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Poder Judicial y Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica impulsan acciones conjuntas para disminuir mora judicial

Mediante la integración de una Comisión Mixta, impulsada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Colegio de Abogados y Abogadas, se potenciarán y fortalecerán acciones concretas para abordar la mora judicial en las jurisdicciones penal, laboral, civil y cobratoria, familia, agraria, constitucional y contenciosa administrativa.

Tanto el Poder Judicial como el citado colegio profesional comparten la preocupación del crecimiento de la litigiosidad y de la judicialización de temas de interés nacional que causan un atascamiento de los procesos, minando la expectativa que tiene la ciudadanía de que los casos se resuelvan con prontitud, ya que la carga laboral actual está superando la capacidad instalada que tiene este Poder de la República, al finalizar el año 2021 la cantidad de expedientes en proceso en el ámbito jurisdiccional corresponde a 1 353 897 asuntos, lo que representa un 1. 81% más que el año 2020. De esa cifra la institución atendió 527 821 por lo que se brindó una respuesta a la persona usuaria.

Desde el mes de junio del año 2021 el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y el Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Álvaro Sánchez González, iniciaron conversaciones para la integración de una comisión mixta, la cual a partir de este martes inicia como primera acción la elaboración de un diagnóstico que sea el punto de partida.

En la sesión del 14 de octubre 2021 el Consejo Superior autorizó la integración de la misma con magistrados y magistradas, así como con los órganos técnicos judiciales. En fecha 7 de diciembre anterior se integró personas representantes del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.

La mora judicial es uno de los ejes de trabajo de la actual Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, se identifica como un fenómeno multicausal en la tardanza para la resolución de los casos; entre algunos de los motivos que se han puntualizado se cita: el insuficiente número de personas juzgadoras y personal de apoyo, deficiencias en la organización de los despachos, sin dejar de lado la responsabilidad de las partes y sus representantes en su comportamiento procesal.

El Presidente de la Corte, Fernando Cruz señaló que la plataforma tecnológica del Observatorio Judicial, permite una sistematización de la información de las estadísticas judiciales y los datos de interés por lo que es una herramienta informática que facilitará el análisis de la mora judicial, ya que favorece un mayor conocimiento de la labor de la administración de justicia y a nivel general ayuda a monitorear los tiempos de respuesta de los asuntos que se someten a conocimiento de los distintos despachos e instancias.

“Desde mi perspectiva el abordaje de la mora judicial requiere de un proceso de análisis mediante una metodología que identifique las oportunidades de mejora, elaborar un diagnóstico con el apoyo de los órganos técnicos, a partir del cual se pueda generar y escoger la mejor solución para hacerle frente a esta temática y establecer mecanismos de medición permanentes a las soluciones adoptadas”, puntualizó el jerarca judicial.

Además, agregó que como sistema judicial se debe poner el escaparate en frente de todos y todas y así definir acciones coordinadas entre todos los actores que intervienen en los procesos judiciales, “hay mora judicial, es un problema serio y hay que afrontarlo” finalizó Cruz Castro.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Álvaro Sánchez González, destacó la importancia de que todos y todas las profesionales en derecho pongan su grano de arena para combatir este problema que afecta a la sociedad costarricense.

“Desde el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica nos preocupamos por el tema de la mora judicial, no solo porque significa una sobrecarga laboral para nuestras personas agremiadas, sino que implica una falta al derecho de una justicia pronta. Con la comisión mixta que conformamos junto al Poder Judicial buscaremos estrategias para dar soluciones y enfrentar esta problemática”, añadió Sánchez.

Finalmente, la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermudez, señaló que la institución ha trazado una ruta de trabajo en el combate de la mora judicial, destacando algunas acciones que se han tomado al respecto.

El establecimiento de 70 acciones orientadas a reducir la mora judicial, la creación de mecanismos automatizados para que los despachos jurisdiccionales también puedan establecer sus propias metas, la implementación de indicadores de gestión, las 168 metas y 89 proyectos en ejecución que contribuyen con la celeridad judicial, la creación de la herramienta Observatorio Judicial y la colaboración y la estrategia de la Dirección de Tecnología de la Información, son parte de estas acciones.

La representación del Poder Judicial es la siguiente:

Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.

Director del Despacho de la Presidencia, Róger Mata Brenes.

Sala Primera: Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga; Magistrada Damaris Vargas Vázquez y la magistrada suplente Jessica Jiménez Ramírez.

Sala Segunda: Magistrada Julia Varela Araya.

Sala de Casación Penal: Magistrado suplente William Serrano Baby.

Sala Constitucional: Magistrado Luis Fernando Salazar Alvarado.

Representante del Consejo Superior de las personas abogadas ligantes, Sandra Pizarro Gutiérrez.

Con el apoyo técnico de la Dirección Jurídica, Dirección Ejecutiva, Dirección de Tecnología de la Información, Dirección de Planificación, Centro de Apoyo y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, Contraloría de Servicios y el Centro de Información Jurisprudencial.

La representación del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica es la siguiente:

Presidente, Alvaro Sánchez González

Vicepresidenta, Sandra Arauz Chacón.

Jurisdicción penal: Olman Ulate Calderón y Rafael Ángel Guillén Elizondo.

Jurisdicción civil: Ignacio Monge Dobles y Eduardo Rojas Sánchez.

Jurisdicción constitucional: Rosibel Jara Velásquez y Hugo Hernández Alfaro.

Jurisdicción laboral: Mercedes Flores Badilla y Alexa Narváez Arauz.

Poder Judicial lleva capacitación a Talamanca ante incidencia de delitos sexuales

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Poder Judicial lleva capacitación a Talamanca ante incidencia de delitos sexuales

Personal operativo interinstitucional y comunidad profundizan sobre “Programa: “Protocolo de Atención a Víctimas de Violación en las Primeras 72 horas de Ocurrido el Evento”

El Poder Judicial sumó esfuerzos para la aplicación del Protocolo, con la comunidad de Talamanca y el personal operativo del Poder Judicial, el Área de Salud de Talamanca, cuerpos policiales de fuerza pública, guardacostas, fronteras y policía turística del Ministerio de Seguridad Pública, PANI e INAMU, para atender y aportar, desde sus competencias, la problemática de incidencia por delitos sexuales, que registra este cantón, con la participación de 140 asistentes.

La iniciativa fue consensuada entre la magistrada Roxana Chacón Artavia en su calidad de coordinadora de la Comisión de Género, el Fiscal General a.i, Warner Molina, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza y la Jefa de la Secretaría Técnica de Género, Jeannette Arias Meza; en reunión realizada el pasado 3 de febrero que tuvo como objetivo, analizar estrategias de abordaje, de la situación que vive el cantón de Talamanca frente a la incidencia de los delitos sexuales en la zona y la importancia de llevar de capacitación de manera directa y presencial.

En tal sentido, el pasado 23 y 24 de marzo, se realizaron dos talleres, facilitados por Xinia Fernández, profesional de la Secretaría Técnica de Género, dirigidos a la comunidad, uno a mujeres facilitadoras del Programa de Facilitadoras y Facilitadores de la CONAMAJ, en coordinación con esta Comisión, y otro dirigido a mujeres de la comunidad en coordinación con el INAMU, enfocados en información sobre los derechos de las víctimas y los servicios que pueden recibir por parte de las diferentes instituciones.

Adicionalmente y de manera paralela, Jeannette Arias, Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial tuvo a cargo la coordinación de las capacitaciones, dirigidas al personal operativo interinstitucional de Bribrí y Bataán para reforzar las acciones de articulación, con el Equipo de Respuesta Rápida para la Atención de Víctimas de Violación de Limón.

El tema principal de estos talleres giró sobre el “Programa: Protocolo de Atención a Víctimas de Violación en las Primeras 72 horas de Ocurrido el Evento” centrado en la atención integral que deben recibir las víctimas.

Además, el espacio fue propicio para que las personas participantes externaran los temas de interés para futuros procesos de capacitación. De igual manera, se distribuyó material informativo digital e impreso sobre la temática, tanto para uso interno de las instituciones, como otro diseñado para la comunidad.

“El objetivo fue facilitar información básica sobre la aplicación del “Protocolo de Atención a Víctimas de Violación en las Primeras 72 horas de Ocurrido el Evento’’. Explicar las funciones de cada institución o área institucional y mecanismos de articulación para brindar los servicios a víctimas-pacientes de violación, de manera integral. Además, que conocieran sobre el funcionamiento del Equipo de Respuesta Rápida de Limón y cómo coordina con las zonas de Bribrí y Batán”, explicó Jeannette Arias Meza, Jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.

De parte del Poder Judicial se contó con participación de representantes de la Secretaría Técnica de Género, la Fiscalía Adjunta de Limón, Fiscalía Adjunta de Género, las Jefaturas de la Delegación del OIJ de Limón y de las Oficinas Regionales de Bribrí y Batán, la Sección Especializada contra la Violencia de Género, Medicina Legal, Ciencias Forenses y la Unidad de Género del Organismo de Investigación Judicial, la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito y el Departamento de Trabajo Social y Psicología; instancias que a su vez, expusieron sobre temas claves en sus áreas de experticia.

Por parte de la CCSS se involucraron en las actividades las coordinadoras nacionales del Programa Normalización de atención VIH.ITS, del Programa Normalización atención de la Violencia, representantes del Hospital Tony Facio de Limón, la Coordinación Nacional de Trabajo Social de la CCSS y el Director del Área de Salud de Talamanca, quienes también participaron en las exposiciones.

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Poder Judicial continua con proceso de co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

Autoridades judiciales realizan encuentro con pueblos indígenas de Limón

El Poder Judicial realizó una gira informativa a los pueblos indígenas de Bribri, Cabécar y Ngöbe en la provincia de Limón. El objetivo es realizar encuentros con los pueblos indígenas a fin de informar sobre el proceso de co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial y atender las sugerencias y observaciones de esa población desde su cosmovisión, que se constituyan en oportunidades de mejora.

Se pretende procurar un acercamiento y generar confianza intercultural, brindar información sobre el Poder Judicial y el Proyecto.

En esta gira participaron las personas integrantes de las Asociaciones de Desarrollo Indígena, grupos de mujeres organizadas, asociaciones indígenas de las comunidades, personal del Ministerio de Educación y estudiantes de secundaria.

Las personas indígenas recibieron esta visita con mucho entusiasmo y positivismo a participar, consideran importante el aporte de ideas en la co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial.

De parte del Poder Judicial participó la Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, quien funge como Directora del Proyecto y Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas. Además, asistió el señor Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública junto con la Supervisora Nacional Indígena Laura Arias Guillén; Melissa Benavides Víquez, Coordinadora del Proyecto; Magaly Vargas Johnson Contralora Regional de Servicios de Limón y el señor Jorge Barquero en representación de la Dirección de Planificación.

Para la Magistrada Vargas Vásquez, esta gira “constituye un acercamiento con los pueblos indígenas de la región que permite fortalecer la confianza intercultural. Eso es indispensable para la construcción de la Política a partir de la cosmovisión y la cosmogonía de los pueblos indígenas de Costa Rica en un proceso democrático y participativo.”

Melissa Benavides Víquez, Coordinadora del Proyecto destacó la apertura y anuencia a participar de los líderes y lideresas. “Las visitas nos permiten conocer mejor las comunidades, su conformación particular y las desigualdades que existen entre los territorios. Nos apersonamos con compañeras de la Contraloría de Servicios para que se tome nota de cualquier tipo de disconformidad con relación a nuestro servicio”.

Estas giras a los territorios indígenas de todo el país se realizan coordinando con los grupos claves presentes en los lugares.

Sentencia en materia de Familia se dicta en territorio indígena de Manteco

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Sentencia en materia de Familia se dicta en territorio indígena de Manteco

Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San José, realizó audiencia, recepción de prueba y dictado de sentencia en Barbilla, en el Distrito de Chirripó.

La justicia en materia de Familia se hizo presente en el territorio indígena de Manteco. Las diligencias judiciales dentro del proceso que llevó a cabo el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San José, se realizaron in situ.

Mediante la realización de una audiencia, la recepción de prueba y el dictado de sentencia, se le dio respuesta a las partes del proceso de Familia, que son parte del pueblo Cabécar de este territorio indígena.

“La audiencia, la recepción de prueba y la sentencia fueron traducidas de manera íntegra y simultánea, al idioma cabécar, gracias a la colaboración de la intérprete indígena. Este proceso judicial que involucra a una persona menor de edad, se desarrolló mediante un trabajo interinstitucional y su realización en territorio indígena, se da en cumplimiento de lo que ordena la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica y en completo respeto a su dignidad humana y realidad cultural”, explicó la jueza coordinadora a.i del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia de San José, Nelda Jiménez Rojas.

La audiencia se realizó el pasado 22 de marzo, en el que participaron la técnica judicial Cindy Brenes, la jueza Nelda Jiménez Rojas, el fiscal Juan Carlos González Chaves y la intérprete del idioma cabécar, Esther Aguilar Payan.

También se contó con la participación de representantes del Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y del Hospital Nacional Psiquiátrico.

“Como jueza de la República, esta coordinación interinstitucional es la confirmación de que Poder Judicial trabaja por los pueblos indígenas, que no son olvidados, que el compromiso es uno solo y que donde exista un jueza o jueza que administre justicia, se hará siempre respetar la dignidad humana”, afirmó la jueza Jiménez Rojas.

Una lucha constante por el reconocimiento y el respeto a los derechos de la mujer en la carrera judicial

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Una lucha constante por el reconocimiento y el respeto a los derechos de la mujer en la carrera judicial

Ana Luisa Meseguer Monge, reconocimiento “La justicia con rostro de mujer”.

Sus aportes al Poder Judicial en el fortalecimiento de los derechos humanos de las mujeres hoy hacen a la jueza Ana Luisa Meseguer Monge, merecedora del reconocimiento: “La justicia con rostro de mujer”, que otorgó Corte Plena en el marco de la Inauguración del Año Judicial 2022.

El galardón procura destacar a las mujeres empleadas o exempleadas judiciales, administradoras de justicia o no, que en el desempeño de sus labores destaquen por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo y con sus acciones, ejemplo y actitud resalten el aporte de las mujeres en las funciones encomendadas al Poder Judicial, hayan influido o influyan en la erradicación de la violencia y de cualquier otra forma de discriminación en detrimento de los derechos humanos de las mujeres.

“Desde mi cargo judicial, la contribución ha sido juzgar con imparcialidad y objetividad, pero, con perspectiva de género, aplicar el principio de no discriminación sin distinción de ninguna clase, utilizar el lenguaje no sexista y respetar la diversidad. Durante muchos años atrás, desde la Asociación Costarricense de Juezas, hemos venido promoviendo la utilización de la perspectiva de género en el dictado de las sentencias judiciales, como un valioso instrumento de hermenéutica o interpretación, por estar convencidas que sólo así, es posible respetar los derechos humanos, cumplir la prohibición de no discriminación y asegurar el acceso a la justicia de toda la población costarricense, sin importar el sexo”, destacó la Jueza coordinadora del Tribunal de Apelación de Trabajo del II Circuito Judicial de San José.

En 1991, participó en la fundación de la Asociación Costarricense de Juezas. Del 2003 al 2019 fue presidenta de esa organización social, con el firme compromiso de emprender las luchas por el reconocimiento y respeto de los derechos de las mujeres dentro de la carrera judicial, basadas en los principios de solidaridad y sororidad.

“Mi labor en la Asociación se ha centrado en valorizar y visibilizar la gran necesidad de aplicar medidas afirmativas en la carrera judicial y tratar de hacer cumplir la política de género del Poder Judicial, dirigida a aplicar los principios de todos los instrumentos internacionales de derechos humanos y, en nuestro caso, a desterrar todas las prácticas que discriminen por motivos de sexo y, además, eliminar el sesgo por género en la Administración de Justicia, con la finalidad de conseguir la ansiada igualdad”, destacó.

Afirma que ha sido intensa la labor de tratar de superar la brecha de inequidad de género, en el acceso a los puestos más altos de la función judicial, que garantice una justicia más inclusiva, más humanizada y una verdadera equidad de género en la conformación de los altos Tribunales.

Trayectoria judicial

“Los principios que rigen mi desempeño profesional son los propios de la ética judicial: la independencia, la imparcialidad, la objetividad, la probidad y la excelencia en el servicio público de la Administración de Justicia, entendido como un sistema que, en forma permanente, debe resguardar los derechos humanos de todas las personas”, recalcó la jueza Ana Luisa Meseguer Monge.

Licenciada en Derecho con énfasis en Derecho Público, de la Universidad de Costa Rica en 1977; cuenta con el grado de Especialista en la Jurisdicción Social y el Nuevo Derecho del Trabajo, en La Coruña, España (1999). Es Máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, en la Universidad Estatal a Distancia (UNED-2004). En la actualidad realiza las conclusiones y prepara la defensa final de su investigación “El Daño Moral en la jurisprudencia laboral”, para obtener el Doctorado en Derecho en la UNED.

Ingresó al Poder Judicial realizando nombramientos interinos como jueza de instrucción penal de Turrialba y Goicoechea. Posteriormente, fue nombrada en propiedad como defensora pública de San José. En 1985 fue designada en el Juzgado II de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda donde trabajó 5 años, para luego asumir el cargo de Jueza en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía de San José, hasta alcanzar el puesto actual.

Se desempeñó como magistrada suplente de la Sala Segunda y fue integrante del Consejo de Personal, en representación de la judicatura.

“…deslindar lo justo de lo injusto”

Nacida en Cartago. Vivió en San Marcos de Tarrazú, donde pasó sus primeros años de infancia, para luego trasladarse a San Pedro de Montes de Oca. Recuerda que desde muy joven descubrió su vocación por el Derecho, pues siempre le interesó deslindar lo justo de lo injusto, acompañada de los valores que le inculcaron: la igualdad real de todas las personas, el respeto de los derechos humanos y de las mujeres, la autonomía y el poder de decisión de las mujeres, la prohibición de discriminar entre géneros, la solidaridad y el concepto que, hoy día, se denomina sororidad, con sus congéneres, víctimas de violencia y en estado de vulnerabilidad.

En su formación personal y profesional, reconoce el privilegio de haber ingresado por tercera generación en línea materna al Colegio Superior de Señoritas, institución benemérita de la cultura costarricense, considerada como la cuna de diferentes movimientos democráticos relevantes, dirigidos a obtener reformas sociales para mejorar las condiciones de vida y los derechos de las mujeres.

“La designación efectuada por la Corte Plena significa para mí, un inmenso honor. Recibo este galardón, en nombre de la Asociación Costarricense de Juezas, con suma gratitud, alegría y optimismo, pensando en los cambios que, también, habrán de darse a nivel de la Asamblea Legislativa y, en las magnas transformaciones sociales que harán las nuevas y futuras generaciones de mujeres juezas”, expresó la jueza Ana Luisa Meseguer.