• Nombramiento será por un año, según disposición de Ley Orgánica del Ministerio Público.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro juramentó al Fiscal Subrogante Ad Hoc, Miguel Ramírez López, quien estará a cargo del caso llamado “Cochinilla”.

El nombramiento de Ramírez López en este cargo se dio en sesión de Corte Plena de este lunes 14 de junio, tras la inhibitoria presentada por el Fiscal Warner Molina.

Ramírez López labora desde hace 30 años en el Poder Judicial y actualmente es Fiscal Adjunto de Fraudes y Cibercrimen.

“Me siento muy orgulloso de estos treinta años de servicio, que he realizado con honestidad y adoración a lo que hago y de haber estado al frente de casos que requirieron un trabajo muy fuerte como lo fue el caso del Banco Anglo, Parmenio Medida y Jairo Mora, en compañía de una gran cantidad de Fiscalas y Fiscales de gran trayectoria que al igual que mi persona han brindado sus mayores esfuerzos a la institución”, indicó Miguel Ramírez.

Señaló que “el secreto de un buen trabajo consiste en hacer todos los días algo que te apasiona, para mí el Ministerio Público es mi casa, soy un apasionado por mi trabajo. El país necesita hoy una institucionalidad muy fuerte, muy abierta y con gente que trabaje con muchas ganas, trabajar con mucho cariño en lo que hacemos para así dejar un legado a las siguientes generaciones de un mejor país”. 

Dicho nombramiento es por el plazo de un año según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Miguel Ramírez López es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica. Ha ocupado puestos de fiscal auxiliar, fiscal y fiscal adjunto.

Desde el 01 de julio del 2019 es el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Fraudes; en el año 2020, por delegación de la Fiscalía General, lideró la creación de una Unidad de Cibercrimen dentro del despacho a su cargo. Por medio de esa Unidad, Ramírez ha dirigido complejas investigaciones con enfoque de ingeniería social, que son los casos de estafas realizadas por grupos organizados, algunos de estos realizados desde centros penales.

• Hoja de delincuencia tiene una vigencia de 3 meses
• Emprenderán plan piloto durante este año 2021, ante requerimientos de personas usuarias.
• Instan a la población a hacer uso de los medios electrónicos para la solicitud de dicho documento.

 Prestar el servicio de entrega de certificaciones de antecedentes penales y de pensiones durante el cierre de fin de año, es el plan piloto que se aplicará este 2021, tanto en las oficinas centrales del Registro Judicial del I Circuito Judicial de San José, como en las Administraciones Regionales de todo el país y demás despachos judiciales autorizados.

 De esta manera, para el presente año, se mantendrá la entrega de estas certificaciones judiciales del  20 al 24 de diciembre y del 27 al 31 de diciembre, fechas en las que se da un cierre colectivo en el Poder Judicial y únicamente se mantiene habilitados los servicios judiciales esenciales y trascendentales.

 El plan piloto busca dar respuesta a los requerimientos de las personas usuarias, que demandan estos documentos para aplicar a puestos de trabajo.

 La autoridad del Registro Judicial reitera que las certificaciones de antecedentes penales tienen una vigencia de tres meses, para que las personas usuarias puedan prevenir de manera anticipada la obtención de las certificaciones que requieran.

Además, se pretende medir la afluencia de personas que acuden a las oficinas judiciales a solicitar estos documentos.

 El Poder Judicial insta a las personas usuarias a utilizar los medios tecnológicos disponibles, en la aplicación móvil y la página web del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr,  para hacer la solicitud de la hoja de delincuencia, sin que requieran trasladarse físicamente a las diferentes instalaciones.

 Para el uso de este y otros servicios digitales judiciales, se requiere un usuario y contraseña. Si aún no lo tiene, puede hacer la solicitud en el despacho judicial, Contralorías de Servicios y oficina del Registro Judicial, más cercano de su casa o lugar de trabajo. 

 La solicitud de la hoja de delincuencia se puede hacer por varias opciones electrónicas:

 Página web del Poder Judicial:

Ingresando a la dirección electrónica del Poder Judicial www.poder-judicial.go.cr, la persona debe dirigirse a la pestaña, “Trámites en línea” y ubicar la opción, “Solicitud de Hoja de Delincuencia” y se elige la opción correspondiente. Se ingresa al sistema con el usuario y contraseña previamente solicitado en cualquier despacho judicial cercano.

 Al correo electrónico indicado, le llegará la notificación de que ya puede descargar la certificación en formato PDF, el cual se encuentra en el Sistema de Gestión en Línea, mismo en el que realizó la solicitud.

 Aplicación Móvil del Poder Judicial:

El Sistema de solicitud y envío de hoja de delincuencia también está disponible para las personas usuarias, desde la aplicación móvil del Poder Judicial.  La cual se encuentra disponible para sistemas Android y IOS.

 Igualmente, las personas usuarias requieren un usuario y contraseña, que pueden solicitarlo en cualquier despacho judicial cercano.

 El plan piloto se implementará en cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo Superior, en la sesión N° 33-2021 celebrada el 27 de abril de 2021; en atención a la solicitud remitida por la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, que señaló que una de las consultas más frecuentes que se atendían en la línea gratuita judicial, 800-800-3000, era la referida al servicio de entrega de hoja de delincuencia durante la tercera semana de diciembre.

• La Corte Plena juramentó al funcionario esta mañana. 

14 de junio del 2021. Con 32 años de servicio en el Poder Judicial, Warner Molina Ruiz, Fiscal Adjunto contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes, se convirtió en el nuevo Fiscal Subrogante, un cargo que le permite sustituir a la Fiscala Emilia Navas Aparicio, ante sus ausencias temporales o inhibitorias. 

Molina asumirá el puesto durante un año, a partir del 18 de junio próximo, cuando se venza el nombramiento de la actual Fiscala Subrogante, Criss González Ugalde. 

Las magistradas y magistrados que integran la Corte Plena lo designaron el lunes pasado, y el presidente, Fernando Cruz Castro, lo juramentó hoy, a las 9:15 a.m. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público, en su artículo 26, establece la sustitución de la persona que ocupe la jefatura de la institución. La elección del Fiscal Adjunto se realizó tras el envío, por parte de la Fiscala General, de una terna de suplentes. 

“Formo parte de esta institución desde hace más de tres décadas, por lo que, como funcionario, soy consciente de la enorme responsabilidad que conlleva este importante cargo. Pondré todo mi empeño para estar a la altura que exigen las actuales circunstancias, contribuir proactivamente con las políticas institucionales y la buena prestación del servicio público”, manifestó Molina, quien continuará al frente de la Fiscalía Adjunta contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes. 

Trayectoria. El Fiscal Adjunto es egresado de la carrera de Derecho en la Universidad de Costa Rica, donde obtuvo el grado de licenciatura. Cuenta con dos maestrías: una en Asesoría Fiscal, de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, y la segunda en Administración de Justicia con énfasis en Derecho Penal, impartida por la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA). Además, en la Universidad de Castilla La Mancha, Toledo, España, realizó un curso de especialización en Justicia Internacional y Crimen Organizado, y ha recibido diversos entrenamientos y capacitaciones en temas financieros, tributarios, aduaneros, legitimación de capitales y crimen organizado. 

Su primer ingreso al Poder Judicial, en 1982, fue en un puesto de citador judicial. Después de dedicarse a funciones privadas y familiares, se reincorporó a la institución en 1990, como escribiente interino del Tribunal Penal de Alajuela.  

Posteriormente, se desempeñó en las Agencias Fiscales de Heredia, Goicoechea y Moravia. En 1996, fue nombrado como agente fiscal (antiguo nombre que se daba al cargo de fiscal) y luego como fiscal auxiliar de la Unidad de Delitos Económicos.  

En el año 2000 asumió de manera interina, y luego en propiedad, como Fiscal Adjunto de Delitos Económicos, Tributarios y Corrupción; entre el 2007 y el 2011, como Fiscal Adjunto de Cartago. Después de realizar sus estudios de postgrado en la UNA, en el 2013 dirigió la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios, Aduaneros y Propiedad Intelectual. A partir de junio del 2018 hasta la actualidad, es Fiscal Adjunto de la Fiscalía contra la Legitimación de Capitales y Capitales Emergentes. 

• Salas de Casación y Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deben seguir normas internas para la recomendación de nóminas.
• Personas aspirantes a magistratura suplente se someten a análisis de atestados y estudios sociolaborales

 Con la aplicación de parámetros objetivos de selección de personas aspirantes al cargo de la magistratura suplente en las tres Salas de Casación y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,  la Corte Plena construye las nóminas de recomendación que se envían a la Asamblea Legislativa, para el proceso de elección  final por el Plenario Legislativo.

 Así lo establecieron magistrados y magistradas de la Corte Plena, al aprobar  los “Lineamientos para la conformación de listas de personas recomendadas para el cargo de personas Magistradas Suplentes de la Corte Suprema de Justicia, actualizados al mes de febrero del 2021.

 Con el apoyo técnico de la Dirección de Gestión Humana, cada Sala solicita la elaboración de un cartel de concurso, con nueve meses de antelación al vencimiento de los cargos suplentes actuales, garantizando la divulgación pública del cartel, tanto por medios masivos, por un medio de comunicación y el Boletín Judicial.

 Durante el período de inscripción, las personas aspirantes remiten sus atestados, ante la Sección de Reclutamiento y Selección y la Unidad de Investigación Sociolaboral y de Antecedentes de la Dirección de Gestión Humana, entes que tienen a cargo la verificación de los requisitos establecidos por la Constitución Política.

 El estudio de Investigación Sociolaboral y de Antecedentes tiene como fin, corroborar lo correspondiente a la idoneidad ética y aptitud moral de las personas participantes en el concurso, mediante el rastreo y valoración de antecedentes de tipo judicial, policial y administrativo-disciplinario.

 También se verifica que no existan prohibiciones legales y/o incompatibilidades con el servicio público y con el puesto en particular.

 Este proceso permite descartar la existencia de relación importante entre la persona oferente y familiares o personas cercanas, que se encuentren relacionadas con narcotráfico, crimen organizado u otro tipo de actividades delictivas graves, que pudiesen representar un traslado de elementos objetivos de riesgo o vulnerabilidad institucional, o un eventual conflicto de intereses, en detrimento de los estrictos fines públicos de la institución, ante un eventual nombramiento.

 El órgano técnico de selección elabora la nómina  de aspirantes y coordina con la Sala de la Corte correspondiente, para la realización de las entrevistas, las cuales versan sobre temas atinentes al cargo y aspectos que se consideren convenientes por su carácter de actualidad, oportunidad e interés público, entre otros. Esta etapa es pública y cuentan con registro de grabación.

 Finalmente, la Sala remite a Corte Plena la lista de las personas recomendadas, órgano que ratificará la nómina, para luego remitirla a la Asamblea Legislativa para continuar con el trámite de la elección.