• Actividad se da como parte del proceso de co-construcción impulsado por la OCRI para fortalecer la eficacia en esta materia.

Como parte del gran desafío que representa la gestión de la cooperación internacional en la actualidad, donde se presentan un gran número de retos y oportunidades, se desarrolla el “Primer Seminario sobre tendencias, retos y oportunidades para la eficacia de la Cooperación Internacional en el Poder Judicial de Costa Rica”.

Dicha actividad, se da como parte del proceso de co-construcción impulsado por la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), con el fin de fortalecer la eficacia en esta materia en el Poder Judicial, en la búsqueda de robustecer la Administración de Justicia y así brindar un mejor servicio.

Este seminario, se da en la alianza con el Instituto Centroamericano de Administración Pública (ICAP) y tiene como objetivo, generar un espacio de reflexión para abordar el tema de la gestión de la cooperación internacional como un instrumento que contribuye al acceso a la justicia para todas las personas y que además, permite fortalecer la eficacia y eficiencia de los procesos institucionales, la transparencia y la rendición de cuentas en la Administración de Justicia. 

Para el Director del Despacho de la Presidencia, Roger Mata Brenes, es importante destacar que para la institución, históricamente la cooperación internacional ha constituido una herramienta muy importante para desarrollar una serie de proyectos vinculados con el tema acceso a la justicia.

Mata Brenes mencionó que se debe pensar cómo hacer atractiva las propuestas institucionales para atraer a los socios cooperantes, resaltando la fortaleza del Poder Judicial de Costa Rica en la seriedad y compromiso con la que asumen los proyectos, la transparencia con que se ejecutan, junto con los resultados que se obtienen orientados a la sostenibilidad en el tiempo.

Como parte de las exposiciones de esta primera fecha del Seminario, Óscar Quesada Madriz, Coordinador de Asistencia Técnica del ICAP destacó los esfuerzos realizados por la OCRI y el Poder Judicial en la realización de esta actividad, donde la cooperación internacional enfrenta grandes retos.

Quesada Madriz habló de temas como la cooperación internacional en el contexto del Sistema Internacional, la definición y los tipos de cooperación, las dinámicas históricas y la evolución reciente en esta materia, donde destacan aspectos como el concepto de actor internacional, las condiciones que favorecen la cooperación, principios compartidos, las nuevas temáticas en estas relaciones por efectos de la globalización como clima, derechos humanos, desarrollo, equidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y por supuesto la respuesta sanitaria ante la pandemia por el COVID-19.

Por su parte, Jaime Miranda, de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica (FUDECEN) resaltó la relevancia de la actividad en la situación actual del planeta, enfatizando en la importancia de la OCRI en el sistema de cooperación en el marco del Poder Judicial de Costa Rica, en la búsqueda de satisfacer las necesidades básicas de la población y el fortalecimiento de la democracia y la gobernabilidad.

Durante su exposición, se trataron y fortalecieron temas como los tipos y modalidades de cooperación, su concepto, la Agenda para el Desarrollo, Cooperación Internacional y Sector Público, los retos y oportunidades en el contexto de la pandemia, los cambios en la agenda internacional con la entrada del nuevo milenio, el desarrollo y planificación de los procesos colaborativos, entre otros.

Para concluir esta primera fecha del Seminario, la jefa de la OCRI, Karen Leiva Chavarría, destacó la importancia de las exposiciones de los especialistas, las cuales permiten tener un mejor panorama de los aspectos que debe tener en cuenta el Poder Judicial para fortalecer los procesos que tiene la Administración de Justicia y brindar un servicio de calidad y acorde con las necesidades de las personas que acuden a la institución a demandar sus derechos, especialmente las poblaciones más vulnerables.

“Nosotros desde la OCRI venimos impulsando varios procesos que nos han permitido encausar todo este gran tema, que a veces pareciera muy sencillo, pero que realmente requiere un proceso ordenado, sistemático y orientado a lo que son las prioridades y necesidades institucionales, pero además, con el compromiso que debe asumir la institución ante el socio cooperante” señaló Leiva Chavarría.

La actividad se desarrolló este miércoles 18 de agosto mediante la plataforma Microsoft Teams y fue moderada por Román Cordero Mojica, de la ICAP y contó con la participación de representantes de Poderes Judiciales y Tribunales Supremos que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana y el Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, instituciones nacionales, Organismos internacionales y Cuerpo Diplomático acreditado en nuestro país, Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia y representantes del Consejo Superior, Red de Enlaces de Cooperación y Relaciones Internacionales del Poder Judicial y personal judicial y de la ciudadanía en general. La segunda fecha se realizará el próximo 25 de agosto.

• Nombramiento rige desde el pasado martes 24 de agosto.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, juramentó el pasado martes 24 de agosto a la nueva Fiscala Subrogante, Sara Arce Moya, quien asume el cargo de manera interina.

Arce Moya es Licenciada en Derecho de la Universidad Panamericana, tiene una Maestría en el Estudio de la Violencia Social y Familiar en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es Especialista en Administración de Proyectos del Tecnológico de Costa Rica (TEC) y posee Estudios Interdisciplinarios en Victimología Orientado al Sistema Penal Acusatorio.

Además, es Máster Universitario en Victimología y su Tratamiento Integral con Víctimas en Riesgo de Vulnerabilidad, Título Oficial de la Universidad Pegaso y cuenta con un Diplomado Internacional de Criminología en Violencia Sistémica.

En relación con su experiencia laboral, cuenta con una trayectoria de 32 años en la institución, en donde se ha desempeñado como jueza en diferentes juzgados y tribunales del país, así como Fiscal Auxiliar y Fiscala coordinadora de la Fiscalía de Hatillo, Fiscal Auxiliar en Heredia,  la Unidad Especializada en Fraudes del I Circuito Judicial de San José, Robos y Asaltos II Circuito Judicial de San José y Fiscal Auxiliar y Fiscal Coordinadora en la Unidad de Trámite Rápido del I Circuito Judicial de San José.

Adicionalmente, ha fungido como Fiscal Coordinadora en la Unidad Especializada en Delitos Contra la Vida y la Integridad Física, ha sido Coordinadora y Fiscal Adjunta del Programa de Protección a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, Coordinadora Técnica de la Plataforma Integrada de Servicios a Víctimas de Violencia (PISAV) y del 2018 hasta la fecha se ha desempeñado como jefa de la Oficina de Atención a la Víctima y Fiscal Adjunta de Justicia Restaurativa y Justicia Alternativa.

“Para mí este nombramiento representa una gran responsabilidad, es un reto muy grande de coadyuvar a la persona que ocupa el cargo de Fiscal General de la República y sustituirle en el momento que así se requiera, con el mayor respeto y responsabilidad, espero poder aportar toda la experiencia adquirida en las oficinas en las que he trabajado” señaló Arce Moya.

 El nombramiento rige a partir del pasado martes 24 de agosto.

• Tribunal de Flagrancia de Liberia aplica modelo bajo modalidad virtual.

 Agilizar la respuesta judicial en los procesos penales que tramita el Tribunal de Flagrancia de Liberia, es el aporte que brinda la aplicación de la Justicia Restaurativa en los casos que así lo permiten.

 A partir del mes de mayo se inició con la implementación del procedimiento restaurativo, el cual se realiza bajo la modalidad virtual.  En el mes de junio se programaron y resolvieron 12 Reuniones Restaurativas; en el mes de julio se finalizaron 12 procesos y para el mes de agosto se programaron 25 Reuniones Restaurativas.

 Actualmente la Justicia Restaurativa que aplica el Tribunal Penal de Flagrancia de Liberia aporta un 10% del total de sentencias que se emiten y  que corresponden a la cuota de trabajo establecidas por la Dirección de Planificación dentro del Modelo Estándar Integral del Proceso Penal.

 Para el Tribunal Penal de Flagrancia de Liberia, uno de los principales aportes de la Justicia Restaurativa a su labor, es permitir tres señalamientos simultáneos, dos de procesos de flagrancia ordinario y la audiencia virtual restaurativa, lo que agiliza los tiempos de respuesta judicial, disminuye los señalamientos de continuación de audiencias y favorece el circulante de casos terminados.

 El Tribunal Penal de Flagrancia de Liberia trabaja de forma coordinada con el equipo interdisciplinario de Justicia Restaurativa de la zona, integrado por la Fiscalía, la Defensa Pública y el Departamento de Trabajo Social y Psicología.

 “Una gran ventaja es que el Programa de Justicia Restaurativa tiene una muy buena Red de Apoyo en La Cruz, Filadelfia, Liberia, en donde tenemos mayor cantidad de personas usuarias y esto facilita que podamos construir planes restaurativos de un impacto social importante y que se ajustan a la realidad que actualmente viven las personas, principalmente ante la pandemia”, detalló la jueza Quesada Ramírez.

 El seguimiento y fiscalización del cumplimiento de los compromisos adquiridos por la persona imputada está a cargo del Departamento de Trabajo Social y Psicología, que remite periódicamente informes al Tribunal.  Los resultados del cumplimiento obtenidos, hasta el momento, son muy positivos.

 “Debido a la pandemia y por las limitaciones de disponibilidad en salas de juicio, optamos por desarrollar las audiencias de justicia restaurativa bajo la modalidad virtual.  Para la conexión de las personas usuarias, propiciamos espacios de conexión y otros despachos judiciales nos colaboran también”, explicó la jueza coordinadora del Tribunal Penal de Flagrancia de Liberia, María Fernanda Quesada Ramírez.

 En el mes de abril se realizó el acompañamiento y preparación conjunta desde la Oficina Rectora y equipo interdisciplinario de Justicia Restaurativa, con el Tribunal Penal de Flagrancia de Liberia, para esta implementación que hoy es una realidad.

 Tribunal Penal de Flagrancia de Liberia en números.

 El promedio mensual de casos nuevos en el Tribunal ronda los 60 asuntos y registran un número similar de casos terminados por mes, según datos del 2021.

 A junio del presente año, el circulante total alcanzó los 1041 expedientes, de los cuales 576 se encuentran en trámite y 465 cuentan con una resolución alterna, conciliación o suspensión del proceso a prueba. La agenda de señalamiento se encuentra fijada hasta el mes de octubre y se reservan espacios, para darle prioridad a los procesos que involucran personas privadas de libertad y en el mes de agosto se encuentran agendadas audiencias restaurativas.

• Se refuta cualquier manifestación que insinúe su debilitamiento en el ejercicio de sus competencias.

 La Presidencia de la Corte Suprema de Justicia reitera el respeto absoluto hacia la independencia funcional y la autonomía del Ministerio Público, a quien ocupe el cargo de Fiscal o Fiscala  General de la República, a las personas Fiscales Adjuntos, Fiscales Auxiliares y en general a todo el personal que labora en ese de ese órgano judicial,  esencial para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática.

Por ello se refuta categóricamente las manifestaciones que la señora Emilia Navas Aparicio expresó en un programa de radio y redes sociales la noche de este martes 17 de agosto 2021, en el que se refirió a la existencia de una campaña de desinformación  proferidas por el Presidente de la Corte, magistrado Fernando Cruz Castro para desestabilizar al Ministerio Público en las investigaciones penales por hechos relacionados con corrupción.  

Presupuesto institucional.  En el proceso de construcción del presupuesto del Poder Judicial, que incluye el plan de gastos de los órganos auxiliares de justicia, siempre se ha respetado la independencia con la que el Ministerio Público establece sus prioridades de gasto e inversión, las cuales, únicamente deben acatarse  y apegarse a las limitaciones y directrices establecidas por las autoridades del Ministerio de Hacienda, entre ellas la aplicación de la regla fiscal y las disposiciones restrictivas por la crisis fiscal. Este proceso al que se integran todos los órganos judiciales está  a cargo del Consejo Superior en la formulación del proyecto de presupuesto para finalmente aprobarse en el seno de  Corte Plena y su presentación ante las autoridades hacendarias.

Procesos disciplinarios. En relación con los procesos disciplinarios que se abrieron tras la jubilación de la señora Navas Aparicio, los mismos responden al cumplimiento de la normativa establecida en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Control Interno y la Ley General de la Administración Pública, tras el ingreso de quejas de personas sobre temas concretos relacionados con la gestión de la señora Navas.  No es de recibo que tanto la Presidencia de la Corte como Corte Plena tengan conocimiento de quejas de la ciudadanía y omita darles el trámite que la legislación exige. Esta es una obligación que impone la ley, sin posibilidad de evadir o suprimir tal responsabilidad.

Informe final. Sobre el informe final de gestión presentado por la señora Navas Aparicio, luego de que decidiera acogerse a su derecho a la jubilación,  por mayoría de las y los  integrantes de Corte Plena se concluyó que dicho informe no era el adecuado para el cargo y  las responsabilidades asumidas por la exfuncionaria en un cargo de tanta trascendencia para el país. Por ello se acordó trasladarlo a la Auditoría Judicial, Contraloría General de la República y a la Fiscalía General para lo que les compete resolver. Esta decisión colegiada del órgano en  pleno, se fundamenta a los lineamientos establecidos por normas constitucionales y legales que regulan la función pública, principalmente por respeto al principio de rendición de cuentas.  

Carrera fiscal.  En el marco de los grupos de trabajo de  reformas urgentes al Poder Judicial se encuentra el fortalecimiento de la carrera fiscal en el Ministerio Público. Este grupo de trabajo fue coordinado por el magistrado Fernando Cruz Castro en conjunto con las entonces Fiscala General y Suborrogante, Emilia Navas Aparicio y Mayra Campos Zúñiga, respectivamente  y la Asociación Costarricense de Fiscales, así como con magistrados y magistradas titulares y suplentes. El texto base del proyecto de ley,   fue aprobado por Corte Plena el 7 de mayo del 2018 y fue remitido por el Ministerio de la Presidencia de la República a la Asamblea Legislativa en fecha 23 de agosto del 2018. El objetivo de este producto es procurar mediante una ley una carrera y una estabilidad en el puesto para todo el personal del Ministerio Público y así fortalecer el  mandato de la Fiscalía General y que en el nombramiento impere la transparencia, meritocracia y la institucionalidad. Los documentos relevantes sobre esta propuesta puede ser accesado  en el siguiente enlace: https://unmejorpj.poder-judicial.go.cr/index.php/comisiones/carrera-fiscal

Finalmente se reitera que,  declarar el derecho jubilatorio de una persona funcionaria judicial es una competencia exclusiva por ley de la Junta Administradora del Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial. En caso de que existan causas e investigaciones contra las personas en el momento en que converge con su retiro laboral, se debe cumplir los procesos establecidos y acatar las consecuencias dispuestas por la ley, en caso que así se determine mediante resolución,  sea esta jurisdiccional o administrativa. Estas son acciones como parte de un ejercicio responsable en la función pública que deben cumplirse por exigencia legal.