Los alcances de la jurisprudencia supranacional en materia de pueblos indígenas se profundizó en el último día del Ciclo de Conferencias “Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas”, que organizó la Escuela Judicial.

 El desarrollo de la temática estuvo a cargo del juez del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de San José, Jorge Leiva Poveda, el cual impartió su conferencia mediante la modalidad virtual y desde la plataforma Microsoft Teams.

 Durante la actividad formativa se analizó la riqueza jurisprudencial de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en temas puntuales como familia, civil, penal y constitucional.

 Se amplió sobre el tema del respeto al Derecho consuetudinario de los Pueblos indígenas, frente a la actuación de las autoridades judiciales, en el marco de sus costumbres y prácticas ancestrales.  El juez Leiva Poveda explicó que desde la CorteIDH existen sentencias donde se detalla un esquema general de derechos humanos que protege la integridad física y mental específicamente en el caso de personas menores de edad.

 “En materia de territorios indígenas la Corte Interamericana ya ha entrado a conocer el tema del derecho que tienen los pueblos indígenas a tener legitimación y personalidad jurídica y ya hay un caso costarricense presentado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado de Costa Rica respecto de la violación de los derechos de los pueblos indígenas a que se organicen a través de sus agrupaciones tradicionales”, puntualizó Jorge Leiva.

 Durante la conferencia se hizo referencia a las sentencias dictadas por la CorteIDH en materia de derechos humanos colectivos, la discusión sobre quién determina que una persona es indígena y que se señala como quien se autodenomine y sea reconocido por la comunidad respectiva, pues esto le genera un fuero procesal y sustantivo de derechos humanos.

 El juez hizo énfasis en el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que hace una protección genérica a pueblos indígenas, al incorporar una lista dentro de la convención, denominada categorías prohibidas, “que significa una categoría o grupo o pueblo de personas, respecto de la cual está prohibida el ejercicio de actividades discriminatorias.  Si bien la convención no hace referencia a los pueblos indígenas de manera expresa, pues en la mayoría de sus referencias corresponden a grupos que requieren este tipo de protección especial, la Corte Interamericana ha  incorporado en su jurisprudencia a los pueblos indígenas dentro de su elenco de categorías prohibidas”.

 Durante la actividad académica, a las personas participantes se les distribuyó un material con jurisprudencia variada de la CorteIDH, sobre la materia en estudio.

• En Foro internacional: Sistema de Gestión de la Calidad, Un Modelo para la Administración de Justicia.

 El compromiso institucional y del personal judicial por brindar un servicio efectivo a partir de la aplicación de la Norma de Calidad GICA-Judicial, permite hoy consolidar 10 años de su implementación, donde el talento humano y las mejoras continuas que promueve el modelo de gestión de calidad, muestra sus resultados exitosos, en el Foro Internacional: Sistema de Gestión de la Calidad, Un Modelo para la Administración de Justicia.

 El magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas integrante de la Comisión GICA-Justicia, destacó que la Política Institucional de Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA), “se ha venido sustentando en el desarrollo del talento humano.  Sin las personas, las organizaciones no avanzan ni mejoran, con esa base se construye el sistema de gestión de calidad, a partir de un modelo para mejorar la gestión de la oficina, con el enfoque de prestar un servicio eficiente y de calidad a las personas usuarias”.

 El Foro Internacional contó con la participación del experto internacional en calidad, Rafael Chinchilla Salazar, quien impartió la exposición “Impacto de los Sistemas de Gestión de Calidad en las Organizaciones", quien destacó que “…hoy hablamos de procesos, de insumos y proveedores de excelencia y de talento humano y ese aseguramiento de calidad le agregamos el componente de la mejora continua.  El aseguramiento y calidad, más la mejora continua, significa gestión de calidad.  La calidad no solo se administra, sino se hace crecer, en las organizaciones que la deben adoptar como un pilar estratégico”.

 Es espacio permitió conocer las experiencias como despachos acreditados de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público, a cargo de la Fiscala Adjunta, Mayra Campos Zúñiga y del Juzgado Penal de Pérez Zeledón, por parte del representante Brandon Mora Elizondo, quienes destacaron la tecnología, la organización y la planificación como aliados dentro de la norma de calidad y el compromiso del personal judicial de las oficinas.

 El Poder Judicial de Honduras expuso su experiencia en la implementación de la Norma GICA-Judicial, con la participación de la Magistrada de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y Coordinadora General de GICA-Justicia Honduras, María Fernanda Castro Mendoza y el juez del Juzgado de Letras Penal con Competencia en Materia de Extorsión de Honduras, Alexis Castillo Vásquez.

 Ambos destacaron la puesta en marcha de las buenas prácticas en materia de normas de calidad que se impulsaron desde Cumbre Judicial Iberoamericana y la experiencia compartida por parte del Poder Judicial de Costa Rica y que hoy impactan en la satisfacción de la persona usuaria que recibe un servicio ágil y eficaz, que se consolida con su incorporación dentro del Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial hondureño.

 El cierre del Foro Internacional estuvo a cargo de la magistrada integrante de la Comisión GICA-Justicia y representante judicial en la Comisión Iberoamericana de Gestión de la Calidad, Julia Varela Araya, quien destacó el compromiso voluntario que asumen los despachos judiciales costarricenses y su personal.

 “El asumir este reto tan importante, para mejorar la gestión en sus despachos tiene gran relevancia por el impacto a nivel de ambiente laboral, porque como parte de la organización y planificación para mejorar la gestión de la calidad, se tiene muy presente al servidor judicial.  El talento humano es fundamental para tener éxito en una organización y con ello se ha logrado un cambio cultural, donde las personas usuarias son nuestro objetivo principal y tiene evidencia sobre el servicio que reciben a partir de esta gestión de calidad”, afirmó la magistrada Varela Araya.

• Subcomisión de Población Afrodescendientes promovió iniciativa e insta al personal judicial para que comparta esta información con personas usuarias y la comunidad para contar con más interpretes en Ingles Criollo Limonense

 El Poder Judicial suma acciones para garantizar un acceso efectivo a la justicia, para todas las poblaciones costarricenses en igualdad de condiciones, con la incorporación en su lista de peritos oficiales de traductores e intérpretes en Inglés Criollo Limonense.

 Desde junio se aplicó la Circular No. 98-2020, de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial, en la que se estableció la ampliación de la lista de Traductores e Intérpretes en Inglés Criollo Limonense, dentro de los peritos oficiales con que cuenta el Poder Judicial.

 El lineamiento interno se dirige a la Administración Regional del Primer y Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

 La integración de estos peritos responde a la iniciativa que planteó la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Población Afrodescendientes, “... con el objetivo de fortalecer el registro de personas interpretes en inglés criollo limonense inscritas en la base de datos del Poder Judicial para que en caso de requerirse el servicio por parte de una persona usuaria en el ámbito jurisdiccional sobre todo pueda brindarnos el servicio. Ventaja para las personas usuarias:  garantizarles un acceso efectivo a la justicia”, destacó Songhay White Curling, coordinadora de la Subcomisión.

 Actualmente se registran un total de 5 personas inscritas en la lista de peritos judiciales y se espera que, con esta circular interna, se amplíe el registro, para fortalecer la administración de justicia cuando las personas usuarias lo requieran y es de gran interés para la Subcomisión de Personas Afrodescendientes el fortalecer este servicio y contar con más personas traductoras e intérpretes en Inglés Criollo Limonense, que es un proceso voluntario.

 Requisitos que establece la Dirección Ejecutivo para intérpretes, traductores o traductoras, de acuerdo con la Circular No. 98-2020:

 Para inscribirse como intérprete, traductor o traductora se deberá cumplir con los siguientes requisitos y

presentar a la Dirección Ejecutiva los documentos que se indicarán, según sea el caso:

 a) Nota en la que solicita su inscripción en la Lista Oficial con indicación de la zona del país y la materia

o materias en las que ofrece sus servicios. Además, deberá consignar los números de teléfono, fax y

dirección electrónica en los que pueda ser localizada o localizado por los despachos judiciales o la

Dirección Ejecutiva. La dirección electrónica indicada será además el medio señalado para recibir

notificaciones.

1. b) Dos fotografías tamaño pasaporte.
2. c) Hoja de vida.
3. d) Fotocopia de la cédula de identidad junto con el documento original para confrontarla.
4. e) Declaración jurada en la que haga constar que no trabaja para ninguna institución del Estado y que no ha recaído ningún auto de apertura a juicio a su nombre.
5.  f) Además deberá presentar, según la lengua o lenguas que ofrece para el servicio de interpretación o traducción, lo siguiente:

 -Intérprete, traductor o traductora en lenguas nativas diferentes al español:

Documento idóneo expedido por autoridad pública o privada de la comunidad de residencia, que acredite que él o la solicitante posee conocimiento en determinada lengua o dialecto. (Lenguas Indígenas)

1. g) Certificación de Antecedentes Penales.

• Imparten capacitación sobre la labor que realiza este órgano auxiliar de justicia e informa sobre los servicios que brinda.

La Defensa Pública del II Circuito de Guanacaste, realizó una gira a Isla Venado, el pasado 22 de octubre, con el objetivo de brindar acceso a la justicia a las personas usuarias de las zonas más alejadas del cono peninsular de Lepanto, Puntarenas.

Este órgano auxiliar de Justicia capacitó a 19 jóvenes estudiantes de sétimo año y a 6 madres y padres de familia que asistieron a la actividad, sobre las materias de pensiones alimentarias, penal juvenil, laboral, agraria, así como orientación con respecto a cómo solicitar los servicios de asesoría y representación que brinda la institución en dichas materias.

La actividad fue organizada por el personal de la Defensa Pública de Nicoya, a quienes les corresponde la atención de las personas usuarias de Isla Venado y Jicaral.

Es importante resaltar que las personas usuarias de esta localidad que deban realizar una diligencia judicial en los Tribunales de Jicaral o Nicoya tendrían que gastar, la suma promedio de 15 mil colones en transporte y alimentación, además de todo el tiempo que requiere en el traslado en bote y de manera terrestre.

Mainor Barrantes Castillo, Defensor Público en materia penal juvenil señaló que esta actividad “facilita a las personas usuarias el acceso a los servicios que brinda la institución, debido a que en esta zona se atienden procesos penales, agrarios no contenciosos y en materia laboral, entre otros. En esta oportunidad, se realizó una charla preventiva, sobre el proceso penal juvenil, para explicarle a las personas menores de edad de la zona, sus derechos y obligaciones, así como la posibilidad que tienen de ser representadas por una persona defensora pública”.

La gira contó con la participación de Ligia Jiménez Zamora, supervisora regional de la Defensa Pública, de la zona de Guanacaste; Johana López Matarrita, defensora pública de laboral; Laura Beita Benavente, defensora pública agraria y Mainor Barrantes Castillo, defensor público de penal juvenil y coordinador de oficina.