• Informe Anual de Labores se rindió ante Corte Plena.

 Un servicio efectivo y ágil, de la mano de la tecnología, es lo que consolida el accionar de la Defensa Pública ante el reto de garantizar la tutela efectiva de los derechos de las personas usuarias. Así lo destacó el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo, durante el Informe Anual de Labores que presentó en la Corte Plena.

 “Con la virtualización del servicio de la Defensa Pública, en tiempos de pandemia, hemos optimizado el acceso a la justicia y un importante ahorro de recursos para el Poder Judicial; con la posibilidad de que todas las personas tengan mejores condiciones para poder ser atendidas en materia de pensiones alimentarias, laboral, disciplinaria, contencioso administrativo. También hemos atendido personas indígenas y realizado incluso visitas carcelarias”, puntualizó Pérez Murillo, quien asumió la Dirección del órgano auxiliar de justicia en setiembre del 2020.

 Se resalta el impacto de la virtualización en el servicio de pensiones alimentarias, que mediante el establecimiento de estaciones virtuales de atención, se llegó a localidades como Jicaral, Osa, Jimenez, San Vito de Coto Brus, donde no se contaba con personal de la Defensa Pública destacada, acercando la justicia a estas comunidades.

 El éxito de la atención virtual se extiende a la materia laboral, que ha permitido llevar los servicios de asistencia legal, sin requerir el desplazamiento del personal judicial, ni de las personas usuarias.  Además, desde la página web de la Defensa Pública se incorporaron formularios en línea con códigos QR que permiten a las personas usuarias adelantar sus procesos en línea y solicitar el servicio de esta manera.

 Esta modalidad también alcanzó la capacitación del personal y las reuniones a lo interno de la Defensa en todo el país, optimizando los tiempos y generando un ahorro económico en viáticos y transporte.

 Desde la política institucional de teletrabajo, la Defensa Pública apuesta a esta modalidad y cuenta con 80 funcionarios y funcionarias que laboran con la suscripción de los respectivos contratos.

 A nivel general, la materia penal es el servicio de mayor demanda en la Defensa al contabilizar a marzo de 2021 un total de 77 783 casos activos, seguido de la materia laboral con 32 146 asuntos y pensiones alimentarias con 12 787 procesos activos.  Sin dejar de lado la atención de procesos judiciales en ejecución de la pena, penalización de la violencia, penal juvenil, agrario, disciplinario, ejecución penal juvenil, contravencional y familia.

 En cuanto a la atención de poblaciones indígenas, se contabiliza la representación legal de un total de 2279  personas usuarias.

 El Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, destacó la revisión de los procesos de la entidad, para impulsar la modernización, como un objetivo estratégico.

 “Se mantienen los distintos proyectos de virtualización y se está trabajando en conjunto con la Dirección de Tecnología de la Información con proyectos de modernización, así como la propuesta, con la colaboración de una Universidad, de la construcción de una App para las personas usuarias de la Defensa Pública”, afirmó el jerarca judicial.

•  En acto oficial se firma Carta de Entendimiento.

 La cooperación del Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, en materia de Justicia Restaurativa hoy se fortalece con la firma de la Carta de Entendimiento entre ambas entidades.

 La alianza de cooperación interinstitucional en Justicia Restaurativa permitirá emprender acciones conjuntas en materia de formación y capacitación, investigación técnica y el intercambio de conocimientos e información de interés y la asesoría en esta materia.

 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, afirmó que “el Colegio de Abogados es un aliado natural, indispensable  para el Poder Judicial y esta iniciativa refuerza los lazos históricos de cooperación.  La Agenda 2030 de Naciones para el Desarrollo Sostenible, establece en su numeral 17 la creación de alianzas para lograr objetivos en un mundo globalizado.  La búsqueda de esas alianzas entre instituciones, sociedad civil y ciudadanía constituyen la meta para materializar objetivos conjuntos”.

 El magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, resaltó que “En este mes de celebración del bicentenario de la independencia del país, que mejor forma de que se continúe escribiendo historia, que: entrelazando esfuerzo, trabajo y visiones, en pro de Costa Rica. El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, a 140 años de su creación, continúa realizando importantes aportes para la mejora en la Administración de Justicia, precisamente el día de hoy se reafirma, una vez más, ese compromiso con el Poder Judicial, al rubricarse la carta de entendimiento con Justicia Restaurativa. ”

 Para el Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Alvaro Sánchez González, la Justicia Restaurativa contribuye con la humanización del proceso penal, con lo cual se comparte la visión de Derechos Humanos del Colegio de Profesionales que representa.

  Desde hace casi 10 años Costa Rica realiza una apuesta por la incorporación de la Justicia Restaurativa en los procesos penales, penales juveniles y actualmente contravencionales.  El modelo se consolidó con la entrada en vigencia de la Ley 9582 de Justicia Restaurativa, en enero de 2019. Sumando a estos procedimientos, el aprobado por Reglamento de la Corte Suprema de Justicia en setiembre del 2019, para atender por Justicia Restaurativa asuntos disciplinarios.

• En VIII Edición del Concurso de Buenas Prácticas.

 35 oficinas y despachos judiciales de los ámbitos administrativos, jurisdiccional y auxiliar de justicia, en todo el país, presentaron sus propuestas de mejora del servicio judicial, en la VIII Edición del Concurso de Buenas Prácticas del Poder Judicial.

 “Cada uno de los aportes de estas oficinas participantes muestran un Poder Judicial interesado por mejorar su servicio, desde quienes realizan una labor cercana con las personas usuarias.  Escuchar ese espíritu de colaboración e innovación es lo que le da la relevancia a este concurso, que abre la posibilidad de que las buenas ideas sean escuchadas y replicadas. Este es el Poder Judicial que debemos seguir fomentando”, afirmó el magistrado coordinador de la Comisión de Buenas Prácticas, Luis Guillermo Rivas Loáiciga.

 Para la magistrada integrante de la comisión, Julia Varela Araya, el compromiso de la población judicial en este proceso “… nos llena de confianza en tener una población judicial que quiere mejorar su trabajo, de hacer las cosas bien y obtener buenos resultados para dar un mayor aporte a la ciudadanía. Son generadores y generadoras de un cambio en favor del servicio que brinda el Poder Judicial”.

 Para la integrante del Consejo Superior, Sandra Pizarro Gutiérrez, “… con estas buenas prácticas, el ganador va a ser la persona usuaria, desde el objetivo del Poder Judicial de visualizar la mejora en la gestión y atención al usuario y usuaria.  Las propuestas ingresarán al Banco de Buenas Prácticas de la institución y podrán ser replicadas por los despachos judiciales a nivel nacional”.

Gary Bonilla Garro, integrante del Consejo Superior y de la comisión, resaltó  el aporte del Laboratorio de la Escuela de Administración de la Universidad de Costa Rica por sus recomendaciones en innovación, conceptos y aplicabilidad en momento de cambio como los que se están viviendo y “…Destaco el Concurso de Buenas Prácticas como una materialización de la Justicia Abierta, plasmándose específicamente en los principios de participación, colaboración y transparencia dentro de la administración de justicia”, puntualizó.

 El concurso inició en mayo del 2021, con la convocatoria de inscripción, promoviendo la participación de la población judicial, desde aspectos como la innovación, la replicabilidad y la sostenibilidad.

 Para esta edición se tiene el énfasis en Acceso a la Justicia y Poblaciones en condición de vulnerabilidad, lo cual se evalúa si las buenas prácticas que se presentan abordan o contemplan temas de personas migrantes, poblaciones indígenas, LGTB+, adultez, niñez, Penal Juvenil, entre otras.

• Poder Judicial de Costa Rica y Embajada de los Estados Unidos rinden informe de cierre del proyecto CORTE-USA-NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa.

 Protocolos para el abordaje de la Justicia Restaurativa, desde las diferentes instancias judiciales, capacitaciones, actividades informativas y de divulgación, acercamientos con la comunidad, materiales informativos impresos y virtuales, una página web dirigida a personas menores de edad para informar para la interacción con personas menores de edad, son algunos de los aportes que recibió la Justicia Juvenil Restaurativa costarricense, desde el aporte de la cooperación internacional.

 Durante 30 meses, el Poder Judicial de Costa Rica desarrolló con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos y la organización National Center for State Courts (NCSC) el Proyecto CORTE-USA-NCSC sobre Justicia Juvenil Restaurativa.

  Mediante un acto oficial, este miércoles 1 de setiembre 2021, se presentaron los resultados del proyecto, que vienen a aportar a la consolidación de la Justicia Restaurativa en el Poder Judicial.

 “La cooperación internacional tiene muchos efectos colaterales y no solo el proyecto en sí mismo, sino también en formación, aporte de nuevas ideas y abrir espacios de discusión.  Por eso la justicia restaurativa busca un modelo integrador de respuesta al fenómeno social, ofreciendo una imagen de una justicia más humana, considera una vía para la paz, reparadora del tejido social y que hace frente a las manifestaciones de exclusión, disminuyendo la reincidencia en el delito.  El sistema judicial se nutre de otras voces, que no son el discurso punitivo y en materia penal juvenil es de mucha trascendencia”, afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

 Para la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, “gracias a esta colaboración fue posible que se elaborara el manual y la guía para el procedimiento restaurativo en flagrancia, que era necesario, frente a los desafíos de su aplicación en este especial y expedito procedimiento, para abordar algunos casos de manera más congruente, conforme la comisión delictiva que medió en el caso concreto.  Nuestro interés siempre ha sido buscar un equilibrio entre la calidad del servicio, el respeto a la justicia pronta, cumplida y la optimización máxima de los recursos institucionales”.

 Para el Encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, Marco Mandojana, “a lo largo de estos 30 meses de trabajo conjunto con personeros del Poder Judicial y de otras instituciones, jóvenes, personas privadas de libertad, organizaciones de mujeres indígenas y afrodescendientes del país, se ha venido a fortalecer la visión holística de la Justicia Restaurativa.  Esta visión dada a las comunidades y a quienes cometen las actividades delictivas, da la oportunidad de reparar el daño, más allá de una acción punitiva, por medio de la escucha activa, del diálogo respetuoso y el apoyo a las víctimas del delito.  Pero no tendríamos tanto éxito en esta misión sin el apoyo incondicional de los distintos representantes del Poder Judicial y organismos con el National Center for State Courts”.

 “Esperamos continuar con nuestras experiencias exitosas, con los Tribunales de Tratamiento de Droga para menores e implementar más intercambios y la operatividad continua de los protocolos que pudimos desarrollar con nuestra contraparte en Costa Rica y trabajar con la sociedad civil y las poblaciones indígenas y el Poder Judicial”, afirmó el Consejero Jurídico Principal del NCSC, Timothy Hughes.

 Productos de la cooperación internacional

 En total 9 categorías de productos, se concretaron a partir de la cooperación internacional entre el Poder Judicial y el Gobierno de los Estados Unidos.

 El magistrado de la Sala de III de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, detalló los productos obtenidos, muchos de los cuales se emprendieron bajo la modalidad virtual ante la pandemia mundial, pero siempre cumpliendo con la labor trazada.

 “El objetivo general del proyecto estuvo enfocado en contribuir desde el enfoque restaurativo al acceso a la justicia, con un mayor uso de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Soluciones y sanciones alternativas, distintas a la privativa de libertad, que fortalecen los procesos de la población vulnerable, como lo son las personas usuarias de los procesos penales juveniles a nivel nacional, con especial atención a las zonas de Limón. Pococí, San Carlos y Puntarenas”, explicó Alfaro Vargas.

 Se construyeron protocolos de actuación para el Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Juvenil, para la Inserción Social y de interacción con la Policía Judicial, una Matriz de Factores de Riesgo y Factores de Protección de Planes Reparadores y la Guía y Manual de Flagrancia y Justicia Restaurativa.

 La cooperación permitió la realización de 14 capacitaciones y la formación de  477 personas judiciales y de otras instituciones fuera del Poder Judicial, en esta materia y el desarrollo de encuentros intersectoriales con poblaciones costeras y fuera de la Gran Área Metropolitana.

 También se cuenta con material informativo impreso y videos para información de las personas usuarias y material especial para distribuir en poblaciones indígenas; así como la creación de una página web dirigida a personas menores de edad con información sobre la justicia penal juvenil.

 Estos y otros productos puede ubicarlos en https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/

 En la actividad participaron jerarcas del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, la Escuela Judicial, de la Subcomisión Penal Juvenil, del Consejo Superior y del Departamento de Trabajo Social y Psicología, de las Direcciones de Planificación y Tecnología de la Información, actores principales en Justicia Restaurativa.