la citada resolución se determinó que la Ley 9635 no derogó ni modificó las disposiciones del Estatuto de Servicio Judicial, Ley de Salarios y Ley Orgánica del Poder Judicial que rigen la materia de empleo en este Poder de la República por lo que éstas se mantienen vigentes.

Es por ello que se transcribe textual lo señalado por el alto Tribunal Constitucional en la referida resolución que da claridad al tema:

“…La Sala no omite subrayar que las normas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Salarios del Poder Judicial y el Estatuto de Servicio Judicial no se ven afectadas por la reforma propuesta. Dichas normas posibilitan la autonomía del Poder Judicial en lo referido a cambiar su escala salarial o variar los salarios base”.

Se agrega que: “… con claridad indiscutible que el proyecto consultado no afecta la organización o funcionamiento del Poder Judicial en materia salarial. Con fundamento en lo supra explicado, la Sala determina que la normativa cuestionada del proyecto legislativo 20.580 no afecta, en el sentido expuesto, la organización o funcionamiento del Poder Judicial”.  “… La Sala resalta que el proyecto de ley no deroga ni modifica de manera alguna las disposiciones anteriormente transcritas, ni ninguna otra del Estatuto de Servicio Judicial. Este Estatuto rige la materia de empleo en el Poder Judicial y representa una garantía para los servidores judiciales, en consonancia con los postulados constitucionales que salvaguardan la independencia judicial; su modificación o derogatoria no podría ser tácita ni provenir de una mera inferencia, pues ello denotaría el desconocimiento de las reglas hermenéuticas. Nótese que la norma determina que las relaciones de empleo entre el Poder Judicial y sus servidores se encuentran reguladas por el Estatuto y su reglamento. La interpretación sistemática a que obliga ese numeral impide una regulación indirecta del servicio judicial mediante directrices o lineamientos procedentes de otras instancias”.

El informe sobre este incremento semestral fue expuesto por la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez y rige a partir del 1 de julio 2019. El aumento cubre cerca de 12. 500 personas servidoras judiciales.

El acuerdo dispone que el ajuste por costo de vida se calculará para cada servidor y servidora judicial, según la fecha de ingreso a la institución, de conformidad con la fecha de entrada en vigencia de la Ley 9635.

Se ajusta el valor del punto por carrera profesional en la suma de trece colones.  Además, se dispone que “…la Dirección de Gestión Humana, en coordinación con la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección Jurídica, de conformidad con el artículo 173 del Código de Trabajo, deberá proceder a identificar y recuperar cualquier eventual suma de más, que puedan llegar a generarse por concepto de pago de las respectivas remuneraciones a los servidores del Poder Judicial”.

La Sala Constitucional se abstuvo de votar.

Personal judicial de los Tribunales de Puntarenas se reunieron con jerarcas del Poder Judicial durante el Consejo Ampliado realizado este viernes 4 de octubre del 2019.

Dicha reunión fue presidida por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, y contó con la participación de magistrados y magistradas; así como integrantes del Consejo Superior.

Durante el encuentro, el magistrado Cruz Castro resaltó la importancia que conlleva la labor y el compromiso que realiza el personal judicial en la administración de justicia.

 “La justicia es parte de la democracia”, señaló el magistrado Cruz Castro, quien manifestó su agradecimiento por el compromiso y la celeridad de despachos al realizar una serie de acciones dinámicas, para obtención de logros importantes a nivel de la gestión.

La sesión de Consejo Ampliado permitió al personal judicial de ese circuito conocer una serie de aspectos generales y datos relevantes sobre indicadores de gestión de los despachos de esa provincia. Esta información fue presentada por la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez.

En su exposición destacó la labor realizada por el Tribunal de Juicio de Puntarenas, por ser el despacho número 1 a nivel resolutivo en todo el país; así como el Juzgado de Pensiones Alimentarias de esa misma provincia, por sobresalir con un alto indicador en la gestión judicial.

Por su parte, del Presidente del Consejo de Administración de Puntarenas, Gustavo García Jiménez comentó algunos aspectos de prioridades y necesidades que se presentan a nivel de ese circuito y principalmente en materia de infraestructura.

En la reunión se contó con un espacio abierto para el diálogo, ideas e intercambio de opiniones y se brindó información relevante sobre avances y descripción del proyecto de construcción del edificio de los Tribunales de Puntarenas.

Encuentro con Fuerzas Vivas y Personas Facilitadoras judiciales de la zona

La visita a la provincia de Puntarenas permitió también el encuentro con representantes de la sociedad civil y personas facilitadoras de dicha zona, misma que se llevó a cabo en las instalaciones de la UNED.

Este ejercicio representó una excelente oportunidad entre estas poblaciones y las autoridades judiciales, para el intercambio de ideas y comentarios sobre temas como Acceso a la Justicia, Coordinación Interinstitucional y Participación Ciudadana y Servicios Judiciales, que fueron ampliamente abordados mediante mesas de diálogo.

Esta actividad contó con la participación activa en cada mesa de magistrados y magistradas, integrantes del Consejo Superior y representantes de los diferentes ámbitos del Poder Judicial y fue posible gracias a la colaboración de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).

En estos encuentros se contó con la participación de los magistrados de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Jorge Olaso Álvarez y la magistrada Julia Varela Araya; además del magistrado de la Sala Constitucional, Luis Fernando Salazar Alvarado; así como integrantes del Consejo Superior, Gary Amador Badilla, Sara Castillo Vargas, Sandra Pizarro Gutiérrez y Hugo Hernández Alfaro; Erick Núñez Rodríguez, jefe a.i. de la Defensa Pública; Juan Carlos Cubillo Miranda, Sub jefe del Ministerio Público; Randall Zúñiga López, Subdirector a.i. del Organismo de Investigación Judicial; así como autoridades del ámbito administrativo.

Los Consejos Ampliados y encuentros con las comunidades del país, forman parte de las acciones que realiza el Poder Judicial, con el fin de promover la transparencia, rendición de cuentas, el intercambio de ideas y el acercamiento con la comunidad.