• Actividad se centra en los desafíos que se plantean en esta modalidad de justicia en medio de la pandemia por el COVID-19

Con la participación de gran cantidad de países a nivel latinoamericano y otras regiones, inició con éxito el “Congreso Internacional Justicia Restaurativa: Desafíos ante la nueva realidad de la COVID-19” organizado por la Dirección de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, con apoyo de la Escuela Judicial y la Dirección de Tecnología de la Información.

La actividad se inauguró el pasado martes 10 de noviembre y contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y del Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

Cruz Castro destacó el papel de la Justicia Restaurativa como una vía para la paz en tanto que es un modelo para abordar el conflicto y la infracción que permite evidenciar los discursos y prácticas que sustentan la violencia, reparar tejido social y hacer frente a algunas manifestaciones de la marginación y la exclusión.

“La Justicia Restaurativa resulta ser un magnífico mecanismo para la reinserción social, disminuyendo la reincidencia delictiva y por ende aumentando la seguridad ciudadana”, dijo el Presidente de la Corte.

En relación con el tema del impacto de la pandemia por el COVID-19, Cruz Castro subrayó la dificultad que esto vino a representar para los Poderes Judiciales, los cuales se encontraron con el enorme desafío de acelerar las transformaciones de modernización de los servicios de justicia para garantizar los derechos fundamentales de las personas en un contexto de confinamiento.

“Contar con una Justicia Restaurativa preparada para esta nueva “normalidad” tendrá como consecuencia obtener una justicia más humana, realista, integral y con un abordaje interdisciplinario, favoreciendo la autonomía de las víctimas, personas ofensoras y a la comunidad, generando un mayor índice de satisfacción en la forma de abordar el delito”, finalizó el Presidente de la Corte.

Por su parte, el magistrado y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, realizó una contextualización del proceso restaurativo en nuestro país, destacando su nacimiento como un procedimiento para aplicar los institutos de resolución alterna de conflictos, con la finalidad de promover un cambio de paradigma en la administración de justicia.

Alfaro Vargas enfatizó en la capacidad que tiene este procedimiento para resolver las controversias de forma integral, con la participación activa de la víctima, la persona ofensora y la comunidad, mediante la intervención de un equipo interdisciplinario y especializado.

El magistrado mencionó que en relación con la emergencia que se vive por la pandemia, la Dirección de Justicia Restaurativa, el Centro de Conciliaciones así como las respectivas coordinaciones del Ministerio Público, Defensa Pública y Departamento de Trabajo Social y Psicología y con la anuencia del Consejo Superior, lograron aprobar desde el pasado mes de abril los lineamientos de virtualidad y cumplimiento de los aspectos de bioseguridad, para continuar brindando los servicios de Justicia Restaurativa en el Poder Judicial.

Este primer día contó con la participación de los expositores internacionales Luciana Cataldi, Consultora experta de Argentina y Paulo Moratelli, Consultor experto de Brasil, quienes compartieron sus experiencias en la materia.

Luciana Cataldi se refirió entre otros aspectos a la importancia del tema emocional, en donde explicó que en los procesos restaurativos se deben ver más allá del tema individual y orientar los esfuerzos al estado emocional social, resaltando la importancia del diálogo en estos procesos. Aspectos como la importancia de la conducta y el reconocimiento del estado de ánimo de las personas según sus gestos y lenguaje, así como el papel del mediador como un ente imparcial en el proceso fueron parte de su exposición.

Entre tanto, el especialista Paulo Moratelli, hizo énfasis en el tema de los valores y principios, más en tiempos de COVID, en donde se deben fortalecer las relaciones personales con quienes han pasado por un conflicto, especialmente en delitos más graves. “Necesitamos tener buenas relaciones todo el tiempo, ese el propósito de los procesos restaurativos”, indicó Moratelli.

La actividad contó con la participación de más de 200 personas y se llevó a cabo mediante la plataforma “Microsoft Teams”. El Congreso se extendió hasta el pasado 12 de noviembre.

Los Magistrados y Magistradas de la Corte Plena iniciaron la discusión del Informe de la Comisión de Reforma a la Carrera Judicial, como parte del avance en el trabajo de las reformas legales y administrativas que son prioridad para la institución.

El informe de la Comisión está a cargo del Presidente de la Sala Segunda de la Corte, Orlando Aguirre Gómez, quien coordina dicho grupo.

Aguirre Gómez destacó que dentro de la labor de la Comisión, se han desarrollado 12 sesiones de trabajo, en donde se analizan propuestas presentadas por los funcionarios y funcionarias judiciales, representantes de la sociedad civil y de organizaciones relacionadas con el Poder Judicial.

Durante la sesión de Corte Plena se analizaron diversos temas vinculados con el perfil competencial de las personas que aspiran a la función jurisdiccional, así como la posibilidad de modificar algunos requisitos de ingreso basados en el artículo 12 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Desde finales del año 2017, se integraron diez comisiones, las cuales están integradas por los Magistrados y Magistradas de las diferentes salas, quienes trabajan en la construcción de diversas propuestas de reforma.

Dichas reformas abarcan temas como: elección de la magistratura, fortalecimiento del régimen disciplinario, incorporación de la participación ciudadana y la transparencia, carrera de la Defensa Pública, Carrera Fiscal, reforma procesal penal, la reforma de Carrera Judicial, evaluación de desempeño y las reformas a las competencias de Corte Plena.

La discusión del Informe de la Comisión de Reforma a la Carrera Judicial continuará en la sesión de Corte Plena del próximo lunes 23 de noviembre.

• Temas prioritarios: analizar acciones para atención de la mora judicial y las limitaciones en el crecimiento presupuestario  por el cumplimiento de la regla fiscal.

 Impulsar acciones de cambio en el modelo de justicia frente a la nueva realidad provocada por la pandemia; así como analizar su impacto y retos en el presupuesto judicial, para establecer prioridades y soluciones, son temas que abordarán  magistradas,  magistrados y equipo técnico del Poder Judicial, a partir del mes de enero 2021 cuando se integren grupos de trabajo. Lo que resta este año 2020 se definirá la metodología a aplicar para que un corto plazo se obtengan propuestas concretas.

 Lo anterior es un acuerdo unánime tomado en  la sesión de Corte Plena, de este lunes 9 de noviembre 2020, en el que jerarcas judiciales por unanimidad, acogieron una propuesta presentada por la magistrada Nancy Hernández López, integrante de la Sala Constitucional.

 “Las consecuencias económicas de la pandemia generan una enorme tensión sobre el sistema de administración de justicia en al menos dos sentidos: primero, porque el aumento del desempleo y la crisis económica, tienen un efecto directo sobre las materias de pensiones alimentarias, laboral, cobros, el sistema penal y la jurisdicción constitucional, pero su afectación se refleja en todo el sistema de administración de justicia. En segundo lugar, porque la crisis presupuestaria nos afecta transversalmente de tal forma que, básicamente contaríamos con menos recursos para atender los mismos servicios que ya venían recargados, más el aumento en la conflictividad producto de los efectos de la crisis de la pandemia”, puntualizó  Hernández López en la propuesta.

 Agregó que en su criterio es importante que la Corte Plena realice un análisis de  los efectos de la pandemia tanto en el presupuesto como los ajustes estructurales necesarios para atender la nueva realidad y la atención urgente de la mora judicial que se va a agravar, ante el aumento generado por los efectos de la pandemia y la limitación de recursos.

 En el marco de la discusión magistradas y magistrados acordaron integrar dos grupos de trabajo, el primero analizará los efectos de la pandemia sobre la administración de justicia y dentro de sus recomendaciones abordar el tema de la reducción de la mora judicial mediante posibles cambios en el modelo actual de justicia.

 El segundo grupo tendrá a su cargo el estudio objetivo de las directrices emanadas del Ministerio de Hacienda en materia presupuestaria, que aún con respeto de la regla fiscal,  afectan la toma de decisiones y el abordaje de los retos más apremiantes y las posibles soluciones para lograr una mayor flexibilidad, sin afectar el cumplimiento de la regla fiscal.

 Como se indicó, lo que resta de este año, la Presidencia de la Corte dará el impulso necesario para definir la metodología en el análisis de los temas que se incluyan en la agenda de trabajo. La meta es integrar los grupos en enero y tener unas propuestas en el primer semestre del año.

• Corte Plena aprobó recomendaciones de órganos técnicos.
• Establece planes de trabajo remediales en todas las jurisdicciones.
• Se ejecutarán acciones a partir del 1 de noviembre 2020.

Los despachos judiciales del país y que atienden todas las materias jurisdiccionales reprogramarán y realizarán las audiencias suspendidas por la afectación de la pandemia provocada por el COVID-19. Así lo acordaron magistrados y magistradas en la sesión de Corte Plena de este lunes 26 de octubre 2020, tras la exposición del informe 1627 PLA-2020  371CACMFJF-JEF-2020, elaborado por la Directora de Planificación, Nacira Bermúdez Valverde y la Jefa del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Maricruz Chacón Cubillo.

Mediante planes remediales con plazos de ejecución, seguimientos y fiscalización, se retomarán las audiencias presenciales para reducir los efectos causados por la emergencia sanitaria.  El proceso se iniciará a partir del 1 de noviembre, garantizando las medidas de seguridad sanitarias establecidas por la institución y el Ministerio de Salud.

El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de Emergencias Institucional del Poder Judicial, señaló que el Poder Judicial ha tomado medidas desde marzo para garantizar la continuidad de los servicios, manteniendo el aforo y evitando el contagio.

“La pandemia aún no ha terminado y en estos siete meses se ha afectado el servicio judicial.  El proceso de apertura judicial debe darse y debe  ser seguro para resguardar la salud de las personas usuarias y la población judicial, debido a que la institución también se ha visto afectada con personas positivas por COVID-19, y ello implica en este momento el cierre temporal de despachos judiciales”, expresó Rivas Loáiciga.

La Directora de Planificación, Nacira Valverde, señaló que sumando todas las jurisdicciones, al finalizar setiembre se tenía un pendiente de 13, 941 expedientes pendientes de agendar.  “En este proceso, la coordinación con las administraciones regionales de las zonas será importante, para garantizar el aforo, las medidas de seguridad y sanitarias deberán reforzarse.  Además, las oficinas judiciales en materia penal han propuesto en sus planes de trabajo, aumentar la cantidad de señalamientos por juez o jueza a celebrar por semana, potenciar la plataforma TEAMS y contar con jueces y juezas de apoyo”, explicó Valverde Bermúdez.

Cabe destacar que al 30 de setiembre, en las agendas de las diferentes oficinas se tienen 46,773 audiencias señaladas para después de septiembre.

El estudio establece que de los 254 despachos no penales, 140 deberán emprender las acciones para retomar las audiencias judiciales rezagadas.  Cien  despachos  no registran audiencias pendientes de agendar o reprogramar y 14 despachos se excluyen por no realizar audiencias, estos son los que atienden las materias Civil, Concursal, Cobro, Laboral, Familia, Niñez y Adolescencia, Violencia Doméstica, Pensiones Alimentarias, Notarial, Agrario, Tránsito, Contencioso Administrativo y Contravencional.  En este trabajo se destacó la labor emprendida por los juzgados para la elaboración y cumplimiento de los planes remediales.

En el caso de la materia penal se retomará la posibilidad de realizar las audiencias de forma  presencial, según los planes remitidos por cada una de las oficinas de las audiencias suspendidas, deben reprogramarse un total de 1749 audiencias y juicios, que corresponden a poco más del 50% del total a cargo de juzgados penales y  tribunales penales.  A partir del 1 de noviembre, se retomarán los juicios contra personas no privadas de libertad.

Durante estos siete meses de medición, se destaca que los Tribunales Penales que conocen Flagrancia registran la mayor efectividad en la realización de audiencias con un 72% a su cargo y deben reprogramarse un total de 166 audiencias suspendidas.

Lo Juzgados Penales  alcanzaron un 56% de efectividad en estos procesos y un 46% los Juzgado Penales Juveniles y deberán reprogramar 850 audiencias. En el caso de los Tribunales Penales alcanzaron un 44% de efectividad en las audiencias y emprenderán el plan remedial en 899 procesos pendientes de juicio o audiencia.

En el informe se determinó que producto de la pandemia por el COVID-19, muchas de las audiencias judiciales se suspendieron por diversas causas como el cierre de despachos por algún caso positivo de COVID-19, o por nexo.

Datos de Planificación destacan que de enero a agosto, se registró la entrada de 558,115 asuntos nuevos y se terminaron 545,259 casos, labor que han emprendido  las personas trabajadoras en la institución considerando la calificación de las diferentes alertas sanitarias, atendiendo las cargas de trabajo, respetando el aforo sanitario y utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.

La Presidenta del Tribunal de la Inspección Judicial, Siria Carmona Castro y el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo también rindieron informes sobre las labores emprendidas durante estos siete meses, con motivo de la prórroga de las medidas adoptadas por el Poder Judicial ante emergencia mundial  por Covid-2019  que afecta a la país.