• En el marco de la emergencia sanitaria por el Covid–19

La Corte Plena aprobó en sesión del 18 de mayo pasado, el Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos, en materia penal, contravencional, ejecución de la pena y penal juvenil.

Dicha iniciativa fue presentada por la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Magistrada de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro junto con el Gestor de la Jurisdicción Penal, Carlos Jiménez González.

El Protocolo se fundamenta en la normativa nacional e internacional sobre derechos humanos, en las resoluciones de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, sobre la realización de audiencias orales y en la jurisprudencia constitucional sobre la celebración de este tipo de audiencias penales, en el marco de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad del Covid–19 (coronavirus).

De previo a su aprobación, el proyecto fue socializado con juezas y jueces coordinadores de varios Tribunales Penales, abogados litigantes, profesores y al Procurador Penal; además se envió a la Comisión Penal del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, posteriormente fue conocido por el pleno de la Sala de Casación Penal.

“Construir el protocolo desde la jurisdicción penal ha tenido grandes retos por las particularidades de la materia, lo que ha constituido un desafío poder tutelar los derechos de la persona más vulnerable como lo es el imputado” mencionó la Magistrada Patricia Solano.

Con ese bagaje, se elaboró un documento que fue aprobado por unanimidad por parte de la Comisión de la Jurisdicción Penal, compuesta por jerarcas del Ministerio Público, la Defensa Pública, Magistradas de la Sala de Casación Penal y Constitucional, jueces de tribunales penales, el Director del OIJ y un integrante del Consejo Superior.

“Trabajamos en la definición del objetivo que queríamos con este documento, el alcance que iba a tener y cuáles eran las ventajas, se examinó la normativa más específica y cada fase del proceso, para que las partes y los demás intervinientes sepan cómo actuar, porque cada uno tendrá responsabilidades distintas” aseguró Carlos Jiménez.

Es Protocolo es importante porque contribuye a mantener la prestación continua del servicio público justicia, en beneficio de las personas, tanto víctimas como testigos, peritos, público y funcionarios y funcionarias judiciales, respetando sus derechos constitucionales y los lineamientos sanitarios vigentes para garantizar el derecho a la salud y a la vida.

Además, reconoce que siempre debe priorizarse la realización de los debates en forma presencial y que las audiencias orales por videoconferencia se harán cuando aquellas otras no puedan realizarse de esa manera, o no sea recomendable realizarlas debido a riesgos para la salud de las personas. 

El juez coordinador del Tribunal  de Juicio de Puntarenas, Ronald Gerardo Nicolás Alvarado mencionó que con la aprobación de este instrumento permitirá no sólo su eficaz y oportuna implementación de cara a la actual crisis sanitaria ante la pandemia, sino además constituye un paso adelante en el uso de las tecnologías, puesto que con dicho protocolo tanto en las audiencias como en los debates, los jueces y juezas, así como las partes intervinientes podrán hacer uso de la plataforma tecnológica "Microsoft Teams", para los efectos de evitar el riesgo de contagios de enfermedades virales siguiendo las directrices del Ministerio de Salud; de igual forma su implementación permitirá garantizar el debido proceso legal para todas las partes intervinientes.

Las audiencias en los procesos laborales que se convoquen bajo la modalidad virtual, cuentan ya con un protocolo que determina las pautas a seguir.

El Protocolo de Manejo de Audiencias Virtuales en los Procesos Laborales en Costa Rica recibió la aprobación de Corte Plena, en la sesión ordinaria de este lunes 4 de mayo.

El uso de las tecnologías bajo la modalidad virtual, se suma a las medidas de seguridad sanitaria que establecen las autoridades de Salud del país, para garantizar el distanciamiento físico entre las partes del proceso.

“La Administración de Justicia se ve sometida a cambios. Requerimos que los procesos judiciales continúen pero tutelando la salud de las personas trabajadoras y las partes en los procesos. El Poder Judicial cuenta con herramientas tecnológicas para hacer posible este cambio y en el Protocolo aprobado, la persona juzgadora estará en un lugar diferente que las partes del proceso y los testigos, de forma tal que interactuamos por medio de un sistema de videoconferencia”, destacó el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, de la Sala Segunda.

Los lineamientos contienen aspectos como las reglas éticas de comportamiento en una audiencia virtual y las reglas para su desarrollo, cuyo primer punto corresponde al consentimiento de las partes para su realización, a partir del cual, se establece y se fija la fecha de la audiencia.

Las personas usuarias tendrán acceso a los expedientes laborales desde el Sistema de Gestión en Línea, mediante un usuario y contraseña otorgados en cualquier despacho judicial. Dicha gestión puede realizarse mediante una solicitud al correo del despacho 

El proceso se resguarda con la grabación de la audiencia y al finalizar se entrega una copia de ésta.

Cada despacho judicial realizará la coordinación correspondiente con las partes y definirán el mecanismo para llevar a cabo la audiencia virtual. En caso de que alguna de las partes no cuente con acceso a internet, la oficina judicial podrá brindar el servicio, mediante la creación de “Estaciones virtuales para audiencias”.

La Dirección de Tecnología de la Información en el corto y mediano plazo tendrá a su cargo las labores necesarias para poner a disposición los requerimientos tecnológicos.

“Nos tenemos que acostumbrar a que los asuntos judiciales se tramiten aplicando la tecnología, por lo que el cambio debe prevalecer luego de la pandemia, con el fin de hacer más eficiente la administración de justicia”, explicó el magistrado Luis Porfirio Sánchez.

El protocolo lo elaboró la Comisión de la Jurisdicción Laboral de la Sala Segunda, con la colaboración técnica de la Dirección de Planificación y de Tecnología de la Información del Poder Judicial.

Se destaca que la capacitación al personal inició desde la semana pasada.

• Acceso a la justicia es esencial para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
• Plan de gastos para el ejercicio económico 2021 registra una reducción de 9.972.000.000 millones de colones.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro detalló ante la  Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el presupuesto de este Poder de la República para el ejercicio económico año 2021.

El monto total de presupuesto ordinario del Poder Judicial para el próximo año es de 462.705.000.000 colones y registra una reducción porcentual de 2.1% respecto al año en curso.  Esta disminución es el resultado del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país, agravada por la  pandemia mundial provocada por el virus SARS- CoV-2.

“Señalamos que para el 2021 la reducción presupuestaria será del 2,1% por que a lo largo del año 2020 hicimos una reducción importante del presupuesto ordinario, por ello nuestra comparación no es con el presupuesto aprobado en el 2020, sino con el contenido presupuestario final que considera las disminuciones hechas para aportar al país por la situación financiera provocada por la emergencia de la  COVID-19”, manifestó  el magistrado Cruz Castro.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia contó con el apoyo técnico de la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez.

El jerarca judicial puntualizó ante la comisión que el presupuesto de este Poder de la República se presentó conforme al marco legal, ajustándose a la regla fiscal y directrices de contención del gasto emitidas por el Ministerio de Hacienda. En total a lo interno de la institución se emitieron 129 directrices de contención del gasto, vinculando el presupuesto con los resultados de gestión y de ejecución presupuestaria.

“Se cumple plenamente la Ley 9635 con la nominalización de componentes salariales como dedicación exclusiva, la prohibición, la evaluación de desempeño, la creación de nuevos componentes salariales con reserva de ley y pago del IVA por compras que también ha significado un importante esfuerzo en materia fiscal”.

El presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales, y no se incluyen recursos para el aumento de costo de vida.  En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos y se adecuó la fecha de vigencia de los actuales, además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios, aumentando únicamente los montos para cubrir el costo del impuesto del valor agregado.  Se disminuyo también en subpartidas como información, horas extras, suplencias, vehículos, transporte en el exterior, viáticos al exterior, becas, alimentos y bebidas, entre otras subpartidas.

Así mismo, se incluyen los recursos para asumir el costo económico de hacerle frente a los procesos de desinfección y limpieza profunda por los casos positivos de Covid -19,  ya que se enfrentan con presupuesto propio. Estos procedimientos deben realizarse a la mayor brevedad por protección y resguardo de las personas usuarias y del personal judicial, para evitar el contagio dentro de instalaciones judiciales.

El Poder Judicial actualmente se compone de 894 oficinas distribuidas en 294 edificaciones, que brindan atención a personas usuarias en diferentes áreas del servicio de justicia, entre ellas las poblaciones en vulnerabilidad, quienes demandan los servicios de pensiones alimentarias, violencia doméstica, procesos laborales, delitos sexuales,  población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil, entre otras poblaciones. 

Nuevas obligaciones sin contenido presupuestario. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, la Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta adicional al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.

Recursos adicionales que el Poder Judicial requiere para atender nuevas obligaciones legales se detalla en la infografía que se adjunta:

• Ante Comisión de Asuntos Hacendarios de Asamblea Legislativa
• Acceso a la justicia es esencial para el fortalecimiento del Estado Social de Derecho.
• Plan de gastos para el ejercicio económico 2021 registra una reducción de 9.972.000.000 millones de colones.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro detalló ante la  Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, el presupuesto de este Poder de la República para el ejercicio económico año 2021.

El monto total de presupuesto ordinario del Poder Judicial para el próximo año es de 462.705.000.000 colones y registra una reducción porcentual de 2.1%  respecto al año en curso.  Esta disminución es el resultado del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive el país, agravada por la  pandemia mundial provocada por el virus SARS- CoV-2.

“Señalamos que para el 2021 la reducción presupuestaria será del 2,1% por que a lo largo del año 2020 hicimos una reducción importante del presupuesto ordinario, por ello nuestra comparación no es con el presupuesto aprobado en el 2020, sino con el contenido presupuestario final que considera las disminuciones hechas para aportar al país por la situación financiera provocada por la emergencia de la  COVID-19”, manifestó  el magistrado Cruz Castro.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia contó con el apoyo técnico de la Directora Ejecutiva, Ana Eugenia Romero Jenkins, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez.

El jerarca judicial puntualizó ante la comisión que el presupuesto de este Poder de la República se presentó conforme al marco legal, ajustándose a la regla fiscal y directrices de contención del gasto emitidas por el Ministerio de Hacienda. En total a lo interno de la institución se emitieron 129 directrices de contención del gasto, vinculando el presupuesto con los resultados de gestión y de ejecución presupuestaria.

“Se cumple plenamente la Ley 9635 con la nominalización de componentes salariales como dedicación exclusiva, la prohibición, la evaluación de desempeño, la creación de nuevos componentes salariales con reserva de ley y pago del IVA por compras que también ha significado un importante esfuerzo en materia fiscal”.

El presupuesto 2021 contiene el ajuste nominal de los componentes salariales, y no se incluyen recursos para el aumento de costo de vida.  En materia de alquileres, no se autorizaron contratos nuevos y se adecuó la fecha de vigencia de los actuales, además se ajustaron los contratos en limpieza, vigilancia y bienes y servicios, aumentando únicamente los montos para cubrir el costo del impuesto del valor agregado.  Se disminuyo también en subpartidas como información, horas extras, suplencias, vehículos, transporte en el exterior, viáticos al exterior, becas, alimentos y bebidas, entre otras subpartidas.

Así mismo, se incluyen los recursos para asumir el costo económico de hacerle frente a los procesos de desinfección y limpieza profunda por los casos positivos de Covid -19,  ya que se enfrentan con presupuesto propio. Estos procedimientos deben realizarse a la mayor brevedad por protección y resguardo de las personas usuarias y del personal judicial, para evitar el contagio dentro de instalaciones judiciales.

El Poder Judicial actualmente se compone de 894 oficinas distribuidas en 294 edificaciones, que brindan atención a personas usuarias en diferentes áreas del servicio de justicia, entre ellas las poblaciones en vulnerabilidad, quienes demandan los servicios de pensiones alimentarias, violencia doméstica, procesos laborales, delitos sexuales,  población con discapacidad, adulta mayor, privada de libertad, migrante y refugiada, sexualmente diversa, indígena, niños, niñas y adolescentes y personas en conflicto con la Ley Penal Juvenil, entre otras poblaciones. 

Nuevas obligaciones sin contenido presupuestario. Para el cumplimiento de leyes especiales aprobadas por el Plenario Legislativo que imponen nuevas obligaciones al Poder Judicial, la Corte Plena acordó remitir al Ministerio de Hacienda, una propuesta adicional al proyecto de presupuesto ordinario de la institución, con los requerimientos que se necesitan para su implementación. Este acuerdo se toma ante la rigidez presupuestaria y la aplicación de la regla fiscal, es decir fuera del límite del presupuesto ordinario.

Recursos adicionales que el Poder Judicial requiere para atender nuevas obligaciones legales se detalla en la infografía que se adjunta: