- Se entregan cuatro propuestas de reforma de ley y una propuesta de reforma constitucional, a la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa
Mejorar el acceso a la justicia y el efectivo ejercicio de derechos de las mujeres y personas menores de edad, en la atención y tramitación de delitos sexuales, así como una propuesta en el tema de cuido de personas menores de edad y familiares con enfermedad grave o terminal, son los temas que contemplan las cinco propuestas de ley que trabajó el Poder Judicial y remitirá a la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, la Diputada Carolina Delgado Ramírez.
Las propuestas legales y constitucional son una iniciativa del Despacho de la Magistrada Roxana Chacón Artavia y de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, como resultado de una serie de actividades interinstitucionales que permitieron identificar nudos críticos y obstáculos en el acceso a la justicia para estas víctimas. Esta presentación se realiza con el apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
La presentación se realizó este martes 7 de marzo y estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Segunda y coordinadora de las Comisiones de Género, Familia e Interinstitucional de Seguimiento a la Ley Contra la Violencia Doméstica, Roxana Chacón Artavia.
“En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, desde el Poder Judicial, la Secretaría Técnica de Género y mi despacho, nos hemos dado a la tarea de elaborar cinco proyectos de ley, iniciativas que serán puestas en conocimiento y en las manos de la Presidenta de la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa, con la finalidad de que los mismos puedan ser acogidos, discutidos y aprobados. Estos proyectos garantizan una justicia pronta y cumplida en todos aquellos delitos sexuales y también se contempla una iniciativa de ley que tiene que ver con las alternativas de licencias para madres y mujeres que tengan a cargo, el cuido de niños menores de 12 años, adultos mayores o personas con enfermedad grave o terminal; con ello esperamos contribuir con un aporte importante para potenciar el combate contra la violencia en perjuicio de las mujeres y mejorar sus condiciones en la sociedad”, puntualizó la magistrada Chacón Artavia.
En el acto, las cinco iniciativas se entregaron a Valeria León Villalobos, representante del despacho de la diputada Delgado Ramírez.
Propuestas en resumen
La propuesta para excluir del derecho de abstención a las personas menores de edad víctimas de delitos sexuales, se contempla en una reforma al artículo 36 de la Constitución Política y la reforma al artículo 205 del Código Procesal Penal, cuyo fin es fortalecer los derechos de las personas víctimas de delitos sexuales, cuando el delito sea provocado por algún pariente cercano por consanguinidad o afinidad.
El objetivo es eliminar la facultad de abstenerse de declarar a la persona menor de edad, familiar del imputado, cuando el delito es cometido en su propio perjuicio, considerando que casi dos terceras partes de todos los delitos sexuales denunciados son en perjuicio de personas menores de edad y la mayoría se dan en el seno familiar.
Otra iniciativa de ley propone modificar el artículo 293 del Código Procesal Penal, que regula el instituto del anticipo jurisdiccional de prueba. El fin es que este instituto jurídico sea de carácter obligatorio en la totalidad de los delitos sexuales que se investiguen, como ya se aplica en los casos por trata de personas. Con ello se potencia la protección de las víctimas, la agilidad y eficacia del proceso que se espera impacte en los índices de impunidad; reconociendo la realidad nacional de la duración de los procesos penales.
Siguiendo la línea para la atención efectiva e integral de las personas víctimas de delitos sexuales, se presentó el proyecto de ley para la institucionalización legal del Protocolo de las 72 horas y los Equipos de Repuesta Rápida para la Atención Integral a víctimas de violación, que busca brindar los servicios requeridos, según las competencias legales de las instituciones involucradas, desde los Equipos de Respuesta Rápida para Víctimas de Violación; así mismo, regular la creación de la “Comisión Nacional para la Aplicación del Protocolo de las 72 horas para Víctimas de Violación”, la cual sería integrada con representantes de las instituciones que aplican el protocolo.
Éste actualmente funciona en el Poder Judicial como un programa interinstitucional, con la colaboración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y que brinda la atención de acceso a la justicia y acceso al derecho a la salud, que requieren las personas víctimas de violación, en las primeras 72 horas de ocurrido el hecho.
En materia de cuido, se propuso el proyecto de ley para que las personas trabajadoras puedan solicitar a sus patronos la reducción de la jornada laboral, en los casos en que deban asumir el cuido de personas menores de edad o de familiares con enfermedad grave o terminal. Con ello, se trata de proteger a las trabajadoras y los trabajadores con responsabilidades familiares, y a conciliar la vida familiar y laboral, sin que ello demande renunciar a sus puestos, cuya mayor afectación se registra en la población femenina.
