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Fundación Carlos III otorga distinción a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica

  • Conceden la Gran Cruz de Orden Iberoamericana de la Justicia.

La Fundación Carlos III otorgó un reconocimiento a la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica por su trayectoria histórica y permanente acción en labor de la justicia en los países iberoamericanos.

El título acreditativo de la distinción a este Poder de la República se dio a conocer el 8 de junio del 2021 en Madrid España, el cual es denominado: Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia.

El reconocimiento fue comunicado este jueves 15 de julio al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

Esta concesión reconoce el prestigio internacional alcanzado por la Corte Suprema de Costa Rica a lo largo de toda su trayectoria histórica, así como su permanente actuación a favor de la justicia en los países Iberoamericanos, y la excelencia profesional de los magistrados y las magistradas que han integrado desde su creación hasta hoy en día. 

“Toda obra debe ser respalda por una conducta y a vuestro ejemplo en los más altos valores, a la excelencia y a la rectitud de principios en vuestra larga historia, se suma la grandeza de todos los magistrados, funcionarios y colaboradores, sirviendo de modelo de comportamiento y conducta para la sociedad costarricense”, se indica en el acta del acuerdo.  

Para el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro, “este reconocimiento destaca el prestigio internacional del Poder Judicial de Costa Rica. Ha sido una construcción lenta y de vieja data, es el trabajo de tantas personas, las que estuvieron en esta institución y las que ahora aportan su trabajo y su buena voluntad para cumplir las ambiciosas pretensiones de la Justicia”.

“Nada se podría hacer sin el aporte de todos y todas, esa comunidad de esfuerzos, sin distinciones ni jerarquías. En medio de dudas e interrogantes, de problemas sin resolver, tiene mucho valor la trayectoria del Poder Judicial costarricense, así piensan en otras latitudes. Esa mirada tan positiva, debemos celebrarla, sin dejar de poner atención en nuestras debilidades. Esta es una institución de servicio, esa es su vocación”, agregó Cruz Castro.

La Fundación Carlos III, es una fundación cultural privada, de ámbito internacional y que tiene como objeto de su actividad el fomento de las artes, la ciencia y el mecenazgo, con especial dedicación a las relaciones de España e Iberoamérica. 

La citada Fundación creó el Foro Iberoamericano hace 22 años, con el fin de impulsar las relaciones económico, empresariales, culturales y profesionales con países de Iberoamérica.

Se hará la entrega del reconocimiento a la embajadora de Costa Rica en España Ana Helena Chacón Echeverría.

En el año 2020 este reconocimiento se le otorgó al Supremo Tribunal de Justicia de Portugal.

“Este es un reconocimiento al país, a la sociedad costarricense, a todos los servidores y servidoras judiciales, a los magistrados y magistradas. Es un mérito histórico, un mérito para esta comunidad de servidores y servidoras, para los que están hoy y los que estuvieron y dieron su aporte para una justicia en democracia”, finalizó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz.

Corte Plena acordó revisar y analizar normativa sobre prevención de conflictos de interés

  • Tras solicitud de Comisión de Transparencia y Oficina de Cumplimiento 

La Corte Plena acogió la solicitud de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial en coordinación con la Oficina de Cumplimiento institucional, para revisar el reglamento denominado “Regulación para la prevención, identificación y gestión adecuada de los conflictos de interés dentro del Poder Judicial”, con la finalidad de proponer las reformas que se estimen necesarias para actualizarlo y complementarlo.

Según indicó la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro, en condición de coordinadora de dicha Comisión, este trabajo se da como parte de la búsqueda de la implementación de una cultura de probidad e integridad judicial, con la necesidad de identificar brechas que deben ser analizadas para robustecer esta herramienta y que exista una mayor concreción y certeza para su uso.

Creemos firmemente en dar valor a este instrumento de prevención y fortalecimiento de la integridad pública, que hay que robustecerlo y a través de éste, demostrar nuestro compromiso con la institución en la sostenibilidad de la integridad judicial”, señaló Solano Castro.

Para la Vicepresidenta de la Corte, este reglamento representa un esfuerzo de la Corte, para materializar las acciones de prevención en materia anticorrupción y transparencia, pero sobre todo, es una normativa con la que se ha dado un paso adelante ante la sociedad y las personas funcionarias, para de forma expresa y tangible decir que como máximos jerarcas se trabaja fuerte para mantener y sostener al Poder Judicial, en procura de acciones que promuevan una cultura de integridad judicial, en la cual se pueda llegar a ser cero tolerantes como corresponde con la corrupción interna.

La idea es que podamos revisar nuevamente la normativa para robustecer una herramienta interna que no tiene otro fin que la prevención del riesgo del fraude organizacional y la corrupción interna” finalizó la Magistrada.

La propuesta fue presentada en la sesión de Corte Plena de este lunes 28 de junio y fue aprobada con 17 votos.

Alfabetización para la prevención en materia penal juvenil enlaza acciones interinstitucionales

  • Autoridades del Poder Judicial y Poder Ejecutivo reafirmaron este miércoles compromiso de trabajar conjuntamente para proteger a la niñez y a la adolescencia frente a la criminalidad.
  •  Como parte de los esfuerzos, se incorporarán actividades educativas y de sensibilización en el calendario escolar a partir del 2022.
  •  “La   alfabetización   preventiva   en   materia   penal   juvenil  es, sin duda, el aporte más importante que, desde el corazón del Poder Judicial, se ha hecho para la prevención del delito en relación con las presentes y futuras generaciones”, afirmó magistrado Álvaro Burgos.

 La articulación de acciones preventivas para la protección de la niñez y la adolescencia costarricense frente a la criminalidad, une en un frente de trabajo al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, a partir de la ejecución del decreto ejecutivo que declara el 25 de mayo como Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil.

Este miércoles 23 de junio, las autoridades de ambos Poderes reiteraron el apoyo a esta iniciativa en favor de la niñez y juventud del país, la cual contempla el desarrollo de actividades educativas y de sensibilización que se incorporarán al calendario escolar, con el fin de prevenir el delito.

Según el decreto, publicado en el diario oficial La Gaceta el lunes 21 de junio, la Alfabetización  Preventiva en este campo es la estrategia criminológica y educativa de carácter preventivo, dirigida a las  personas menores de edad como herramienta de sensibilización y entendimiento de los derechos, obligaciones y eventuales repercusiones sancionatorias, contenidas en la legislación penal juvenil de Costa Rica.

“Hemos trabajado en diferentes ámbitos para que Costa Rica les pueda ofrecer oportunidades a los niños, niñas y adolescentes de crecer sanamente, en ambientes libres de violencia que les permita forjar un futuro mejor. La prevención resulta un concepto fundamental; por eso, por medio de la alfabetización en materia penal juvenil, se podrá ofrecer más y mejor información a nuestra niñez y población adolescente sobre sus derechos y también sobre sus obligaciones en este tema”, afirmó Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República.

 “Cuanta más información tengan estas nuevas generaciones desde temprana edad, tendrán más conocimiento, más conciencia sobre la violencia y más posibilidades de prevenir ser víctimas de la criminalidad”, acotó.

 Será a partir del curso lectivo del 2022 que el Ministerio de Educación Pública incluirá en el calendario escolar el Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil y se instará a los centros educativos de todo el país a realizar actividades con el fin de abordar esta temática.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, destacó que la educación es una prioridad indiscutida y un pilar del Estado Social.

“Resalto la importancia del establecimiento del Día de la Alfabetización Preventiva en Materia Penal Juvenil, como una forma para rescatar nuestra juventud, impulsarla y guiarla hacia la Costa Rica que queremos en un futuro.  Las acciones preventivas son las que parecen onerosas en un Estado Social, pero son una inversión para el alma de los ciudadanos del futuro”, afirmó Cruz Castro.

El jerarca judicial puntualizó que “…la mejor política criminal, es una buena acción de solidaridad social.  No hay posibilidad de tener una sociedad justa si a lo único que se apela es la represión”.

La iniciativa para la promoción de la alfabetización preventiva en materia penal juvenil la lideró el magistrado Álvaro Burgos Mata, coordinador de la Comisión Penal Juvenil del Poder Judicial y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; de hecho, el pasado 25 de mayo del 2021, él firmó como Testigo de Honor en la promulgación del decreto ejecutivo.

“La   Alfabetización   Preventiva   en   materia   Penal   Juvenil   es   un   sueño   al   que   así denominé,   desde   hace   más   de   25   años   atrás;   ahora   se   convierte   en   una esperanzadora realidad y una contribución significativa y concreta para las presentes y futuras generaciones de niños y niñas del país. Sin duda alguna, constituye el aporte más importante que, desde el corazón del Poder Judicial, se ha hecho para la prevención del delito en relación con las presentes y futuras generaciones", afirmó Burgos Mata.

La ministra de la Niñez y la Adolescencia, Gladys Jiménez Arias, comentó que “esta es una estrategia para evitar que los niños, niñas y personas adolescentes sean víctimas del delito y puedan ejercer su derecho a desarrollarse de manera integral”.

Las acciones preventivas en materia penal juvenil que se emprendan desde las escuelas y colegios de todo el país, permitirán generar un cambio a favor de la protección de la niñez y adolescencia del país.

Así lo destacó el representante de la Dirección del Liberty Christian Academy, Erlyn Obando Araya. “Nosotros necesitamos enseñarles a nuestras generaciones el tema de las obligaciones.  Un proyecto como este es la llave para educar a nuestros jóvenes, niños y niñas, sobre la responsabilidad que tienen de darle un mañana a nuestro país”.

Por su parte, la Directora del Colegio Isaac Martín, Ana Isabel Blanco, señaló que “…nuestro mayor reto es que, quienes lideran los procesos educativos tendrán una excelente oportunidad para trascender e ir más allá de la trasmisión de la información, al desarrollar la capacidad de juicio y carácter de niños y jóvenes, para que puedan estar mejores preparados y responder ante las situaciones a las que se expongan”.

El acto oficial también hizo un reconocimiento al equipo técnico que trabajó con la construcción del proyecto que materializó el decreto ejecutivo, el cual estuvo integrado por Alejandro Montero Acuña, de la Defensa Pública Penal Juvenil; Édgar Barquero Ramírez, de la Fiscalía Penal Juvenil; Ermida Agüero Ugalde, Lilliana Rojas Molina y  Victoria Eugenia Sánchez Cubero del Ministerio de Educación Pública; Greylin Castillo Gutiérrez, del Patronato Nacional de la Infancia y Laura Cubillo Madrigal, letrada de la Sala de Casación Penal del Poder Judicial.

En la actividad también participación el magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas,  la Ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar Rojas; la Viceministra Académica del Ministerio de Educación Pública, Melania Brenes Monge; la Directora del Colegio Isaac Martín, Ana Isabel Blanco;   el representante de la Dirección del Liberty Christian Academy, Erlyn Obando Araya y representantes de la Judicatura, el Ministerio Público y la Defensa Pública.

 

 

 

 

 

Juramentan a Fiscal Subrogante Ad Hoc del caso llamado “Cochinilla”

  • Nombramiento será por un año, según disposición de Ley Orgánica del Ministerio Público.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro juramentó al Fiscal Subrogante Ad Hoc, Miguel Ramírez López, quien estará a cargo del caso llamado “Cochinilla”.

El nombramiento de Ramírez López en este cargo se dio en sesión de Corte Plena de este lunes 14 de junio, tras la inhibitoria presentada por el Fiscal Warner Molina.

Ramírez López labora desde hace 30 años en el Poder Judicial y actualmente es Fiscal Adjunto de Fraudes y Cibercrimen.

“Me siento muy orgulloso de estos treinta años de servicio, que he realizado con honestidad y adoración a lo que hago y de haber estado al frente de casos que requirieron un trabajo muy fuerte como lo fue el caso del Banco Anglo, Parmenio Medida y Jairo Mora, en compañía de una gran cantidad de Fiscalas y Fiscales de gran trayectoria que al igual que mi persona han brindado sus mayores esfuerzos a la institución”, indicó Miguel Ramírez.

Señaló que “el secreto de un buen trabajo consiste en hacer todos los días algo que te apasiona, para mí el Ministerio Público es mi casa, soy un apasionado por mi trabajo. El país necesita hoy una institucionalidad muy fuerte, muy abierta y con gente que trabaje con muchas ganas, trabajar con mucho cariño en lo que hacemos para así dejar un legado a las siguientes generaciones de un mejor país”. 

Dicho nombramiento es por el plazo de un año según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.

Miguel Ramírez López es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Centroamérica. Ha ocupado puestos de fiscal auxiliar, fiscal y fiscal adjunto.

Desde el 01 de julio del 2019 es el Fiscal Adjunto de la Fiscalía de Fraudes; en el año 2020, por delegación de la Fiscalía General, lideró la creación de una Unidad de Cibercrimen dentro del despacho a su cargo. Por medio de esa Unidad, Ramírez ha dirigido complejas investigaciones con enfoque de ingeniería social, que son los casos de estafas realizadas por grupos organizados, algunos de estos realizados desde centros penales.

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