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Poder Judicial presenta “Simulador de Conflictos de Interés”

La Comisión de Transparencia y la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial presentaron el “Simulador de Conflictos de Interés”, herramienta tecnológica a disposición de la población judicial y de las personas interesadas en conocer de esta materia como forma de control ciudadano, la transparencia y aseguramiento de la independencia judicial.

Este importante proyecto es una iniciativa de la Oficina de Cumplimiento, con la respuesta de la Cooperación Internacional por medio de la Embajada de los Estados Unidos de América y el Centro Nacional de Cortes Estatales (NCSC por sus siglas en inglés), y el apoyo de una persona experta que junto a dicha oficina dieron la estructura y el contenido; sumándose la Dirección de Tecnología de la Información para la implementación de la misma.

Según indicó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro el lanzamiento de esta herramienta permitirá a las personas funcionarias judiciales, la posibilidad de realizar de manera anónima, sencilla  y no vinculante, una serie de consultas a través de este simulador mediante las diferentes opciones, que dentro de él se plantean y así identificar, si alguno de los supuestos en los cuales se encuentra constituye o no una causal de conflicto de interés y así abordar la situación de manera preventiva mediante los protocolos y directrices que la institución ya ha aprobado.

“Asimismo, viene a fortalecer significativamente la independencia judicial, al brindarle a los operadores de justicia un simulador que contribuye a identificar los posibles problemas, que puedan surgir tanto con su accionar como el del personal en sus despachos y de esta manera evitar que existan afectaciones, que pongan en tela de duda el principio de imparcialidad que debe imperar en la función judicial”, agregó el Magistrado Fernando Cruz.

Por su parte, la Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Presidenta de la Sala de Casación Penal y coordinadora de la Comisión de Transparencia indicó que “con la puesta en marcha de este instrumento, dejamos constancia que seguimos a la vanguardia a nivel regional e internacional, y un caso de éxito a nivel de administraciones de justicia”. 

“El Simulador de Conflictos de Interés, es de los pocos, por no decir el único cuya robustes, permite a cualquier persona interesada, contar con un árbol de decisiones tan suficiente, que cubre todas las actividades de nuestro quehacer judicial y procura prevenir cualquier situación que pueda comprometer la probidad y la ética en el ejercicio de la función judicial, motivo por el cual resulta ineludible que todos los funcionarios activos de la institución se familiaricen con ella, logra su objetivo orientador, formativo y de consulta social. Hoy, todas y todos, seamos servidores judiciales o sociedad en general, contamos con una herramienta que permitirá la transparencia, la autoevaluación y la participación ciudadana para asegurar el valor de administración de justicia y la independencia judicial”, puntualizó la Magistrada Solano.

Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento aseguró que la puesta en producción de una herramienta como esta, representa un paso más en la institución en instaurar buenas prácticas para el fortalecimiento de la decisión del gobierno judicial de prevenir la corrupción pública, a través de la gestión del riesgo y el cumplimiento normativo. 

“Se busca, entre otros, cumplir los siguientes objetivos: el fortalecimiento de la cultura de integridad a través del conocimiento, el auto aprendizaje y la auto evaluación de diversos supuestos de potenciales situaciones de conflictos de interés, robustecer el ejercicio ciudadano de control y vigilancia, como eje de la transparencia y rendición de cuentas, y ser, en materia de conflictos de intereses, un elemento de apoyo en la prevención de riesgos de corrupción y fraude organizacional interno, para el aseguramiento de la imparcialidad, la objetividad e independencia en el ejercicio de la función judicial, en garantía del valor del servicio de administración de justicia, al que la población judicial se debe, hacia la sociedad, la paz y el desarrollo social”, puntualizó Kennia Alvarado. 

Adicionalmente, se realizó la exposición “El Combate de la corrupción pública a través de la gestión de los conflictos de interés: experiencia Uruguay”, por parte del Ricardo Gil Iribarte, ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública de Uruguay (JUTEP).

“En tiempos en que la corrupción golpea fuertemente a nuestras sociedades, es fundamental reconocer el derecho de los ciudadanos a reclamar respuestas tanto en el castigo a quienes traicionan la confianza pública como en la promoción de una escala de valores compartidos que sea la principal barrera preventiva. En particular, es razonable que los ciudadanos exijan que no exista confusión entre los intereses personales de un funcionario y sus obligaciones como servidor público”, aseguró Ricardo Gil.  

Para poder acceder a este instrumento se puede hacer por medio de la página web del Poder Judicial o en el enlace: https://oficinacumplimiento.poder-judicial.go.cr/index.php/simulador

Analizan los retos y oportunidades post pandemia de las Tics en la Administración de Justicia

  • Foro internacional se desarrolla en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas “Año Judicial 2022” ante la ciudadanía.

 Las tecnologías, su aplicación y desarrollo en la administración de justicia fue el tema que se desarrolló en el Foro Internacional “Tics en la Administración de Justicia:  Retos y oportunidades post pandemia”.

 La actividad académica se desarrolla en el marco de las actividades de transparencia y rendición de cuentas del “Año Judicial 2022” que realiza este mes el Poder Judicial ante la ciudadanía.

 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, afirmó  que “…el uso de las herramientas tecnológicas seguras, es una ruta  para fortalecer y modernizar al Poder Judicial. En este campo, enfrentamos una paradoja, en una época de limitaciones presupuestarias, es necesaria la inversión económica para la sostenibilidad de los sistemas informáticos como respuesta a la crisis y para el beneficio de las personas usuarias, porque se ha demostrado que es una herramienta útil y efectiva para el servicio público.”.

 En la actividad, el Presidente de la Sala Primera y coordinador de la Comisión Gerencial de Tecnología del Poder Judicial, destacó que las tecnologías se constituyeron en una revolución en los Poderes Judiciales y Tribunales que deben adaptarse y adoptar su uso en las decisiones jurisdiccionales.  “Las tecnologías tocan de forma esencial nuestra labor y al resolver no se deben olvidar los principios como la imparcialidad, igualdad y el trato equitativo a las dos partes que contienden. Sin duda la experiencia internacional es de gran importancia, para dar nosotros ese paso hacia la automatización en la tramitación judicial que impactará positivamente nuestra actividad, puntualizó el magistrado Rivas Loáiciga.

 El experto Internacional del Centro Nacional de Tribunales Estatales (NCSC siglas inglés) Lorenzo-Mateo Bujosa Vadell, expuso sobre el “Impacto en el uso de la tecnología y desafíos globales para la Administración de Justicia”, y señaló la preocupación de la Unión Europea por la dimensión de la ética de la inteligencia artificial.

 “Se destaca que la inteligencia artificial no es un fin en sí mismo, sino un medio que debe servir a las personas con el objetivo último de aumentar su bienestar,  para ello, la fiabilidad debe estar garantizada, centrado en el ser humano.  El marco normativo que se va construyendo tiene la finalidad de reforzar la confianza en el mundo digital, la dignidad humana, la libertad, la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de Derechos Humanos como los valores en los que se fundamenta la Unión Europea”, detalló Bujosa Vadell.

 En la exposición “Algoritmización de la Justicia. ¿Hacia el “robot judicial?” la Catedrática de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, Silvia Barona Vilar, destacó que “la digitalización y la tecnología han facilitado que todo fluya a una velocidad de vértigo inalcanzable y haya generado la existencia de dos mundos, el mundo presencial y el mundo virtual y hemos aprendido a vivir en ambos”.

 El espacio permitió mostrar la herramienta digital Observatorio Judicial que tiene a disposición el Poder Judicial de Costa Rica al público en general.  La explicación sobre su funcionamiento estuvo a cargo de la representante de la Dirección de Tecnología de la Información, Indira Calvo Gould.

 La plataforma de información ofrece estadísticas de juzgados, tribunales y órganos auxiliares de justicia, datos presupuestarios, sobre servicios tecnológicos, entre otros, que facilita la toma de decisiones y conocimiento a las personas usuarias, que contribuye a la transparencia de la información judicial pública.

 La actividad la promovió el Despacho de la Presidencia bajo la coordinación de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), con el apoyo técnico la Dirección de Tecnología del Poder Judicial.

 

Oficina de Control Interno lanza nuevos cursos virtuales para fortalecer la aplicación de la Normativa

  • Curso de Control Interno ya está disponible en plataforma institucional Capacítate
  • Oferta de matrícula de curso sobre SEVRI se anunciará oficialmente mediante comunicación interna

La población judicial podrá mejorar y actualizar sus conocimientos en materia de Control Interno y Valoración de Riesgos, con los nuevos cursos virtuales.

La oferta formativa es un proyecto que desarrolló la Oficina de Control Interno, en conjunto con el Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y con el apoyo técnico de la Contraloría General de la República.

La presentación oficial de los cursos virtuales Control Interno y SEVRI-PJ, se realizó este viernes 25 de febrero, mediante la plataforma de Microsoft Teams.

 El magistrado Presidente de la Sala Primera, Luis Guillermo Rivas Loáiciga destacó que “…cuando tenemos la administración de bienes públicos, debemos tratar de lograr que se realice de una manera eficiente y eficaz.  Y esta capacitación se vuelve oportuna, al entregarse a cada uno de nosotros para que encontremos el beneficio y el lado positivo en el mantener controles, que nos permitan ser más eficientes en esta doble administración de justicia, ya sea directamente desde la decisión judicial o desde el gerenciamiento de los bienes”.

Para el Jefe de la Oficina de Control Interno del Poder Judicial, Hugo Hernández Alfaro, los cursos que se ponen a disposición, permitirán a la población judicial inducir y ampliar sus conocimientos en la Normativa.

“En los cursos se introducen contenidos en aspectos normativos y prácticos, con un formato agradable y sencillo, abarcando temas como los alcances de la ley que regula la materia, los componentes orgánicos y funcionales y cada una de las normas que los integran, brindando una orientación oportuna para su debido entendimiento y aplicación dentro de los despachos y oficinas judiciales. Todos los aspectos que conforman la gestión de riesgos y la aplicación de su sistema de valoración son parte de los aspectos desarrollados en estos nuevos cursos, explicando detalladamente la metodología requerida para su aplicación”, explicó Hernández Alfaro.

Ambos cursos se desarrollan bajo la modalidad virtual y se construyeron con un enfoque andragógico y de la neuro didáctica, que introduce los escenarios de la preparación e iniciación del aprendizaje, la adquisición del conocimiento y habilidades desde la experiencia, la orquestación de redes y la integración funcional de todos los elementos adquiridos, así lo detalló Cheryl Bolaños Madrigal, Jefa del Subproceso de Gestión de la Capacitación, de la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial.

Están organizados por módulos, con ejercicios prácticos y recursos que facilitan su aprendizaje como pantallas con recursos de apoyo, documentos de lectura, videos, imágenes, y dos tipos de evaluación, la formativa que se encuentra a lo largo de cada módulo y la sumativa, que involucra un cuestionario final cuya nota debe ser mayor o igual a 70, para la aprobación de cada curso y el otorgamiento del certificado respectivo.

El curso de Control Interno ya está disponible en la plataforma Capacítate y próximamente de forma oficial se comunicará a la población judicial la disponibilidad del curso SEVRI-PJ, en la oferta de matrícula.

“Para el Subproceso de Gestión de la Capacitación ha sido una gran experiencia en temas tan relevantes y críticos para el Poder Judicial, en conjunto con la Oficina de Control Interno que nos permitió contar con los insumos necesarios para el desarrollo de ambos cursos.  Hago el reconocimiento al equipo del Subproceso de Gestión de la Capacitación que una vez más hace posible poner a disposición de la población judicial, recursos de aprendizaje innovadores y oportunos”, resaltó Bolaños Madrigal.

Pueblo indígena de Zapatón y Poder Judicial trabajarán en co-construcción de Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

  • Gira se realizó el pasado 11 de febrero.

El pueblo indígena huetar, ubicado en el territorio de Zapatón de Puriscal, se informó sobre el proceso de co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y asumió el compromiso de participar  en el proyecto que desarrolla el Poder Judicial.

Mediante una gira informativa sobre el proceso, las personas indígenas  mostraron su interés en la invitación para emprender el trabajo de mejorar el servicio de Administración de Justicia.

El trabajo se realiza desde el liderazgo de la magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial y Directora del Proyecto; el magistrado Jorge Olaso Álvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia; Angie Calderón, Jefa a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia y Melissa Benavides Víquez, coordinadora del Proyecto de Co-Construcción de la Política Institucional y el apoyo técnico de la Contraloría de Servicios, la Dirección de Planificación y demás oficinas que conforman la Subcomisión del Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial y sector Administrativo.

“Logramos el compromiso e interés de la población de sumarse al proceso de co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.  Uno de los aspectos que rescato es la necesidad de que la población indígena conozca qué es el Poder Judicial, su forma organizativa, cuáles son los servicios que les podemos brindar, hasta donde pueden ellos tener acceso a las diferentes oficinas,  cómo opera la judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, entre otros datos relevantes.  Fue motivador para ellos saber que tienen derecho a personas defensoras públicas que les pueden atender directamente.  Se coordinó con la Defensa Pública y se les suministró el dato de contacto de con quien coordinar y qué teléfonos y direcciones electrónicas. También nos acompañó el señor Jorge Barquero de la Dirección de Planificación quien expuso al pueblo indígena el Proyecto de Jurisdicción Indígena Especializada, el cual es esencial para garantizar no solo el acceso a la justicia Indígena sino además, resoluciones de calidad, prontas y oportunas”, detalló la magistrada Damaris Vargas.

El espacio permitió a la población indígena de Zapatón exponer algunas problemáticas en materia territorial, de transporte, salud, vías de comunicación y el trámite de procesos judiciales, en los cuales, la Contraloría de Servicios se comprometió a darles seguimiento y verificar la posibilidad de brindar apoyo para darles prioridad en los despachos correspondientes.

Melissa Benavidez Víquez, coordinadora del Proyecto de Creación de la Política Institucional para el Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, destacó que “…esta etapa nos permite recolectar insumos preliminares, realizar un mapeo de las organizaciones indígenas presentes en los territorios, elaborar una contabilidad de los obstáculos, para el efectivo acceso a la justicia y los requerimientos para participar en el proceso de co-creación. Además, identificamos las necesidades de interpretación, sus lineamientos gastronómicos y espirituales que es parte de su cosmovisión.  Con estos elementos, tenemos claridad, que la siguiente etapa es aplicar la metodología para la realización del diagnóstico y qué se requiere en cada territorio”, afirmó.

Benavides Víquez indicó que la gira permitió informar a la población indígena de Zapatón sobre lo que es una política institucional, para qué les servirá y el impacto que va a tener en el Poder Judicial. 

La gira permitió también informar en el territorio indígena de Zapatón sobre el proyecto de construcción de la jurisdicción indígena especializada, a cargo de un representante de la Dirección de Planificación.

 

 

 

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