• En seguimiento del Protocolo de Audiencias Virtuales en materia de Familia.

El Tribunal de Familia de San José, se unió desde el pasado 16 de setiembre a la aplicación de audiencias de manera virtual, en atención del Protocolo de Audiencias Virtuales en materia de Familia, aprobado por Corte Plena y como parte de las acciones que se emprenden para combatir el Covid-19.

 De esta forma, se realizó una audiencia virtual dentro de un proceso de Declaratoria Judicial de Abandono, en la cual, participaron las juezas Ana Cristina Fernández Acuña y Shirley Víquez Vargas y el Juez Mauricio Chacón Jiménez, así como la parte actora con su abogado litigante, una abogada del Patronato Nacional de la Infancia y tres testigos. 

 Para las personas juzgadoras que llevaron a cabo esta audiencia, la experiencia fue bastante satisfactoria, ya que la audiencia fue realizada con mucha fluidez, pese a que el caso era bastante complejo. Agregaron que es importante que los abogados y abogadas litigantes se capaciten en la utilización del Protocolo y así aumentar el número de audiencias bajo esta modalidad.

 “El Poder Judicial puede continuar prestando sus servicios en tiempos de pandemia mundial, lo cual, en muchos casos, ahorra tiempo, ya que la tecnología nos acerca en tiempo real sustituyendo la presencialidad, en momentos donde existe un alto grado de contagio por COVID-19, siendo ésta una materia donde una gran cantidad de personas usuarias pertenecen a sectores vulnerables de la sociedad, quienes se ven beneficiadas no asistiendo a las oficinas judiciales”, manifestaron las juezas y el juez.

 Esta primera audiencia se realizó utilizando la aplicación “Microsoft Teams” y contó con el apoyo del técnico judicial Glenn Ballestero Castro en el manejo de la grabación por SIGAO y la atención de testigos desde una sala de juicio, actualmente, existen dos audiencias virtuales señaladas para el mes de octubre y tres más en consulta a las partes y en espera del consentimiento.

•  Iniciativa propone declarar como “esenciales” los servicios judiciales
• Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro y Presidente de Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, comparecen ante Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

 La incidencia en el Poder Judicial de la propuesta legislativa que declararían el carácter esencial de los servicios judiciales y limitarían el derecho a huelga, fue expuesta por el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y el Presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre Gómez, ante la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa.

La comparecencia de los jerarcas judiciales ante el órgano legislativo se llevó a cabo este martes 22 de setiembre.

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales tiene a cargo la tramitación del proyecto de ley, expediente 21.755 Ley para declarar el servicio de justicia como servicio público esencial” .

El Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro destacó el criterio emitido por la Corte Plena sobre la iniciativa de ley, basado en lo señalado por la Sala Constitucional sobre la incidencia y organización en el Poder Judicial de esta propuesta.

El magistrado Cruz Castro resaltó que debe existir una determinación de servicios esenciales y que desde el Poder Judicial se defina; pero ante una norma que lo establezca, es importante dejar abierta la posibilidad de calibrar las normas ante los cambios sociales que no se pueden prever.

Corte Plena en la sesión del pasado 6 de julio emitió el criterio sobre la iniciativa de ley, cuyo informe concluyó que el texto legislativo sí inciden en el funcionamiento y organización del Poder Judicial y recalcaron lo que indicó la Sala Constitucional, ante una consulta legislativa facultativa sobre el proyecto 21.049, que incluía una reforma en similar sentido.

El Tribunal Constitucional concluyó que “…la determinación de los servicios que deben permanecer activos en el desarrollo de una huelga afecta el funcionamiento de este Poder de la República, aparte de que se trata de una competencia de la Corte Plena”.

Por su parte, el magistrado Presidente de la Sala de Casación Laboral, Orlando Aguirre Gómez, reiteró que el proyecto sí incide en el funcionamiento y organización, respaldado por la Sala Constitucional y la Procuraduría General de la República, al determinarse qué servicios se pueden cerrar y cuáles no.

Recomendó darle claridad a la norma propuesta sobre cuáles son los servicios esenciales dentro del Sistema de la Administración de Justicia, considerando que no existe una especialización por materia en todo el territorio nacional y esta se concentra en la Gran Área Metropolitana.

Los jerarcas explicaron que el Poder Judicial establece la regulación del derecho a huelga dentro de los servicios que presta, desde la circular 110-17 del Consejo Superior que define un total de 15 servicios esenciales que deben garantizarse en una eventual huelga.

El esfuerzo en la implementación de medidas responsables con el medio ambiente que ejecuta el Poder Judicial de Costa Rica, en la construcción de sus edificaciones con criterios de sostenibilidad, nuevamente permitió el reconocimiento de la empresa Green Building Council Costa Rica.

De esta forma, el pasado 1 de setiembre, dicha empresa comunicó que el proyecto Tribunales de Justicia de Los Chiles, obtuvo la Certificación Final EDGE, lo cual demuestra que el edificio se diseñó considerando aspectos de eficiencia que resultarán en ahorros en el consumo energético, de agua y en la energía incorporada en los materiales para su construcción.

El reconocimiento enviado por parte de Green Building Council Costa Rica, indica textualmente lo siguiente:

“El Green Building Council Costa Rica desea externarles sus felicitaciones al Poder Judicial por alcanzar la certificación final EDGE por el proyecto Tribunales de Justicia de Los Chiles en Los Chiles, Alajuela, Costa Rica. Nuestra evaluación confirma el reporte del auditor de que el diseño eficiente en el uso de recursos del proyecto Tribunales de Justicia de Los Chiles resultará en reducciones del 39% en el consumo energético, de 98% en el consumo de agua y de 26% en la energía incorporada en los materiales, en comparación a una línea base local”.

Así mismo, la empresa reconoce los esfuerzos en innovación realizados por el Poder Judicial, los cuales realzan su marca de excelencia corporativa y responsabilidad ambiental, al tiempo que aseguran que los ocupantes y usuarios de este edificio judicial se beneficien de menores costos de servicios públicos y un menor impacto ambiental.

El edificio de Tribunales de Los Chiles obtuvo la Certificación Preliminar Edge en febrero anterior, por lo que esta certificación final representa una mejora en su gestión de responsabilidad social y excelencia ambiental, convirtiéndose en un ejemplo a seguir entre las instituciones públicas y otras entidades del Estado.

La empresa Green Building Council Costa Rica es una compañía dedicada a brindar soluciones integrales para proyectos de emprendimiento sustentables y que está asociada al Banco Mundial.

• Dedicado al Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Max Alberto Esquivel.
• Por una justicia innovadora: Conamaj y Participación Ciudadana.

En el marco de las actividades que realiza la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), en celebración de su 35 Aniversario, se realizó una dedicatoria al Magistrado del Tribunal Supremo de Elecciones, Max Alberto Esquivel Faerron, así como el conversatorio denominado: “Por una justicia innovadora, Conamaj y Participación Ciudadana”.

La Directora Ejecutiva a.í., Ingrid Bermúdez Vindas, aseguró que ha sido una labor intrainstitucional e interinstitucional donde se ha tratado de armonizar el sector justicia mediante coordinaciones y trabajos conjuntos con instituciones clave del sector justicia. “Estamos muy orgullosos de trabajar con todas las instituciones que conforman la Comisión y desarrollar trabajos conjuntos que van a tener mayor impacto en la administración de justicia”.

“Estamos celebrando 35 años de innovación en la gestión judicial, Conamaj ha sido un laboratorio de innovación social, con proyectos que han impactado el servicio de justicia para hacerlo más oportuno, accesible, inclusivo, democrático, pero sobre todo atendiendo la misión del Poder Judicial hacia una justicia más pronta y cumplida”, aseguró Bermúdez Vindas.

La actividad se realizó vía remota por Facebook Live y tuvo una primera parte en la cual se realizó la dedicatoria al Magistrado Max Alberto Esquivel, por su destacada trayectoria como integrante de Conamaj y su invaluable aporte en materia de derechos fundamentales y participación ciudadana en la administración de justicia.

El presidente de esta Comisión, Magistrado Román Solís Zelaya mencionó que “este reconocimiento se da por los aportes, ideas, consejos y sugerencias que ha dado durante todo este tiempo que ha compartido en la junta directiva”.

El Magistrado Esquivel indicó que "la administración de justicia tiene un rostro humano que, al fin de cuentas, debe constituirse en la causa y fin de todo su accionar. Los esfuerzos desplegados para trabajar a lo largo de todos estos años con poblaciones en condición de vulnerabilidad con dificultades de acceso a la justicia, y la promoción de programas de participación ciudadana en el sistema de administración de justicia, han marcado un antes y un después en la institucionalidad democrática del país”.

Posteriormente, se realizó el conversatorio “Por una justicia innovadora, Conamaj y Participación Ciudadana”, con los panelistas, Magistrado Max Esquivel; Evelyn Villareal, del Estado de la Justicia y Carlos Campos, de Territorios Seguros.

Carlos Campos resaltó temas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas. Por su parte, Evelyn Villareal felicitó a la comisión por el trabajo interinstitucional y se refirió a los desafíos en materia participación ciudadana, lucha contra la corrupción, entre otros.

Finalmente, Max Esquivel resaltó el aporte de Conamaj en el sector justicia, para dar abordaje distinto y enfocarse en fortalecer la administración de justicia como un servicio público que le permitía a las personas el acceso al derecho fundamental para exigir justicia y así proteger los derechos de las personas.