• Autoridades judiciales realizan visita informativa al pueblo indígena de Matambú

El Proyecto Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas que desarrolla el Poder Judicial, continúa con sus giras informativas en los diversos territorios indígenas.

La más reciente de las visitas se realizó al Territorio de Matambú, que alberga al pueblo indígena chorotega, ubicado en Hojancha, Guanacaste.

El Proyecto se encuentra en la etapa de Diagnóstico con el objetivo de brindar información in situ a los diferentes pueblos indígenas del país, para darles a conocer el proyecto y extenderles una invitación a participar activamente en su construcción. 

Durante la gira al territorio indígena de Matambú, se sostuvo reuniones con la Asociación de Desarrollo Indígena y el Grupo de Cultura, a quienes se les brindó información sobre el Proyecto, dirigida a mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a la población indígena.

De parte del Poder Judicial participaron la magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y Directora del Proyecto. Además asistió el magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector del Programa de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, así como la máster Melissa Benavides Víquez, coordinadora del Proyecto.

La magistrada Damaris Vargas Vásquez destacó: “Este es un proyecto estratégico alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Se desarrolla con la cooperación internacional de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas por medio de la asesoría experta, con el fin de cumplir con la normativa internacional que regula los derechos de la población indígena, la jurisprudencia de la Corte IDH y los más altos estándares internacionales de derechos humanos de esa población. Por ello, se ejecuta en co-construcción con los 8 pueblos ubicados en los 24 territorios indígenas del país. Tanto la etapa de Diagnóstico como la de implementación del Mecanismo de Consulta Indígena pretenden fortalecer la confianza intercultural y construir sobre la base de la cosmovisión de esa población. La participación del Magistrado Gerardo Rubén Alfaro dio un gran valor agregado a la actividad. Sus aportes fueron significativos para dar a conocer los servicios que ofrece el Poder Judicial desde la Rectoría de Justicia Restaurativa y la Jurisdicción Penal.”

De acuerdo con Melissa Benavides Víquez, coordinadora del Proyecto, “esta primera etapa es informativa. El equipo de trabajo se traslada a los territorios indígenas del país, visitando las comunidades indígenas, escuchándoles y extendiéndoles la invitación para que sean parte de este importante proyecto de interés mutuo. Buscamos generar confianza con los pueblos, manifestar nuestra buena fe, con miras al mecanismo de consulta que se pretende aplicar.  Queremos que las personas se sientan cómodas, invitadas, con confianza y entusiasmadas a participar, conocerles y que nos conozcan en la segunda etapa”, explicó Melissa Benavides Víquez, coordinadora del Proyecto.

El trabajo para la creación de la Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se trabaja bajo la metodología de administración de proyectos y de creación de políticas institucionales aprobadas por Corte Plena.

Su plan de acción establece un cronograma de trabajo, que demanda una serie de requisitos y planeamiento.  En esta primera etapa de giras informativas en los territorios indígenas de todo el país, las visitas se coordinan conforme a las posibilidades de las comunidades, el acceso a los puntos de reunión y las condiciones climáticas.

• Se trataron temas de cooperación, formación y capacitación, entre otros.

Autoridades judiciales costarricenses se reunieron con Antonio Roma, Coordinador Componente Judicial del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado Europa - Latinoamérica (PAcCTO), para fortalecer la cooperación para la puesta en marcha de la jurisdicción especializada en crimen organizado en Costa Rica, así como para fomentar espacios para el intercambio de formación y capacitación que integran en dicha materia.  

En una primera reunión que se realizó sobre materia ambiental, estuvieron presentes la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Comisión Institucional Ambiental; Rebeca Guardia Morales, Directora a.i., de la Escuela Judicial; Flor Arroyo Morera, gestora de capacitación de la Escuela Judicial; Karen Leiva Chavarría, Jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial (OCRI) y Yonathan Alfaro Agüero, Coordinador de Cooperación de la OCRI.

La Magistrada Damaris Vargas indicó que el Poder Judicial está desarrollando un proyecto sobre política ambiental que tiene dos componentes, uno que tiene que ver con la gestión ambiental que se realiza a través del Plan de Gestión Institucional y el otro componente es el fortalecimiento de la judicatura; que requiere el apoyo de internacional para la construcción de una jurisdicción ambiental especializada.   

 “Lo que queremos es fortalecer las competencias de las personas servidoras judiciales de todos los ámbitos en el área ambiental para que las respuestas que se den en los procesos que se nos presentan sean de una muy alta calidad” señaló la Magistrada Damaris Vargas.

En una segunda junta con el representante de PAcCTO, se refirieron a la cooperación que se ha venido diseñando para la especialización del personal judicial en crimen organizado, así como formación y capacitación en esta materia que se pueda continuar desarrollando.

Este tema lo trataron con la Magistrada Sandra Eugenia Zúñiga Morales, coordinadora de la Subcomisión de Crimen Organizado, así como con las y los representantes de la Escuela Judicial, Unidad de Capacitación, Ministerio Público, Unidad de Capacitación del OIJ,  Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales del Ministerio Público (OATRI), la Oficina de Enlace de Relaciones Internacionales del Organismo de Investigación Judicial (ODERI) y la OCRI.

La Magistrada Sandra Zúñiga aseguró que un factor importante en el proceso fue el poder expresar cuáles son esas urgencias institucionales en la especialización y continuar en un diálogo sobre las alternativas y posibilidades que existen en cooperación y llegar a acuerdos concretos para trabajar en los próximos meses.

“Agradecemos el acercamiento de PAcCTO para tendernos la mano y ayudarnos a desarrollar y tratar puntos importantes que son de alta prioridad en nuestro ordenamiento jurídico y que representan además fenómenos criminales que afectan no solamente a Costa Rica, sino al área Centroamericana y al mundo entero” agregó la Magistrada Zúñiga.

Adicionalmente, Antonio Roma se reunió con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro; la Magistrada Sandra Zúñiga, Roger Mata Brenes, director Despacho de la Presidencia y las personas representantes de la OCRI.

El Magistrado Fernando Cruz resaltó que “esta cooperación que se recibe sobre el crimen organizado tiene una dimensión trasnacional y se necesita porque la perspectiva que tenemos a nivel nacional tiene muchas limitaciones, es una labor que de manera conjunta con socios para el desarrollo se deben continuar realizando, dado que la cooperación internacional es fundamental en tiempos de limitaciones presupuestarias”.

Por su parte, Antonio Roma puntualizó que “es muy saludable que el Poder Judicial de Costa Rica haya generado una jurisdicción especializada en crimen organizado y para nosotros es un gusto trabajar con el Poder Judicial y la Escuela Judicial, lo estamos haciendo desde una perspectiva regional. Hemos encontrado nuevas formas de cooperación hacia el futuro, el programa está en su fase final, lo cual no impide que se puedan actuar en determinados puntos, primero extendiendo el marco de cursos de formación, segundo trabajando en la mejora de la normativa en legitimación de capitales y tercero nuevos hallazgos en materia de medio ambiente y hemos encontrado una forma de cooperación para que puedan alcanzar un resultado adecuado”.

PAcCTO (Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado Europa - Latinoamérica) es un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina a través del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado, que trabaja de manera conjunta con la OCRI para identificar acciones y proyectos de interés institucional.

• Se realizó el foro “En la búsqueda de la igualdad de género: el aporte de las juezas”.

Con un acto protocolario, uno cultural y un panel, la Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial conmemoraron el “Día Internacional de la Mujer”.  

En la actividad se reflexionó acerca de los avances logrados en el cierre de las brechas de género, los retos pendientes y el reconocimiento a la valentía y determinación de las mujeres perseverantes que han jugado un papel clave en la historia.

Hace más de 20, el Poder Judicial de Costa Rica, inició los procesos de cambio dirigidos a las mujeres usuarias y funcionarias, con el propósito de que el acceso a la justicia permita a las mujeres, sin discriminación alguna, que les sean garantizados los servicios judiciales, considerando en ellos su ubicación dentro de la sociedad, para ofrecer así una justicia pronta y cumplida.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro indicó “con la entrada en vigor de la Ley de Carrera Judicial en 1993, se estableció un mecanismo que, sin lugar a dudas, representa un cambio radical en el sistema de reclutamiento, selección, nombramiento y ascenso de juezas y jueces, superando el subjetivismo y la arbitrariedad del anterior sistema, que en la práctica no lo era.  La ley de Carrera judicial fue un paso más hacia un sistema de reclutamiento más objetivo, más igualitario, sin alcanzar, por supuesto la perfección”.  

Por su parte, la Magistrada y coordinadora de la Comisión de Género, Roxana Chacón Artavia aseguró “las luchas por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres y el trabajo constante por sostenerlas continúan. Este esfuerzo requiere cada vez de mayores compromisos pues, sin duda, el impacto que en los últimos dos años ha provocado la crisis derivada de la pandemia hace peligrar -según lo señala Naciones Unidas- los escasos logros de los últimos decenios”.

El foro “En la búsqueda de la igualdad de género: el aporte de las juezas”, fue moderado por Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, y las panelistas fueron Rosaura Chinchilla Calderón, jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de San José; Shirley González Quirós, jueza de Violencia Doméstica en Alajuela y Magda Díaz Bolaños, presidenta de la Asociación Costarricense de Juezas.

"La incorporación de la perspectiva de género en las sentencias es indispensable para el acceso a la justicia de las mujeres y poblaciones en condición de vulnerabilidad. Como metodología, permite: Operativizar los instrumentos de derechos humanos de las mujeres, de manera que quienes realizan la labor de impartir justicia, traduzcan la normativa internacional en realidades para las personas, superando el mero formalismo; aplicar el principio de igualdad y no discriminación; identificar y erradicar estereotipos, roles y perjuicios sexistas y discriminatorios; identificar las discriminaciones directas o expresas y las discriminaciones por efecto o resultado; conocer que las desigualdades, asimetrías de poder, violencia y discriminaciones, se pueden encontrar en los casos sometidos a la jurisdicción, en cualquier etapa del proceso, y en cualquier materia y facilita un análisis orientado a detectar estas situaciones y ofrece un método para encontrar la solución al conflicto, apegada al derecho.", puntualizó Jeannette Arias.

El acto cultural estuvo a cargo de cuatro profesoras que conforman el Cuarteto de Cuerdas Docentes de la escuela del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM) Parque La Libertad: las violinistas Sandra Ramírez Ayala y Maribelle Rivera Valverde; la violista Ericka Arias León y la violonchelista Isolina Muñoz Solano.

• Se mejoraron las condiciones de trabajo del personal judicial, a la vez que se cumplen lineamientos institucionales para brindar una atención de calidad a las personas usuarias.

La Ciudad Judicial está ubicada en San Joaquín de Flores en Heredia y desde que abrió sus puertas cumple con brindar una buena atención a las personas usuarias.

A inicios de la década de 1990, el Poder Judicial adquirió la Finca La Soledad en San Joaquín de Flores, considerando la posibilidad de trasladar algunas dependencias que por su ubicación ocasionaban serios problemas de salubridad, como lo era la presencia de una Morgue Judicial y Laboratorios de Ciencias Forenses en el edificio central del Organismo de Investigación Judicial en el Primer Circuito Judicial de San José.

Se construyeron instalaciones adecuadas a las exigencias sanitarias de aquel momento, por lo que el 26 de abril de 1997, se reubicó la Morgue Judicial, los laboratorios de Ciencias Forenses y las secciones de Medicina Legal, en condiciones distintas a las que mantenían en el centro de San José.

Se reubicaron otras dependencias para propiciar nuevas y mejores estrategias en la atención al público, aunado a un ahorro en el pago de alquileres, pues para ello se contaba con la propiedad de 36 hectáreas.

De esta forma se trasladó la Imprenta (hoy Departamento de Artes Gráficas), el Archivo Judicial, el Depósito de Vehículos Decomisados y se creó un espacio ideal para la atención y cuido de los canes de la Unidad Canina. Se construyeron instalaciones para la Escuela Judicial con espacios modernos para la capacitación, en un ambiente rodeado de naturaleza, con áreas de recreación, lo que propició una mayor concentración y por ende un mejor aprendizaje de las personas estudiantes.

Adicionalmente, en la actualidad la Ciudad Judicial cuenta con secciones como Documentos Dudosos, Biología Forense, Ingeniería Forense, Química Analítica, Toxicología, entre otras. 

Cabe destacar, que en una iniciativa para darle el nombre a las instalaciones y que representara a las oficinas que alberga, se realizó en el año 2006 un concurso en la intranet, el cual ganó José Rubén Dimas Portillo, jefe del Departamento de Artes Gráficas, y de ahí nace el nombre que hoy se le denomina de “Ciudad Judicial de San Joaquín de Flores”.

“De inmediato vi la oportunidad de proponer un nombre que fuese representativo e inclusivo para todas las oficinas que se encontraban aquí, dadas las características propias que se tenían, como calles con aceras, tránsito frecuente de vehículos, señales de alto y de ceda, señales de velocidad máxima, bulevares, zonas verdes, edificios independientes, entrada con agujas, parqueos y planes para crear nuevas edificaciones; no fue difícil llegar a la conclusión de que éramos una pequeña ciudad, de ahí que me pareció que un nombre adecuado por todas las características antes citadas”, comentó José Rubén Dimas.

Siguiendo la política institucional de mejora en atención a las personas usuarias, se habilitó un área especial para la toma de muestras, principalmente para estudios de ADN (ácido desoxirribonucleico). Lo que ha permitido incluso la obtención de premios y acreditaciones a nivel internacional.

Según señaló Ronald Vargas Bolaños, Administrador Regional de la Cuidad Judicial, “la presencia de una propiedad de tales dimensiones ha favorecido la introducción de nuevas y mejoras formas de trabajo, habilitando espacios que mejoran radicalmente las condiciones laborales de las personas funcionarias y se ha brindado la posibilidad de experimentar e implementar nuevas estrategias de trabajo y de atención a las personas usuarias todo ello en un espacio en total armonía con la naturaleza”.

“Aprovecho la ocasión para invitar a toda la población judicial, para que visite la Ciudad Judicial, así como la finca La Soledad, un espacio habilitado para realizar actividades de capacitación fomentado la conservación del ambiente y evidencien que hay formas distintas de ejecutar nuestras labores fomentando la inclusión dentro de espacios en armonía con la naturaleza, si bien, tenemos muchos proyectos por desarrollar, siempre se procura mantener como elemento indispensable, el conservar el paisaje y la mínima afectación al ambiente”, agregó Ronald Vargas.