• Avances y desafíos para el acceso a la justicia de la ciudadanía con discapacidad.

El Poder Judicial y el Sistema de Naciones Unidas realizó el foro internacional virtual: “Para una justicia inclusiva y accesible – avances y desafíos para el acceso a la justicia de la ciudadanía con discapacidad”.

El día internacional de la personas con discapacidad promueve y reconoce sus derechos en todos los ámbitos desde la participación social, así como la concientización sobre las diversas realidades políticas, sociales, económicas y culturales en un contexto donde además se debe impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto a los derechos humanos en un Estado de Derecho efectivo, con independencia judicial, una gobernanza en todos los niveles, con instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas.   

Allegra Baiocchi, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas indicó que “es importante agradecer al Poder Judicial por su apertura, su disposición y su voluntad para trabajar por los derechos de esta población, pues las brechas y rezagos que enfrentan son innegables, muy reales y por eso nuestra tarea tiene que ser enforcarnos en transformar y revertir estas desigualdades especialmente las que se han agudizado por la pandemia”. 

El Magistrado y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, Jorge Olaso Álvarez expuso sobre el “Acceso a la justicia de las personas con discapacidad”, en la cual explicó el voto número 00017 – 2010 del Tribunal Segundo Civil de San José, el Voto número 1768-2020 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, así como artículos de distintas leyes.

La Magistrada y coordinadora de la Subcomisión de Personas con Discapacidad, Damaris Vargas Vásquez realizó su exposición titulada “Avances y desafíos en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad”.

“Con ocasión de esta política que estamos construyendo y actualizando de equiparación de oportunidades y de igualdad de derechos de las personas con discapacidad para el acceso a la justicia, estamos incorporando la equiparación de oportunidades, es decir se le da un enfoque diferenciado que también está vinculado con la política de empleabilidad de esta población”, puntualizó la Magistrada Vargas Vásquez.

Así mismo, realizaron ponencias las personas panelistas Catalina Devandas Aguilar, Embajadora de Costa Rica ante las Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con la exposición “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad” y Rodrigo Jiménez Sandoval, experto de la Fundación Justicia y Género con la ponencia titulada “Enfoque de género en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”.

Alberto Brunori, representante regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “corresponde eliminar todas las barreras que restrinjan a esta población el acceso a la justicia”.

• Reconocimientos son otorgados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

El Poder Judicial de Costa Rica obtuvo el primer lugar en el Sector Seguridad Ciudadana y el tercer lugar general en el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) 2021, por sus esfuerzos en la garantía y el respeto a los derechos y la adecuada atención de las personas con discapacidad.

Dichos galardones son entregados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), institución que, en dicho índice, evalúo 103 instituciones públicas, 46 municipalidades y 10 colegios profesionales, de los cuales solo cuatro instituciones y una municipalidad superaron la nota de 601 a 800 que las cataloga como excelentes, en las que destaca el Poder Judicial.

El estudio, evaluó aspectos como la ejecución de diagnósticos sobre accesibilidad en los entornos físicos, la realización de planes de mejora con base en esos diagnósticos, los niveles de accesibilidad en los sitios web, la implementación de acciones como la promoción de derechos, la asistencia humana, la accesibilidad digital y la información y comunicación, la adaptación de formatos para brindar dicha información de acuerdo a las necesidades de esta población, la disponibilidad de productos de apoyo y la presencia de personas con discapacidad en los servicios.

Dicha actividad, se desarrolló en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que busca generar conciencia en las instituciones públicas y privadas, así como en las empresas sobre la importancia de eliminar la discriminación, garantizar el respeto a los derechos y el acceso a los servicios, así como la inclusión y la posibilidad de tener oportunidades reales de trabajo que permitan el empoderamiento de este sector de la población, que representa en el rango de personas adultas del país, un 18.3% de la población.

El reconocimiento por parte de la institución fue recibido por Angie Calderón Chaves, encargada a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. La actividad se llevó a cabo este viernes 3 de diciembre en las instalaciones del CONAPDIS.

El galardón se obtuvo gracias al compromiso y esfuerzo de toda la población judicial, liderada por la Comisión de Acceso a la Justicia coordinada por el Magistrado Jorge Olaso Álvarez, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad coordinada por la Magistrada Damaris Vargas Vásquez y la Unidad de Acceso a la Justicia cuya jefatura a.i. corresponde a la señora Angie Calderón Chaves.

• Condicionada a la aprobación del proyecto de ley 21336 en primer debate en la Asamblea Legislativa.

 La Corte Plena acordó plantear una consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley 21336, Ley General de Empleo Público, en lo referente a posibles afectaciones que podrían darse a las competencias constitucionales del Poder Judicial, respecto al contenido y efectos de las normas propuestas.

 El acuerdo se tomó por mayoría de las magistradas y magistrados presentes, con una votación de 18 votos a favor y 2 en contra, durante la sesión de este martes 30 de noviembre de 2021.

 La ejecución de este acuerdo, por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, queda condicionada a la aprobación en primer debate del expediente legislativo.

 El objetivo es que se analice la incidencia y afectación de los principios de separación de poderes, independencia judicial y autonomía organizacional administrativa, respecto a las normas que se proponen sobre el Poder Judicial y se funda en el artículo 6 y otros, que establece la rectoría general de MIDEPLAN sobre un porcentaje significativo de la población judicial y otros artículos relacionados.

 La consulta facultativa se basa en el criterio judicial emitido por Corte Plena el 17 de noviembre de 2021, así como criterios de la Procuraduría General de la República, este último señala la persistencia de posibles vicios de inconstitucionalidades en el último texto de la iniciativa de ley.

 Se establecen cuatro ejes temáticos relacionados con la rectoría general del MIDEPLAN sobre un porcentaje significativo de la población judicial. 

 La relación de carácter vertical y directa que se plantea entre el MIDEPLAN y la Dirección General de Servicio Civil, con las oficinas de gestión humana, que incluye a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y otros órganos judiciales, se considera que obvia las funciones y competencias de gobierno, que ejercen órganos judiciales constitucionales como el Consejo Superior y la Corte Plena, en temas de reclutamiento y selección del personal, capacitación y evaluación de desempeño, la definición de las categorías de puestos y su remuneración.

 Se cuestiona que se omite las relaciones de cooperación y coordinación en los temas medulares, entre el órgano rector y los órganos de gobierno judicial.

 Si solo se excluyera de la aplicación de la propuesta de ley a los jueces y juezas, el 89.08% de la población judicial estaría sometida a la rectoría de MIDEPLAN (11 624 personas trabajadoras judiciales).  Si además se excluyera a personal de fiscalía y de la Defensa Pública, el 79,89% de la población judicial estaría bajo la competencia del ente ministerial (10 425 personas) y si se excluye también el escalafón de la policía judicial, el 63,90% (8338 personas) quedarían bajo los lineamientos, directrices y reglamentos de MIDEPLAN.

•  9 despachos y oficinas judiciales reciben Acreditación de Calidad GICA-Justicia y 9 más se reacreditan.

 Oficinas administrativas, despachos jurisdiccionales y auxiliares de justicia recibieron la Acreditación de Calidad bajo la Norma GICA-Justicia, al cumplir con los estándares requeridos para brindar un mejor servicio a la persona usuaria.

En un acto oficial este viernes 26 de noviembre, se hizo entrega de la Acreditación de Calidad GICA-Justicia a 9 oficinas y despachos judiciales y 9 más, recibieron su reacreditación.

 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro afirmó que “… las acreditaciones que se entregan hoy son el reflejo de una ardua labor de cada uno de los servidores judiciales que conforman las 18 oficinas, que con dedicación y esmero han logrado que sus despachos se certifiquen como oficinas con estándares de gestión de calidad.  Esto representa que el servicio público, brindado a las personas usuarias, sea de mayor calidad.  Es un esfuerzo que merece ser destacado, por el servidor público, en especial el servidor judicial que presta un servicio valioso al país”.

 Para el magistrado y coordinador de la Comisión de Gestión de la Calidad del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, “la Comisión y el CEGECA han logrado establecer una serie de procedimientos y un acercamiento a todas estas oficinas, que han permitido que todas tengan la introducción de estas formas de organización, de mejora de procesos y de orden de documentos, que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo y hoy lo demuestran con la entrega de las acreditaciones de calidad”.

 Como invitada especial se contó con la participación de la magistrada del Poder Judicial de Honduras, María Fernanda Castro Mendoza quien destacó que “la calidad nos sirve de puente para acercar el servicio que prestamos, teniendo como centro a la persona usuaria, la satisfacción de sus necesidades y expectativas y que nos recuerda que todos los procesos son perfectibles”.

 Despachos acreditados en Normas GICA-Justicia:

 Secretaría General del OIJ- Sello Gestión Documental

• Sección de Apoyo Psicológico Operacional del OIJ- Sello Gestión Procesos
• Subproceso de Contabilidad de Macroproceso Financiero Contable- Sello Gestión Documental
• Proceso Financiero de la Dirección de la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial – Sello Gestión Documental
• Administración Regional de Turrialba- Sello Gestión Documental
• Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público- Sello Gestión Documental
• Subproceso de Servicios de Salud, Sede I Circuito Judicial de San José- Sello Gestión Documental
• Administración Regional de Nicoya- Sello Gestión Documental
• Unidad de Atención Psicosocial de la Dirección de Gestión Humana- Sello Gestión de Proceso

 Además, la Unidad de Atención Psicosocial de Gestión Humana- Sello Gestión de Procesos recibió un reconocimiento por obtener la acreditación en los tres sellos de calidad

 En el acto participaron el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, la integrante del Consejo Superior, Sandra Pizarro Gutiérrez, representantes del National Center for State Courts de la Embajada de los Estados Unidos, del SINCA-Justicia y representantes de los despachos y oficinas acreditadas.