• Actividad fue organizada por el Poder Judicial de Perú.

El Magistrado de la Sala Segunda de la Corte y Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Jorge Olaso Álvarez, participó en el Congreso Internacional de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores, actividad organizada por el Poder Judicial de Perú.

Dicho encuentro virtual se llevó a cabo el pasado 27 de julio y constituyó la oportunidad de exponer lo que el país mediante el Poder Judicial realiza en materia de la defensa de los derechos de esta población en condición de vulnerabilidad.

Durante su participación, el magistrado Olaso Álvarez se refirió a diferentes aspectos en torno a la situación actual de esta población en Costa Rica, destacando el número de personas pertenecientes a este grupo en el país, sus características demográficas, los diferentes enfoques para la protección de sus derechos y la normativa que garantiza su pleno goce.

Entre los datos más destacados, se mencionó que para el 2020, según datos del INEC, en Costa Rica vivían 626.297 personas de este grupo de la población, de los cuales un 56,8% son mujeres.

Además, dentro de sus características demográficas, es importante señalar que, si bien las nuevas generaciones de personas adultas mayores presentan una leve mejoría en los campos educativo y económico, se mantiene una brecha significativa entre la población rural y la población urbana.

Por otra parte, en lo que respecta a la adultez mayor y la interseccionalidad, el magistrado señaló que, según el Segundo Informe del Estado de la Situación de la Persona Adulta Mayor realizado en el 2020, la población afrodescendiente en Costa Rica es menos envejecida que la del resto del país, ya que apenas un 5% tiene 65 años o más.

También, se subraya que, en materia de poblaciones indígenas, el nivel de envejecimiento de este segmento de la población es mayor al promedio del país, con un porcentaje de 9 y 7 respectivamente, tomando en cuenta que existe una mayor proporción de personas adultas mayores que se autodenomina indígena, pero que vive fuera de sus territorios.

En el caso de la población migrante, la comunidad extranjera nicaragüense es la más representativa, abarcando un 7% de la población nacional, de los cuales un 4% tiene 65 años o más.

Otro tema desarrollado por el Magistrado Olaso fue el enfoque de los derechos de las personas adultas mayores, enfatizando en el concepto de los Derechos Humanos y el Derecho Gerontológico, el cual promueve el empoderamiento de las personas mayores como sujetos de derecho con garantías y responsabilidades, con sus enfoques de planificación de la fase final de la vida, de derecho y economía, el jurisprudencial terapéutico y el enfoque feminista de la ética del cuidado.

“En este concepto, el Derecho Internacional es el marco conceptual aceptado, ya que es capaz de obtener un sistema coherente de principios y reglas que guíen la doctrina y la jurisprudencia, así como las políticas públicas”, destacó el magistrado.

Además, se refirió a la normativa que vela por el cumplimiento del respeto de los derechos de esta población, destacando la normativa nacional como la Constitución Política, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento, el Código de Trabajo, la Ley de Fortalecimiento de del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la jurisprudencia constitucional y la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, así como los instrumentos internacionales ratificados por el país como lo son la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, CEDAW, Belem Do Pará, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y la jurisprudencia de la CIDH.

En sus conclusiones, el Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia resaltó el compromiso del Estado costarricense de proteger a las personas mayores y garantizar sus derechos, gracias a la protección especial tanto nacional e internacional que les asiste, además de destacar la importancia de las Reglas de Brasilia para establecer parámetros de acceso a la justicia al calificar a los adultos mayores como personas en condición de vulnerabilidad.

 La actividad se desarrolló de manera virtual.

La “Resolución de procedimientos Penales, Penales Juveniles y Contravencionales mediante Justicia Restaurativa y el Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial”, se dieron a conocer ante diferentes autoridades, en el marco de la presentación del Catálogo de Oferta de Cooperación Técnica Nacional Costa Rica 2021-2023.

La actividad se realizó bajo la modalidad virtual el pasado 30 de julio de 2021 y contó con la participación de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa y la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial, así como representantes de los Ministerios de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) y de Relaciones Exteriores y Culto.

El señor Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal de la Corte y Rector de Justicia Restaurativa, presentó una de las ofertas con las que se cuenta desde el Poder Judicial de Costa Rica, exponiendo los objetivos y resultados alcanzados con los procedimientos restaurativos. Manifestó el señor Magistrado:  “se tiene la convicción de que la experiencia que se ha cultivado, también se puede ofrecer y transmitir a otros países, para fortalecer la administración de justicia regional, con respuestas oportunas ante la criminalidad, colocando en el centro a las víctimas, la persona imputada y la comunidad; como se logra en los procesos restaurativos.” 

Así mismo, destacó la experiencia de casi diez años del Poder Judicial en la puesta en marcha de la Justicia Restaurativa, una forma distinta de hacer justicia, al brindar a las personas usuarias de manera real, efectiva y rápida una solución al conflicto, a la vez que se contribuye con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la búsqueda de sociedades más pacíficas e inclusivas.

• Propiedad tiene una extensión de 18.497 metros cuadrados.

 El Poder Judicial recibió la donación de un terreno de 18.497 metros cuadrados, ubicado en Rodeito, de Liberia, Guanacaste, el cual a futuro albergará los Tribunales de Justicia de dicho cantón.

 El acto oficial se realizó el pasado 30 de julio, con la participación de las autoridades judiciales.

 La institución proyecta la construcción de un edifico en la propiedad donada, procurando satisfacer las necesidades institucionales, para desarrollar una infraestructura que se ajuste a las condiciones de espacio y comodidad en favor de las usuarias y usuarios y la población judicial destacada en la zona.

 El terreno cuenta con el criterio técnico del Departamento de Servicio Generales de la institución, que lo cataloga como apto para la construcción del edificio proyectado para esta localidad. El terreno está ubicado 300 metros oeste de la rotonda de la autopista internacional Liberia-Cañas.

 Para el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, la donación del terreno significa un aporte importante para la Administración de Justicia y se verá reflejado en un mejor servicio para la persona usuaria.

 “La donación de este terreno al Poder Judicial es gracias al señor Julio César Leiva Muñoz y su familia Leiva Badilla, una familia que se identifica con las necesidades del pueblo y tienen una visión de desarrollo para este cantón. La donación es muy importante, porque colabora con la Administración de Justicia, que favorecerá en la reducción de los costos institucionales por concepto de alquileres”, señaló el magistrado Rivas.

 Además, para el magistrado Rivas Loáiciga, es importante que “cuando se construye un edificio nuevo se proyecta que incorporen nuevas tecnologías para mejorar y contribuir con el acceso a la justicia mediante infraestructura accesible para las personas con discapacidad y esto permite introducir otras formas para lograr que las personas usuarias tengan más facilidades para la defensa de sus derechos.”

 Actualmente, en la localidad de Liberia, la institución arrienda 8 inmuebles lo que significa gasto superior a los 20 millones de colones mensuales, por lo que una futura construcción de un edificio judicial reduciría la inversión en este rubro.

 Seidy Jiménez Bermúdez, Administradora Regional de Liberia, considera que es de suma importancia para el Poder Judicial contar con esta donación del terreno y potencializa la construcción de un nuevo edificio moderno que permita brindar un mejor servicio tanto a las personas usuarias como a las personas funcionarias judiciales.

 “Con mira al desarrollo y brindar un mejor servicio público para las personas usuarias, el contar con un terreno propio permite un ahorro en el gasto del Poder Judicial por concepto de alquileres, ya que en la actualidad se arriendan varios locales, esto facilita el acceso de los servicios que se brinda para que las personas usuarias y desplacen solo a un edificio”, indicó Jiménez.

 La actividad se realizó en la Sala de Juicio de los Tribunales de Justicia de Liberia, en apego a los protocolos sanitarios indicados por las autoridades del Ministerio de Salud y de la institución.

 Posteriormente, las autoridades judiciales realizaron una visita al terreno, actual propiedad del Poder Judicial.

 El acto contó con la presencia de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, personal Judicial y como invitados especiales, el señor Julio César Leiva Muñoz y su familia Leiva Badilla, donadores de la propiedad.

 Mediante acuerdo del Consejo Superior en sesión N°076-2020 de 30 de julio de 2020, artículo X, se aceptó la donación del terreno.

• En el marco del cierre del ciclo de especialización en conmemoración del 40 aniversario de sus funciones.

“El Poder Judicial ocupa un papel protagónico en la sostenibilidad de la democracia en nuestro país, siendo esta la principal razón por la que el blindaje contra la corrupción en esta institución es actualmente nuestra prioridad”, así lo afirmó la Vicepresidenta de la Corte y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, durante el cierre de las actividades de conmemoración de los 40 años de funciones del máximo tribunal penal, que tuvo lugar este miércoles 27 de julio.

La Presidenta de la Sala, Patricia Solano reafirmó el compromiso de que “…la mejor forma de celebrar este aniversario es trabajando, esforzándonos para proteger nuestra institucionalidad y para librarnos de los juicios y males que han contaminado a naciones hasta muy cercanas, siendo que para ello ocupamos de un Poder Judicial robusto, independiente, probo, eficiente y sobre todo transparente”.

El acto de cierre se llevó a cabo en el Salón Multiusos, cumpliendo con las medidas sanitarias establecidas y contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, las magistradas y los magistrados integrantes de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, Sandra Zúñiga Morales, Jesús Ramírez Quirós, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y Álvaro Burgos Mata.

También asistieron el Presidente de la Sala Primera de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga; el Fiscal General, Warner Molina Ruiz; el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; magistrados y magistradas suplentes, juezas, jueces, letrados y letradas de la Sala de Casación Penal.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro señaló que para generar un mejor abordaje de los fenómenos criminales, acorde con las exigencias actuales, es necesario ajustar algunos preceptos normativos y proponer otros en materias como la criminalidad organizada y la corrupción.

“Felicito a la Sala por esta gran iniciativa, que es un punto para establecer una reflexión importante sobre los distintos institutos penales, en una nueva perspectiva de que el derecho penal, sin dejar de ser garantista, tenga mayor eficacia en la persecución del delito”, puntualizó Cruz Castro.

Para celebrar los 40 años de funciones del tribunal de Casación Penal se desarrolló un ciclo de videoconferencias que abordó temas sobre crimen organizado y corrupción, delitos económicos y fiscales entre otros, así lo destacó el magistrado penalista, Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

“Hemos logrado un nivel de expositores, expertos de altísima calidad y con una amplia participación tanto en el ámbito interno del Poder Judicial, como externos, con asistencia de instituciones públicas, entidades privadas y la comunidad jurídica nacional en general”, resaltó en la apertura de la actividad el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

Con la ponencia, "Empresa Criminal y Corrupción Estatal", la master Yara Esquivel Soto, abogada con 20 años de experiencia en la investigación de fraude y corrupción, trabajando con la Iniciativa StAR para la recuperación de activos robados, del Banco Mundial y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, destacó el papel de la judicatura como pilar de la democracia.

“El país está en crisis y la judicatura tiene un reto mucho más amplio del que han tenido en la historia del país: Ustedes son quienes pueden restaurar la imagen del país y la confianza del público.   La integridad judicial nunca ha sido tan importante como hoy”, aseveró.

Destacó en su exposición el concepto de la organización criminal como aquella que oculta su estructura y su participación y que busca enriquecerse de manera ilícita y que nada se hace con investigar y condenar personas si no se les quitan sus bienes.  También desarrolló el tema de la corrupción como un fenómeno supranacional, la transparencia del beneficiario final, el papel del sector privado, la cooperación interinstitucional, las mejores prácticas de investigación y el papel de la judicatura.