• Galardón reconoce los esfuerzos institucionales en la prevención de esta enfermedad.

Como premio a los esfuerzos realizados por el Poder Judicial en materia preventiva en el contexto de la pandemia por el COVID-19, se recibió el reconocimiento “Sello Centro de Trabajo Prevenido ante el COVID-19”.

El galardón es otorgado por el Consejo de Salud Ocupacional y se convierte en un mecanismo para la mejora continua de la gestión institucional de salud y seguridad por medio de la autoevaluación periódica de las estrategias de prevención de los factores de riesgo laborales asociados al coronavirus.

Para el jefe del Subproceso de Salud Ocupacional, Freddy Briceño Elizondo, este reconocimiento es una herramienta para la mejora continua en la gestión institucional de salud y seguridad laboral, ya que conlleva un proceso de autoevaluación periódica sobre las estrategias que se han implementado para la prevención, control y mitigación de los factores de riesgo laborales asociados a COVID-19.

“Es una garantía que el Poder Judicial se ha preocupado por la salud de la familia judicial y por dar la continuidad del servicio público en condiciones seguras para las personas usuarias, acorde a las directrices emitidas por los entes rectores en el manejo de la emergencia”, mencionó Briceño Elizondo.

El jefe del Subproceso de Salud Ocupacional destacó las acciones que se toman para el logro no solo de este reconocimiento sino también, para garantizar la salud de las personas usuarias del Poder Judicial.

“Son muchas las acciones que se han desarrollado a nivel institucional para alcanzar este reconocimiento, una de las primeras acciones que permitieron alcanzar este logro fueron las medidas para asegurar la continuidad en la prestación de servicios y proteger la vida, salud y seguridad de las personas usuarias y servidoras judiciales, propuestas por la Comisión Institucional de Emergencias y aprobadas por la Corte Suprema de Justicia desde abril de 2020”.

Otras acciones como los protocolos sanitarios aprobados por el Consejo Superior, las capacitaciones sobre los protocolos que se han promovido por parte de la Dirección de Gestión Humana, las diligentes acciones de limpieza realizadas por el Departamento de Servicios Generales o las Administraciones Regionales en todo el país; las campañas informativas y de sensibilización comunicadas por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y las más de 4000 inspecciones, asesorías y fiscalizaciones llevadas a cabo por las personas profesionales en salud ocupacional para brindar recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio, fueron mencionadas por Briceño Elizondo.

Para el alcance de este reconocimiento, la institución realizó un proceso que involucró el registro en Plataforma de Centros de Trabajo del Consejo de Salud Ocupacional, el llenado del formulario de autoevaluación de COVID-19, la verificación del 100% de cumplimiento de la autoevaluación efectuada para finalmente obtener el sello.

Briceño Elizondo reconoció el aporte de diferentes instancias en la obtención de este premio, en donde intervienen la Comisión Institucional de Salud Ocupacional y la Dirección de Gestión Humana, el Subproceso de Salud Ocupacional, la Comisión Institucional de Emergencias, la Corte Plena y el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, el Servicio de Salud, las Administraciones Regionales, las Administraciones del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Organismo de Investigación Judicial, entre otras oficinas.

• En el marco de la elaboración del Plan de Acción 2022-2026, dentro del Proyecto de cooperación internacional Corte-USA-NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa, financiado por la Embajada de Estados Unidos.

Desde un diálogo interinstitucional, las autoridades de la administración de justicia en materia penal juvenil, realizaron un análisis de los retos que demanda la aplicación de la Justicia Restaurativa en los procesos que involucran a personas menores de edad en conflicto con la Ley.

La actividad forma parte de los foros de discusión que se desarrollan para la construcción del Plan de Acción 2022-2026,de la Política Pública de Justicia Juvenil Restaurativa,  que desarrolla el Poder Judicial mediante el Proyecto de Cooperación Internacional Corte-USA-NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa, financiado por la Embajada de Estados Unidos.

Durante la apertura de la actividad, se contó con la participación del magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas; el Viceministro de Justicia y Paz, Jairo Vargas Agüero; el Coordinador del Proyecto de National Center for States Courts de la Embajada de los Estados Unidos, Javier Rodríguez Oconitrillo y el Director del Instituto Latinoamericano para las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Douglas Durán Chavarría, quienes coincidieron en la importancia de generar acciones interinstitucionales y el involucramiento de la comunidad para combatir la violencia y construir paz social desde las prácticas restaurativas.

El tema de “Reflexiones sobre los retos de la Justicia Juvenil Restaurativa”, contó con la participación de personas especialistas y operadoras de justicia.

El experto del ILANUD, Carlos Tiffer Sotomayor, destacó la importancia de aplicar las formas de desjudicialización que contempla la Ley Penal Juvenil costarricense, entendido estos delitos como episódicos y que no significan el inicio de una carrera delictiva. Y desde esta perfectiva, señaló coincidencias entre la desjudicialización y la justicia restaurativa como lo es la reducción de la afectación social, moral y psicológica, el reducir la intervención formal del sistema de justicia penal y fomentar, especialmente, en el infractor un sentido de responsabilidad por sus actos.

Para la Coordinadora de Justicia Juvenil Restaurativa del Ministerio Público, Elizabeth Esquivel Sánchez, acciones puntuales se emprenden desde los equipos de la fiscalía que contemplan capacitaciones en centros educativos tanto para estudiantes como el personal docente, así como el trabajo en la definición de zonas de alto riesgos para un abordaje integral y preventivo. Además, destacó el impulso desde el Ministerio Público de cursos de especialización en justicia restaurativa para el personal fiscal.

El Coordinador de la Materia Penal Juvenil de la Defensa Pública, Alejandro Montero Acuña, consideró relevante que la propuesta represente un cambio cualitativo, con una visión de aplicación integral y complementaria que permita abarcar a toda la jurisdicción y no solo aspectos sesgados de procesos individuales.

La Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología del Poder Judicial, Alba Gutiérrez Villalobos, señaló entre los retos latentes el tema de la adecuación de los planes remediales a las condiciones particulares de cada persona menor de edad, el fortalecimiento y ampliación de las redes  y convenios para el desarrollo de programas terapéuticos en tema de drogas, manejo de enojo, violencia de género, entre otros; así como reforzar los procesos de sensibilización y capacitación a la población judicial y personas usuarias.

La Jueza Coordinadora del Juzgado Penal Juvenil de Cartago, Rocío Fernández Ureña, expuso sobre el desarrollo en la aplicación de programas restaurativos en los 21 despachos que atienen la materia penal juvenil, con la puesta en marcha de audiencias tempranas, la realización de audiencias en las comunidades en atención a las largas distancias y la capacitación a centros educativos.

El magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, cerró la actividad reiterando el compromiso de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, en continuar con el impulso de acciones de coordinación interinstitucional para fortalecer la aplicación de las prácticas restaurativas, para conocer las condiciones de los equipos restaurativos judiciales, y señaló como retos principales la mayor captación de casos,  sensibilización y capacitación tanto al personal judicial como a la persona usuaria, para que se solicite, desde ambas vías, la justicia restaurativa en la tramitación de los conflictos.

“Reitero el compromiso de la rectoría y la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, en las coordinaciones interinstitucionales para brindar verdaderas oportunidades a personas usuarias, victimas, ofensoras y comunidad en general”, puntualizó Alfaro Vargas.

• Ente contralor realizó auditoría financiera a ejecución presupuestaria judicial del 2020

 Los resultados se desprenden del informe DFOE-PG-IF-00004-2021 emitido por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa de la Contraloría General de la República y comunicado el 14 de abril al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

 “… en la revisión de la liquidación del presupuesto de egresos del Poder Judicial, no se identificaron debilidades significativas que deban ser informadas a la Administración”, así lo destaca la autoría financiera del ente contralor.

 Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el Poder Judicial trabaja año a año por garantizar la efectividad administrativa de los recursos públicos asignados en cada plan presupuestario.

 “Este compromiso institucional permitió alcanzar un 97,76 % de ejecución presupuestaria y se evidencia al igual que, en los años anteriores, un uso eficiente de los fondos públicos. Esto, se logra a pesar de la rigidez normativa introducida en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2020”, puntualizó Cruz Castro.

 El criterio del ente contralor corresponde a la auditoría financiera realizada a los saldos de las partidas presupuestarias de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital del Poder Judicial, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio económico 2020.

 De acuerdo con la Directora Ejecutiva del Poder Judicial, Ana Eugenia Romero Jenkins, para la administración del Poder Judicial resulta muy satisfactorio que la Contraloría General de la República, haya brindado una opinión limpia, sin ninguna reserva u objeción, en el dictamen anual que debe rendir sobre la Liquidación del Presupuesto de la República y al amparo de lo que dicta la Constitución Política y la Ley de Administración Financiera y Presupuestos Públicos.

 “Esto señala que en el proceso de ejecución presupuestaria del Poder Judicial no se evidenció ninguna debilidad significativa que deba ser informada y que, por el contrario, las partidas de salarios, servicios y transferencias se presentan de manera razonable en la Liquidación Presupuestaria, con fundamento en la legislación y demás normativa vigente, lo que confirma el correcto uso de los recursos públicos en este Poder de la República.”

 El informe contralor se fundamenta en lo establecido en la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, N° 8131 y su Reglamento.

 “…el saldo de las partidas de Remuneraciones, Servicios, Transferencias Corrientes y Transferencias de Capital del Poder Judicial, contenidas en la Liquidación del Presupuesto de la República del ejercicio Económico 2020, se presenta razonablemente con fundamento en lo establecido en la Ley n.° 8131 y su Reglamento, así como, en las disposiciones legales, reglamentarias y otra normativa emitida por el Ministerio de Hacienda”, así concluye el informe de la Contraloría General de la República.

• En el marco del Programa de Cooperación Internacional Corte-USA- NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa.

Las personas operadoras de justicia juvenil restaurativa costarricenses conocieron con amplitud la experiencia de la Corte de Tratamiento de Drogas de Menores de Miami-Dade, Estados Unidos.

El Conversatorio virtual denominado “Experiencias en el Procedimiento de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Juvenil Restaurativa” forma parte de las actividades que se desarrollan dentro del Proyecto de Cooperación Internacional Corte-Embajada USA- NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa.

Se contó con la participación de jueces, juezas, representantes del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Departamento de Trabajo Social y Psicología, la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, representantes de la Embajada de los Estados Unidos y de NCSC, así como integrantes de los equipos técnicos del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

El Magistrado y Rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas resaltó que “…desde la competencia del Poder Judicial, el atender procesos penales juveniles donde se detecte un consumo problemático por parte de la persona ofensora, a partir de una óptica integral, interdisciplinaria y restaurativa, se torna en una opción eficaz y eficiente, pues además de solucionar el conflicto que dio origen a la causa penal, se aborda a la persona ofensora desde el área de salud, asegurando la construcción de un proyecto de vida, alejado de la comisión de delitos, ello sin dejar de lado el proceso reflexivo que aporta la Justicia Restaurativa”.

Además, indicó que desde la cooperación internacional recibida del Proyecto Corte-Embajada USA- NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa, también se logró la construcción del protocolo de actuación para tramitar los procedimientos de tratamiento de droga bajo supervisión judicial, así mismo la cooperación permite el intercambio de experiencias con expertos nacionales e internacionales en esta materia, para implementar buenas prácticas en los procesos juveniles restaurativos.

La Encargada de Proyectos de Justicia de la Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos, Priscilla Hernández, destacó “…la importancia de apoyar y fortalecer todos los esfuerzos para minimizar la penetración del crimen organizado, el narcotráfico y otras actividades ilegales, gestionando procesos integrados que permitan combatir estas amenazas al orden público y a la paz social, por medio del Programa de Justicia Restaurativa se busca ir más allá de la sanción y procura brindar una oportunidad real para reparar el daño y ser un agente de cambio social”.

Por su parte, el Consejero Jurídico Senior del Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC, sus siglas en inglés), Timothy Hughes, destacó la extensión del programa de cooperación internacional con Costa Rica por seis meses más, lo que reforzará el trabajo coordinado de la Embajada de los Estados Unidos, el NCSC y las contrapartes costarricenses.

El Juez del Undécimo Circuito Judicial de Miami, Florida, Orlando A. Prescott, compartió su experiencia de 10 años en la Corte Juvenil de Droga. Participación que versó en las soluciones, temas de jurisprudencia terapéutica, con un enfoque interdisciplinario y colaborativo entre la judicatura, la fiscalía, la defensa legal, los entes educativos, el  tratamiento y los servicios sociales. Enfatizó el juez Prescott en que: “no solamente se debe resolver la disputa, sino también tratar de resolver o abordar las causas que llevaron al hecho”.

El experto internacional destacó la necesidad de nombrar como jueces de Tribunales de Tratamiento a profesionales capaces y que crean en los enfoques colaborativos y en la justicia terapéutica y con habilidades para trabajar en equipo. 

El juez Prescott reiteró que la meta de los Tribunales de Tratamiento es servir a la persona joven, eliminar el consumo problemático de drogas, que no siga su comportamiento criminal y con ello, no regrese a un estrado; además se busca incrementar su participación en el sistema educativo y rearmar su red social y familiar.

El proceso judicial en Miami-Dade, se aplica en cuatro fases, la primera de ellas la más intensiva en supervisión, y conforme la persona menor edad alcance avances en el desarrollo de ciertas habilidades para dirigirse en la sociedad, se le otorgan más libertades. “Se le establece libertad condicional, responsabilidad en cumplimiento de horarios escolares y de llegada a la casa.  Deben ingresar a tratamientos de droga y si se evidencia que la persona requiere más ayuda, se envía a tratamiento de rehabilitación residencial.  No son castigos, lo que les brindamos es una ayuda. Además, se les realiza análisis de droga al azar, para verificar si están consumiendo”, detalló el juez estadounidense.

Además consideró importante que antes de constituir un Tribunal de Tratamiento, existe la necesidad de definir el público meta y el establecimiento de los criterios de elegibilidad.