• Corte Plena aprueba protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos.

La Jurisdicción Contenciosa Administrativa se suma al uso de las tecnologías disponibles en el Poder Judicial, para brindar a las personas usuarias una alternativa segura en la realización de las audiencias orales.

Este lunes 29 de junio, en la sesión ordinaria de Corte Plena, se aprobó el Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos para la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, destacó que la construcción de este documento contó con la participación de juezas y jueces de la jurisdicción.

“El protocolo resulta de vital importancia para la materia contenciosa administrativa, por estar concentrada en San José y que tiene asuntos que se ubican en todo el país.  Esto va a tener una gran ventaja porque acerca todo el territorio nacional a la Jurisdicción”, afirmó Rivas Loáiciga.

La exposición del contenido del protocolo estuvo a cargo de Ileana Isabel Sánchez Navarro, jueza coordinadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, quien destacó que esta es una nueva opción a las personas usuarias, para garantizar la continuidad de los servicios, donde la tecnología sirve como un instrumento frente a situaciones especiales.

“Se pretende acercar la justicia Contencioso Administrativa a las personas usuarias, a través de la utilización de las herramientas tecnológicas como un instrumento de descentralización del servicio.  De igual forma, se potencia el teletrabajo, como una modalidad de llevar  a cabo la función jurisdiccional, acorde con las nuevas dinámicas de prestación de servicios, tanto en el ámbito público, como en el privado”, puntualizó la jueza Sánchez Navarro.

La normativa interna  abarca los actos procesales del Juzgado, el Tribunal y el Tribunal de Apelación Contenciosos Administrativos.

Se garantiza que la modalidad virtual de las audiencias se realizará cuando se cuente con el consentimiento de las partes. Se recalca el respeto al debido proceso en las audiencias bajo la modalidad virtual y la posibilidad de realizar audiencias de recepción de prueba y de conciliación, en el caso de éstas últimas se resguarda la privacidad.

El medio tecnológico oficial será el sistema de Microsoft Teams, autorizado por la Dirección de Tecnología de la Información.  Las Direcciones de Tecnología de la Información y de Planificación emprenderán las acciones correspondientes a corto y mediano plazo para su implementación.

Se mantendrá el carácter público de las audiencias virtuales, salvo en aquellos casos en los que por resolución del Tribunal se declare su privacidad, debidamente justificada.

En atención a los requerimientos técnicos de las partes o testigos, al no contar con acceso a medios tecnológicos, los despachos judiciales coordinarán con la Administración Regional  para propiciar espacios en el recinto judicial y con los equipos necesarios, que reúnan las condiciones de seguridad e higiene, como lo son las salas de juicio, salas de testigos o cubículos equipados para estos fines.

Se dispone la posibilidad de realizar audiencias virtuales y mixtas, cuando se requiera la comparecencia de forma presencial de alguna de las partes.

Las audiencias se grabarán mediante el Sistema de Grabación de Audiencias Orales del Poder Judicial (SIGAO), como medio oficial.

Para la atención de los procesos donde las personas intervinientes se encuentren en condición de vulnerabilidad o se requieran necesidades especiales, las personas juzgadoras deben tomar las previsiones para la participación en la audiencia y atendiendo a los lineamientos de las políticas institucionales de accesibilidad.

Realizan foro sobre conflictos de interés para potenciar transparencia e Independencia Judicial

• Tema se desarrolló en el marco de una actividad internacional virtual para puntualizar sobre la adecuada gestión del conflicto de interés en la administración de justicia.

En el marco de la Inauguración del Año Judicial 2020, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) en coordinación con la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, realizaron un foro internacional virtual denominado “De la declaración de intereses a la era de la gestión del conflicto de interés para la transparencia e independencia judicial”.

El objetivo fue promover un espacio de reflexión para abordar el tema de los conflictos de interés en el Poder Judicial y así contribuir al aseguramiento de la imparcialidad, la probidad en el ejercicio de la función judicial para la tutela  del  interés público.

Los principales temas abordados fueron la Independencia Judicial; Fortalecimiento de la Administración Pública, Conflicto de interés en el personal judicial; Transparencia, rendición de cuentas; Prevención y lucha contra la corrupción, así como Justicia pronta y cumplida con servicios de calidad.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro inició con la conferencia magistral “Retos de la Independencia Judicial en el Siglo XXI”, en la cual destacó que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución, “La Independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de un Estado Constitucional y Social de Derecho”.

“La parcialidad de las funciones jurisdiccionales conlleva específicas garantías que se manifiestan en la posición de autonomía, independencia e imparcialidad del juez. Si estas garantías no se definen adecuadamente, imponiendo límites claros y definidos a los otros poderes, la independencia judicial se convierte en una palabra, en un discurso ampuloso, sin contenido”, señaló el Magistrado Cruz Castro.  

Posteriormente se realizó el panel “Relevancia del conflicto de interés en la función pública”, para reflexionar desde diversas visiones e instituciones sobre el tema y de esta forma, tener una mejor compresión de la importancia que reviste para la institucionalidad pública y sobre todo para el fortalecimiento de la Administración de Justicia y el Estado de Derecho.

Este panel fue moderado por la Magistrada de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales, quien realizó una instrucción de la evolución histórica del tema, especialmente recalcando el movimiento de los años noventa relacionada con la revalorización de la democracia como forma de gobierno, resaltando la importancia de la ética política, probidad, transparencia en la gestión del Estado y el combate a la corrupción.  De igual manera se recalcó la relevancia que distintas iniciativas e Informes internacionales han dado al tema, así por ejemplo la OCDE en el 2000, que llama a los conflictos de interés como un tema urgente de tratar en los Estados, por eso este foro para “reflexionar, concientizar, pero sobre todo para trabajar” expresó la Magistrada Zúñiga Morales.

El Consultor Internacional en temas de gobierno corporativo y gestión del riesgo de corrupción de Colombia, Wilson Alejandro Martínez Sánchez se refirió a “La gestión de los conflictos de interés en el servicio público: directrices internacionales y experiencias en otros países”.

“El Problema se presenta cuando la persona  funcionaria que se encuentra en un conflicto de interés lo maneja de manera inapropiada y se convierta en un acto de corrupción. Porque si el servidor o servidora pública actúa de manera transparente e íntegra, declarando su conflicto, poniéndolo de manifiesto y apartándose de la decisión, el funcionario obra de manera correcta e íntegra y en esa medida no hay un acto de corrupción que se le pueda impugnar”, analizó Wilson Alejandro Martínez.

Por su parte, el Procurador del Área de la Ética de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, José Armando López Baltodano reseñó sobre “El cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la ética pública y lucha contra la corrupción”.

“Nuestro país ha suscrito las tres principales convenciones anticorrupción y forma parte por lo tanto de ese ámbito de competencia a nivel de prevención, detección y sanción de la corrupción.

La Sala Constitucional ha desarrollado una vasta jurisprudencia que refiere los principios de gestión pública, la idoneidad, la eficiencia e igualdad, la buena fe, la rendición de cuentas, la transparencia, la responsabilidad y el control jurisdiccional”, afirmó José Armando López.

La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro analizó la “Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de conflictos de interés en el Poder Judicial: Retos y oportunidades para la Administración de Justicia”.

“En lo personal, considero que hemos iniciado un camino que nos conduce a una mayor calidad en la administración de justicia, permitiendo una mejora continua en el quehacer judicial, respondiendo a la naturaleza que debe tener un sistema judicial en un país democrático como el nuestro.

Mi mensaje es de positivismo, frente a las acciones que hemos adoptado para proteger a nuestro sistema, de injerencias indebidas que puedan afectar el acceso a una justicia pronta, cumplida, seria, eficaz, transparente e independiente, sin dejar de lado que nos quedan muchos retos y aspectos por mejorar”, puntualizó la Magistrada Patricia Solano.

La Vicepresidenta de la Corte añadió que “los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la institución no son nuevos, si no que iniciaron desde hace varios años, no obstante, se han visto materializados en mayor medida con una serie de disposiciones adoptadas de forma reciente, apostando por reformas ambiciosas en estos temas, creando herramientas útiles para alcanzar nuestros objetivos”.

El foro se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams, coordinado por la OCRI con la colaboración de la Dirección de Tecnología de la Información, la Oficina de Cumplimiento, y el Despacho de la Presidencia.

“Medios tecnológicos dan la posibilidad de proteger la salud de la ciudadanía y del personal judicial, sin dejar de lado el servicio público de calidad”

• Óscar Rodríguez, juez del Juzgado II de Cobro de San José.

Una audiencia de conciliación para proceso monitorio dinerario tramitada por el Juzgado Segundo Especializado de Cobro del Primer Circuito Judicial de San José, se realizó por medios tecnológicos por medio de la plataforma Microsoft Teams.

La misma se desarrolló el 24 de junio en horas de la mañana y estuvo presidida por el juez Óscar Rodríguez Villalobos, quien fue asistido por el técnico judicial Iván García Cabrera.

Según aseguró el juez Óscar Rodríguez, durante el desarrollo de la diligencia no se presentaron inconvenientes, el proceso de comunicación fue fluido y conforme se esperaba, las partes mostraron conformidad y pudieron acceder a la herramienta sin mayor problema. Para la diligencia se contó con la presencia de los profesionales en derecho a cargo y las personas representadas, para un total de seis personas conectadas. 

 “Confirmar, de mi parte, la importancia del uso de estas tecnologías, por la posibilidad que brindan de seguir protegiendo la salud de la ciudadanía y del personal judicial, sin dejar de lado el servicio público de calidad que debe garantizarse, cumpliendo a su vez los principios de inmediación, oralidad, justicia pronta y cumplida, entre muchos otros, que deben ser tutelados por la administración de justicia”, aseguró Rodríguez Villalobos.

El juez también agregó “sin lugar a dudas, las audiencias virtuales son una modalidad útil y necesaria al servicio de la justicia, sobre todo por el hecho histórico al que nos enfrentamos como país y como Poder Judicial en particular”. 

• Inauguración de Año Judicial 2020 se realizó de forma virtual.
• Ejecución presupuestaria institucional alcanzó un 97,78%.
• Un total de 606.141 asuntos terminados en el 2019.

 El trabajo determinante en la mejora de los servicios de administración de justicia, mediante un permanente proceso de reorganización interna de los despachos, la transparencia de su gestión y el desarrollo tecnológico, fueron algunos de los temas que destacó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, durante la Inauguración del Año Judicial 2020.

 “Tenemos un ineludible compromiso con valores constitucionales, tales como la transparencia, la participación ciudadana, la democratización interna, la probidad, la honestidad, la celeridad, el control de la corrupción, el estado social de derecho y el respeto de las minorías”, puntualizó el máximo jerarca judicial en su discurso.

 En la sesión solemne de Corte Plena, las magistradas y magistrados integraron bajo la modalidad virtual y presencial, ante la emergencia sanitaria que vive el país por la pandemia del Covid-19 y con la presencia de los Presidentes de los Supremos Poderes, Carlos Alvarado Quesada, Presidente de la República, Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia y Eduardo Cruickshank Smith, Presidente de la Asamblea Legislativa.

 El Presidente de la Corte, Fernando Cruz, quien asumió el cargo el 3 de agosto de 2018, dio un amplio informe sobre las labores que se ejecutaron durante el 2019, reforzando con ello la política de transparencia y rendición de cuentas que fortalece el Poder Judicial año con año.

 Cruz Castro recalcó la importancia de fortalecer la independencia judicial como uno de los principios fundamentales, desde la construcción constante de la democracia con equilibrio de poderes. 

 “La independencia e imparcialidad de los jueces no es una prerrogativa, ni un privilegio que se les reconozca en su propio beneficio, sino que se justifica por la necesidad de que puedan ejercer su función de guardianes del Estado de Derecho, de la Constitución, una prevención indispensable para los autoritarismos que sobreviven como ley natural”, afirmó. 

 El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, señaló la importancia de la independencia de los Poderes Supremos y en particular, la independencia del Poder Judicial.

 “El Poder Judicial es uno de los principales basamentos de nuestro sistema democrático. La aspiración de una democracia es a un sano e independiente Poder Judicial. Aquí se dirimen conflictos, se mantiene la paz social en un orden de Estado de Derecho”, afirmó en su discurso el mandatario costarricense. 

 El espacio fue propicio para la entrega de los reconocimientos institucionales, acto a cargo del magistrado Orlando Aguirre Gómez, coordinador de la Comisión de Reconocimientos del Poder Judicial, quien destacó que la institución tiene un compromiso por contar con un recurso humano comprometido y humanizado y respetuoso de los valores institucionales, teniendo como norte un servicio con rostro humano.

 El premio “Luis Paulino Mora Mora” se otorgó a la Dra. Grettchen Flores Sandí, del Departamento de Medicina Legal.  El galardón “Ulises Odio Santos”, o correspondió al Profesional en Derecho de la Sala Primera, Juan Pablo Salazar Carvajal. El premio “Miguel Blanco Quirós” se entregó a la Coordinadora Judicial 2 del Juzgado de Familia del Primer Circuito Judicial de la Zona Atlántica, Lilliana Garita Sharpe.

 Reformas internas: una prioridad

 Fernando Cruz Castro asumió el máximo cargo en agosto del 2018 y con ello, su compromiso por el impulso de medidas tendientes para modernizar y fortalecer el Poder Judicial.

 Este proyecto contempló el análisis, discusión y aprobación de las propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial, proceso que inició en diciembre de 2017 en temas de gran relevancia como la Carrera Fiscal, régimen disciplinario y Código de Ética, protocolos de conducta para el personal judicial, procesos de diálogos permanentes con la sociedad civil, reformas a la Carrera Judicial, evaluación del desempeño, Gobierno Judicial, reforma integral al proceso penal y lucha contra la corrupción y el reglamento de la Defensa Pública.

 Hoy ya se contabilizan 14 de los 22 productos aprobados, lo que representa un avance de ejecución del proyecto del 63,64%, siendo que los 8 productos restantes ya se encuentran para discutir en Corte Plena.

 Transparencia institucional

 La Transparencia en el quehacer judicial se vio fortalecida con el accionar de la Comisión de Transparencia y la creación de la Oficina de Cumplimiento, figura novedosa en un Poder Judicial, que buscar fortalecer la lucha contra la corrupción dentro de la institución.

 El trabajo emprendido por el Poder Judicial en esta línea, le permitió alcanzar el primer puesto de 254 instituciones evaluadas en el Índice de Transparencia en el Sector Público (ITSP) del Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica, en donde se logró una nota 100.

Durante el 2019 se promovió un cambio en la metodología de los Consejos Ampliados que reúne a las autoridades judiciales con la sociedad civil, para incluir mayor interacción entre ambos actores.  De estos se tuvieron resultados muy positivos en Puntarenas, Santa Cruz y Nicoya.

 Además, se impulsaron las actividades de rendición de cuentas por parte de las Administraciones Regionales en los Circuitos Judiciales de todo el país.

 Gestión de los despachos

 Los más de 800 despachos judiciales de todo el país registraron un total de 606.141 asuntos terminados en el 2019, en las diversas jurisdicciones que atiende la institución.  Las materias con mayor demanda de servicios durante el año pasaron corresponden a Cobro Judicial que recibió en ese período un total de 237.583 asuntos nuevos, mientras la materia Penal contabilizó 144.823 procesos nuevos.

 En el ámbito administrativo, la ejecución presupuestaria institucional logró un 97,78%, que es la más alta en los últimos cuatro años.  Estos datos muestran la inversión del Poder Judicial de ¢463.055.937.648 millones, que atendieron los requerimientos de los servicios que brinda el Organismo de Investigación Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Servicio de Atención y Protección a Víctimas y Testigos, el ámbito administrativo y otros órganos de apoyo a la labor judicial.

 Los lineamientos emitidos por el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva permitieron la efectiva administración de los recursos públicos asignados al Poder Judicial.

 A esto se suma, los esfuerzos importantes por cumplir con lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley N.° 9635; al ajustarse al cumplimiento de lo establecido en los temas de dedicación exclusiva, prohibición, evaluación del desempeño, la creación de nuevos componentes salariales como reserva de ley, topes salariales, regla fiscal y pago de IVA por compras. El presupuesto del 2020 decreció en un 0.2%, y no se registran plazas nuevas en cumpliendo con la regla fiscal. También se nominalizó el pago de los componentes salariales de anualidad y dedicación exclusiva.

 Justicia Eficiente

 En el 2019 se mostraron resultados efectivos en proyectos concretos para mejorar la gestión de los despachos judiciales.

 El Modelo Penal promovió una reorganización integral de tribunales de juicio en todo el país, que elevó el rendimiento de la Jurisdicción en las agendas de juicio y dictado de sentencia.

 El establecimiento del Plan Estratégico Institucional 2019-2024 marca la ruta del Poder Judicial en planes como la resolución oportuna de conflictos, confianza y probidad en la justicia, la optimización de los servicios, gestión del personal y planificación institucional.

 Se potenció la labor del Centro de Conciliación con un total de 13.503 asuntos resueltos en diversas materias y el apoyo al Sistema Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales. A esto se suman campañas internas para sensibilizar a la población judicial sobre el servicio de calidad hacia las personas usuarias como la campaña ¿Y si fuera usted?.

 Se destaca el trabajo emprendido por la Comisión de Gestión Integral de la Calidad de la Justicia, la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, la Comisión de Teletrabajo; así como la Secretaría Técnica de Género, la Secretaría Técnica de Ética y Valores y la labor emprendida por la Escuela Judicial.

 Tecnología: aliado de la Justicia

 El Poder Judicial en el 2019 puso a disposición de las personas usuarias, de forma eficiente, una serie de servicios digitales que facilitar los trámites.

 Solo en ese año se entregaron 2.038.088 de hojas de delincuencia por plataformas digitales.  Se otorgaron 71.964 claves de gestión en línea a personas usuarias y se contabilización 239.470 demandas en línea.

 Al final de ese año se contabilizaron 1.120.281 expedientes digitales y se registró la presentación de 1.951.358 escritos digitales, 27.392 órdenes de apremio, 138.574 notificaciones, 217.937 consultas de impedimentos de salida y 1.588.117 consultas de jurisprudencia desde la plataforma NexusPJ.

 Inversión en infraestructura propia

 Mejorar los requerimientos en materia de infraestructura judicial en todo el país constituye una prioridad para el Poder Judicial, cuyas construcciones se caracterizan por ser sostenibles con el medio ambiente.

 Es así como el año anterior se concretaron las construcciones de los edificios de los Tribunales de Justicia de Osa con una inversión de poco más de ¢3.606 millones y Los Chiles con una inversión de más de ¢2.487 millones.  Ambas edificaciones cuentan con paneles solares para la alimentación eléctrica, luminarias led; un sistema de tratamiento y reutilización de las aguas servidas y tanques de almacenamiento de aguas pluviales para uso en los servicios sanitarios.

 Los esfuerzos en materia de infraestructura permitieron la instalación de la Unidad de Patología Forense de San Carlos, acercando este servicio a las comunidades de la Zona Norte, con un costo de ¢296,6 millones.  Además, la donación de ¢75 millones de la Municipalidad de la zona, se invirtió en la compra de un vehículo y la mesa de autopsias.

 Se avanzó con la etapa de los planos para la construcción de tres niveles en los Tribunales de Puntarenas y se culminó el proceso de adjudicación para la construcción del Edificio Anexo E, que se ubicará al costado Norte del Edificio de la Corte.