Las acciones administrativas emprendidas durante el 2020 para el efectivo funcionamiento del Poder Judicial, las expuso el Consejo Superior en un detallado informe de labores que presentó en la sesión de Corte Plena de este lunes 15 de febrero de 2021.

La exposición de la gestión administrativa judicial estuvo a cargo de los y la integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, Gary Amador Badilla, Gary Bonilla Garro y Sandra Pizarro Gutiérrez.

El informe del órgano judicial administrativo destacó acciones en materia presupuestaria, atención de la emergencia por COVID-19, construcción y mantenimiento de infraestructura, requerimientos y apoyo a las oficinas y despachos judiciales, el respaldo al proyecto de Modelo Integral del Proceso Penal, aplicación del régimen disciplinario, la labor en la integración de comisiones y el trabajo en el Modelo de Gestión de Riesgos de la Institución.

El integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga resaltó el presupuesto para la atención de la pandemia, en áreas como la compra de implementos de limpieza, equipo de protección y licencias, equipos de software y mejorar la conectividad para brindar el servicio judicial; así como el establecimiento de directrices y acuerdo administrativos para establecer medidas sanitarias.  Resaltó que durante 2020 se emprendieron labores para mantener la estabilidad de la estructura judicial, con el reforzamiento estructural y eléctrico.

Por su parte, Gary Amador Badilla expuso la importancia del Plan de Modelo Integral del Proceso Penal, donde dio un fuerte apoyo en materia de administración del recurso humano; así como un monitoreo permanente para establecer las prioridades y ajustes en eficiencia, tendientes a fortalecer la gestión de los Tribunales.

La integrante Sandra Pizarro Gutiérrez afirmó que se le dio prioridad en la reducción de plazos en la resolución de asuntos disciplinarios en procesos que involucraron medidas cautelares o revocatoria de nombramientos y se trabajó de manera coordinada con la Comisión de Asuntos Laborales y el Tribunal de la Inspección Judicial.  Detalló que durante el 2020 se conocieron 427 asuntos disciplinarios, de los cuales 380 de éstos se resolvieron con lugar y sanción correspondiente, además, se trabajaron planes de descongestionamiento.

En materia de participación de comisiones, la exposición estuvo a cargo del integrante Gary Bonilla Garro y señaló que se trabajó en coordinación con  la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, así como el seguimiento, en conjunto con la Unidad de Control Interno, la Dirección de Planificación y de Tecnología de la Información, el modelo de gestión de riesgos para lograr la integración del Plan Estratégico Institucional y el Plan Anual Operativo y el SEVRI, con lo cual se alcanzó el alineamiento en el 2020 de un total de 109 metas, de las 120 metas estrategias existentes.

• Funcionario rindió informe de labores 2015-2021 durante la sesión ordinaria de la Corte.

Por un nuevo período de seis años, el magistrado Max Esquivel Faerrón, asumirá el cargo en propiedad en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), luego de la designación que hizo Corte Plena este lunes 15 de febrero de 2021.

La reelección de Esquivel Faerrón se dio por unanimidad de la Corte Plena.

Durante la sesión, el funcionario del TSE dio un amplio informe de labores sobre el trabajo emprendido entre el 2015 y 2021 en el cargo de magistrado propietario del TSE.  Destacó el trabajo en temas como la garantía de la participación ciudadana inclusiva y un Estado Democrático de Derecho, igualdad de género y el fortalecimiento de la deliberación informativa para el ejercicio del sufragio, entre otros temas.

Los nombramientos a los cargos de la magistratura en el Tribunal Supremo de Elecciones son competencia de la Corte Suprema de Justicia, así lo dispone el artículo 100 de la Constitución Política de Costa Rica.  La designación es por un período de seis años.

• Corte Plena conoce informe de Contraloría de Servicios y acoge recomendaciones de mejora.

Una serie de recomendaciones se considerarán en el Poder Judicial, para mejorar la atención telefónica de las personas usuarias.  Corte Plena conoció este lunes 18 de enero, un estudio elaborado por la Contraloría de Servicios para profundizar en la efectividad del servicio.

Con un total de 5.350 llamadas realizadas en todos los Circuitos Judiciales del país, durante el mes de octubre, se determinó que el 68,95% de las llamadas hechas a los despachos judiciales recibieron una respuesta positiva, al atender la consulta durante el mes en estudio. Es decir 7 de cada 10 llamadas se atienden.

El Informe denominado “Revisión y seguimiento de la atención de llamadas telefónicas en los despachos del Poder Judicial”, estuvo a cargo de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial y las Contralorías de Servicios Regionales.

Según destacó el Contralor de Servicios del Poder Judicial, Erick Alfaro Romero, en promedio, se realizaron unas 412 llamadas diarias, entre el 14 y el 30 de octubre del año pasado.

“El propósito fue conocer la atención telefónica que se brindó en oficias judiciales especialmente en las jurisdicciones y principalmente, en el contexto de la pandemia por COVID-19 y con ello damos cumplimiento a la solicitud de Corte Plena en el tema”, afirmó Alfaro Romero. 

Cabe considerar que durante el 2020, a partir de la declaratoria de emergencia sanitaria por el COVID-19, el Poder Judicial ha tenido que recurrir al cierre constante de despachos, debido a los casos positivos registrados en la población judicial y proceder con el protocolo de limpieza profunda y desinfección de los espacios de trabajo, para la protección de la salud del personal judicial y las personas usuarias que se atienden.

“Hemos estado viendo una dinámica con motivo de la pandemia y que se debe considerar en este tipo de ejercicios, como lo es el cierre de oficinas por casos positivos y órdenes sanitarias; así como la alta demanda que registran muchos servicios judiciales en la Gran Área Metropolitana”, explicó el Contralor de Servicios del Poder Judicial.

El Circuito Judicial de la Zona Atlántica es el que registra la mejor respuesta en atención telefónica al público, donde del total de 274 llamadas registradas en el estudio, se contestaron positivamente el 87,96%. Es decir, 9 de cada 10 llamadas recibieron contestación.

El segundo lugar en efectividad en la atención telefónica al público lo ocupa el III Circuito Judicial de Alajuela, sede San Ramón con un 87% de contestación positiva en las 133 llamadas que se realizaron a sus despachos.

Si se revisan los datos del estudio por provincia, Limón mantiene el primer lugar con un 81,36% de las llamadas con contestación positiva sobre el servicio. Seguida por Puntarenas 78,07% de efectividad del total de las llamadas a los despachos de la región.

Entre las recomendaciones que conoció Corte Plena y consideraron importante poner en práctica, están el que los despachos judiciales designen al menos a una persona para atender las líneas telefónicas y de priorizar la atención por esta vía.

Se deberá corroborar con periodicidad el correcto funcionamiento de las líneas telefónicas del despacho y analizar si existe un aumento en la cantidad de llamadas que se reciben, para que se valore la habilitación de otra línea telefónica.

Se señaló la importancia de las Administraciones Regionales de emprender una actualización de las guías de contacto, de forma periódica, para que las personas usuarias cuenten con información correcta y oportunidad, acción que se encuentra contenida en la Circular 142-2020.

• De 253 entidades públicas evaluadas a partir de sus sitios web.

Por segundo año consecutivo, el Poder Judicial obtuvo el primer lugar en el Índice de Transparencia Institucional -ITSP- al obtener una evaluación de 98,95, de 253 instituciones públicas a las que se les evaluó sus sitios web.

Los datos se dieron a conocer este jueves 21 de enero, durante una presentación virtual.

 La premiación fue presidida por la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, quien entregó el galardón en manos de la Magistrada Patricia Solano Castro, en su calidad de vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Transparencia.

El Índice de Transparencia Institucional es un instrumento de evaluación elaborado por la Defensoría de los Habitantes con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (CICAP-UCR), que mide los criterios de accesibilidad a la información pública para la transparencia y la rendición de cuentas; herramienta que acreditó los sitios web del Poder Judicial como transparentes y accesibles.

          Al respecto, la Magistrada Patricia Solano Castro señaló: “Conscientes del deber de dar acceso a los departamentos administrativos y de la importancia de brindar a la ciudadanía información pública de interés y que esta sea actual y pertinente, es que el Poder Judicial realiza acciones constantes y en forma dinámica para mantener actualizados los sitios web y que sus contenidos permitan una adecuada participación y control ciudadano”.

Solano Castro destacó que este reconocimiento se debe a tres componentes que fueron trascendentales para el logro de la meta establecida.  “Hoy, el compromiso del Poder Judicial se ve reflejado con este reconocimiento a la transparencia, gracias a que, por un lado, el esfuerzo de la labor realizada por la Oficina de Cumplimiento, quien por acuerdo de Corte Plena tiene a su cargo la supervisión del cumplimiento de la disponibilidad de información pública, por la plataforma web oficial, así como la verificación de su calidad y pertinencia de esta. También, gracias a la conformación de un Comité, por parte de la Oficina de Cumplimiento, para que, en forma colaborativa, coadyuvara en la vigilancia, control, actualización de contenido y accesibilidad de la información al ciudadano por medio de esta plataforma tecnológica, esto fue esencial en el cumplimiento de los objetivos institucionales para la transparencia y la rendición de cuentas.

Por otro lado, la materialización de este arduo trabajo se dio gracias al apoyo de la Dirección de Tecnología de Información y Comunicación del Poder Judicial, logrando construir un sitio web institucional robusto, en cumplimiento con los ejes y estándares internacionales de accesibilidad, transparencia y rendición de cuentas; establecidos por el instrumento”, señaló la vicepresidenta de la Corte.

El ITSP ha sido elaborada en colaboración con el Centro de Investigación y Capacitación en Administración Pública de la Universidad de Costa Rica y el Gobierno Digital, el cual, basado en las mejores prácticas internacionales, busca medir el estado de situación de los sitios web de las instituciones públicas y la transparencia con la que rinden la información.

“Hubo un compromiso organizacional, por lo que el reconocimiento es para todos y todas los que día a día trabajan por un mejor Poder Judicial”, concluyó Solano Castro.

En el segundo lugar se colocó el Organismo de Investigación Judicial con una nota de 97,98 y el Benemérito Cuerpo de Bomberos con un 97,57.