• Encuentro sirvió como espacio para escuchar las inquietudes y necesidades en materia de justicia de este sector de la población.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, se reunió este miércoles 26 de enero con líderes indígenas de la Asociación de Desarrollo de Bajo Chirripó, la Organización Ambientalista Bloque Verde y organizaciones feministas y otras representaciones.

El encuentro sirvió como espacio para que el alto jerarca del Poder Judicial escuchara las inquietudes de los representantes en materia de necesidades e inconformidades en temas de seguridad, disputa de terrenos y propiamente en el servicio de administración de justicia.

Para el magistrado Cruz Castro, es importante reconocer la independencia de los jueces y juezas, pero esto no quiere decir, que el presidente de la Corte no pueda hacer instancias para que se aceleren los procesos, exista mejor comunicación y que los casos no tarden tanto en resolverse.

El máximo jerarca de la Corte destacó que adicionalmente del abordaje judicial, este tema debe tener un abordaje político, ya que debe reconocerse una acción política de expropiación para reconocer las tierras que les pertenecen a las personas indígenas. Cruz Castro señala que esto debe ser un complemento para atender las graves agresiones que sufren las personas de estas poblaciones.

“No puedo desconocer que este es un tema muy serio y muy grave, ya que está de por medio, la libertad, la dignidad y la vida de muchas personas y esto no me excluye para hacer el máximo esfuerzo para dar un trato digno que ustedes merecen al igual que cualquier otro ciudadano y ciudadana”, manifestó Cruz Castro.

Don Fernando señaló adicionalmente que hará el máximo esfuerzo para mediante la Contraloría de Servicios del Poder Judicial, recoger todas las inquietudes que se vienen a plantear y así mediante dicho esfuerzo, el cual debe salir de los tres Poderes de la República, poder brindar una atención especial para atender la situación y el drama que viven actualmente estas poblaciones.

El encuentro se dio como parte de un manifiesto que hacen estas organizaciones indígenas al Gobierno, en donde muestran su preocupación por los hechos de violencia que se dan en sus territorios, preocupación que el Poder Judicial comparte y que es parte de sus esfuerzos institucionales en la búsqueda de una justicia de calidad para todos por igual.

Las autoridades del Poder Judicial recibieron formalmente el Edificio Torre Judicial, durante el acto de firma de entrega.

 En la actividad participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, autoridades administrativas del Poder Judicial y representantes del Banco de Costa Rica, como Fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario, así como la Unidad Administradora de Proyectos (ICC Proyectos) y del Consorcio Constructivo.

 “Es un acto muy importante de recepción del edificio para iniciar ya efectivamente la ocupación y la prestación de servicio para la población, que va a ser muy positivo, porque las condiciones planificadas son adecuadas y con ello mantener siempre el mismo nivel y calidad del servicio público”, afirmó el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro.

 Con la recepción del edificio, se iniciará con la implementación del traslado del personal de los 18 despachos que brindarán sus servicios en el nuevo edificio, proceso que ha planificado con la debida antelación.

 En materia civil funcionarán los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Civil, los Tribunales Primero y Segundo Colegiados de Primera Instancia Civil y los Tribunales Primero y Segundo de Apelación Civil, así como el Juzgado Concursal, los Juzgados Primero, Segundo y Tercero Especializados de Cobro Judicial.

 En el caso de la materia laboral, se concentrarán los cuatro despachos que integran la Jurisdicción en el I Circuito Judicial de San José, como lo son la Sección Primera y Segunda del Juzgado de Trabajo, el Tribunal de Apelación Laboral y la Sección Especializada de Asistencia Social de la Defensa Pública, así como el Juzgado de Seguridad Social y la Unidad Médico Legal de Seguridad Social.

 También se instalará la Oficina de Recepción de Documentos del Primero Circuito Judicial de San José y la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa, al igual que una oficina de la Administración del I Circuito Judicial de San José, que atenderá todas las necesidades que surjan en esta materia en la edificación.

• Para construcción de presupuesto judicial 2022

Las acciones que emprende el Poder Judicial y su población trabajadora de cara al ahorro en recursos como papel, tóner, impresión y servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, se reflejan en la etapa de elaboración del anteproyecto de presupuesto del 2023.

El Consejo Superior en la sesión N°103-2021 celebrada el 01 de diciembre del 2021, artículo XXV, aprobó una serie de lineamientos propuestos por la Dirección de Planificación, que deben seguir los Centros de Responsabilidad del Poder Judicial, en la formulación de sus anteproyectos de presupuesto de cara al próximo año.

Las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023,  se elaboran en el Subproceso de Formulación de Presupuesto y Portafolio de Proyectos Institucional, de la Dirección de Planificación, quienes durante el proceso las remiten a conocimiento y aprobación de las diferentes Direcciones, Departamentos y Programas Presupuestarios.

“La Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas implicó limitaciones de crecimiento presupuestario desde el 2020, y bajo el supuesto de que se mantendrán las mismas medidas de contención del gasto y que nuevamente no habrá posibilidad de un incremento en el presupuesto solicitado por el Poder Judicial, los Centros de Responsabilidad deben ajustar el límite de sus solicitudes de gasto.”, se puntualiza en el documento.

Con las medidas de contención del gasto establecidas, las acciones que emprende la población judicial en el uso racional de los recursos, aunadas a las gestiones administrativas, se generará un impacto positivo.

El acuerdo del órgano judicial administrativo avaló las acciones que amplíen los esfuerzos institucionales de “…reducir el uso de papel y tóner, promover el uso de medios tecnológicos, sensibilizar a las servidoras y los servidores judiciales sobre el consumo del papel y la necesidad de disminuir el tiempo de respuesta sin deterioro de los derechos fundamentales de las personas usuarias.”.  

Se dispuso la aplicación de medidas de control de crecimiento por parte de los Centros de Responsabilidad, en los servicios de fotocopiado.

También se estableció la revisión del Banco de Buenas Prácticas para valorar la aplicación de experiencias exitosas de otras oficinas en materia de uso de papel y el compromiso del establecimiento de planes para disminuir su consumo, sin que se genere un faltante de suministros en las oficinas y despachos.

En cuanto a las Comisiones que a la fecha producen agendas o calendarios para distribuir, se indica que se debe acordar la forma en que se reduzca el número de ediciones, tratando de que las publicaciones satisfagan las necesidades de todos.

Se destacan los sistemas de agenda administrativa y agenda judicial que permiten realizar la programación de las gestiones judiciales de forma electrónica, tanto de oficinas como despachos.

El Consejo Superior reiteró la directriz relacionada con la solicitud “…a las Administraciones Regionales y demás centros de responsabilidad, que para la adquisición de equipos con especificaciones técnicas que permitan el ahorro de agua y electricidad, consideren el “Catálogo de Especificaciones Técnicas Básicas, para la Estandarización del Suministro de Equipos de Ahorro del Consumo de Agua y Energía Eléctrica, en las Edificaciones Sostenibles del Poder Judicial”, de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional”., detalló el acuerdo.

A esto se suma la directriz establecida desde el 2018, para que las oficinas y Centros de Responsabilidad del Poder Judicial, implementen medidas para disminuir de forma paulatina el consumo de plásticos de un solo uso, mediante alternativas renovables o biodegradables, amigables con el ambiente.

Las Directrices Técnicas para la Programación y Formulación del Anteproyecto de Presupuesto 2023, también contemplan aspectos puntuales sobre el cumplimiento de las normas de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en temas como el límite de crecimiento presupuestario, pago del Impuesto al Valor Agregado en las compras judiciales de bienes y servicios.

Además, en cuanto a los recursos que sean formulados para la atención y ejecución de proyectos se deberán aplicar los lineamientos de la Metodología de Administración de Proyectos aprobados por la Corte Plena en la Sesión N°02-2020 del 13 de enero del 2020, artículo XXXIII, entre otros aspectos técnicos.

• Datos estadísticos muestran información de enero a diciembre de 2021.
• Servicios digitales se consolidan como alternativa para las personas usuarias.

La continuidad en el trabajo de la administración de justicia, de manera eficiente y que garantiza un servicio de calidad y con acceso para todas las personas ciudadanas, se mantuvo como prioridad para el Poder Judicial en el año 2021.

Mediante la labor del personal humano y el uso de los recursos tecnológicos se logran materializar estos esfuerzos para brindar una justicia pronta y de acuerdo con las necesidades de las personas usuarias.

De esta forma, el Sistema de Depósitos Judiciales, sistema por el cual se registra el dinero que se recibe, autoriza y paga dentro de los procesos judiciales, sigue mostrando altos índices de efectividad, lo anterior con el propósito de mantener activa la economía del país.

A continuación, se presenta el movimiento de dicho sistema en el período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2021.

En este período, el Poder Judicial ha pagado a las personas usuarias ¢267.933.03 millones, $21.30 millones y 6.200.00 Euros, es decir, un promedio diario de ¢765.52 millones y $60.870.15. Los pagos se realizaron mediante más de 2.543.267 gestiones.

En cuanto a depósitos, se recibieron ¢ 290.819.88 millones, $26.65 millones y 4.200.00. Euros, en 2.565.460 gestiones, mientras que las autorizaciones de pago hechas por los juzgados fueron de ¢ 270.728.04 millones y $22.17 millones y 119.222.21 Euros en 2.575.799 gestiones realizadas.

Comportamiento de los servicios digitales

Las herramientas tecnológicas con las que cuenta el Poder Judicial permitieron que las personas usuarias realizaran sus consultas desde su casa u oficina, sin tener que trasladarse hasta el despacho correspondiente, para revisar el expediente. Dichos sistemas tuvieron un movimiento importante en los meses comprendidos enero y diciembre del 2021.

En ese período, se entregaron 512.000 hojas de antecedentes penales, se registró la presentación de 242.071 demandas y 2.365.862 escritos, también, se tramitaron 11.982 certificaciones de pensión alimentaria, 78.390 órdenes de apremio y 5.335.515 notificaciones.

En lo que respecta a los trámites de impedimento de salida del país, se gestionaron 88.882 consultas directas de personas usuarias y se recibieron 2.651.750 consultas por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Finalmente, se registraron 3.446.283 consultas de jurisprudencia en el buscador Nexus PJ, 219.518 consultas al Chatbot del Poder Judicial, se tramitaron 111.619 claves de Gestión en Línea y se tramitaron 1.286.762 expedientes electrónicos.