• 572 medidas aprobó el Gobierno Judicial para garantizar el acceso al proceso judicial frente a la pandemia.
• Justicia electrónica generó las condiciones necesarias para responder con rapidez y eficiencia las condiciones generadas por la pandemia.

La continuidad de los servicios judiciales, la atención virtual y presencial de las personas usuarias y el impulso de los sistemas tecnológicos para facilitar las gestiones judiciales fueron aspectos que destacó el Cuarto Estado de la Justicia 2022, en su Capítulo 5, ¿Justicia pronta, cumplida y electrónica? Una mirada al Poder Judicial durante la pandemia por el Covid-19.

Este apartado evaluó las actuaciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial en el marco de la atención de la emergencia sanitaria, durante los años 2020 y 2021.

Se destacó la toma de acuerdos y directrices por parte de Corte Plena y el Consejo Superior, que contabilizaron un total de 572 medidas que garantizaron el acceso al proceso judicial de manera pronta, cumplida e igualitaria.  El 33,6% de estas medidas se orientaron a la atención de personas usuarias y la virtualización de trámites y servicios.

El Informe resaltó la apertura de los despachos penales de todo el país en la atención de los asuntos según su competencia, la maximización del uso del proceso de flagrancia en los delitos que procediera y la no suspensión de audiencias de procesos ya iniciados.

Procesos digitales se potencian

El Estado de la Justicia también reconoció el avance que tuvo el Poder Judicial en la ola reformista e inversión en la justicia electrónica, que impulsó el uso de la tecnología y que facilitó la administración de justicia y los servicios que brinda la institución; beneficios que se tradujeron hacia las personas usuarias, al reducir la necesidad de trasladarse hasta las oficinas.

“Ante la emergencia sanitaria, la estrategia planteada por el Poder Judicial fue utilizar las plataformas tecnológicas ya existentes y depositar la mayor cantidad de recursos en la implementación de acciones de pronta adaptación, que fueran efectivas en la consecución del debido proceso y del acceso a la justicia”, puntualiza el Informe.

El estudio determinó que durante el año 2020, el uso de los servicios en línea muestra un incremento, a partir de la optimización de la infraestructura tecnológica judicial y las audiencias virtuales funcionaron adecuadamente durante la pandemia

“El Poder Judicial logró garantizar y proteger los derechos fundamentales de la población costarricense al mantener una continuidad de los servicios, tanto de forma presencial como virtual. Cabe señalar que actuó en un contexto restrictivo del gasto, lo cual le obligó a maximizar su distribución de recursos materiales y humanos. De igual forma, logró responder a aquellas poblaciones que por su condición pueden estar expuestas a situaciones de vulnerabilidad”, detalló el Estado de la Justicia.

Los magistrados y magistradas integrantes de Corte Plena acordaron analizar a fondo las recomendaciones y resultados expuestos en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022, divulgado la semana anterior.

El acuerdo se tomó por unanimidad en la sesión de este lunes 11 de julio, por considerar que las conclusiones emitidas por el Estado de la Justicia, revisten de interés para el Poder Judicial, frente a las oportunidades de mejora que señala en sus capítulos.

Para el estudio se integrará un equipo de trabajo con la participación de un magistrado o magistrada de cada Sala de la Corte Suprema de Justicia, con el apoyo de representantes de los órganos técnicos judiciales como lo son Gestión Humana, Planificación y se solicitará la participación del Estado de la Justicia, con el fin de analizar y corroborar los datos expuestos.

Esta labor tiene como objetivo determinar acciones afirmativas que tiendan a mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a las personas usuarias en las diversas jurisdicciones.

En la sesión del próximo lunes 18 de julio de 2022, se presentará el análisis elaborado y se espera contar con la participación de representantes del Estado de la Justicia.

El acuerdo tomado por las y los jerarcas judiciales es que en un plazo menor se establezca una hoja de ruta y darle garantía a la ciudadanía de que el Poder Judicial emprenderá acciones concretas para mejorar aquellas áreas vulnerables y con el firme compromiso de trabajar por el bienestar de la justicia y la democracia costarricense.

El trabajo de análisis también contempla reuniones con la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Sala Constitucionales, en las cuales el Cuarto Informe del Estado de la Justicia centra un capítulo de investigación y resultados.

• Atención a las demandas permite que la ciudadanía tenga un papel protagónico en el funcionamiento de la democracia costarricense

El Cuarto Estudio sobre el Estado de la Justicia 2022 deja en evidencia una mejora constante en los tiempos de resolución de los diversos recursos planteados por la ciudadanía ante la Sala Constitucional. 

El capítulo 4 de este proyecto de análisis indaga sobre diversos temas como la emisión de sentencias, la cantidad de recursos presentados, el plazo promedio de resolución, datos demográficos sobre quiénes presentan los recursos y las razones principales que dan origen a dichos recursos.

Entre los principales resultados se tiene que el plazo promedio de resolución de una acción de inconstitucionalidad pasó de 2.035 días en 2001, a 134 en 2018, mientras que en el caso de los recursos de amparo y los Hábeas Corpus se pasó de 519 días calendario a 33 días, y de 297 días calendario a 24 días, respectivamente.

Otro dato importante contenido en el informe es que entre 1989 y 2018 la Sala Constitucional emitió 348.452 sentencias. El 52,9% de ellas estuvieron asociadas a temas de trabajo y salud.

Entre todos los recursos que se presentaron en el mismo período, el 34,3% fueron rechazados, mientras un 28,6% se declararon sin lugar.  

Otros datos adicionales señalan que el 97,9% de los recurrentes en las sentencias son personas físicas, con una predominancia de varones en un 76,9%. 

Es importante resaltar dos conceptos que el informe investigó a través del uso de herramientas de inteligencia artificial y ciencia de datos: se trata de las sentencias estructurales y las sentencias referentes.

El término sentencias estructurales hace referencia a aquellas resoluciones que solucionan problemas reiterados y que afectan los derechos de muchas personas, como por ejemplo, problemas de acceso al agua potable, o algunas resoluciones sobre citas médicas.

El otro término, denominado sentencias referentes, es sugerido por el estudio y contempla a aquellas que son ampliamente recurridas en la argumentación de otros procesos jurídicos. Para que entren en esta categoría, las sentencias deben de haberse citado en al menos 10 ocasiones. En la investigación se determinó que estas resoluciones tratan principalmente sobre cinco temas: ambiente, trabajo, petición, pronta resolución y servicios público.

Para analizar las sentencias de este informe, se utilizó inteligencia artificial para detectar palabras clave, en un periodo que contempla desde el año 1989 hasta el 2021. Se identificó un grupo de 17.065 sentencias que establecen órdenes precisas para distintos autores. El informe señala que las técnicas de búsqueda y clasificación deben mejorarse a futuro, con el fin de obtener datos todavía más puntuales.

“Asimismo, del análisis de las sentencias emitidas por la jurisdicción constitucional entre 1989 y 2018 se pudo constatar un amplio y extendido uso de los recursos de amparo que evidencia un protagonismo de la ciudadanía, así como una reducción del plazo promedio de resolución de las sentencias”, afirmó Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte suprema de Justicia durante la presentación del informe a la ciudadanía.

Los medios de comunicación también son mencionados en el análisis, pues se señala un incremento en el interés por parte de estos en el quehacer de la Sala Constitucional, debido principalmente al resultado de las interacciones del Poder Judicial con otros actores del sistema político, así como sus decisiones en otros campos de interés popular. Esto genera una mayor cobertura noticiosa sobre los temas relacionados con el ente constitucional y una mayor presión sobre sus actuaciones.

El Cuarto Estudio sobre el Estado de la Justicia evidencia un protagonismo de la ciudadanía que utiliza las herramientas que la Sala Constitucional pone a su disposición para hacer valer sus derechos y garantías. Una muestra de ello es que entre las partes recurridas sobresalen instituciones que tienen entre sus responsabilidades la implementación de políticas públicas y la prestación de servicios públicos, cómo es el caso de los ministerios y las municipalidades. 

• Capítulo 3 denominado “Gestión del recurso humano desde el Gobierno Judicial”

El Poder Judicial consolida esfuerzos en la profesionalización del proceso de selección de jueces y juezas de la República, así se evidenció en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022.

El estudio investigativo destacó la sólida estructura normativa con la que cuenta el país, para priorizar criterios de idoneidad y cualificación profesional para seleccionar a las personas que administrarán justicia.

Además, la valoración de atestados, la experiencia y la trayectoria académica, son aspectos decisivos para la partición en el proceso de reclutamiento al cargo de juez o jueza, así se destacó en el Capítulo 3 del citado informe, denominado: Gestión del recurso humano desde el Gobierno Judicial.

La prioridad institucional en los concursos para designar a las personas que formarán parte de la judicatura se prioriza en aspectos académicos, sociolaboral, carrera profesional, que son evaluados por una unidad de reclutamiento mediante parámetros técnicos.

En la investigación se señaló que “los magistrados y las magistradas –o el Consejo Superior– únicamente designen entre la lista de las personas mejor evaluadas. Esto reduce la arbitrariedad y hace que la escogencia se realice entre las candidaturas con los niveles más altos de idoneidad”.

En materia de nombramiento de jueces y juezas, la institución ha avanzado notoriamente, así como en otros tipos de nombramiento que le corresponde a la Corte Plena y Consejo Superior.

El informe destaca las acciones emprendidas por el Poder Judicial que han hecho más visible el proceso y que han buscado una mayor participación de la sociedad civil.

Como parte de las conclusiones se destaca la importancia de la independencia judicial tanto en la magistratura como en la judicatura. Para lograr esta independencia, los investigadores señalan dos elementos esenciales: la idoneidad de los oferentes y la transparencia con la que son nombrados.

El Informe enmarca la importancia de la selección de los miembros de la judicatura como una acción fundamental para asegurar un sistema político democrático costarricense, en donde la competencia para resolver los conflictos entre las personas o entre las personas y el Estado u otras entidades con personalidad jurídica recae en el Poder Judicial.