En la apertura de la actividad virtual participó además Luis María Benítez Riera, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay y delegado representante en la Comisión MARC – TTD de Cumbre Judicial Iberoamericana, así como Laura Cabral del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea.
- Saturación lesiona derechos fundamentales de personas detenidas que únicamente pueden permanecer 72 horas como máximo.
El Poder Judicial, consciente de la situación carcelaria que enfrenta el país y en especial las celdas judiciales, manifiesta su preocupación y busca generar soluciones para solventar esta problemática y garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Según datos suministrados por el Organismo de Investigación Judicial, al día de hoy, las celdas del Poder Judicial a nivel nacional tienen un total de 335 personas detenidas, de las cuales 252 ya tienen una resolución judicial que ordena su traslado a un Centro Penal del Ministerio de Justicia.
Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, esta saturación de las celdas del Organismos de Investigación Judicial es muy preocupante, máxime con la situación que se vive a raíz de la pandemia por la enfermedad de COVID-19.
“Es una situación apremiante y angustiante pues no se está abordando está problemática como se debe; somos respetuosos de las competencias constitucionales y legales de los Poderes del Estado, por supuesto, porque somos un Estado de Derecho. Pero esta situación está provocando un colapso del sistema penal, con suspensiones de audiencias y juicios, convirtiendo celdas que son sólo de paso, en un sitio de encarcelamiento que contraviene las exigencias internacionales sobre la privación de la libertad”, mencionó Cruz Castro.
El máximo jerarca de la Corte fue enfático en que este problema del hacinamiento en centros penitenciarios que desde hace meses se trasladó a celdas judiciales del OIJ, debe ser abordado y solucionado por el Ministerio de Justicia, ya que es esta cartera la que tiene la responsabilidad legal en esto.
“Las deficiencias de la administración penitenciaria, de vieja data, se convirtió en un problema estructural que tiene un impacto en la justicia penal, no podemos exponernos a paralizar juicios y audiencias a nivel nacional por esta situación, hacerlo es irrespetar los derechos de las personas imputadas, de las víctimas que tienen derecho a que se les resuelva su proceso sin dilaciones, y no menos importante el costo para el erario público que esto significa. El encarcelamiento no puede convertirse en instrumento contrario a la dignidad humana”, manifestó el Presidente de la Corte.
Así mismo, la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, señaló que este no es un problema reciente, y que, desde hace varios años, los espacios penitenciarios se están viendo reducidos, lo que afecta directamente los aforos en las celdas judiciales, que son espacios finitos y en donde la Sala Constitucional ha reiterado que su paso es de máximo 72 horas.
Según señala la magistrada, esto afecta no solo en el tema de la sobrepoblación, sino también el retraso de diligencias judiciales ante la imposibilidad de trasladar a las personas que están en centros penales y que deben utilizar las celdas del Organismo mientras se realizan dichas diligencias.
Adicionalmente, Solano Castro mostró su preocupación por el señalamiento de responsabilidad que se hace al Poder Judicial a razón de las órdenes de cierre de algunas cárceles, las cuales se dan en resguardo de las condiciones dignas que deben tener quienes están privados de libertad.
“Esta labor, que está encomendada a los jueces de ejecución de la pena, es un resguardo a las condiciones que deben tener las personas privadas de libertad en los diferentes centros penitenciarios, ya que cuando se pone una orden de cierre se hace basado en mecanismos nacionales e internacionales que señalan cuál es la cantidad de población que puede haber en un centro penal, cuando sobrepasa un 20% de población, no es posible que más personas estén albergadas en un centro institucional, si esto no se cumple, no se pueden levantar las órdenes de cierre por las autoridades judiciales”, señaló la Magistrada Solano Castro.
La Vicepresidenta de la Corte se refirió además a los inconvenientes en materia de mora judicial que esto produce y a la incapacidad de atender las audiencias con personas detenidas que son prioridad para la institución, lo cual también tiene repercusiones en el erario público.
El Magistrado Coordinador de la Comisión Corte-OIJ, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, se mostró preocupado por esta problemática, en donde se plantea por parte de las autoridades carcelarias la justificación por los cierres de las cárceles, el cual se da por un problema sistémico de la administración penitenciaria que viene desde hace muchos años.
“Sabemos que estamos ante un problema de Estado, pero que debe ser resuelto a lo interno del sistema penitenciario, ya que no podemos nosotros resolver porque las celdas judiciales están hechas para que las personas que tienen que atender diligencias específicas en ciertos circuitos vayan y puedan tener una estancia momentánea, porque no tienen condiciones para que una persona cumpla una prisión preventiva o una pena ordenada por un juez”, indicó Alfaro Vargas.
Por su parte, el Director del Organismo de Investigación Judicial, Walter Espinoza Espinoza indicó que este es un problema muy grave, que pone en una situación crítica al sistema de Administración de Justicia penal a causa del incumplimiento del Ministerio de Justicia.
“Esto es un problema que puede colapsar el sistema administración de justicia penal, porque nosotros ya no podemos recibir a más personas que son detenidas diariamente en las calles por haber cometido un delito, porque ya no se tiene la capacidad de cupo, lo que podría provocar que el Organismo ya no realice allanamientos, no haga detenciones y que le tenga que pedir a Fuerza Pública que dosifique sus actividades, porque no hay lugar donde acomodar a las personas que están siendo detenidas como consecuencia de las acciones policiales que se ejecutan”, indicó el Director del OIJ.
Espinoza Espinoza señaló que adicional a la situación que se vive en las celdas judiciales, se violenta el respeto a las garantías fundamentales mínimas que deben tener las personas detenidas, ya que estas celdas están destinadas a una estancia no mayor de 72 horas, por lo que no cuentan con las condiciones necesarias para una permanencia mayor a este tiempo.
El máximo jerarca del OIJ también se refirió al problema que representa para la seguridad de los agentes judiciales esta situación, quienes deben trabajar jornadas más largas y custodiar a un número más grande de personas detenidas, lo que dificulta aún más sus funciones.
Este problema de exceso en el aforo ocasiona que en algunas sedes judiciales se dé la suspensión de diligencias que ya estaban programadas, además, del problema que representa que algunos circuitos judiciales deban albergar personas detenidas de otras sedes que superaron su capacidad de contención.
La problemática se presenta actualmente en las sedes del Primer Circuito Judicial de San José, en el Segundo Circuito Judicial de San José, Heredia, Alajuela, San Ramón, Sarapiquí, Pococí, Limón, Nicoya, Siquirres, Liberia, Cartago, San Carlos y Corredores.
Randy Alberto Solís Arguedas
Pablo Jaramillo Barquero
Leonardo Mora Camacho
“La ciudadanía de la época se organizó políticamente y construyeron un gobierno propio, la independencia, la democracia y la lucha que se mantuvo para alcanzar este ideal debe celebrarse con orgullo y regocijo. Nuestra vida Republicana nació con el Pacto de Concordia, considerado el primer documento constitucional del país, en su contenido se plasma derechos y deberes, reconociendo la libertad civil, la propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona”, indicó el señor Presidente.
“Nuestros valores institucionales no deben cambiar y estamos llamados a fortalecerlos para enfrentar las nuevas circunstancias adversas. Nuestra patria cumple un bicentenario de vida independiente, dos siglos en que nuestros próceres se esforzaron para construir el país de paz y de derecho que disfrutamos. Tenemos sobradas razones para sentirnos orgullosos de nuestro país”, externó el magistrado Sánchez Rodríguez.
