• Subcomisión Penal Juvenil insta a personas operadoras de justicia a profundizar el contenido de la recomendación internacional.

Con el fin de ampliar el conocimiento de las personas operadoras de justicia que atienden la materia penal juvenil, en las observaciones internacionales en la materia, la Subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial, hizo llegar a nivel nacional, las Observaciones Generales del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

El objetivo es ampliar el conocimiento entre juezas y juezas penales juveniles en lo relativo a las recomendaciones internaciones existentes en esta materia, específicamente sobre la Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

“Aún cuando la aplicación de estas indicaciones internacionales no son vinculantes para el país, las observaciones generales del Comité se constituyen en buenas prácticas que pueden implementarse en la materia penal juvenil y constituyen en un instrumento válido de interpretación e integración de la norma internacional sobre derechos de la niñez, sobre todo lo correspondiente a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño”, explicó el magistrado Dr. Álvaro Burgos Mata, coordinador de la Subcomisión Penal Juvenil.

La Subcomisión Penal Juvenil también consideró relevante la recomendación que se desprende de la sentencia 2021-0098, del Tribunal de Apelación de la Sentencia Penal Juvenil, en la cual se instaba a la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y a la Sub Comisión Penal Juvenil el difundir el contenido de la citada Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Para el magistrado Dr. Burgos Mata, “… desde la Subcomisión de Justicia Penal Juvenil, es importante dar conocer estas observaciones generales, desde su amplitud en la materia. Por ello, la iniciativa de remitir a todas las autoridades penales juveniles del país, una copia de la Observación General 24 para su lectura y análisis. Igualmente trabajamos en una campaña interna para profundizar sobre los diversos tópicos que aborda esta Observación 24”.

La Observación General 24 del Comité de Derechos del Niño profundiza en temas como:

• Prevención de la delincuencia infantil, incluida la intervención temprana dirigida a los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal.
• Intervenciones con niños que han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal.
• La edad y los sistemas de justicia juvenil.
• Las garantías de un juicio imparcial.
• Las sanciones penales juveniles.
• Privación de libertad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la sentencia.
• Cuestiones específicas.

• Ante la Caja Costarricense de Seguro Social.
• Autoridades Nacionales de Salud establecieron prioridad de vacunación en población judicial para grupos 1 y 4.
• Al 14 de mayo se registra un 68,24% de población judicial vacunada (1914 personas), según criterios de disponibilidad del medicamento, y que se ubican en grupo 1.

 Remitir una solicitud respetuosa a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para agilizar el proceso de vacunación en la población judicial, según el grupo que corresponda, fue lo que acordó el Consejo Superior en su sesión del 27 de abril de 2021.

 La decisión que tomó el Consejo superior en su sesión Nº 33-2021, también incluye “…solicitar al Servicio de Salud que rinda un informe a este Consejo de manera semanal para conocer el avance que se ha tenido en la vacunación en la población judicial, para determinar qué grupo ocupacional está protegido y poder retomar algunas actividades”.

 La Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial desde el 8 de enero del presente año coordina con las autoridades de la CCSS y el Ministerio de Salud, para coordinar la vacunación del personal judicial que se ubiquen en los grupos 1 y 4, que corresponden a la priorización a nivel nacional.

 “En todos los casos la aplicación de la vacuna ha estado a cargo del personal de la CCSS, según las fechas y lugar que dicha entidad ha definido, siempre sujeto a la disponibilidad de dosis en el país y en las Áreas de Salud de la CCSS.   A este momento el abordaje del proceso de vacunación para el primer grupo se ha ejecutado con éxito, según las condiciones definidas desde inicios de año en la estrategia comunicada a la población judicial”, destacó Roxana Arrieta, Directora de Gestión Humana del Poder Judicial.

 El oficio N° PJ-DGH-ADMSS-408-2021 con datos al13 de abril de 2021, elaborado por la Dirección de Gestión Humana. La actualización al 14 de mayo del 2021, determina que el porcentaje de personas vacunadas del primer grupo alcanza ya un 68,24%, de las 2861 personas trabajadoras judiciales identificadas dentro del grupo 1 de vacunación, quedando en espera 887 personas, según la disponibilidad del medicamento.

• En Consejo Ampliado en Circuito Judicial de Cartago realizado este 7 de mayo.
• Ruta y seguimiento de trabajo establece 32 temas en participación ciudadana, coordinación y alianzas, acceso a la justicia, retos y mejoras del servicio.

 El acercamiento de las autoridades judiciales y la sociedad civil permitieron establecer ejes de trabajo de cara a la mejora del servicio que se brinda en el Circuito Judicial de Cartago, que abarca Cartago, Tarrazú, Alvarado, Paraíso y La Unión.

 Mediante la modalidad virtual, ante la emergencia nacional por COVID-19, se llevó a cabo el Consejo Ampliado este viernes 7 de mayo. 

 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, recalcó que la esencia de estos Consejos Ampliados es una apuesta a una justicia más cercana al ciudadano, que permitió en el Circuito de Cartago, definir 32 temas de requerimientos sobre participación ciudadana, coordinación y alianzas, acceso a la justicia y retos y mejoras de servicios; de las cuales más de 17 ya se canalizaron en instancias judiciales y se priorizó en sus niveles de ejecución.

  “Reiteramos nuestro compromiso para dar seguimiento y solución a las inquietudes de la ciudadanía.  Nuestra sinceridad y transparencia para comunicar aquellas cosas que no puedan ser realizadas y nuestra disposición para reconocer todas esas situaciones de mejora que pueden hacer de este Poder Judicial, una mejor institución, aunque en algunas demandas encontramos serias limitaciones porque la situación fiscal del país, ha impuesto al Poder Judicial serios recortes presupuestarios” afirmó Cruz Castro.

 La Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez, expuso datos administrativos y de gestión sobre el Circuito Judicial de Cartago en aspectos como presupuesto, población que se atiende y circulante.

 Se destacó el Modelo de Gestión de Seguimiento de Indicadores en el cual trabaja el Circuito Judicial. Al día de hoy abarca 27 oficinas cartaginesas, y  a febrero del 2020 todas las personas de los despachos cumplieron con las cuotas de trabajo asignadas, lo que refleja el compromiso por salir adelante con los altos volúmenes de trabajo que ingresan día con día .

 Para la Presidenta del Consejo de Administración del Circuito Judicial de Cartago, Sandra Pereira Retana, desde el 2016 cuando el circuito inició funciones totalmente electrónicas, “…ha mantenido un modelo de seguimiento y sostenibilidad, que permite al Consejo de Administración en coordinación con la Dirección de Planificación, dar seguimiento y verificación de los resultados en cada despacho, oficina y departamento, a partir de la identificación de necesidades, con el apoyo de la Administración Regional en el recurso supernumerario. Lo que redunda en un servicio de calidad para las personas usuarias y la disminución de los plazos de respuesta judicial”.

 Desde el Consejo Superior, el integrante Carlos Montero Zúñiga, resaltó que este acercamiento con la ciudadanía, permite tener mayor información para la toma de decisiones.  “Hay una preocupación ciudadana en materia de corrupción en las jerarquías del Poder Judicial.  Es un tema válido para la ciudadanía costarricense, que las personas que están en puestos de jerarquía dentro el sector público del Estado costarricense, rindamos cuentas por la labor que realizamos y tengamos un adecuado control y supervisión de las decisiones y acciones que tomamos” afirmó.

 El Consejo Ampliado Virtual contó con la participación de magistradas, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, representantes del Consejo Superior, del Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial, de las Direcciones Administrativas del Poder Judicial, del Consejo de Administración del Circuito de Cartago, de los Órganos Auxiliares de Justicia, de la CONAMAJ, personal judicial y fuerza vivas de la provincia de Cartago.

• Galardón reconoce los esfuerzos institucionales en la prevención de esta enfermedad.

Como premio a los esfuerzos realizados por el Poder Judicial en materia preventiva en el contexto de la pandemia por el COVID-19, se recibió el reconocimiento “Sello Centro de Trabajo Prevenido ante el COVID-19”.

El galardón es otorgado por el Consejo de Salud Ocupacional y se convierte en un mecanismo para la mejora continua de la gestión institucional de salud y seguridad por medio de la autoevaluación periódica de las estrategias de prevención de los factores de riesgo laborales asociados al coronavirus.

Para el jefe del Subproceso de Salud Ocupacional, Freddy Briceño Elizondo, este reconocimiento es una herramienta para la mejora continua en la gestión institucional de salud y seguridad laboral, ya que conlleva un proceso de autoevaluación periódica sobre las estrategias que se han implementado para la prevención, control y mitigación de los factores de riesgo laborales asociados a COVID-19.

“Es una garantía que el Poder Judicial se ha preocupado por la salud de la familia judicial y por dar la continuidad del servicio público en condiciones seguras para las personas usuarias, acorde a las directrices emitidas por los entes rectores en el manejo de la emergencia”, mencionó Briceño Elizondo.

El jefe del Subproceso de Salud Ocupacional destacó las acciones que se toman para el logro no solo de este reconocimiento sino también, para garantizar la salud de las personas usuarias del Poder Judicial.

“Son muchas las acciones que se han desarrollado a nivel institucional para alcanzar este reconocimiento, una de las primeras acciones que permitieron alcanzar este logro fueron las medidas para asegurar la continuidad en la prestación de servicios y proteger la vida, salud y seguridad de las personas usuarias y servidoras judiciales, propuestas por la Comisión Institucional de Emergencias y aprobadas por la Corte Suprema de Justicia desde abril de 2020”.

Otras acciones como los protocolos sanitarios aprobados por el Consejo Superior, las capacitaciones sobre los protocolos que se han promovido por parte de la Dirección de Gestión Humana, las diligentes acciones de limpieza realizadas por el Departamento de Servicios Generales o las Administraciones Regionales en todo el país; las campañas informativas y de sensibilización comunicadas por el Departamento de Prensa y Comunicación Organizacional y las más de 4000 inspecciones, asesorías y fiscalizaciones llevadas a cabo por las personas profesionales en salud ocupacional para brindar recomendaciones para disminuir el riesgo de contagio, fueron mencionadas por Briceño Elizondo.

Para el alcance de este reconocimiento, la institución realizó un proceso que involucró el registro en Plataforma de Centros de Trabajo del Consejo de Salud Ocupacional, el llenado del formulario de autoevaluación de COVID-19, la verificación del 100% de cumplimiento de la autoevaluación efectuada para finalmente obtener el sello.

Briceño Elizondo reconoció el aporte de diferentes instancias en la obtención de este premio, en donde intervienen la Comisión Institucional de Salud Ocupacional y la Dirección de Gestión Humana, el Subproceso de Salud Ocupacional, la Comisión Institucional de Emergencias, la Corte Plena y el Consejo Superior, la Dirección Ejecutiva y el Departamento de Proveeduría, el Servicio de Salud, las Administraciones Regionales, las Administraciones del Ministerio Público, de la Defensa Pública y del Organismo de Investigación Judicial, entre otras oficinas.