Mantener la prestación de los servicios esenciales y ordinarios es una prioridad en el Poder Judicial frente al impacto que representa trabajar con un presupuesto ajustado desde el 2018.

El decrecimiento presupuestario debe distribuirse entre  los ámbitos Administrativo, Jurisdiccional y Auxiliar de Justicia, que involucra al Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, obligando a la institución a priorizar sin posibilidad de asumir nuevas funciones y hacerle frente a obligaciones legales aprobadas por la Asamblea Legislativa.

Cumplimiento de directrices presupuestarias. En el 2019, el Poder Judicial brindó  servicios con el mismo presupuesto que se aprobó en el 2018,  aproximadamente con 474 mil millones de colones. Para este año 2020, dicho monto registró una disminución del 0,2% y bajó  a 472.677 millones colones. La propuesta  para el 2021 registra un 0,87% de recursos menos, es decir cerca de 468.793 millones de colones.

Esta disminución paulatina que se refleja en cada ejercicio económico es producto del cumplimiento de las directrices presupuestarias giradas por el Ministerio de Hacienda y la voluntad institucional de recortar el plan de gastos para, como Estado, hacerle frente a la crisis económica que vive  el país.   

Esta estrechez  presupuestaria la visibiliza el Tercer Informe del Estado de la Justicia, en el que se indica que  a partir del 2018, el presupuesto de este Poder de la República  inició un decrecimiento ante la situación fiscal del país, por lo que actualmente, el Poder Judicial tiene un margen mínimo para financiar nuevas competencias. Esta limitación fiscal dificulta la implementación y el seguimiento de leyes que aunque aprobadas, no se han desplegado en su totalidad. La mayoría de estas reformas legales afectan al ámbito jurisdiccional.

Ajuste en el presupuesto. Al recibir la solicitud del Ministerio de Hacienda para reducir el plan de gastos en ejecución, se realizó un análisis técnico para determinar el monto y las subpartidas que se podían reducir sin afectar  la operatividad institucional y consecuentemente el servicio público de  los órganos judiciales.

Es por ello que el estudio técnico de la institución, concluyó que la reducción y contención del gasto procedía por un monto de  ¢2.562.738.982,00, en los programas presupuestarios Administrativo, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial,  Defensa Pública, Servicios Jurisdiccionales y el Servicio de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

Tal y como se detalló en la sesión de Corte Plena del lunes 20 de julio 2020, el  Consejo Superior aprobó la  propuesta técnica, por el monto señalado.   Sin embargo sin consultar al Poder Judicial, la cartera de Hacienda duplicó ese monto que no toma en consideración los compromisos a los que debe hacerle frente el Poder Judicial.

Además debe tenerse presente, que desde el 3 de abril 2020, el Poder Judicial aprobó  una modificación a su presupuesto mediante la cual se trasladaron recursos al Ministerio de Hacienda para atender la emergencia generada por el Covid-19. La suma trasladada fue de 1.700 millones de colones, conforme recursos aportados por Ministerio Público (136 millones), Defensa Pública (79 millones), Organismo de Investigación Judicial (1.000 millones) y ámbito administrativo (80 millones), entre otros.

Ambos rebajos parten de proyecciones y estudios,  a  diferencia de esta reducción adicional que fue tramitado de manera inconsulta por el Ministerio de Hacienda y sin rigor técnico, por lo que impactará el cumplimiento de las metas y objetivos trazados por el Poder Judicial para el actual  ejercicio presupuestario.

•  Consejo Superior aprobó informe de la Dirección de Planificación sobre evaluación de Planes Anuales Operativos del 2019.

 La gestión de los despachos judiciales del país durante el 2019 alcanzó un nivel de cumplimiento de metas operativas de un 96,77%.  Así se desprende del informe N° 721-PLA-EV-2020 del 20 de mayo de 2020, del Proceso de Planeación y Evaluación de la Dirección de Planificación, el cual conoció y aprobó el Consejo Superior del Poder Judicial.

 Para el seguimiento de las labores operativas y su vinculación con el Plan Estratégico Institucional, la Dirección de Planificación diseñó la herramienta informática “Sistema PEI”, para el control del cumplimiento de los compromisos del Plan Estratégico Institucional. 

 Además se emprendieron mejoras al Sistema de Formulación y Seguimiento de los Planes Anuales Operativos, para la vinculación de ambos.

 La evaluación de los cumplimientos de las metas de los PAO se realizó con corte al 24 de enero de 2020 y midió el estado de los avances de las metas operativas del 99,88% de las oficinas judiciales del país.

 Cabe destacar que el 96,77% de cumplimiento que se registró en el 2019 es mayor al de años anteriores.

 “Para ser un porcentaje que equivale a todas las labores ejecutadas a lo largo del año podría constituirse como un valor con un comportamiento mayor que en años anteriores, debido al impacto y al uso cada vez más extenso del Sistema, así como una mayor aceptación y adecuación al mismo, y la cultura de planificar las metas y actividades. Resulta relevante destacar que para el 2018 los avances registrados fueron de 80,15% y para el 2017 el cumplimiento fue de 76,34%.”, destacó el informe de Planificación.

 El nivel de cumplimiento según los programas presupuestarios, destaca el alto avance de la Defensa Pública que superó el 99%, seguido del Servicio de Atención y Protección a la Víctima y Testigos y al Organismo de Investigación Judicial que reportaron un 98% de cumplimiento.  El Programa Servicio Jurisdiccional se mantiene por encima del 95% y abarca a 410 despachos.

 En el tema de cumplimiento por Ejes Transversales, el promedio de cumplimiento registra un 96,5%.  “…es un dato que destaca por el compromiso implícito en el cumplimiento de las metas operativas y su alineación de acuerdo con los ejes transversales, los cuales están presentes en el quehacer institucional con el fin de cumplir las obligaciones establecidas en los convenios e instrumentos internacionales, la legislación nacional, la normativa institucional y los compromisos asumidos por la institución” resaltó el estudio.

 En cuanto a avances de cumplimiento por Temas Estratégicos, el porcentaje alcanzado fue del 97%, con el mayor número de metas obtenidas en los temas “Confianza y probidad en la Justicia” y “Planificación Institucional”.

 El informe de Planificación detalló que de las 5.136 metas formuladas en todos los PAO de los despachos judiciales a nivel nacional, 1.784 de estas metas operativas provienen del PEI.   El 87% de las metas alcanzaron el 100% de cumplimiento, lo que generó un impacto positivo en el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional.

 El Consejo Superior aprobó el informe y las recomendaciones de mejora que incluye la Dirección de Planificación y que están dirigidas a las Administraciones Regionales, Centros de Responsabilidad, oficinas y despachos judiciales del país, con el fin de consolidar la cultura de planificación de metas en la gestión.

• Corte Plena aprueba protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos.

La Jurisdicción Contenciosa Administrativa se suma al uso de las tecnologías disponibles en el Poder Judicial, para brindar a las personas usuarias una alternativa segura en la realización de las audiencias orales.

Este lunes 29 de junio, en la sesión ordinaria de Corte Plena, se aprobó el Protocolo para la realización de audiencias orales por medios tecnológicos para la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

El magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga, coordinador de la Comisión de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, destacó que la construcción de este documento contó con la participación de juezas y jueces de la jurisdicción.

“El protocolo resulta de vital importancia para la materia contenciosa administrativa, por estar concentrada en San José y que tiene asuntos que se ubican en todo el país.  Esto va a tener una gran ventaja porque acerca todo el territorio nacional a la Jurisdicción”, afirmó Rivas Loáiciga.

La exposición del contenido del protocolo estuvo a cargo de Ileana Isabel Sánchez Navarro, jueza coordinadora del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, quien destacó que esta es una nueva opción a las personas usuarias, para garantizar la continuidad de los servicios, donde la tecnología sirve como un instrumento frente a situaciones especiales.

“Se pretende acercar la justicia Contencioso Administrativa a las personas usuarias, a través de la utilización de las herramientas tecnológicas como un instrumento de descentralización del servicio.  De igual forma, se potencia el teletrabajo, como una modalidad de llevar  a cabo la función jurisdiccional, acorde con las nuevas dinámicas de prestación de servicios, tanto en el ámbito público, como en el privado”, puntualizó la jueza Sánchez Navarro.

La normativa interna  abarca los actos procesales del Juzgado, el Tribunal y el Tribunal de Apelación Contenciosos Administrativos.

Se garantiza que la modalidad virtual de las audiencias se realizará cuando se cuente con el consentimiento de las partes. Se recalca el respeto al debido proceso en las audiencias bajo la modalidad virtual y la posibilidad de realizar audiencias de recepción de prueba y de conciliación, en el caso de éstas últimas se resguarda la privacidad.

El medio tecnológico oficial será el sistema de Microsoft Teams, autorizado por la Dirección de Tecnología de la Información.  Las Direcciones de Tecnología de la Información y de Planificación emprenderán las acciones correspondientes a corto y mediano plazo para su implementación.

Se mantendrá el carácter público de las audiencias virtuales, salvo en aquellos casos en los que por resolución del Tribunal se declare su privacidad, debidamente justificada.

En atención a los requerimientos técnicos de las partes o testigos, al no contar con acceso a medios tecnológicos, los despachos judiciales coordinarán con la Administración Regional  para propiciar espacios en el recinto judicial y con los equipos necesarios, que reúnan las condiciones de seguridad e higiene, como lo son las salas de juicio, salas de testigos o cubículos equipados para estos fines.

Se dispone la posibilidad de realizar audiencias virtuales y mixtas, cuando se requiera la comparecencia de forma presencial de alguna de las partes.

Las audiencias se grabarán mediante el Sistema de Grabación de Audiencias Orales del Poder Judicial (SIGAO), como medio oficial.

Para la atención de los procesos donde las personas intervinientes se encuentren en condición de vulnerabilidad o se requieran necesidades especiales, las personas juzgadoras deben tomar las previsiones para la participación en la audiencia y atendiendo a los lineamientos de las políticas institucionales de accesibilidad.

Realizan foro sobre conflictos de interés para potenciar transparencia e Independencia Judicial

• Tema se desarrolló en el marco de una actividad internacional virtual para puntualizar sobre la adecuada gestión del conflicto de interés en la administración de justicia.

En el marco de la Inauguración del Año Judicial 2020, la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) en coordinación con la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, realizaron un foro internacional virtual denominado “De la declaración de intereses a la era de la gestión del conflicto de interés para la transparencia e independencia judicial”.

El objetivo fue promover un espacio de reflexión para abordar el tema de los conflictos de interés en el Poder Judicial y así contribuir al aseguramiento de la imparcialidad, la probidad en el ejercicio de la función judicial para la tutela  del  interés público.

Los principales temas abordados fueron la Independencia Judicial; Fortalecimiento de la Administración Pública, Conflicto de interés en el personal judicial; Transparencia, rendición de cuentas; Prevención y lucha contra la corrupción, así como Justicia pronta y cumplida con servicios de calidad.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro inició con la conferencia magistral “Retos de la Independencia Judicial en el Siglo XXI”, en la cual destacó que una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos, ni determinada la separación de los poderes, carece de Constitución, “La Independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales de un Estado Constitucional y Social de Derecho”.

“La parcialidad de las funciones jurisdiccionales conlleva específicas garantías que se manifiestan en la posición de autonomía, independencia e imparcialidad del juez. Si estas garantías no se definen adecuadamente, imponiendo límites claros y definidos a los otros poderes, la independencia judicial se convierte en una palabra, en un discurso ampuloso, sin contenido”, señaló el Magistrado Cruz Castro.  

Posteriormente se realizó el panel “Relevancia del conflicto de interés en la función pública”, para reflexionar desde diversas visiones e instituciones sobre el tema y de esta forma, tener una mejor compresión de la importancia que reviste para la institucionalidad pública y sobre todo para el fortalecimiento de la Administración de Justicia y el Estado de Derecho.

Este panel fue moderado por la Magistrada de la Sala de Casación Penal, Sandra Zúñiga Morales, quien realizó una instrucción de la evolución histórica del tema, especialmente recalcando el movimiento de los años noventa relacionada con la revalorización de la democracia como forma de gobierno, resaltando la importancia de la ética política, probidad, transparencia en la gestión del Estado y el combate a la corrupción.  De igual manera se recalcó la relevancia que distintas iniciativas e Informes internacionales han dado al tema, así por ejemplo la OCDE en el 2000, que llama a los conflictos de interés como un tema urgente de tratar en los Estados, por eso este foro para “reflexionar, concientizar, pero sobre todo para trabajar” expresó la Magistrada Zúñiga Morales.

El Consultor Internacional en temas de gobierno corporativo y gestión del riesgo de corrupción de Colombia, Wilson Alejandro Martínez Sánchez se refirió a “La gestión de los conflictos de interés en el servicio público: directrices internacionales y experiencias en otros países”.

“El Problema se presenta cuando la persona  funcionaria que se encuentra en un conflicto de interés lo maneja de manera inapropiada y se convierta en un acto de corrupción. Porque si el servidor o servidora pública actúa de manera transparente e íntegra, declarando su conflicto, poniéndolo de manifiesto y apartándose de la decisión, el funcionario obra de manera correcta e íntegra y en esa medida no hay un acto de corrupción que se le pueda impugnar”, analizó Wilson Alejandro Martínez.

Por su parte, el Procurador del Área de la Ética de la Procuraduría General de la República de Costa Rica, José Armando López Baltodano reseñó sobre “El cumplimiento de las normas nacionales e internacionales para el fortalecimiento de la ética pública y lucha contra la corrupción”.

“Nuestro país ha suscrito las tres principales convenciones anticorrupción y forma parte por lo tanto de ese ámbito de competencia a nivel de prevención, detección y sanción de la corrupción.

La Sala Constitucional ha desarrollado una vasta jurisprudencia que refiere los principios de gestión pública, la idoneidad, la eficiencia e igualdad, la buena fe, la rendición de cuentas, la transparencia, la responsabilidad y el control jurisdiccional”, afirmó José Armando López.

La Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro analizó la “Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de conflictos de interés en el Poder Judicial: Retos y oportunidades para la Administración de Justicia”.

“En lo personal, considero que hemos iniciado un camino que nos conduce a una mayor calidad en la administración de justicia, permitiendo una mejora continua en el quehacer judicial, respondiendo a la naturaleza que debe tener un sistema judicial en un país democrático como el nuestro.

Mi mensaje es de positivismo, frente a las acciones que hemos adoptado para proteger a nuestro sistema, de injerencias indebidas que puedan afectar el acceso a una justicia pronta, cumplida, seria, eficaz, transparente e independiente, sin dejar de lado que nos quedan muchos retos y aspectos por mejorar”, puntualizó la Magistrada Patricia Solano.

La Vicepresidenta de la Corte añadió que “los esfuerzos por fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la institución no son nuevos, si no que iniciaron desde hace varios años, no obstante, se han visto materializados en mayor medida con una serie de disposiciones adoptadas de forma reciente, apostando por reformas ambiciosas en estos temas, creando herramientas útiles para alcanzar nuestros objetivos”.

El foro se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams, coordinado por la OCRI con la colaboración de la Dirección de Tecnología de la Información, la Oficina de Cumplimiento, y el Despacho de la Presidencia.