• De 253 entidades públicas evaluadas a partir de sus sitios web.

Por segundo año consecutivo, el Poder Judicial obtuvo el primer lugar en el Índice de Transparencia Institucional -ITSP- al obtener una evaluación de 98,95, de 253 instituciones públicas a las que se les evaluó sus sitios web.

Los datos se dieron a conocer este jueves 21 de enero, durante una presentación virtual.

 La premiación fue presidida por la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, quien entregó el galardón en manos de la Magistrada Patricia Solano Castro, en su calidad de vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Transparencia.

El Índice de Transparencia Institucional es un instrumento de evaluación elaborado por la Defensoría de los Habitantes con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP-UCR), que mide los criterios de accesibilidad a la información pública para la transparencia y la rendición de cuentas; herramienta que acreditó los sitios web del Poder Judicial como transparentes y accesibles.

          Al respecto, la Magistrada Patricia Solano Castro señaló: “Conscientes del deber de dar acceso a los departamentos administrativos y de la importancia de brindar a la ciudadanía información pública de interés y que esta sea actual y pertinente, es que el Poder Judicial realiza acciones constantes y en forma dinámica para mantener actualizados los sitios web y que sus contenidos permitan una adecuada participación y control ciudadano”.

Solano Castro destacó que este reconocimiento se debe a tres componentes que fueron trascendentales para el logro de la meta establecida.  “Hoy, el compromiso del Poder Judicial se ve reflejado con este reconocimiento a la transparencia, gracias a que, por un lado, el esfuerzo de la labor realizada por la Oficina de Cumplimiento, quien por acuerdo de Corte Plena tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de la disponibilidad de información pública, por la plataforma web oficial, así como la verificación de su calidad y pertinencia de esta. También, gracias a la conformación de un Comité, por parte de la Oficina de Cumplimiento, para que, en forma colaborativa, coadyuvara en la vigilancia, control, actualización de contenido y accesibilidad de la información al ciudadano por medio de esta plataforma tecnológica, esto fue esencial en el cumplimiento de los objetivos institucionales para la transparencia y la rendición de cuentas.

Por otro lado, la materialización de este arduo trabajo se dio gracias al apoyo de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación del Poder Judicial, logrando construir un sitio web institucional robusto, en cumplimiento con los ejes y estándares internacionales de accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas; establecidos por el instrumento”, señaló la vicepresidenta de la Corte.

El ITSP ha sido elaborada en colaboración con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, el cual, basado en las mejores prácticas internacionales, busca medir el estado de situación de los sitios web de las instituciones públicas y la transparencia con la que rinden la información.

“Hubo un compromiso organizacional, por lo que el reconocimiento es para todos y todas los que día a día trabajan por un mejor Poder Judicial”, concluyó Solano Castro.

En el segundo lugar se colocó el Organismo de Investigación Judicial con una nota de 97,98 y el Benemérito Cuerpo de Bomberos con un 97,57.

• Primer período de evaluación del desempeño bajo el nuevo modelo, inició en junio de 2020, donde se ha completado el 97% de la población judicial, que son 12.192 personas servidoras judiciales notificadas con planes de evaluación.
•  Cronograma de implementación de la Ley 9635 inició desde marzo de 2020 y se extiende hasta enero de 2022.
•  Implementación debe considerar más de cuatrocientos clases de puestos por la diversidad de los grupos profesionales existentes en este Poder de la República.

El Poder Judicial emprendió desde el mes de junio del 2020 la concreción de la primera etapa de evaluación del desempeño a toda la población judicial, apegada a las disposiciones contenidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635).

 Sin embargo, el proceso como tal, arrancó desde el año 2015 en cumplimiento con un acuerdo de Corte Plena de ese año por lo que el proceso de implementación del modelo inició antes de que se promulgará la señalada ley mejor conocida como el plan fiscal.  

 “La implementación de este proceso está a cargo de la Dirección de Gestión Humana, dependencia que formuló un plan de trabajo apegado a la normativa de la Ley 9635 , con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información y la Dirección Jurídica, donde se gestionó la reforma al Reglamento del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño de este Poder de la República, aprobado por Corte Plena en mayo del 2020 precisamente para adaptarla a la citada ley” detalló la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta.

 La funcionaria agregó que este proceso incorpora también los aspectos ordenados por la Contraloría General de la República en aplicación al Título III de la Ley 9635, por ello se formuló un cronograma para dar cumplimiento al año 2022, plazo que aplica a todas las instituciones del sector público.

 El proceso judicial de evaluación de desempeño se basa en dos factores.  El primero de ellos es el factor rendimiento que tiene una valoración cuantitativa de un 80%, las metas son establecidas por la persona evaluadora y la persona evaluada, considerando las funciones asignadas, la carga de trabajo, las características particulares de la persona evaluada, utilizando como insumo los Planes Anuales Operativos y otros instrumentos de control.

 El 20% restante contempla el factor de competencias identificados por la Dirección de Gestión Humana, en instrumentos técnicos propios del desarrollo humano.

 Cronograma. El proceso de implementación y la modificación de los sistemas informáticos internos avanza igualmente mediante un cronograma de trabajo, pues se requieren ajustes para adaptarlo a la evaluación de las jefaturas de oficina y despachos judiciales, según los nuevos componentes que ordenó la Ley 9635 y sus reglamentos.

Actualmente, el 97 % de la población judicial, que nominalmente equivale a 12.192 personas servidoras, cuentan con un plan de evaluación en ejecución, la cual se inició en el mes de junio del año del 2020 como se indicó anteriormente.

Las mejoras al sistema informático, labor más compleja, registra un 39% de avance y la capacitación ha sido permanente mediante la modalidad presencial y virtual esta última como medida sanitaria por la pandemia, para ello se ejecutó una estrategia de comunicación interna de información y sensibilización.

El proceso de Implementación de la Evaluación del Desempeño en el Poder Judicial debe considerar entre otras variables la población judicial en total de 12. 597 personas trabajadoras y 407 clases de puestos, esta diversidad se extrae de las funciones asignadas a las personas que pertenecen al ámbito administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia, que son los órganos judiciales: Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y la Defensa Pública.

 “Auditoría especial”. La División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República aplicó una “auditoría especial” con el objetivo de determinar sí el Poder Judicial ha implementado un proceso de evaluación del desempeño tendiente a desarrollar y fortalecer las capacidades del personal judicial.

Los resultados de la auditoría se comunicaron mediante informe DFOE-PG-IF-00015-2020 del 15 de diciembre del 2020 en el que se indicaron recomendaciones y oportunidades de mejora en el proceso que aún está en marcha.

Las recomendaciones del órgano contralor como corresponde a este tipo de auditorías, establecieron plazos de cumplimiento, el último de éstos vencería el 17 de diciembre 2021.

Entre las recomendaciones se cita la elaboración de una estrategia para el fortalecimiento, avance y consolidación del Sistema Integrado de Evaluación del Desempeño del Poder Judicial, elaboración de un cronograma para la implementación de la estrategia, establecer responsables de la ejecución del cronograma, informes del avance y mecanismos de rendición de cuentas.

Sobre esta auditoría la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta aclaró que este es un estudio que surge paralelo al trabajo que en desarrollo humano por competencias ha impulsado la institución, el cual debió adaptarse a las disposiciones normativas de la Ley 9635 y sus reglamentos.

Los resultados y recomendaciones del informe del órgano contralor están integradas dentro del cronograma y plan de trabajo en ejecución que finaliza en el año 2022.

En el marco del informe de resultados del “Proyecto de fortalecimiento de la capacidad humana institucional en el tema de detección de fraude o corrupción y métodos anticorrupción” del National Center for State Cours (NCSC), se realizó el informe de resultados de la gestión 2020, de la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial.

La labor de cooperación con la Embajada de los Estados Unidos representada por la Embajadora Sharon Day y del National Center for State Court, a través de su director Juan Carlos Astúa, fue fundamental.

Durante la actividad se dio un reconocimiento por parte de la Embajada de los Estados Unidos de América, a la Magistrada Patricia Solano Castro, a la Magistrada Nancy Hernández López y al Magistrado Porfirio Sánchez Rodríguez, por su trabajo y dedicación. También se reconoció la labor de la Fiscala General, Emilia Navas Aparicio. 

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro destacó que la cooperación internacional, ha permitido generar importantes acciones para identificar y analizar de una mejor manera el sistema judicial, con el objetivo de encontrar todas aquellas falencias que requieren ser subsanadas.

“Nos permite profundizar y generar los elementos necesarios para un abordaje preventivo ante cualquier situación que pueda derivar en un caso de corrupción”, indicó el Magistrado Cruz Castro.

La Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro señaló que “el acompañamiento que nos han otorgado, ha representado para nosotros un sostén invaluable en todo este proceso, en el que hemos buscado concientizar a la población judicial sobre las nuevas formas de ejercer justicia y sobre el valor de la ética como principal impulsor de la transparencia en la función pública, y por ende, del ejercicio de una labor judicial propia de un régimen democrático. Ciertamente, sin la ayuda de ustedes, no habríamos podido avanzar de la forma en la que lo hemos logrado”.

“En los últimos años, hemos conversado muchísimo sobre la importancia de la transparencia, de fortalecer las formas de atacar e impedir la corrupción pública, de la ética y de la rendición de cuentas. Para el Poder Judicial este proyecto ha sido de primer orden, y por ello ha plasmado con acciones concretas el compromiso con el cumplimiento del gerenciamiento de los riesgos en la función judicial, hemos abordado el reto en forma seria y con responsabilidad” puntualizó la Magistrada Solano Castro.

Por su parte, Kennia Alvarado Villalobos, de la Oficina de Cumplimiento puntualizó que la corrupción es un riesgo para el sistema judicial, que amenaza el logro de sus objetivos y el cumplimiento del mandato constitucional de administrar justicia en forma independiente e imparcial; la corrupción, en un contexto más amplio, no solo atenta contra el desarrollo social, económico, la institucionalidad y el Estado de derecho, también resulta una amenaza para el reconocimiento y goce de los derechos humanos.

“El mayor obstáculo para las estructuras criminales, es una judicatura independiente, imparcial, objetiva y apegada a la legalidad. Al perenne desafío al que se enfrentan los sistemas judiciales por sostener su independencia ante los embates de intereses externos, hoy se suma, los esfuerzos de las organizaciones criminales por restarle a la independencia judicial a través de la corrupción para la consecución de sus fines ilícitos”, mencionó la oficial de cumplimiento del Poder Judicial. 

La Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de la Justicia (CONAMAJ) presentó la Agenda Conamaj 2021 cuyo tema es dedicado al Programa de Formación Inicial para Aspirantes a la Judicatura (FIAJ) de la Escuela Judicial.

La presentación se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro indicó que “un año más la comisión en su constante incidencia positiva en la administración de la justicia nos presenta un insumo informativo y educativo de suma importancia para la población costarricense, ya que la agenda se ha consolidado como un valioso instrumento que brinda información clave sobre los distintos servicios que brinda el Poder Judicial, desde hace 21 años se han dedicado temas de importancia jurídica, participación ciudadana, justicia restaurativa, derechos de las personas indígenas, privadas de libertad, niñez y adolescencia, entre otros”.

“Esta publicación anual está dirigida prioritariamente a la ciudadanía, de manera que puede tener en sus manos un instrumento que lo acompaña durante todo el año, con información clave relacionados con servicios judiciales o bien como herramienta de empoderamiento en cuanto a derechos y responsabilidades, así como formas para su exigibilidad”, agregó el Magistrado Fernando Cruz.

El Magistrado y Presidente de CONAMAJ, Román Solís Zelaya aseguró que la trayectoria de proyectos conjuntos entre la Escuela Judicial y la Comisión es de larga data que se remonta incluso antes de iniciar este milenio, en donde el apoyo para la realización de proyectos de gran envergadura, alta sensibilidad social y proyección institucional a las comunidades siempre ha estado presente, en procura del bienestar de sectores con vulnerabilidad, fortalecimiento de los derechos fundamentales y su exigibilidad, como pieza clave para la construcción de una sociedad democrática en plenitud.

“Es un verdadero honor contar con un tema tan trascendental y de alto impacto social como lo es el Programa de Formación Inicial, el cual nació hace diez años y hoy está sólidamente arraigado en el Poder Judicial, dejando huella en cada despacho y función jurisdiccional, puesto que las personas formadas en este programa desempeñan su función con altos estándares de calidad”, agregó el Magistrado Solís.

La Magistrada y Presidenta a. í. del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, Julia Varela Araya indicó que el FIAJ ha sido todo un éxito con la colaboración que ha brindado la Comisión en el apoyo de la formación de jueces y juezas y que la agenda es una evidencia de todo ese aporte para mejorar en la administración de la justicia.

Por su parte la Subdirectora a.í. de la Escuela Judicial, Kattia Escalante Barboza señaló “quiero agradecer a la Comisión por permitirnos tener en el 2021 una agenda que evidencia la importancia del programa para nuestra institución y para el país, por permitirnos integrarnos a su maravilloso equipo de trabajo para obtener este gran logro”.