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Personal judicial en teletrabajo podrá optar por servicio de internet favorable

Poder Judicial y el ICE firman convenio interinstitucional

Manual interno establece procedimiento para suscribir contratos personales con tarifa diferenciada.

Las personas trabajadoras judiciales que realizan sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo, podrán acceder a tarifas de internet diferenciadas, con la firma del convenio interinstitucional entre el Poder Judicial y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

El Consejo Superior aprobó la suscripción del convenio en la sesión del  N° 97-2020 celebrada el 8 de octubre de 2020 y se estableció un “Procedimiento institucional para que las personas funcionarias y servidoras judiciales suscriban contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad, para optar por los beneficios del Plan Teletrabajo”.

La firma del convenio se dio este jueves 19 de noviembre entre el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y los representantes del ICE, la Directora de la Unidad de Ingresos, Yorleny Ruiz Hernández y el asesor jurídico Juan Lisandro Cordón.

El Magistrado Fernando Cruz destacó que se permitirá brindar una alternativa a todas las personas funcionarias y servidoras judiciales, para optar a título personal por un servicio de acceso a internet con condiciones favorables.

“Nuestro país ha sido pionero en América Latina en declarar el acceso al internet como derecho humano, mediante la vía jurisprudencial. Ese acceso al internet como derecho fundamental también ha sido reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de su relatoría especial para la libertad de expresión, cuando en el año 2013 señalaba que ese acceso posee una serie de principios orientadores como lo son: el acceso al internet en igualdad de condiciones, el pluralismo informativo, la no discriminación y la privacidad”, puntualizó Cruz Castro.

Por su parte, Yorleny Ruiz resaltó la consolidación de ambas instituciones que se unen para buscar un fin común que es llevar a través de la tecnología el teletrabajo en mejores condiciones.

“Este acuerdo viene a fortalecernos esa sinergia y en esa consolidación que debemos tener como empresas estatales, al ser el ICE un aliado tecnológico por excelencia”, agregó la Directora de la Unidad de Ingresos.

Los contratos que el personal judicial suscriba serían a título personal, pero con condiciones diferenciadas, que permitirán acceder a un servicio que permita una comunicación ágil, con mayor capacidad para transferencia de voz, datos y video; así como estables que permitan la continuidad del servicio de las personas teletrabajadoras.

Este es un esfuerzo más por reforzar el teletrabajo en el Poder Judicial, que se ha constituido en una herramienta institucional más, ante la situación sanitaria que enfrenta el país por el COVID-19.

El manual de procedimiento institucional establece una serie de requisitos que deben cumplir las personas trabajadoras judiciales interesadas en suscribir con el ICE- Kölbi en el Plan TELETRABAJO.

Se debe solicitar ante la Dirección de Gestión Humana o en las Administraciones Regionales del país, una certificación de que se labora en la modalidad de teletrabajo.

Según la zona de residencia, se deberá contactar a las personas ejecutivas de ventas asignados por el ICE, para determinar la zona de cobertura de fibra óptica o enlace de cobre y en este servicio se le remitirá el Formulario de mejoramiento de condiciones de conectividad”.

Solo se podrá suscribir un servicio de oferta de Teletrabajo bajo una misma cédula.

La persona funcionaria o servidora judicial deberá notificar al ICE, por medio del ejecutivo de la zona, cuando cese de laborar en la modalidad de teletrabajo para el Poder Judicial o del todo ya no labore para la institución. Para este fin, le será brindado por el ICE-Kölbi, el Formulario de Inclusión/Exclusión de Colaboradores, el cual deberá remitirse vía correo electrónico al Ejecutivo de Ventas, debidamente firmado.

Poder Judicial cuenta con protocolo para el manejo adecuado de residuos ante pandemia

El Poder Judicial cuenta con el “Protocolo para la gestión de residuos generados en el contexto de la pandemia ocasionada por el Covid–19”, el cual complementa los protocolos institucionales existentes sobre medidas para evitar el contagio y propagación de esta enfermedad.

La Magistrada y coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, Damaris Vargas Vásquez indicó que el objetivo del protocolo es regular la gestión integral de residuos y el uso eficiente de los recursos en el Poder Judicial.

Lo anterior, en el marco del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en las convenciones internacionales ambientales y la normativa interna, en especial, la Ley de Gestión Integral de Residuos y los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud, Corte Plena y Consejo Superior con ocasión de la pandemia.

“Se pretende evitar que el inadecuado manejo de los residuos impacte la salud humana y los ecosistemas, e influir en las pautas de conducta de las personas servidoras judiciales, promoviendo un enfoque preventivo en la toma de decisiones. La idea es que asumamos nuestra responsabilidad y los costos asociados a una adecuada gestión de los residuos valorizables en el contexto de la pandemia y reforzar las buenas prácticas de separación de residuos en los centros de trabajo” puntualizó Vargas Vásquez.

Para un manejo adecuado de residuos valorizables en este contexto se recomiendan las buenas prácticas de separación de residuos en los centros de trabajo, evitar y reducir al máximo la generación de residuos en su origen como un medio para prevenir la proliferación de vectores relacionados con las enfermedades infecciosas y la contaminación ambiental.

Evitar estornudar o toser encima o cerca de los residuos valorizables ya que se convierten en superficies en las cuales puede sobrevivir el virus del COVID-19, así como evitar que se llenen de polvo, pues hay mayor probabilidad de que las gotas de saliva se adhieran a ellos. 

Seguirán un protocolo de desinfección y limpieza los equipos de protección personal, trapos de limpieza de superficies, botellas de alcohol de uso diario, entre otros.

Los residuos sólidos asimilables no son valorizables (reciclables), aunque posean materiales valorizables (plástico, aluminio, etc.) ya que pueden estar contaminados, por lo que deben depositarse en bolsas separadas de los residuos ordinarios. Previo a sacar la bolsa del recipiente de residuos, esta debe ser amarrada para evitar que su contenido sea vertido de manera accidental.

Los residuos sólidos asimilables de manera exclusiva se deben disponer en una bolsa plástica resistente o en su defecto en doble bolsa, la cual debe estar rotulada con la leyenda “Residuos de limpieza y desinfección”.

La aprobación del protocolo fue por el Consejo Superior del Poder Judicial, en sesión N° 97-2020 celebrada el 08 de octubre del 2020.

La vigilancia del cumplimiento de las disposiciones indicadas corresponderá a las jefaturas de las distintas oficinas y despachos judiciales. De igual forma, la Comisión de Gestión Ambiental Institucional brindará seguimiento y asesoría a las directrices aquí indicadas.

Prestación de servicio eficiente se mantiene como prioridad

  • Sistema de Depósitos Judiciales mantiene un importante movimiento.
  • Uso de servicios digitales sigue como alternativa para las personas usuarias.

Garantizar un servicio de calidad de manera continua y eficiente, sigue como prioridad para el Poder Judicial, que, mediante la labor de su personal humano y el uso de los recursos tecnológicos, materializan estos esfuerzos en un servicio de justicia pronta y de acuerdo con las necesidades de las personas usuarias.

De esta forma, el Sistema de Depósitos Judiciales, sistema por el cual se registra el dinero que se recibe, autoriza y paga dentro de los procesos judiciales, sigue mostrando altos índices de efectividad, lo anterior con el propósito de mantener activa la economía del país.

A continuación, se presenta el movimiento de dicho sistema en el período comprendido entre el 23 de marzo y el 31 de octubre del presente año.

En este período, el Poder Judicial ha pagado a las personas usuarias ¢142,472.64 millones, $12,90 millones y 1.617,00 Euros, es decir, un promedio diario de ¢624.88 millones y $56.588,77, los pagos se realizaron mediante más de 1,383,274 millones de gestiones.

En cuanto a depósitos, se recibieron ¢141.581.53 millones, $14.86 millones y 114.266.84 euros, en 1,349,584 gestiones, mientras que las autorizaciones de pago hechas por los Juzgados fueron de ¢142.895.48 millones y $12,95 millones y 3.750,00 Euros, en 1,407,929 gestiones realizadas.

Movimiento de servicios tecnológicos

Las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Poder Judicial permitieron que las personas usuarias realizaran sus consultas desde su casa u oficina, sin tener que trasladarse hasta el despacho correspondiente, para revisar el expediente. Dichos sistemas tuvieron un movimiento importante en los meses comprendidos entre marzo y octubre del presente año.

En ese período, se entregaron 276.115 hojas de antecedentes penales, se registró la presentación de 135.646 demandas y 1.324.111 escritos, también, se tramitaron 5.349 certificaciones de pensión alimentaria, 22.149 órdenes de apremio y 3.108.774 notificaciones.

En lo que respecta a los trámites de impedimento de salida del país, se gestionaron 48.249 consultas directas de personas usuarias y se recibieron 585.007 consultas por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Finalmente, se registraron 2.281.604 consultas de jurisprudencia en el buscador Nexus PJ, 7.7911 consultas al Chatbot del Poder Judicial, se tramitaron 61.685 claves de Gestión en Línea y se tramitaron 1.130.795 expedientes electrónicos.

Primer Congreso Internacional de Justicia Restaurativa permite intercambio de experiencias, aprendizajes y retos

  • Actividad se centra en los desafíos que se plantean en esta modalidad de justicia en medio de la pandemia por el COVID-19

Con la participación de gran cantidad de países a nivel latinoamericano y otras regiones, inició con éxito el “Congreso Internacional Justicia Restaurativa: Desafíos ante la nueva realidad de la COVID-19” organizado por la Dirección de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica, con apoyo de la Escuela Judicial y la Dirección de Tecnología de la Información.

La actividad se inauguró el pasado martes 10 de noviembre y contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y del Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

Cruz Castro destacó el papel de la Justicia Restaurativa como una vía para la paz en tanto que es un modelo para abordar el conflicto y la infracción que permite evidenciar los discursos y prácticas que sustentan la violencia, reparar tejido social y hacer frente a algunas manifestaciones de la marginación y la exclusión.

“La Justicia Restaurativa resulta ser un magnífico mecanismo para la reinserción social, disminuyendo la reincidencia delictiva y por ende aumentando la seguridad ciudadana”, dijo el Presidente de la Corte.

En relación con el tema del impacto de la pandemia por el COVID-19, Cruz Castro subrayó la dificultad que esto vino a representar para los Poderes Judiciales, los cuales se encontraron con el enorme desafío de acelerar las transformaciones de modernización de los servicios de justicia para garantizar los derechos fundamentales de las personas en un contexto de confinamiento.

Contar con una Justicia Restaurativa preparada para esta nueva “normalidad” tendrá como consecuencia obtener una justicia más humana, realista, integral y con un abordaje interdisciplinario, favoreciendo la autonomía de las víctimas, personas ofensoras y a la comunidad, generando un mayor índice de satisfacción en la forma de abordar el delito”, finalizó el Presidente de la Corte.

Por su parte, el magistrado y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, realizó una contextualización del proceso restaurativo en nuestro país, destacando su nacimiento como un procedimiento para aplicar los institutos de resolución alterna de conflictos, con la finalidad de promover un cambio de paradigma en la administración de justicia.

Alfaro Vargas enfatizó en la capacidad que tiene este procedimiento para resolver las controversias de forma integral, con la participación activa de la víctima, la persona ofensora y la comunidad, mediante la intervención de un equipo interdisciplinario y especializado.

El magistrado mencionó que en relación con la emergencia que se vive por la pandemia, la Dirección de Justicia Restaurativa, el Centro de Conciliaciones así como las respectivas coordinaciones del Ministerio Público, Defensa Pública y Departamento de Trabajo Social y Psicología y con la anuencia del Consejo Superior, lograron aprobar desde el pasado mes de abril los lineamientos de virtualidad y cumplimiento de los aspectos de bioseguridad, para continuar brindando los servicios de Justicia Restaurativa en el Poder Judicial.

Este primer día contó con la participación de los expositores internacionales Luciana Cataldi, Consultora experta de Argentina y Paulo Moratelli, Consultor experto de Brasil, quienes compartieron sus experiencias en la materia.

Luciana Cataldi se refirió entre otros aspectos a la importancia del tema emocional, en donde explicó que en los procesos restaurativos se deben ver más allá del tema individual y orientar los esfuerzos al estado emocional social, resaltando la importancia del diálogo en estos procesos. Aspectos como la importancia de la conducta y el reconocimiento del estado de ánimo de las personas según sus gestos y lenguaje, así como el papel del mediador como un ente imparcial en el proceso fueron parte de su exposición.

Entre tanto, el especialista Paulo Moratelli, hizo énfasis en el tema de los valores y principios, más en tiempos de COVID, en donde se deben fortalecer las relaciones personales con quienes han pasado por un conflicto, especialmente en delitos más graves. “Necesitamos tener buenas relaciones todo el tiempo, ese el propósito de los procesos restaurativos”, indicó Moratelli.

La actividad contó con la participación de más de 200 personas y se llevó a cabo mediante la plataforma “Microsoft Teams”. El Congreso se extendió hasta el pasado 12 de noviembre.

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