•  Realizan gira a Limón y Bataán.

 Un diálogo abierto promovió el Consejo Superior del Poder Judicial con representantes administrativos y jurisdiccionales que brindan el servicio de Administración de Justicia en Limón y Bataán.

 Mediante una gira a estas regiones el 23 y 24 de setiembre, Sandra Pizarro Gutiérrez y Gary Bonilla Garro, integrantes del Consejo Superior, se acercaron a la realidad de los despachos judiciales y los principales requerimientos.

 En esta gira también se contó con la participación de la gestora en materia penal Msc. Nuria Villalobos Solano quien atendió aspectos propios de la jurisdicción penal.

 “En cumplimiento con lo establecido en el artículo 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en apego a la Política Justicia Abierta del Poder Judicial, desde el Consejo Superior establecimos como objetivo de la visita, realizar un encuentro y un acercamiento con los coordinadores de despachos, así como con el Consejo de Administración del Circuito Judicial de Limón, para conversar sobre aspectos relevantes del Circuito que consideren importante trasladar al Consejo Superior”, explicó Sandra Pizarro Gutiérrez.

“Se les explicó que el objetivo de la reunión fue conversar activamente sobre temas propios del Circuito para que las decisiones se tomen de la mejor forma, además se insistió en  la importancia de contar con una comunicación efectiva con los circuitos de Bataán y Bribri, mediante reuniones virtuales y presenciales para su efectiva inclusión”, destacó Gary Bonilla Garro.

 La gira permitió ampliar en temas como la gestión del recurso humano, en cuanto a requerimientos para mejorar el servicio, las labores bajo la modalidad de teletrabajo y la aplicación del reglamento institucional en esta materia.

 Se analizaron temas de infraestructura, aspectos relacionados con el presupuesto judicial y el servicio de administración de justicia en materias como la penal y la coordinación vital entre juzgados, tribunales y órganos auxiliares de justicia.

 Se ahondó en el avance del proyecto para la implementación de herramientas tecnológicas, específicamente lo relacionado con el escritorio virtual en el circuito; así como la aplicación de las circulares y lineamientos que emite la institución a partir de las circulares internas.

• La transparencia y rendición de cuentas son pilares fundamentales de la democracia, y una forma de que la ciudadanía conozca las acciones que desarrolla el Poder Judicial.

En un acto de transparencia y rendición de cuentas a la comunidad en general, se expuso el informe de acciones y avances realizados en Justicia Restaurativa, labores enfocadas en el mandato legal de implementar a nivel nacional los procesos restaurativos.

El trabajo es en conjunto con el Ministerio Público, Defensa Pública, Departamento de Trabajo Social y Psicología, Centro de Resolución Alterna de Conflictos, la judicatura en materia penal y penal juvenil, así como el ámbito administrativo, sin dejar de lado las acciones interinstitucionales.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro señaló que al hablar de esta materia, debe concebirla como una forma distinta de repensar el clásico paradigma de la justicia penal, aquel centrado únicamente en el factor punitivo de la acción jurídicamente reprochable, pero que dejaba de lado a la víctima y el daño ocasionado, “Es ahí donde cobra un papel fundamental, centrando su accionar en las víctimas, buscando que la persona causante del daño asuma de manera responsable las acciones realizadas e intente reparar el daño”.

“En el caso de nuestro país, este enfoque de justicia se ha ido desarrollando paulatinamente y materializándose con una mayor fuerza, gracias a la aprobación de la Ley de Justicia Restaurativa (Ley N° 9582), la cual entró en vigor a partir de enero de 2019”, indicó Cruz Castro.

Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa brindó datos estadísticos y puntualizó que “durante el año 2020 y 2021 se ha puesto a prueba la innovación, la resiliencia y compromiso del personal judicial y a pesar de los ajustes producto de la pandemia, y las restricciones presupuestarias, se continúa avanzando en el mandato legal de brindar el servicio de Justicia Restaurativa a nivel nacional”.

“Aún en pandemia, con la inclusión de virtualidad, con reprogramaciones de diligencias por restricciones, la calidad del servicio que brindaron los equipos interdisciplinarios de Justicia Restaurativa se mantienen en un 95% de satisfacción, y como se aprecia se logró como forma de reparación del daño: 69.089 horas de servicio comunitario y 96.116.889 colones”, afirmó el Magistrado Alfaro.

Adicionalmente, rindieron un informe Warner Molina Ruiz, Fiscal General en ejercicio del Ministerio Público; Juan Carlos Pérez Murillo, Director de la Defensa Pública y Alba Gutiérrez Villalobos, Jefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología.

También se realizó la capacitación denominada “Actividad sobre liderazgo con enfoque restaurativo” a cargo de Msc Claire De Merzerville, experta del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas (IRP) por sus siglas en inglés. 

• Actividad se dio en el marco de las celebraciones del 195 Aniversario del Poder Judicial.

Como parte de las actividades que se realizan con motivo de la celebración del 195 Aniversario de la creación del Poder Judicial, se desarrolló el pasado 8 de octubre la conferencia denominada “La Evolución Histórica del Poder Judicial y los Retos de la Administración de Justicia”, la cual estuvo a cargo del Historiador y Decano de la Universidad Nacional, Vladimir de la Cruz.

En dicha actividad, se contó con la participación del Magistrado Presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, quien destacó las celebraciones del Bicentenario y el 195 Aniversario del Poder Judicial, como fechas para reflexionar, pensar y ver hacia el futuro.

“Hemos visto a raíz de esta pandemia un aumento en el uso de nuevas tecnologías, que nos hacen prever que la labor que nosotros hacemos va a tener un cambio importante y la idea es que esto sea para mejorar y responder de una forma más ágil y con más calidad”, señaló el Magistrado Rivas Loáiciga.

Durante su exposición, Vladimir de la Cruz hizo un repaso histórico de la importancia que ha tenido el Poder Judicial en la vida independiente del país en estos 195 años de existencia, destacando aspectos como su creación, la evolución de su estructura a través de los años y el papel determinante en la institucionalidad del país.

El historiador destacó de manera muy precisa, aspectos como el tema de la elección de magistrados y magistradas, la evolución de las leyes y la creación de los diferentes códigos en las distintas materias que tutela la institución, así como los cambios que se dieron luego de la Constitución del 49 que le dieron al Poder Judicial la autonomía en lo que refiere a la Administración de Justicia, convirtiéndolo en un pilar fundamental de la democracia en nuestro país.

Otros acontecimientos como la creación de la Sala Constitucional, los Tribunales de Apelación y otros elementos de reorganización dentro de este Poder de la República, fueron mencionados en la conferencia.

El Decano de la Universidad Nacional señaló los principales retos para la institución, en donde mencionó temas como la burocracia, el acceso a la justicia para ciertas poblaciones, la duración de los procesos, la eficiencia y eficacia del sistema de justicia ante los delitos de cuello blanco y la lucha contra el narcotráfico.

Indicó que el reto más importante es informar a los ciudadanos y ciudadanas sobre sus derechos y sus libertades, mencionando que informatizar la justicia es el reto más significativo, ya que la pandemia ha puesto a todos y todas a pensar en nuevos métodos de trabajo.

“Hay un elemento muy importante y es que la justicia se considere siempre como un servicio público de calidad y la Corte Suprema de Justicia debe preocuparse de que así sea en todos sus funcionarios y en todas sus actividades. En el Bicentenario de la Independencia que estamos celebrando y cerrando en estos días, sin lugar a dudas, la Corte Suprema de Justicia tiene un lugar de honor y de distinción, ya que ha sido uno de los pilares importantes del desarrollo de la institucionalidad democrática y del sistema democrático y del ejercicio de libertades y derechos ciudadanos en Costa Rica”, finalizó el historiador.

La actividad se desarrolló de manera presencial y virtual, siguiendo todos los protocolos de las autoridades de Salud.

• Promueve la mejora del servicio público en aras de una mayor eficiencia en la gestión.

La Comisión de Buenas Prácticas del Poder Judicial realizó la clausura oficial del concurso en su VIII edición 2021, y entregó los reconocimientos a las oficinas que participaron y que obtuvieron el primer y segundo lugar por cada ámbito:  jurisdiccional, auxiliar de justicia y administrativo.

Así mismo, se realizó la entrega de reconocimientos a aquellas oficinas que aplicaron en sus buenas prácticas los criterios y políticas relacionadas con el acceso a la justicia a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

El concurso tiene como objetivo promover la mejora continua del servicio público de administración de justicia, a través de la participación del personal judicial, en aras de lograr mayor eficiencia en la gestión y mejora en la calidad del servicio brindado a las personas usuarias.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro indicó que “a las oficinas participantes les brindo mi mayor agradecimiento y reconocimiento por el compromiso no solo de participar en el concurso, sino también en la búsqueda de oportunidades de mejora en procura de brindar un servicio público de calidad y acorde con las exigencias de la sociedad actual”.

“Asimismo, deseo brindar mi reconocimiento a las oficinas ganadoras en cada uno de los ámbitos, ya que, las iniciativas planteadas permitirán trazar el camino para que otras puedan replicar estas grandes ideas y así de manera conjunta hacer de esta, una mejor institución”, agregó el Magistrado Cruz Castro.

Para el Magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, Presidente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Coordinador de la Comisión Buenas Prácticas “la participación de tantas oficinas de todos los ámbitos y todo el país muestra un compromiso arraigado entre los empleados judiciales por mejorar continuamente la gestión de su trabajo en beneficio de los usuarios”. 

En el marco de la VIII Edición del Concurso de Buenas Prácticas 2021 se inscribieron un total de 30 buenas prácticas, 14 del ámbito jurisdiccional, 10 del ámbito auxiliar de justicia y 6 del ámbito administrativo.

Cada una de ellas fue evaluada por parte de un jurado calificador en el que se valoró si la buena práctica promueve un mejor aprovechamiento de los recursos, contribuye con la simplificación de trámites, es creativa, sostenible, puede ser replicable, mejora la calidad del servicio brindado y sobre todo se demuestra que ha sido implementada y acogida por parte del personal de la oficina participante.