Mantener una economía activa también es prioridad para el Poder Judicial, por lo que se hacen todos los esfuerzos para que los trámites de depósitos judiciales se realicen con la mayor celeridad posible, para colaborar con el progreso económico del país.

Ante la coyuntura actual, el Sistema de Depósitos Judiciales, sistema por el cual se registra el dinero que se recibe, autoriza y paga dentro de los procesos judiciales, sigue funcionando de manera activa, mostrando un movimiento importante en el período comprendido entre el 23 de marzo y el 24 de abril 2020.

Es por ello, que en dicha fase, el Poder Judicial ha pagado a las personas usuarias ¢16.850 millones y $368 mil, lo que representa un promedio diario de ¢454 millones y $27 mil. Los pagos se realizaron mediante más de 179 mil gestiones.

Además, en lo que respecta al tema de depósitos, se recibieron ¢18.187 millones y $13.892 en 125.893 gestiones, mientras que las autorizaciones de pago hechas por los Juzgados representaron ¢9.064 millones y $1.87 millones en 199.455 gestiones realizadas.

Este Poder de la República es consiente que su labor es fundamental para muchas familias que dependen de las gestiones y decisiones de la institución.  Por ello se hacen esfuerzos para una apertura efectiva de los servicios esenciales, así como el teletrabajo y la posibilidad de acceder a  servicios digitales, todo ello según las disposiciones de Corte Plena y el Consejo Superior, acordes a las indicadas por las autoridades de salud.

La Junta Directiva de la Asociación Solidarista de Empleados Judiciales (ASOSEJUD), realizó la donación de productos de limpieza y medidores de temperatura a la Comisión de Emergencias del Poder Judicial, con el objetivo de distribuirlos a todas las oficinas del país.

Se trata de 800 unidades de botellas de un galón de jabón de manos con efecto bactericida, además de 800 unidades de 30 mililitros del alcohol gel de 80% de etanol, 800 unidades de papel higiénico biodegradable de 450 hojas y 800 unidades de toallas de mano de 160 metros cada una.  Además, se donaron 20 escáneres de temperatura corporal.

En la donación participaron el Presidente de la Sala Primera de la Corte y Coordinador de la Comisión, Luis Guillermo Rivas Loáiciga y el Presidente de la Junta Directiva de ASOSEJUD, Parris Quesada Madrigal.

Para el Coordinador de la Comisión de Emergencias del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga,  es importante que en estos momentos exista cooperación y colaboración, ya que esta lucha es responsabilidad de todos y todas.

“Es efectivamente durante estos momentos en donde se demuestra la solidaridad y la cooperación del personal judicial, ya que la entrega de estos útiles es fundamental para protegernos del virus que produce esta emergencia, la cual debemos enfrentar todos y todas en conjunto” manifestó Rivas Loáiciga.

Según indicó el Presidente de ASOSEJUD, Parris Quesada Madrigal, esta ayuda va destinada a todo el conglomerado judicial del país, ya que es un problema que le atañe a todos y todas, por lo que esta asociación como organización social que es, busca de manera transparente, sencilla, entusiasta y consciente de la problemática nacional e internacional, brindar una mano de apoyo ante esta crisis.

“En época de crisis es importante unirnos y tender una mano solidaria, y esta asociación solidarista se ha caracterizado por siempre brindar apoyo a los diferentes órganos del Poder Judicial”, dijo Quesada Madrigal.

El Presidente de ASODEJUD instó a seguir las recomendaciones emitidas por el Gobierno y el Ministerio de Salud y recalcó la importancia de este donativo para los compañeros y compañeras que por naturaleza de sus funciones no pueden realizar teletrabajo.

La entrega tuvo lugar este martes 24 de marzo en el edificio de la Corte Suprema de Justicia.

La implementación de la Reforma Procesal Agraria es una estrategia institucional que se ejecuta conforme a la Metodología de Administración de Proyectos aprobada por el Consejo Superior. Su objetivo es preparar a la Institución para la entrada en vigencia del Código Procesal Agrario.

Así lo aprobó el Consejo Superior del Poder Judicial en sesión extraordinaria N°110-18 celebrada el 19 de diciembre del 2018, Artículo I, a solicitud del Despacho de la Presidencia, la Dirección de Planificación y de la Comisión de la Jurisdicción Agraria.

Previo a su aprobación, la citada comisión hizo de conocimiento de sus integrantes y los despachos agrarios, la propuesta de los productos entregables, tareas y cronograma de ejecución, así se desprende del oficio N° 1410-PLA-2018 de la Dirección de Planificación, el cual se encuentra integrado en los acuerdos del Consejo Superior de acceso público en la web judicial ( www.poder-judicial.go.cr)  

Por las limitaciones en el presupuesto institucional, Corte Plena y el Consejo Superior, acordaron un único recurso para su ejecución el cual consiste en un permiso con goce de salario y sustitución de una plaza de judicatura del Tribunal Agrario, de manera que esta persona fungiera como coordinadora de todas las acciones del proceso de implementación.

Los recursos invertidos para la ejecución del Proyecto, corresponden al salario ordinario de una persona juzgadora y no a la contratación de una consultoría externa, como de manera errada se informó en un medio de comunicación digital accesible por internet.   Tampoco la institución incurrió en erogaciones por concepto de viáticos de la persona asignada en la coordinación, éstos son rubros que se destinan para giras a provincias.  En este caso no se cancelaron a la persona coordinadora pese a que el año anterior se realizaron visitas a circuitos judiciales con el fin de exponer los principales cambios que introduce la nueva legislación procesal agraria. 

Por ello no han existido contrataciones de personas ni de servicios externos, la implementación se ha ejecutado con recursos institucionales, los gastos operativos se cubren con el presupuesto institucional. El salario que se le canceló a la persona funcionaria coordinadora es el que corresponde a la plaza que ocupa dentro del escalafón de puestos interno.  

Al   proyecto se sumaron personas funcionarias de las diferentes oficinas administrativas y jurisdiccionales involucradas en la materia agraria, pero no de manera exclusiva, pues debieron atender sus labores ordinarias, lo que refleja un alto compromiso de las quienes están involucradas en el proyecto.  

Los procesos de implementación de la reforma procesal laboral y procesal civil dejaron buenas prácticas de gran valía a nivel institucional, por lo que ambas experiencias se han aplicado, principalmente en lo que refiere a la capacitación de grupos y sectores de interés, tal es el caso de las personas facilitadoras judiciales y líderes comunales, así como el personal de los despachos de la materia agraria.

Informes de avance. Tal y como se indicó, en esta implementación, se aplicó a cabalidad la metodología de proyectos por ello debe cumplirse un cronograma y rendir los rigurosamente informes de las tareas cumplidas.  Estos informes son un mecanismo de control y seguimiento que deben de acatarse por la metodología aplicada. 

Los informes de avances se presentaron a la Dirección de Planificación el 28 de febrero, 31 de mayo, 30 de agosto y 31 de octubre todos del año 2019, posteriormente se remitieron al Magistrado Director del Proyecto, Luis Guillermo Rivas Loáciga y a las personas integrantes de la Comisión de la Jurisdicción Agraria y las representantes de las oficinas administrativas involucradas en la implementación, entre ellas las direcciones de Planificación, Ejecutiva, Gestión Humana, Tecnología de la Información, así como la Escuela Judicial, Contraloría de Servicios, Auditoría Judicial, Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ), Control Interno, Secretaría Técnica de Valores y Secretaría Género, entre otras.

De los informes de avance la Dirección de Planificación determinó que al 31 de octubre del 2019 el proyecto alcanzó un 84% de cumplimiento. 

(Ver gráfico).

Indicadores.  En este proceso de implementación también se aplicaron los indicadores del Modelo de Sostenibilidad aprobado por el Consejo Superior. Por ello los relacionados con desempeño se coordinaron con la Unidad de Evaluación de Desempeño de Gestión Humana y los de derechos humanos se trabajaron con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, para ajustar el modelo a los requerimientos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. 

Vacancia de ley. En la sesión de Corte Plena N° 39-19 de 16 de setiembre de 2019, Artículo X, se tomó el acuerdo de solicitar al Plenario Legislativo ampliar un año más la vacancia o entrada en vigencia del Código Procesal Agrario, lo que implica que la fecha programada para la implementación se extendió al 28 de febrero de 2021.

La vacancia fue aprobada en segundo debate por el Plenario Legislativo en la sesión del 17 de febrero 2020.”

Comunicado aprobado en sesión de Corte Plena N° 9-2020 celebrada el 24 de febrero del 2020.

La resolución oportuna de conflictos, la confianza y la probidad en el servicio de justicia, asi como la optimización e innovación son algunas metas  que se fijo  el Poder Judicial en el 2019, desde el Plan Estratégico Institucional.

Los resultados obtenidos durante el primer año de aplicación de esta metodología de trabajo, la conoció Corte Plena este lunes 17 de febrero.

La exposición de resultados estuvo a cargo de la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.

El Modelo de Gestión Estratégica Judicial aprobado por Corte Plena se puso en marcha durante el 2019; ello permitió trabajar y definir  un portafolio de proyectos, que integró las prioridades de la institución.

Adicionalmente, el modelo contempla la incorporación  de “ los planes anuales operativos de las oficinas de los tres ámbitos judiciales (administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia), el presupuesto orientado por resultados, el manejo de políticas institucionales y temas de innovación”, puntualizó Valverde Bermúdez.

Solo en la meta de resolución oportuna de conflictos se alcanzó un 94,6% de cumplimiento de metas.  Esto se materializó con un 14% de aumento en la cantidad de expedientes terminados, considerando que se registró un aumento de casos entrados del 5%, durante el 2019, con un total de 606.141 procesos finalizados.

El 35,5% de los asuntos en el circulante ya se encuentran en las etapas de ejecución,  con una resolución provisional o medidas impuestas.

A esto se suma la metodología de rediseño de procesos aplicada en 214 despachos judiciales. Esto impactó de forma positiva en tiempos de resolución y productividad del personal en los despachos que atienden materias como civil, penal, laboral y pensiones alimentarias.

“En el 2019, la ejecución presupuestaria alcanzó un 95.9%. Esto es un esfuerzo institucional del Poder Judicial, cumpliendo también con las restricciones de las normas de ejecución presupuestaria aprobadas por la Asamblea Legislativa,  ya se trabaja también en la construcción del Modelo de Gestión de Presupuesto Plurianual, donde se realizó una reunión de trabajo con la Contraloría General de la República y se coordina con el Ministerio de Hacienda para pactar también una sesión de trabajo y retroalimentarse en  las recomendaciones de modelos a aplicar”, detalló la Directora de Planificación,  Nacira Valverde.