• Cinco personas se graduaron este miércoles 17 de noviembre.

 Un nuevo proyecto de vida asumieron cinco personas, que cometieron un hecho delictivo relacionado con el consumo de drogas, al integrarse al Procedimiento de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa (PTDJ) y finalizaron su proceso como personas productivas para sus familias y comunidad.

Este miércoles 17 de noviembre se llevó a cabo la Graduación del cinco personas que cumplieron con su plan reparador y recibieron el acompañamiento técnico del Justicia Restaurativa del Poder Judicial, en alianza con el Instituto Costarricense de Drogas (ICD) y el Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA).

 El acto se realizó bajo la modalidad presencial y virtual.

 “Yo fui entendiendo que no era solamente dejar el consumo, sino que hay que entrar en la fase de aprender a vivir sin drogas.  La parte técnica era clave, donde nadie podía interferir en esta recuperación.  Esto tiene un efecto multiplicador de cada uno.  Al final, se es honesto con uno mismo, engañarse uno es lo que más duele y no hacerlo es lo que más cuesta”, destacó don Francisco, uno de los graduados.

 Para el Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, esta graduación “confirma lo que señala el principio de alto apoyo y alto control, la justicia restaurativa es trabajar con las personas.  Personas que no solo aceptaron una responsabilidad, sino que además se comprometieron a reparar el daño de manera efectiva y trabajaron con gran esfuerzo por mejorar sus vidas, su relación con la familia y la comunidad. Al finalizar este proceso, lograron hacer cambios positivos en sus vidas, como acercarse a sus familias, construir relaciones más sanas y convertirse en personas productivas e importantes para la comunidad”.

 El trabajo del PTDJ involucra a los equipos interdisciplinarios de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, con el apoyo técnico del ICD con sus planes de prevención y patrocinio de tratamientos, y la estructura estatal del IAFA que brinda el servicio técnico, de tratamiento para las personas que se incorporaran al procedimiento.

“Para el IAFA es un honor ser parte de este proceso de restaurativo, que pone en el centro a las personas, las dignifica y humaniza los procesos judiciales y de atención, comprendiendo el contexto y tomando en consideración las necesidades y particularidades de cada una de las personas.  Sabemos que ha sido un proceso duro y largo y que implica mucho compromiso y mucho esfuerzo y que gracias a su voluntad y deseo de salir adelante, lo han logrado”, afirmó Wendy Castro Castro, coordinadora del Área Técnica del IAFA.

 Para Eugenia Mata Chavarría, Jefa de la Unidad de Proyectos del ICD, “este programa es una forma diferente de hacer justicia, es una forma diferente de política, que muy pocos países alrededor del mundo tienen esta experiencia.  Este programa llena de orgullo a Costa Rica, por ser un país que dice, creemos en la gente, demos otra oportunidad”.

• Proyecto se realiza mediante el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015 con el Banco de Costa Rica.
• Autorización para inicio de trámites de construcción mediante dicho fideicomiso se dio por acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en setiembre del 2017.

El Circuito Judicial de Puntarenas dio inicio al proyecto de construcción del edificio de Tribunales de Justicia de esta localidad, con la celebración del acto oficial de la colocación de la primera piedra, el pasado viernes 12 de noviembre.

Dicho proyecto se realiza mediante el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015 con el Banco de Costa Rica, aprobado por Corte Plena el 8 de junio del 2015.

El acto contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el presidente de la Sala Primera de la Corte y coordinador de la Comisión de Construcciones, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, el Subgerente General de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica, Alvaro Camacho de la O y el representante del consorcio IECA-AYD-GENSLER, Samuel Bermúdez Ureña.

Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, el impacto de esta construcción es muy positivo, máxime en una comunidad que requiere inversión, desarrollo y reactivación económica, por lo que este proyecto tiene un efecto muy favorable, no sólo por la construcción en sí misma, sino por el impacto en todo el contexto urbano de la zona del Roble de Puntarenas.

“Hacemos siempre el mejor esfuerzo para dar un mejor servicio pese a las limitaciones, para la Presidencia de la Corte es un privilegio, tener la posibilidad de ver cómo se inicia un proyecto tan ambicioso, que, de alguna manera, traerá mejores luces a una comunidad que requiere apoyo tanto económico, social y educacional”, indicó Cruz Castro.

Por su parte, el coordinador de la Comisión de Construcciones del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, señaló que construir un edificio en una zona con las características que tiene Puntarenas, es fundamental para acercar la justicia a las comunidades y representará un beneficio para las personas que asistan a reclamar sus derechos cuando consideren que han sido violentados.

“La Comisión de Construcciones ha sido exitosa, desde luego que, con la colaboración de un grupo muy importante de personas. Hemos estado contribuyendo y construyendo en diferentes partes del país y llegar al inicio de una construcción como esta es muy satisfactorio, es una muestra de que se están haciendo bien las cosas y esto repercute en una buena administración de justicia” indicó el magistrado.

Por su parte, El Subgerente General de Banca Corporativa del Banco de Costa Rica, Alvaro Camacho de la O, manifestó que para la entidad bancaria es un gran honor participar en conjunto con el Poder Judicial en el desarrollo de los Tribunales de Puntarenas, desarrollando obra pública con el objetivo de llegar a la ciudadanía costarricense, y en este caso en el pueblo de Puntarenas.

“Creemos que con esta obra en conjunto estamos provocando desarrollo de la actividad económica, pero sobre todo una mejora en el servicio y en la calidad de la administración de justicia en la zona de Puntarenas, que sabemos tanto lo requiere”, dijo Camacho de la O.

La exposición del proyecto estuvo a cargo del representante del consorcio IECA-AYD-GENSLER, Samuel Bermúdez Ureña, quien detalló aspectos relevantes del inmueble y proyectó un video de como lucirá el mismo una vez finalizado.

El desarrollo de este proyecto se da gracias al acuerdo tomado por el Consejo Superior del Poder Judicial, en la sesión Nº81-17 celebrada el 5 de setiembre del 2017, que literalmente dice:

“Autorizar a la Dirección Ejecutiva para que a través del Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015 con el Banco de Costa Rica, se dé inicio a los trámites respectivos para la construcción de un nuevo edificio para los Tribunales de Puntarenas, en la finca 163655, de conformidad con los acuerdos de Corte Plena, tomados en Sesión No. 04-15, celebrada el 2 de febrero de 2015, artículo IX y la aprobación del Contrato de Fideicomiso, tomado por Corte Plena, en sesión N°23-15, celebrada el 8 de junio de 2015, artículo XVI”.

Este inmueble estará ubicado contiguo al Plantel Municipal, finca Socorrito, en el Roble de Puntarenas, terreno que fue donado por la Municipalidad de Puntarenas e inscrito a nombre del Poder Judicial en el año 2008. El área de construcción es de 23.000 m² en una edificación de tres niveles; área que al considerar los parqueos arrojaría un total aproximado de 29.200 m2.

De dicha área de construcción, 7622 metros cuadrados corresponderán a zonas verdes, 730 al patio central, 4174 corresponderán a la zona de parqueos los cuales se distribuirán en 56 espacios para los tribunales y 27 para el OIJ para un total de 83 estacionamientos.

Cabe destacar que para la administración de esta obra, el Fideicomiso contrató una Unidad Administradora de Proyectos (UAP), la que a su vez contrató una empresa consultora (Consorcio denominado IECA-AYD-GENSLER) para la confección del anteproyecto, diseño de los planos, especificaciones técnicas y presupuesto detallado y demás actividades conexas relacionadas, el 14 de setiembre de 2021 quedó en firme el acto de adjudicación del concurso de construcción del proyecto a favor de la empresa EDICA LIMITADA.

El costo total de la obra ronda los $39 millones y la edificación albergará aproximadamente 368 servidores y servidoras judiciales en más de 30 oficinas de los tres ámbitos auxiliares de justicia y diferentes programas institucionales.

Cualidades del edificio

El edificio contará con una certificación LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño sostenible), que se refiere está construido con los estándares de ecoeficiencia y cumple con los requisitos de sostenibilidad. Este certificado, basado en estándares científicos, premia el uso de estrategias sostenibles en todos los procesos de construcción del edificio, desde la adecuación de la parcela donde se ubica, hasta la eficiencia del uso del agua y energía, la selección de materiales sostenibles y proporcionar una calidad medioambiental interior.

Además, contará con sistema de paneles solares, permitirá unificar en un solo edificio todos los despachos y servicios que se brindan en la zona de Puntarenas, tendrá salas de juicio por materia y salas de capacitación para todo el personal judicial, una sala magna que funge como sala colegiada en materia penal y en su acceso como en las áreas complementarias cumplirá con la Ley 7600.

Por otra parte, tendrá capacidad para la reutilización de aguas de lluvias en servicios sanitarios, contará con un comedor y un gimnasio para los y las trabajadoras, tendrá accesos independientes para garantizar el servicio continuo del OIJ y finalmente cumplirá a cabalidad según el cuerpo de bomberos con toda la normativa vigente para garantizar la seguridad humana.

El acto protocolario se llevó a cabo en el terreno destinado a la construcción y en las instalaciones de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) con sede en Puntarenas, en donde se dio un acto simbólico con la colocación en una cápsula del tiempo de los principales acuerdos y documentos que dieron como resultado el inicio de este proyecto.

La actividad contó con la presencia de magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, integrantes del Consejo Superior, jefaturas judiciales, representantes del BCR, Proyecto ICC, representantes del Consorcio y de la empresa adjudicada, de la Municipalidad de Puntarenas, así como personal judicial de Puntarenas y otras personas invitadas externas.

Se estima contar con el edificio concluido para febrero del 2023.

Los alcances de la jurisprudencia supranacional en materia de pueblos indígenas se profundizó en el último día del Ciclo de Conferencias “Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas”, que organizó la Escuela Judicial.

 El desarrollo de la temática estuvo a cargo del juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Jorge Leiva Poveda, el cual impartió su conferencia mediante la modalidad virtual y desde la plataforma Microsoft Teams.

 Durante la actividad formativa se analizó la riqueza jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en temas puntuales como familia, civil, penal y constitucional.

 Se amplió sobre el tema del respeto al Derecho consuetudinario de los Pueblos indígenas, frente a la actuación de las autoridades judiciales, en el marco de sus costumbres y prácticas ancestrales.  El juez Leiva Poveda explicó que desde la CorteIDH existen sentencias donde se detalla un esquema general de derechos humanos que protege la integridad física y mental específicamente en el caso de personas menores de edad.

 “En materia de territorios indígenas la Corte Interamericana ya ha entrado a conocer el tema del derecho que tienen los pueblos indígenas a tener legitimación y personalidad jurídica y ya hay un caso costarricense presentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado de Costa Rica respecto de la violación de los derechos de los pueblos indígenas a que se organicen a través de sus agrupaciones tradicionales”, puntualizó Jorge Leiva.

 Durante la conferencia se hizo referencia a las sentencias dictadas por la CorteIDH en materia de derechos humanos colectivos, la discusión sobre quién determina que una persona es indígena y que se señala como quien se autodenomine y sea reconocido por la comunidad respectiva, pues esto le genera un fuero procesal y sustantivo de derechos humanos.

 El juez hizo énfasis en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace una protección genérica a pueblos indígenas, al incorporar una lista dentro de la convención, denominada categorías prohibidas, “que significa una categoría o grupo o pueblo de personas, respecto de la cual está prohibida el ejercicio de actividades discriminatorias.  Si bien la convención no hace referencia a los pueblos indígenas de manera expresa, pues en la mayoría de sus referencias corresponden a grupos que requieren este tipo de protección especial, la Corte Interamericana ha  incorporado en su jurisprudencia a los pueblos indígenas dentro de su elenco de categorías prohibidas”.

 Durante la actividad académica, a las personas participantes se les distribuyó un material con jurisprudencia variada de la CorteIDH, sobre la materia en estudio.

• En Foro internacional: Sistema de Gestión de la Calidad, Un Modelo para la Administración de Justicia.

 El compromiso institucional y del personal judicial por brindar un servicio efectivo a partir de la aplicación de la Norma de Calidad GICA-Judicial, permite hoy consolidar 10 años de su implementación, donde el talento humano y las mejoras continuas que promueve el modelo de gestión de calidad, muestra sus resultados exitosos, en el Foro Internacional: Sistema de Gestión de la Calidad, Un Modelo para la Administración de Justicia.

 El magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas integrante de la Comisión GICA-Justicia, destacó que la Política Institucional de Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA), “se ha venido sustentando en el desarrollo del talento humano.  Sin las personas, las organizaciones no avanzan ni mejoran, con esa base se construye el sistema de gestión de calidad, a partir de un modelo para mejorar la gestión de la oficina, con el enfoque de prestar un servicio eficiente y de calidad a las personas usuarias”.

 El Foro Internacional contó con la participación del experto internacional en calidad, Rafael Chinchilla Salazar, quien impartió la exposición “Impacto de los Sistemas de Gestión de Calidad en las Organizaciones", quien destacó que “…hoy hablamos de procesos, de insumos y proveedores de excelencia y de talento humano y ese aseguramiento de calidad le agregamos el componente de la mejora continua.  El aseguramiento y calidad, más la mejora continua, significa gestión de calidad.  La calidad no solo se administra, sino se hace crecer, en las organizaciones que la deben adoptar como un pilar estratégico”.

 Es espacio permitió conocer las experiencias como despachos acreditados de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, a cargo de la Fiscala Adjunta, Mayra Campos Zúñiga y del Juzgado Penal de Pérez Zeledón, por parte del representante Brandon Mora Elizondo, quienes destacaron la tecnología, la organización y la planificación como aliados dentro de la norma de calidad y el compromiso del personal judicial de las oficinas.

 El Poder Judicial de Honduras expuso su experiencia en la implementación de la Norma GICA-Judicial, con la participación de la Magistrada de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y Coordinadora General de GICA-Justicia Honduras, María Fernanda Castro Mendoza y el juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia en Materia de Extorsión de Honduras, Alexis Castillo Vásquez.

 Ambos destacaron la puesta en marcha de las buenas prácticas en materia de normas de calidad que se impulsaron desde Cumbre Judicial Iberoamericana y la experiencia compartida por parte del Poder Judicial de Costa Rica y que hoy impactan en la satisfacción de la persona usuaria que recibe un servicio ágil y eficaz, que se consolida con su incorporación dentro del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial hondureño.

 El cierre del Foro Internacional estuvo a cargo de la magistrada integrante de la Comisión GICA-Justicia y representante judicial en la Comisión Iberoamericana de Gestión de la Calidad, Julia Varela Araya, quien destacó el compromiso voluntario que asumen los despachos judiciales costarricenses y su personal.

 “El asumir este reto tan importante, para mejorar la gestión en sus despachos tiene gran relevancia por el impacto a nivel de ambiente laboral, porque como parte de la organización y planificación para mejorar la gestión de la calidad, se tiene muy presente al servidor judicial.  El talento humano es fundamental para tener éxito en una organización y con ello se ha logrado un cambio cultural, donde las personas usuarias son nuestro objetivo principal y tiene evidencia sobre el servicio que reciben a partir de esta gestión de calidad”, afirmó la magistrada Varela Araya.