• Propuesta la presentó Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial.

Establecer mediante un criterio técnico, los requerimientos en recursos humanos y financieros para un plan piloto que tendrá como objetivo dar representación legal a víctimas de delitos sexuales y violencia doméstica en los procesos penales, es lo que aprobó Corte Plena en su sesión de este lunes 16 de agosto de 2021

La decisión se toma luego de la solicitud realizada por la magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género, basada en el informe estadístico presentado por la Licda. Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial. 

El estudio técnico estará a cargo de la Dirección de Planificación, para que establezca los insumos humanos y financieros que demandaría el plan piloto propuesto y la definición de la provincia en la que se podría poner en práctica.

“Las altas estadísticas judiciales respecto a sobreseimientos y desestimaciones en los que terminan la mayoría de los procesos penales sobre delitos sexuales  y violencia doméstica, en donde más del 70% las víctimas son mujeres, adolescentes y niñas, nos preocupan y nos ocupa en buscar mecanismos para darles garantía de una justicia pronta y cumplida.  Queremos hacer un cambio que impacte los plazos y el tipo de resolución”, afirmó Chacón Artavia.

La primera parte de este trabajo y que llevó a la propuesta aprobada por Corte Plena, comprendió el análisis de las estadísticas judiciales en materia de delitos sexuales y de los casos en aplicación de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, en cumplimiento a un fallo de la Sala Constitucional a favor de una víctima menor de edad, quien cuestionó la duración del proceso penal y en el que se estableció la recomendación de emprender un estudio sobre el estado y los plazos en la tramitación de estos procesos penales.

Según detalló la magistrada Chacón Artavia en la sesión de Corte, desde el año anterior, se abrieron espacios de análisis con las instancias judiciales a cargo de la tramitación de estos delitos, como el Ministerio Público a través de la Fiscalía de Género y la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito,  el Departamento de Trabajo Social y Psicología, el Organismo de Investigación Judicial e instancias externas como el INAMU, el PANI y la CCSS, para mejorar el abordaje integral de las personas víctimas.

Por su parte, la Jefa de la Secretaría Técnica de Género, Jeannette Arias Meza, expuso los resultados obtenidos por el Subproceso de Estadísticas de la Dirección de Planificación del Poder Judicial, que revelaron altos porcentajes de terminación de los procesos por sobreseimientos y desestimaciones.

“Algunos de los nudos críticos que podrían estar dando pie a estos niveles de motivos de terminación de estos procesos, son la mayor necesidad de capacitación sostenible y permanente con cobertura a todo el personal que atiende los delitos en temas como la erradicación de los patrones culturales y estereotipos sexistas; así como mejoras en las técnicas de investigación. Además, no existe una representación legal gratuita para las víctimas, que no cuentan con recursos económicos ni sus familiares, de manera que puedan ejercer el derecho de querellar, pero también para ejercer todas las acciones recursivas correspondientes”, explicó Arias Meza.

Estadísticas

En el año anterior, un total de 9443 delitos sexuales se denunciaron en instancias judiciales, con una mayor incidencia de abusos sexuales contra persona menor de edad (3404 casos), relaciones sexuales con personal menor de edad (2865 casos), violación (1707 casos) y abuso sexual contra persona mayor de edad (702 casos). En cuyos procesos, el 71% corresponde a víctimas mujeres.

Un total de 8476 casos llegaron a instancia de juzgado penal, de las cuales solo en 1478 se ordenó apertura a juicio (17,44%); 5204 asuntos recibieron una desestimación (61,40%) y en 963 asuntos se ordenó un sobreseimiento (11,36%).

Solo en el 2020, se registraron un total de 20 747 asuntos ingresados por concepto de delitos de la Ley de Penalización de la Violencia contra la Mujer en juzgados penales.  La provincia con mayor incidencia es San José con un 26% de los asuntos registrados.  Del total, solo 1664 casos llegaron con apertura a juicio (9,48%), en 12068 asuntos se ordenó una desestimación (68,76% ) y 2692 registraron un sobreseimiento (15,34%).

• Actividad se desarrolló en el Estadio Nacional.

En el marco de la conmemoración del 140 Aniversario del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro participó como invitado en esta celebración, la cual se desarrolló en las instalaciones del Estadio Nacional, el pasado viernes 6 de agosto.

Para el Dr. Fernando Cruz, fue un honor participar en esta fecha tan importante, en la que se destaca la creación del Colegio en la misión de garantizar a la sociedad costarricense la idoneidad en el ejercicio profesional,  con el fin de promover el progreso de la ciencia del Derecho, cooperar con los centros universitarios, brindar opinión sobre temas de relevancia nacional en la materia, defender el decoro de la profesión, vigilar la excelencia académica de las personas agremiadas y velar por sus derechos e intereses.

“Ante las autoridades estatales solo tiene carácter de abogado o abogada quien forme parte del Colegio, lo que robustece los principios éticos y deontológicos de los profesionales, es decir, las personas agremiadas, entre las cuales figuran: los litigantes, las juzgadoras, los defensores y defensoras públicas, los fiscales y fiscalas, los magistrados y magistradas del Poder Judicial; todos y todas, en el sector público y privado, somos pilares de la independencia judicial y de un sistema democrático de Justicia”, señaló Cruz Castro.

El Presidente de la Corte destacó que la Constitución Política prevé a la Independencia Judicial como uno de sus principios fundamentales, por lo que la democracia requiere litigantes, jueces, juezas, fiscales, fiscalas, defensores y defensoras independientes y honestos, que asuman sus deberes con responsabilidad, objetividad y con apego al ordenamiento jurídico, ya que, de no cumplir con este principio, el Estado Social de Derecho se vería debilitado.

Cruz Castro enfatizó en aspectos como la deontología, la cual debe ser la brújula que guie el actuar al momento de tomar decisiones que orienten el buen desempeño profesional y la correcta aplicación de los conocimientos adquiridos, en beneficio del gremio y la sociedad.

“No puedo ignorar que la labor más importante del abogado es ser un defensor de la dignidad humana, de los derechos ciudadanos y un actor independiente que se convierte, en la defensa de los intereses de su cliente, en un contrapoder. Esa es, para mí, la vocación esencial del abogado. Su acción individual es un control crítico y activo de las decisiones dadas desde todas las instancias de poder. Es el que impide que los poderes se ejerzan abusivamente. En momentos de crisis política, se convierten en una instancia incómoda para los que ejercen el poder. Hay un sentido democrático esencial en sus acciones”, acotó.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, Álvaro Sánchez González, resaltó la importancia de esta fecha, señalando que la institución se encuentra en una consolidación de procesos, en la defensa de los derechos humanos y la defensa del derecho de la Constitución.

Sánchez González mencionó los esfuerzos del Colegio en diferentes aspectos como lo es el tema de acceso a la justicia, en donde trabajan conjuntamente con la CONAMAJ y el magistrado Román Solís Zelaya, así como el trabajo realizado en materia de atención de poblaciones vulnerables y en materia ambiental.

Enfatizó en la importancia de la relación entre el ejercicio libre de la profesión y la independencia judicial, pilares para el correcto desarrollo de una democracia.

“Tenemos muy claro que este ejercicio libre de la abogacía va en línea paralela con la independencia judicial, si una falla, la otra falla y es nuestro deber en el Colegio mantener esa línea firme para que esto no sea obstáculo para Costa Rica, que ha mantenido una democracia consolidada” indicó Álvaro Sánchez.

La actividad contó además con la participación de Victoria Ortega Benito, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española y Tomás Federico Arias, quien presentó la conferencia magistral denominada, “Periplo histórico-jurídico de la fundación del Colegio de Abogados de Costa Rica (1881)”.

En la celebración también estuvieron presentes el magistrado y presidente de la Sala Primera de la Corte, Luis Guillermo Rivas Loáiciga y el magistrado de la Sala de Casación Penal, Álvaro Burgos Mata.

• El documento completo lo puede consultar en la página: www.enipc.co.cr

 Los Supremos Poderes de la República integraron un frente común contra la corrupción, mediante la firma de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (ENIPC). 

 La firma formal se realizó el viernes 6 de agosto, con la participación del Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada; la Presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz  Castro y la Presidenta a.i. del Tribunal Supremo de Elecciones, Eugenia Zamora Chavaría.

 “… El compromiso es de toda la institucionalidad pública de dirigirse a generar normas, mecanismos, coordinaciones y estructuras que permitan blindar el accionar público del flagelo del crimen organizado y la corrupción. Las acciones en el marco de esta Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, encuentran su génesis en la convocatoria de la Presidencia de la República a finales del año 2019, época previa a la pandemia. El documento que se presenta el día de hoy refleja el compromiso de las instituciones públicas, el sector privado y la sociedad civil, mediante un trabajo de co-creación”, afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

 El jerarca judicial destacó las acciones emprendidas por el Poder Judicial en esta materia como la puesta en marcha del modelo de cumplimiento normativo de anticorrupción, mediante la detección y reacción ante conflictos de interés que eventualmente pueden afectar a la institución, la creación de mecanismos para transparentar el quehacer institucional como lo es el Observatorio Judicial, una herramienta que contribuirá con el acceso a la información de interés público y rendición de cuentas.

 El Presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, resaltó que “…Estamos aquí los Poderes de la República con la convicción de combatir, prevenir y sancionar los actos de corrupción, se necesita del trabajo coordinado, orquestado y comprometido de todos los actores de la sociedad para proteger nuestro Estado Social de Derecho y el bienestar de todas las personas”.

 La ENIPC propone una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo, como una respuesta institucional frente a la corrupción, las cuales se agrupan en cinco ejes: Gobernanza en la lucha contra la corrupción, Gestión del talento humano para luchar contra la corrupción, Promoción de la participación y el control ciudadano,  Gestión de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada y Acceso a la información de interés público y rendición de cuentas.

 El proyecto se desarrolló bajo la coordinación de la Procuraduría de la Ética Pública y la organización de sociedad civil Asociación Costa Rica Integra, con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos.

 La Presidenta de la Asamblea Legislativa, Silvia Hernández Sánchez, recalcó que “… desde la legislación pasada hemos hecho y continuamos haciendo esfuerzos por fortalecer la política de parlamento abierto, permitiendo a la ciudadanía conocer el trabajo que nos corresponde, con el libre acceso a la toda la información”.

 Por su parte, la Presidenta a.i del TSE, Eugenia Zamora Chavaría señaló que “por imperativo normativo y por convencimiento de quienes laboramos en él, fomenta la cultura y los valores democráticos, referentes incompletos si no integran la transparencia, el acceso a datos, la probidad y la promoción de una ciudadanía activa, en donde la fiscalización responsable e informada es medular”.

 En la actividad participaron por parte del Poder Judicial, la magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, así como representantes de la Fiscalía General, la Secretaría Técnica de Ética y Valores, de la Oficina de Cumplimiento y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (CONAMAJ).

• Actividad fue organizada por el Poder Judicial de Perú.

El Magistrado de la Sala Segunda de la Corte y Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Jorge Olaso Álvarez, participó en el Congreso Internacional de Acceso a la Justicia de Personas Adultas Mayores, actividad organizada por el Poder Judicial de Perú.

Dicho encuentro virtual se llevó a cabo el pasado 27 de julio y constituyó la oportunidad de exponer lo que el país mediante el Poder Judicial realiza en materia de la defensa de los derechos de esta población en condición de vulnerabilidad.

Durante su participación, el magistrado Olaso Álvarez se refirió a diferentes aspectos en torno a la situación actual de esta población en Costa Rica, destacando el número de personas pertenecientes a este grupo en el país, sus características demográficas, los diferentes enfoques para la protección de sus derechos y la normativa que garantiza su pleno goce.

Entre los datos más destacados, se mencionó que para el 2020, según datos del INEC, en Costa Rica vivían 626.297 personas de este grupo de la población, de los cuales un 56,8% son mujeres.

Además, dentro de sus características demográficas, es importante señalar que, si bien las nuevas generaciones de personas adultas mayores presentan una leve mejoría en los campos educativo y económico, se mantiene una brecha significativa entre la población rural y la población urbana.

Por otra parte, en lo que respecta a la adultez mayor y la interseccionalidad, el magistrado señaló que, según el Segundo Informe del Estado de la Situación de la Persona Adulta Mayor realizado en el 2020, la población afrodescendiente en Costa Rica es menos envejecida que la del resto del país, ya que apenas un 5% tiene 65 años o más.

También, se subraya que, en materia de poblaciones indígenas, el nivel de envejecimiento de este segmento de la población es mayor al promedio del país, con un porcentaje de 9 y 7 respectivamente, tomando en cuenta que existe una mayor proporción de personas adultas mayores que se autodenomina indígena, pero que vive fuera de sus territorios.

En el caso de la población migrante, la comunidad extranjera nicaragüense es la más representativa, abarcando un 7% de la población nacional, de los cuales un 4% tiene 65 años o más.

Otro tema desarrollado por el Magistrado Olaso fue el enfoque de los derechos de las personas adultas mayores, enfatizando en el concepto de los Derechos Humanos y el Derecho Gerontológico, el cual promueve el empoderamiento de las personas mayores como sujetos de derecho con garantías y responsabilidades, con sus enfoques de planificación de la fase final de la vida, de derecho y economía, el jurisprudencial terapéutico y el enfoque feminista de la ética del cuidado.

“En este concepto, el Derecho Internacional es el marco conceptual aceptado, ya que es capaz de obtener un sistema coherente de principios y reglas que guíen la doctrina y la jurisprudencia, así como las políticas públicas”, destacó el magistrado.

Además, se refirió a la normativa que vela por el cumplimiento del respeto de los derechos de esta población, destacando la normativa nacional como la Constitución Política, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor y su Reglamento, el Código de Trabajo, la Ley de Fortalecimiento de del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), la jurisprudencia constitucional y la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez 2011-2021, así como los instrumentos internacionales ratificados por el país como lo son la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, CEDAW, Belem Do Pará, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, las Reglas de Brasilia para el Acceso a la Justicia de Personas en Condición de Vulnerabilidad y la jurisprudencia de la CIDH.

En sus conclusiones, el Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia resaltó el compromiso del Estado costarricense de proteger a las personas mayores y garantizar sus derechos, gracias a la protección especial tanto nacional e internacional que les asiste, además de destacar la importancia de las Reglas de Brasilia para establecer parámetros de acceso a la justicia al calificar a los adultos mayores como personas en condición de vulnerabilidad.

 La actividad se desarrolló de manera virtual.