Sala de prensa - Page #173

Proyección institucional en Centroamérica y el Caribe

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Proyección institucional en Centroamérica y el Caribe

En la reunión extraordinaria de Presidentas y Presidentes del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC).

Este martes 10 de enero se realizó la reunión extraordinaria del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), convocada por el Poder Judicial de Puerto Rico por ostentar actualmente la Presidencia Pro Tempore, contando con la participación de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Puerto Rico.

Entre los puntos tratados en la agenda estaban la presentación y aprobación del nuevo portal web del Consejo, el cual presenta información como sus objetivos, normativa, estructura, países miembros, así como informar sobre de los planes de trabajo de los Grupos Especializados de Trabajo (GET), los Órganos Auxiliares, entre otros asuntos varios que permitan la transparencia y rendición de cuentas a la comunidad internacional.

El magistrado Luis Guillermo Rivas resaltó “la importancia que tiene para el Poder Judicial participar activamente en el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, al ser un foro en el cual se promueven diversos temas de interés, intercambio de experiencias, buenas prácticas, entre otras acciones realizadas conjuntamente con los poderes judiciales de la región en beneficio de la administración de la justicia”.

Por su parte, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro destacó “el logro del Consejo Judicial de poder reactivar el GET de Justicia Abierta y que nosotros en la Presidencia Pro Tempore de Puerto Rico vamos a co-coordinar, eso es muy significativo porque Costa Rica ha sido líder en las políticas de Justicia Abierta y creemos que el hecho de que pueda conformarse este grupo de trabajo permite dar continuidad al trabajo que ya se había realizado desde el 2018 y el poder participar coordinando con la Presidencia Pro Tempore de Puerto Rico el GET de Justicia Restaurativa que también es muy significativo porque nos permite posicionarnos a nivel Centroamericano y del Caribe como un país líder en la propuesta de avanzar en esta materia”.

Adicionalmente, se presentaron informes sobre los planes de trabajo de los órganos auxiliares del Consejo, que son el Centro de Capacitación Judicial para Centroamérica y el Caribe a cargo de Rebeca Guardia, y de la Comisión Centroamericana y del Caribe para el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad por Angie Calderón en representación del magistrado Jorge Olaso Álvarez, quien es coordinador de dicha comisión para el periodo 2022-2024.

La Delegación del Poder Judicial estaba encabezada por el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga en representación del Magistrado Presidente del Poder Judicial y Coordinador Nacional, el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas Comisionado en el GET de Justicia Abierta y de Justicia Restaurativa; la magistrada Sandra Zúñiga Morales Comisionada en el GET de Combate al Delito; Karen Leiva Chavarría Jefa de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial (OCRI) Comisionada para el GET de Objetivos de Desarrollo Sostenible; así como Rebeca Guardia Morales, directora de la Escuela Judicial y Directora Regional del Centro de Capacitación y Angie Calderón Chaves, jefa a. i. de la Unidad de Acceso a la Justicia en representación del Magistrado Jorge Olaso, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia del Consejo ; Ingrid Bermudez Vindas, de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y María Fernanda Calvo Aguilar de la OCRI.

Poder Judicial refuerza acciones para ejecución efectiva de política de simplificación y celeridad de trámites

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Poder Judicial refuerza acciones para ejecución efectiva de política de simplificación y celeridad de trámites

Realizan taller con representantes de entes de responsabilidad del ámbito administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia.

Promover prácticas para la efectiva implementación de la Política Institucional de Simplificación y Celeridad de Trámites del Poder Judicial, es el enfoque que promovió el taller realizado este miércoles 11 de noviembre de 2023.

La actividad la lideró Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Cero Papel con el apoyo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

“El taller tiene como objetivo explicar la forma en que los entes administrativos, jurisdiccionales y auxiliares de la administración de la justicia encargados de operativizar la política conozcan la forma como deben ejecutarla y el equipo del programa que forma Cero Papel conozca como darle seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes de acción a fin de operativizar la Política Institucional de Simplificación y Celeridad de Trámites, los planes y ejecución se revisaran cada dos años. Lo que promueve dicha política es estandarizar los procesos, hacerlos más ágiles, más amigables con la persona usuaria y el personal judicial”, destacó Pizarro Gutiérrez.

En el taller participaron representantes de los entes responsables de las oficinas y despachos de los tres ámbitos judiciales, administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia, quienes tienen a cargo la definición de las acciones que implementarán en el marco de los lineamientos de las políticas.

Las acciones que cada oficina o despacho judicial asuma como compromiso en materia de simplificación y celeridad de trámites deberán incorporarse al Plan Anual Operativo (PAO), y desde el sistema se le dará el seguimiento correspondiente y el nivel de cumplimiento.

El taller estuvo a cargo de Allan Pow Hing Cordero, Jefe del Subproceso de Planificación Estratégica de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

Entre los temas abordados se encuentran los antecedentes de la política institucional, un repaso del modelo de gestión de política institucional, así como la importancia del seguimiento y evaluación de las acciones, dirigida hacia la ejecución efectiva de la política.

La Política Institucional de Simplificación y Celeridad en los Trámites Judiciales la aprobó Corte Plena en mayo del 2022.

Rinden cuentas sobre co-construcción de política institucional y gestión judicial a pueblos indígenas

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Rinden cuentas sobre co-construcción de política institucional y gestión judicial a pueblos indígenas

Equipo del Proyecto de Co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos y representantes del Sistema de Naciones Unidas, durante gira a San Vito de Coto Brus.

La etapa de encuentros regionales con los pueblos indígenas de Costa Rica que desarrolla el Proyecto de Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, permitió brindar a las lideresas y líderes indígenas un amplio informe de rendición de cuentas por parte de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y representantes del Sistema de Naciones Unidas.

La actividad la lideró la Magistrada Damaris Vargas Vásquez, como Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y Directora del Proyecto".

Con la colaboración de la cooperación internacional de Naciones Unidades, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas lleva adelante la co-construcción de la política institucional, cuyo fin es mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a las poblaciones indígenas.

“Estos encuentros permiten hacerles una devolución de los avances realizados dentro del trabajo de la construcción de la política y escuchar sus observaciones.

El Sistema de Naciones Unidades presentó una síntesis y esquematización de todas las observaciones y sugerencias que hicieron los pueblos indígenas en las diferentes visitas, sobre cómo pueden mejorar el servicio público que ofrece el Poder Judicial y que son oportunidades de mejora desde la perspectiva de los pueblos indígenas”, explicó la magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

La información que emana de estos encuentros regionales permitirá finalizar el proceso de diagnóstico, que servirá para la construcción de la base de la política institucional que introduce el enfoque de género, de interseccionalidad y pluricultural, respetando la cosmovisión de cada uno de los 8 pueblos indígenas de Costa Rica.

En esta gira, que se constituyó en un plan piloto, participaron el territorio Maleku ubicado en Guatuso y los territorios de la Zona Sur y Sur-Sur del país, que los integran China Kichá en Pérez Zeledón y Salitre, Térraba, Rey Curré, Cabagra, Boruca y Ujarrás.

De parte de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, se rindió cuentas efectivas a la población indígenas sobre los avances que realizaron en el proyecto de co-construcción de la política institucional y las labores propias de la Subcomisión a lo largo del año.

“Estamos construyendo una base de datos de los contactos de líderes y lideresas de los pueblos indígenas, que es propia del Poder Judicial y que fue información brindada de manera voluntaria por parte de la población indígena involucrada, con el objetivo de trabajar la política institucional de acceso a la justicia de poblaciones indígenas”, explicó la magistrada Vargas Vásquez.

Durante esta gira se contó con el acompañamiento del magistrado de la Sala Constituional, Luis Fernando Salazar Alvarado, el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el Subdirector del OIJ, Michael Soto Rojas; el líder del Proyecto de Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Steven Picado Gamboa; el Administrador de los Tribunales de Corredores, Guillermo Mejía Villalobos y la Contralora de Servicios de Corredores, Yanory Olaya Delgado.

Liderezas indígenas exponen sus aportes

La gira contempló una reunión con lideresas indígenas de los territorios Maleku, Zona Sur y Sur-Sur, con la participación de la magistrada Damaris Vargas Vásquez y de parte del Sistema de Naciones Unidas, Ana María Opegui, encargada de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Costa Rica y Samatha Collí mujer indígena maya Consultora del Sistema de Naciones Unidas.

“Nos trasladamos al territorio indígena de Térraba, donde se celebró una reunión con las lideresas indígenas de los diferentes territorios. Esta reunión fue de gran trascendencia porque el proyecto se desarrolla con un enfoque de género y el tratamiento de esta población es muy distinto, al tratamiento que se le da a los pueblos indígenas en general, así lo ha hecho ver el relator especial indígena de cómo se debe abordar”, puntualizó la magistrada Damaris Vargas.

El Proyecto de Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se inició en el 2021 con la aprobación de Corte Plena y siguiendo el modelo de construcción de políticas institucionales y de administración de proyectos del Poder Judicial.

Una primera etapa contempló la consulta informativa a los ocho pueblos indígenas ubicados en 24 territorios en todo el país, para informarles del proyecto y consultar su anuencia a participar en la co-construcción.

Desde el 2021 se cuenta con la cooperación internacional del Sistema de Naciones Unidas, desde el proyecto EPO (Examen Periódico Universidad), de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Costa Rica y está por iniciar la cooperación con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para poder darle continuidad a este trabajo.

Rendición de Cuentas de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de personas con Discapacidad

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Rendición de Cuentas de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de personas con Discapacidad

En el marco de la conmemoración del 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad se realizó la rendición de cuentas sobre las acciones desarrolladas en el Poder Judicial en relación con esa población, así como los avances en el “Proyecto Política de Acceso a la Justicia y Equiparación de Oportunidades de Personas con Discapacidad y su Plan de Acción”

La Rendición de Cuentas se realiza con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad según resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1992. Se trata de un resumen ejecutivo de las principales acciones realizadas por el Poder Judicial desde la Judicatura; el ámbito auxiliar de justicia integrado por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, así como el ámbito Administrativo, en relación con el tema de innovación y soluciones transformadoras para el desarrollo inclusivo; específicamente en los siguientes puntos: a) Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en el empleo (ODS 8), b) Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en la reducción de la desigualdad (ODS 10); y, c) Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad (buenas prácticas).

El informe de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de esta Subcomisión, Damaris María Vargas Vásquez, quien resaltó la relevancia que tiene para el Poder Judicial el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, según se evidencia del Plan Estratégico Institucional, al ser el acceso a la justicia uno de los ejes transversales. Eso significa que toda acción que realice el Poder Judicial desde sus diferentes ámbitos tiene que estar transversalizado con este tema que es propio, además, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Pacto Nacional para su cumplimiento.

“Este acto de rendición de cuentas está dirigido a toda la población judicial y a la ciudadanía; especialmente, a las personas en situación de discapacidad y sus organizaciones, la Comisión de Acceso a la Justicia y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). También se dirige al Sistema de Naciones Unidas pues, conforme al Proyecto Examen Periódico Universal (EPU) -por medio de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Derechos Humanos (OACNHDH)- apoya con cooperación internacional en el desarrollo del Proyecto Política de Acceso a la Justicia y Equiparación de Oportunidades de Personas con Discapacidad” señaló la Magistrada Vargas Vásquez.

En la rendición de cuentas, se concretaron las principales acciones de la Judicatura y demás ámbitos auxiliares y administrativo del Poder Judicial en atención a las obligaciones establecidas por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad, de carácter supraconstitucional en tanto otorgan mayores derechos que la Constitución Política según reiterada y vinculante jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; así como la normativa interna, especialmente, la Ley 7.600, y su Capítulo VIII “Acceso a la Justicia”, así como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad

Se enfatizó en el cumplimiento de las metas del PAO 2022 de la Comisión de Acceso a la Justicia asociadas a Discapacidad, en atención del SEVRI 2022, el Plan de Trabajo 2022 comunicado a CONAPDIS a inicios de año; así como del Informe Anual 2022, presentado a la Asamblea Legislativa, sobre las acciones realizadas de agosto de 2021 a agosto de 2022. Se hizo alusión al avance de la accesibilidad universal de los servicios que ofrece el Poder Judicial, especialmente, los desarrollos tecnológicos, las páginas web institucionales, la infraestructura y demás acciones asociadas a la eliminación de todas las formas de discriminación a las personas con discapacidad, entre ellas, las actitudinales.

Agregó la Magistrada Vargas Vásquez que para continuar reforzando estos avances es indispensable continuar con el cumplimiento de la normativa que exige al Poder Judicial la reserva de al menos el 5% de las plazas vacantes de cada año, para ser cubiertas con personas con discapacidad y asegurar la eliminación de las barreras que les dificulten la gestión óptima de sus funciones, lo cual se está logrando gracias al apoyo y compromiso de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena y el Consejo Superior, así como el de las y los integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia, la Comisión Institucional de Empleabilidad, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad y de todas las personas servidoras judiciales.

Se resaltó en la actividad la relevancia del Informe de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial sobre la “Percepción y satisfacción de los usuarios con los servicios que les brinda el Poder Judicial” al servir de guía para atender los requerimientos de la ciudadanía pues se constituye en oportunidades de mejora del servicio; y las acciones de capacitación de la Escuela Judicial, y las Unidades de Capacitación del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y la Dirección de Gestión Humana, para fortalecer las competencias de las personas servidoras judiciales. En éstas y otras acciones, se contó siempre con la colaboración del CONAPDIS y la Defensoría de los Habitantes de la República.

Angie Calderón Chaves jefa a. i. de la Unidad de Acceso a la Justicia señaló que “la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los Derechos Humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común”.

La actividad se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.