Sala de prensa - Page #183

Corte Plena acuerda analizar recomendaciones del Estado de la Justicia

Los magistrados y magistradas integrantes de Corte Plena acordaron analizar a fondo las recomendaciones y resultados expuestos en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022, divulgado la semana anterior.

El acuerdo se tomó por unanimidad en la sesión de este lunes 11 de julio, por considerar que las conclusiones emitidas por el Estado de la Justicia, revisten de interés para el Poder Judicial, frente a las oportunidades de mejora que señala en sus capítulos.

Para el estudio se integrará un equipo de trabajo con la participación de un magistrado o magistrada de cada Sala de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de representantes de los órganos técnicos judiciales como lo son Gestión Humana, Planificación y se solicitará la participación del Estado de la Justicia, con el fin de analizar y corroborar los datos expuestos.

Esta labor tiene como objetivo determinar acciones afirmativas que tiendan a mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a las personas usuarias en las diversas jurisdicciones.

En la sesión del próximo lunes 18 de julio de 2022, se presentará el análisis elaborado y se espera contar con la participación de representantes del Estado de la Justicia.

El acuerdo tomado por las y los jerarcas judiciales es que en un plazo menor se establezca una hoja de ruta y darle garantía a la ciudadanía de que el Poder Judicial emprenderá acciones concretas para mejorar aquellas áreas vulnerables y con el firme compromiso de trabajar por el bienestar de la justicia y la democracia costarricense.

El trabajo de análisis también contempla reuniones con la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Sala Constitucionales, en las cuales el Cuarto Informe del Estado de la Justicia centra un capítulo de investigación y resultados.

Sala Constitucional mejora los tiempos de resolución de los recursos planteados por las personas usuarias

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Sala Constitucional mejora los tiempos de resolución de los recursos planteados por las personas usuarias

Atención a las demandas permite que la ciudadanía tenga un papel protagónico en el funcionamiento de la democracia costarricense

El Cuarto Estudio sobre el Estado de la Justicia 2022 deja en evidencia una mejora constante en los tiempos de resolución de los diversos recursos planteados por la ciudadanía ante la Sala Constitucional.

El capítulo 4 de este proyecto de análisis indaga sobre diversos temas como la emisión de sentencias, la cantidad de recursos presentados, el plazo promedio de resolución, datos demográficos sobre quiénes presentan los recursos y las razones principales que dan origen a dichos recursos.

Entre los principales resultados se tiene que el plazo promedio de resolución de una acción de inconstitucionalidad pasó de 2.035 días en 2001, a 134 en 2018, mientras que en el caso de los recursos de amparo y los Hábeas Corpus se pasó de 519 días calendario a 33 días, y de 297 días calendario a 24 días, respectivamente.

Otro dato importante contenido en el informe es que entre 1989 y 2018 la Sala Constitucional emitió 348.452 sentencias. El 52,9% de ellas estuvieron asociadas a temas de trabajo y salud.

Entre todos los recursos que se presentaron en el mismo período, el 34,3% fueron rechazados, mientras un 28,6% se declararon sin lugar.

Otros datos adicionales señalan que el 97,9% de los recurrentes en las sentencias son personas físicas, con una predominancia de varones en un 76,9%.

Es importante resaltar dos conceptos que el informe investigó a través del uso de herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos: se trata de las sentencias estructurales y las sentencias referentes.

El término sentencias estructurales hace referencia a aquellas resoluciones que solucionan problemas reiterados y que afectan los derechos de muchas personas, como por ejemplo, problemas de acceso al agua potable, o algunas resoluciones sobre citas médicas.

El otro término, denominado sentencias referentes, es sugerido por el estudio y contempla a aquellas que son ampliamente recurridas en la argumentación de otros procesos jurídicos. Para que entren en esta categoría, las sentencias deben de haberse citado en al menos 10 ocasiones. En la investigación se determinó que estas resoluciones tratan principalmente sobre cinco temas: ambiente, trabajo, petición, pronta resolución y servicios público.

Para analizar las sentencias de este informe, se utilizó inteligencia artificial para detectar palabras clave, en un periodo que contempla desde el año 1989 hasta el 2021. Se identificó un grupo de 17.065 sentencias que establecen órdenes precisas para distintos autores. El informe señala que las técnicas de búsqueda y clasificación deben mejorarse a futuro, con el fin de obtener datos todavía más puntuales.

“Asimismo, del análisis de las sentencias emitidas por la jurisdicción constitucional entre 1989 y 2018 se pudo constatar un amplio y extendido uso de los recursos de amparo que evidencia un protagonismo de la ciudadanía, así como una reducción del plazo promedio de resolución de las sentencias”, afirmó Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte suprema de Justicia durante la presentación del informe a la ciudadanía.

Los medios de comunicación también son mencionados en el análisis, pues se señala un incremento en el interés por parte de estos en el quehacer de la Sala Constitucional, debido principalmente al resultado de las interacciones del Poder Judicial con otros actores del sistema político, así como sus decisiones en otros campos de interés popular. Esto genera una mayor cobertura noticiosa sobre los temas relacionados con el ente constitucional y una mayor presión sobre sus actuaciones.

El Cuarto Estudio sobre el Estado de la Justicia evidencia un protagonismo de la ciudadanía que utiliza las herramientas que la Sala Constitucional pone a su disposición para hacer valer sus derechos y garantías. Una muestra de ello es que entre las partes recurridas sobresalen instituciones que tienen entre sus responsabilidades la implementación de políticas públicas y la prestación de servicios públicos, cómo es el caso de los ministerios y las municipalidades.

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Cuarto Informe del Estado de la Justicia: Poder Judicial profesionaliza proceso de selección de jueces y juezas

Capítulo 3 denominado “Gestión del recurso humano desde el Gobierno Judicial”

El Poder Judicial consolida esfuerzos en la profesionalización del proceso de selección de jueces y juezas de la República, así se evidenció en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022.

El estudio investigativo destacó la sólida estructura normativa con la que cuenta el país, para priorizar criterios de idoneidad y cualificación profesional para seleccionar a las personas que administrarán justicia.

Además, la valoración de atestados, la experiencia y la trayectoria académica, son aspectos decisivos para la partición en el proceso de reclutamiento al cargo de juez o jueza, así se destacó en el Capítulo 3 del citado informe, denominado: Gestión del recurso humano desde el Gobierno Judicial.

La prioridad institucional en los concursos para designar a las personas que formarán parte de la judicatura se prioriza en aspectos académicos, sociolaboral, carrera profesional, que son evaluados por una unidad de reclutamiento mediante parámetros técnicos.

En la investigación se señaló que “los magistrados y las magistradas –o el Consejo Superior– únicamente designen entre la lista de las personas mejor evaluadas. Esto reduce la arbitrariedad y hace que la escogencia se realice entre las candidaturas con los niveles más altos de idoneidad”.

En materia de nombramiento de jueces y juezas, la institución ha avanzado notoriamente, así como en otros tipos de nombramiento que le corresponde a la Corte Plena y Consejo Superior.

El informe destaca las acciones emprendidas por el Poder Judicial que han hecho más visible el proceso y que han buscado una mayor participación de la sociedad civil.

Como parte de las conclusiones se destaca la importancia de la independencia judicial tanto en la magistratura como en la judicatura. Para lograr esta independencia, los investigadores señalan dos elementos esenciales: la idoneidad de los oferentes y la transparencia con la que son nombrados.

El Informe enmarca la importancia de la selección de los miembros de la judicatura como una acción fundamental para asegurar un sistema político democrático costarricense, en donde la competencia para resolver los conflictos entre las personas o entre las personas y el Estado u otras entidades con personalidad jurídica recae en el Poder Judicial.

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Cuarto Informe del Estado de la Justicia: Plantean desafíos en procura de mejora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa

El Cuarto Informe del Estado de la Justicia del Programa Estado de la Nación, plantea una serie de desafíos para la mejora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en un estudio profundo y consciente de la complejidad de la materia y de los asuntos que en esta se conocen.

Dicho informe, en su capítulo 2 en el apartado “Tutela Efectiva de Derechos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, analiza una serie de aspectos de esta jurisdicción, con el fin de presentar recomendaciones para la mejora de la calidad del servicio en búsqueda de una justicia pronta y cumplida.

De la investigación se desprende, que las actuaciones en cada tipo de terminación en materia contenciosa son acordes con el ordenamiento legal, claras y que garantizan seguridad jurídica en las distintas secciones de esta jurisdicción, al concluir, que no existe evidencia alguna que permita afirmar prácticas arbitrarias que hagan necesario anular actuaciones de la primera instancia.

Un tema de particular interés para el estudio fue determinar si la conciliación y sus respectivas resoluciones son accesibles, prontas y equitativas para ambas partes. Se encontró que la conciliación es una forma muy utilizada para resolver los casos en los expedientes de amparos de legalidad (50,5%). Solo en cuatro casos se identifica el fracaso de la conciliación debido a que alguna parte no se presenta a la audiencia conciliatoria o cualquiera de las partes se niega a conciliar. El motivo de salida de estos cuatro expedientes es sentencia. Cabe indicar, finalmente, que cuando no fracasa la conciliación hay homologación en todos los casos.

En lo que respecta al tema de los riesgos asociados al cumplimiento de la resolución, se señala, que, en la reforma operada mediante el CPCA, una de las preocupaciones que generó mayor atención fue, precisamente, la ejecución de las sentencias de carácter estimatorio, en donde se concluye que el cuerpo de jueces de ejecución de sentencias de lo contencioso-administrativo es, quizá, una de las principales víctimas de las fortalezas de la reforma contencioso-administrativa, ya que se han dado eventos de origen legislativo que han impactado el circulante de los casos que deben atender, aunque para ello no se ha aumentado la cantidad de recursos humanos y materiales, al menos de forma proporcional.

El informe hace recomendaciones en aspectos como los datos estadísticos del análisis de la admisibilidad de las demandas, además, se sugieren una serie de medidas de carácter administrativo que, de ser implementadas, podrían significar una mejora sustancial en el servicio al justiciable y de mejora de los tiempos de trámite de los procesos, se recomienda desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial que les faciliten a los juzgadores la identificación de procesos complejos, el estado de todos los asuntos bajo su cargo en tiempo real, así como la tramitación automatizada de ciertas tareas de baja complejidad.

Además, el informe recomienda en el tema de audiencias virtuales, ampliar los recursos tecnológicos en el TCA, con el fin de facilitar la celebración de audiencias mediante ese mecanismo. “Resulta de particular interés diseñar una campaña constante de información al justiciable –respecto a esa alternativa–, dado que, como se vio a lo largo de este capítulo, solo se habilita a petición de parte. Otra alternativa es que, en los casos en que se advierta que las partes provienen de zonas rurales, el juez tramitador a cargo del proceso advierta de oficio, en la resolución que corresponda, que las partes podrán optar por esa alternativa de participación en las audiencias”, señala el informe.

Cabe destacar, que el Informe de Estado de la Justicia, es un estudio al que el Poder Judicial se somete de forma voluntaria, con el fin de evaluar sus servicios y así aplicar las medidas necesarias para mejorar el servicio de Administración de Justicia.

Poder Judicial somete su gestión a evaluación en Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022

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Poder Judicial somete su gestión a evaluación en Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022

Resultados destacan acción judicial en continuidad de los servicios a personas usuarias ante crisis fiscal y sanitaria

El Poder Judicial desde su propia iniciativa, se abre a la evaluación y análisis de su gestión, con la investigación que se presenta en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, destacó que el Estado de la Justicia es un proyecto en el que el Poder Judicial de forma voluntaria se somete y colabora brindando la información y datos necesarios para ser evaluado por un centro especializado e independiente, algo inédito en América Latina.

“El Informe del Estado de la Justicia constituye en sí misma una práctica democrática inusual, desde el punto de vista del derecho comparado. Demuestra esto nuestro compromiso con una cultura institucional abierta. Ninguna institución estatal se expone y asume el riesgo que asume el Poder Judicial, porque abre sus puertas y propicia la investigación, en la que no existe ningún sesgo institucional”, manifestó Cruz Castro en el acto de presentación de resultados.

La presentación del Cuarto Informe del Estado de la Justicia se realizó este miércoles 6 de julio, en el Salón Multiusos del Poder Judicial y fue trasmitido virtualmente por Facebook Live y contó con la participación de autoridades judiciales de los tres ámbitos judiciales, Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo, asociaciones gremiales, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.

Rodrigo Arias Camacho, representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), destacó que “el país necesita un Poder Judicial robusto, que responda a las demandas crecientes de la ciudadanía, que esté a la altura de las necesidades de los tiempos cambiantes en los que nos encontramos y no puede estar sujeta a presiones de ningún otro Poder de la República y para ello, la información es clave, no solo para que el Poder Judicial pueda enriquecer las decisiones, sino que todas las personas de los demás poderes puedan analizar objetivamente esa información, que por medio de este informe se pone al servicio de Costa Rica”.

De acuerdo con Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la Nación (PEN), este Informe representa una práctica única de transparencia y rendición de cuentas a la cual el Poder Judicial se somete voluntariamente, a un órgano externo independiente que valora su desempeño, y colabora con su elaboración de manera activa.

El estudio comprendió el análisis del período 2019-2021, marcado por dos crisis país: la fiscal, que redujo los recursos presupuestarios y la crisis sanitaria por el Covid-19.

Se resalta que, ante condiciones excepcionales, el Poder Judicial logró mantener los servicios que presta a la población, donde varios factores facilitaron la buena repuesta judicial como lo son el sistema de gestión en línea, el expediente digital, la virtualización de los procesos judiciales que ya estaban en funcionamiento en la institución y que dieron paso al teletrabajo y a la justicia electrónica. Además, se menciona el impulso de la justicia restaurativa y contra el crimen organizado.

“En el balance, debe decirse que el Poder Judicial respondió satisfactoriamente a la emergencia”, determinó el informe del Estado de la Justicia 2022.

La exposición de los hallazgos del estudio estuvo a cargo de Evelyn Villarreal Fernández, Coordinadora del Informe Estado de la Justicia, quien destacó que el Cuarto Informe contempla una serie de innovaciones en su estructura y abordaje de investigación.

“La primera consistió en transformar el Informe en una plataforma compuesta de una serie de productos que han sido publicados a lo largo del 2021, es decir previo a su lanzamiento…Otra de las innovaciones es que cada capítulo del Informe contiene una sección propositiva de recomendaciones, que contempla la sistematización de los resultados de una serie de sesiones de trabajo que se realizaron con personal y jerarcas del Poder Judicial, integrantes del Consejo Asesor”, destacó Villareal Fernández.

El Informe está dividido en dos grandes apartados. El primero corresponde a una sección de investigaciones a profundidad, que consta de cuatro capítulos con información inédita y poco explorada anteriormente por el Estado de la Justicia y que desarrolla los temas: la tutela efectiva de derechos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la gestión del recurso humano desde el Gobierno Judicial para una justicia independiente y de calidad; los aportes para el análisis automatizado de las sentencias de la Sala Constitucional y ¿Justicia pronta, cumplida y electrónica? Una mirada al Poder Judicial durante la pandemia por el Covid-19.

El segundo apartado corresponde a la sección de seguimiento, la cual se organizó en torno a indicadores de tres áreas: administrativa, jurisdiccional y política. Algunos de estos indicadores corresponden al análisis de las duraciones, costos, y productividad en el sistema judicial del país y tienen como finalidad construir un observatorio de los hallazgos recopilados en los anteriores informes del Estado de la Justicia.

El Informe señala como temas pendientes, el avance en las reformas estructurales en gestión, el nombramiento de las magistraturas y reformas en el Gobierno Judicial.