• Magistrada Damaris Vargas Vásquez participa como Coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y representante del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana.

 El avance del Derecho Constitucional Ambiental en Latinoamérica y el rol de la Judicatura Ambiental fueron temas que se desarrollaron a nivel internacional en el Día Mundial del Medio Ambiente, con la participación de la magistrada Damaris Vargas Vásquez, de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

 El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) abre esta plataforma mundial cada año y en esta ocasión, su sede fue Suecia.  Bajo el lema “Una sola tierra”, se realizaron 3 sesiones plenarias con líderes y lideresas ambientales, quienes expusieron acciones necesarias para salvaguardar el Ambiente y acelerar la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y varios eventos paralelos.

 La magistrada Damaris Vargas, Coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y representante del Poder Judicial ante la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana destacó los ejes temáticos desarrollados en el “Simposio sobre Jueces y Medio Ambiente: El Impacto de la Declaración de Estocolmo en la conformación del Derecho Ambiental Global y Jurisprudencia”.

 “El Simposio reunió a personas juzgadoras y magistradas de distintos países, quienes abordaron tres temas principales relacionados con el papel del Poder Judicial en la implementación del Estado de Derecho Ambiental.; el papel de las personas juzgadoras en la incorporación del derecho, los acuerdos y las declaraciones internacionales en la legislación nacional, reflexionándose sobre cómo la Declaración de Estocolmo ha dado forma y sigue influyendo en el derecho y el pensamiento jurídico actual, la necesidad del fortalecimiento de la independencia y la integridad judicial como requisitos del Estado de Derecho Ambiental y el desafió de la educación judicial para los Poderes Judiciales de todo el mundo en el área de Derecho Ambiental”, destacó Vargas Vásquez.

 La Magistrada Vargas Vásquez, participó en el Panel “Principios de Derecho Ambiental Emergentes desde la Declaración de Estocolmo”, junto con Michelle Weeks, del Tribunal Superior de Barbados como copresidentas. Además, fungieron como expositores David Boyd, Relator de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Medio Ambiente; Antonio Herman Benjamín, del Alto Tribunal Nacional de Brasil y Ricardo Lorenzetti, de la Corte Suprema de Justicia de Argentina.

 En el Simposio 24 horas: Estado de Derecho Ambiental, Simposio para conmemorar el 40° Aniversario del Programa de Montevideo y los 50 años del Derecho Ambiental Internacional, que inició en Asia y culminó en Sudáfrica, la magistrada Vargas Vásquez fue una de las expositoras en la Sesión 12: El Constitucionalismo Ambiental en América Latina, espacio en el que se desarrollaron temas sobre las tendencias consolidadas, las ideas y las vías jurídicas más prometedoras del derecho constitucional ambiental latinoamericano; así como el rol de la Judicatura Ambiental.

 Charla Virtual Movilidad Eléctrica en Costa Rica

 Desde Costa Rica y en el marco de las acciones que emprende el Poder Judicial en materia ambiental, se participó en la charla virtual Movilidad Eléctrica que tuvo lugar el pasado 2 de junio, cuyo fin es sensibilizar sobre el uso de vehículos eléctricos, sus ventajas, desventajas y beneficios ambientales. 

 La actividad reunió a personal judicial y de otras instituciones públicas y la impartió la Asociación Costarricense de Movilidad Eléctrica (ASOMOVE).

La Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) de La Unión está ubicada en avenida uno sobre calle vieja, 400 metros oeste del cementerio de Tres Ríos, junto al Taller del Artista; inició sus servicios en esta comunidad el 02 de marzo del 2015.

PISAV ofrece en un solo lugar servicios a las víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.

Cuenta con Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Defensa Pública, Fiscalía, Oficina de Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima (OAPVD)  y Unidad Médico Legal.

Se puede interponer demandas por pensión alimentaria, pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal en caso de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, solicitar representación de la Defensa Pública en materia de familia, así como atención psicológica y asistencia social, así  recibir servicios del programa de Atención  o  una valoración de situación de riesgo por parte de la OAPVD

Laura Salas Boschini, defensora pública de esta plataforma se refirió a la facilidad en el acceso al servicio que se brinda a las personas usuarias al encontrarse todas las oficinas relacionadas con la materia en un mismo edificio, y aseguró que esto evita en gran medida la revictimización de un buen sector de las personas usuarias, ya que resalta la empatía y mística con la que las personas servidoras realizan su trabajo día a día. 

“Nos esmeramos para que la persona usuaria tenga la certeza de lo importante que es, para cada uno de nosotros, ayudarle y acompañarle en la situación que está enfrentando y que se hará el máximo esfuerzo porque se obtenga la justicia pronta y cumplida a la cual tiene derecho”, indicó Laura Salas.

El correo electrónico al que se pueden dirigir es: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Teléfono: 2278-2233 / 2279-5064 Fax: 2278-0600.

Convenio de cooperación interinstitucional

Gracias al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas, se cuenta con Defensorías Sociales, en las plataformas de Pavas, La Unión y Siquirres, quienes brindan asesoría y representación jurídica a personas en condiciones de vulnerabilidad, en violencia doméstica, asuntos de pensiones alimentarias referidos por las Defensas Públicas, modalidad PISAV, además de asuntos que les refiera el Juzgado de Familia, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres.  

El horario de atención en La Unión son los lunes y viernes de 8:00 am a 2:00 pm., el correo electrónico de contacto es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Para obtener una cita se puede visitar los PISAV o comunicarse a los teléfonos de cada plataforma, en el horario anterior. 

• Prioriza necesidades en la implementación de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y el pago del Fideicomiso para la construcción del Edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas.
• Gasto presupuestario máximo para el próximo año es de ¢490.479 millones.
• El anteproyecto de presupuesto debe ser entregado a más tardar el 15 de junio próximo ante el Ministerio de Hacienda.

En sesión extraordinaria de Corte Plena realizada el pasado miércoles 1 de junio, los magistrados y magistradas del máximo órgano judicial conocieron el Anteproyecto de Presupuesto 2023 institucional, el cual ya fue aprobado por el Consejo Superior. Dicho anteproyecto fue presentado por la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.

Se destaca en la presentación, que el gasto presupuestario máximo para el próximo año es de ¢490.479 millones, en donde el Gasto Corriente se fijó en ¢464.937,5 millones y el Gasto de Capital es de ¢25.541,5 millones, lo cual representa una variación del 3,86% en relación con el presupuesto de ley 2022, autorizado por el Ministerio de Hacienda en oficio DM-0426-2022.

Dentro de este límite planteado, se incluyen gastos de carácter ineludible que cubren la totalidad de las operaciones, tales como las remuneraciones, las contribuciones asociadas, los servicios públicos y los contratos vigentes.

El financiamiento del gasto considera los ingresos por: Impuestos a Personas Jurídicas, Honorarios Oficina Defensa Civil, Plataforma Información Policial, Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones y Ministerio Público y al monto del gasto máximo aprobado se incorporan los recursos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y los recursos de Fideicomiso de Edificio de Puntarenas. Es importante indicar que no se autoriza la creación de nuevas plazas.

El anteproyecto considera dentro del gasto presupuestario máximo el monto correspondiente a las anualidades por el agotamiento de la vigencia temporal de la norma transitoria adicionada por la Ley 9908 que suspendía este incentivo para los periodos 2020-2021 y 2021-2022.

Dentro de las direcciones técnicas aprobadas por el Consejo Superior para el siguiente ejercicio presupuestario, se estableció en materia de construcciones que la Dirección Ejecutiva y la Comisión de Construcciones deben definir las necesidades y dar énfasis a los proyectos de mantenimiento; en lo referente a la materia tecnológica, las oficinas que tengan a cargo proyectos estratégicos deben consignar los recursos de cada período en el Sistema de Proyección Plurianual, además, se determinó no ampliar los servicios por concepto de contratos de seguridad y limpieza, salvo los estrictamente necesarios y se estableció internamente que  para el presupuesto máximo autorizado para el 2023, el límite presupuestario debe ser igual o menor al aprobado para el presupuesto del 2022.

En relación con el presupuesto asociado a la ejecución de proyectos estratégicos, se mantienen un total de 75 proyectos activos entre los diferentes programas incluidos en la propuesta, para un total de ¢11,452,219,623 en la formulación.

Sobre los aspectos relevantes del presupuesto de las distintas áreas, en materia de vehículos, en las directrices de Formulación Presupuestaria 2023, se autoriza el cambio de los vehículos cuyo modelo sea del año 2017 o anterior a este. El incremento en el 2023 se debe a los recursos aprobados para atender el requerimiento en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada por ¢1,099,909,440 para equipo de transporte. Si se excluye esta suma, el Presupuesto de vehículos mostraría un decrecimiento del 1,54% con relación al monto aprobado para el 2022.

El gasto tecnológico a nivel institucional presupuestó un total de ¢9,589,186,307, en sus diferentes temas estratégicos que incluyen la confianza y la probidad en la justicia, la gestión de personal, la optimización y la innovación de los servicios judiciales, la planificación institucional y la seguridad informática.

En lo que tiene que ver con los proyectos constructivos, se presupuestaron ¢9 997 millones, en donde se incluyen proyectos estratégicos en circuitos judiciales como San Ramón, San Carlos, San José, Turrialba, Corredores, Golfito, el Segundo Circuito Judicial de San José y el Departamento de Ciencias Forenses, entre otros.

En cuanto a seguridad, el monto total es de ¢640,884,267, monto que no registra ningún crecimiento relacionado al 2022, en rubros como el control de acceso inteligente, la modernización de los sistemas de seguridad electrónicos del Poder Judicial y el reforzamiento de la seguridad de los despachos judiciales.

Necesidades institucionales sin contenido presupuestario: Pese a lo anterior, existen necesidades que no tienen contenido presupuestario y que son fundamentales para la institución, como las que se detallan a continuación:

• Presupuesto requerido para la Atención y Acceso a la Justicia de Personas con Asuntos relacionados a Pensiones Alimentarias (18 plazas): ¢938,568,280.
• Necesidad de 22 plazas de Custodio de Detenidos para diferentes oficinas del OIJ a nivel nacional, estimado en ¢599,111,228 millones aproximadamente.
• Acceso a la Justicia de las personas ciudadanas en Zonas cercanas a Puerto Jiménez "Tribunales Peninsulares": ¢518,645,894.
• Requerimientos de personal Fiscal de Juicio en el Ministerio Público: ¢1,327,689,735.
• Tribunales de Juicio Penal a nivel nacional: Completar estructuras mínimas: ¢2,297,039,367.

Sumado lo anterior a las necesidades legales por la creación de nuevas leyes como la Ley N°9458 Ley de Bienestar de los Animales, la Ley N°9582 de Justicia Restaurativa, el Código Procesal de Familia y la Ley N°9609 del Nuevo Código Procesal Agrario, entre otras reformas legales y proyectos de ley.

También, dentro de los aspectos relevantes que impactan el presupuesto para el año 2023, resaltan el incremento por tipo de cambio, el incremento en el Aporte Estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el pago de especies fiscales por Adjudicaciones, el tema de la Anualidad con aguinaldo y cargas sociales y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además, se aprobó el presupuesto de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por un monto de 1.687.929.676, que son con recursos propios de la JUNAFO y financiado por el Poder Judicial 594.566.314.

Cabe indicar, que por disposición de la Procuraduría General de la República, el presupuesto de la JUNAFO se debe presentar en conjunto con el presupuesto del Poder Judicial.

El anteproyecto fue aprobado de manera unánime por los magistrados y magistradas de la Corte Plena y se deberá remitir a más tardar el 15 de junio al Ministerio de Hacienda.

En la presentación del anteproyecto estuvieron presentes los y las integrantes del Consejo Superior, los y las directoras de la Dirección Jurídica, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Dirección de Gestión Humana, así como la Dirección de la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Fiscal General de la República.

En favor de las personas menores de edad privadas de libertad del Centro de Formación Juvenil Zurquí, se presentó obra de teatro denominada "Si nosotras fuéramos ellos".

Dicha obra forma parte del proyecto de cooperación entre la Embajada de Francia, la Universidad Nacional, el Ministerio de Cultura y Juventud, Los Centros Cívicos para la Paz y el Centro de Formación Juvenil Zurquí, y se presentará en el Teatro Melico Salazar los días 10,11 y 12 de junio.

El Magistrado de la Sala Tercera y coordinador de la Sub-Comisión de Acceso a la Justicia en materia Penal Juvenil, Rafael Segura Bonilla y la jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Marianela Corrales Pampillo hicieron entrega como resultado de la campaña de colaboración para dotar de alimentación fuera del centro penal, vestido y otros implementos necesarios, a las cuatro personas menores de edad que participarán en dicha producción.

Segura Bonilla indicó que “el involucramiento de los jóvenes sentenciados con el arte es de vital importancia para su reinserción a la sociedad, de allí que cualquier acción que desde la Subcomisión Penal Juvenil se pueda hacer es fundamental. En el caso concreto, las alianzas estratégicas entre lo jurisdiccional, el Ejecutivo, la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas (ILANUD) y la Embajada de Francia, nos han permitido dar una nueva oportunidad a cuatro muchachos y muchachas en conflicto con la ley, quienes se presentarán como actores y actrices en una obra de teatro”.

Ignacio Mayoral Narros, del ILANUD hizo una donación en nombre de dicho instituto, que en conjunto con los aportes obtenidos por la campaña realizada desde el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y la Sub-Comisión de Acceso a la Justicia en Materia Penal Juvenil, permitirá que sean cubiertas las necesidades alimentarias y de vestido de las personas menores en sus días de ensayos y funciones, para las cuales no hay dotación institucional de recursos.  

El Magistrado señaló que la campaña no solo permite dotar de fondos a este proyecto en particular, sino que facilitó articular esfuerzos, trabajar en conjunto con organizaciones como el ILANUD e instituciones como el Ministerio de Justicia. “Principalmente se logró activar y sensibilizar a la población judicial, así como a los miembros de la comunidad, quienes son conscientes de la potencialidad de las personas menores de edad privadas de libertad y que el delito no debe definir sus derechos ni su futuro y así colaboran con la construcción de oportunidades de cambio e inserción”.