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Avanza ejecución del Proyecto Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

  • Iniciaron visitas en el Territorio Térraba

 La construcción de la Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se realiza conforme al Modelo de Administración de Proyectos y el Modelo de Políticas Públicas, aprobados por Corte Plena. Ello supone la co-construcción de la Política con los pueblos indígenas beneficiados, lo cual se realizará mediante visitas a los 24 territorios indígenas del país, y posterior proceso de consulta a los 8 pueblos radicados en esos territorios en los términos dispuestos por el artículo 6 inciso 1) del Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales 1989 (Convenio 169 OIT).

 La primera etapa de las visitas iniciales se realizará en los territorios indígenas de Salitre y de Térraba ubicados en Buenos Aires de Puntarenas, ambos beneficiarios de las Medidas Cautelares 321-12 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado; así como en el territorio Maleku localizado en Guatuso; lo anterior, con el objetivo de propiciar una participación activa de esta población costarricense. 

 La primera visita realizada en el Territorio de Térraba el sábado 6 de noviembre pasado, contó con el acompañamiento de la magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial; la máster Melissa Benavides Víquez, lideresa del Proyecto y el señor Carlos Romero Rivera, Contralor de Servicios del Primer Circuito Judicial de la Zona Sur.

 Para la Magistrada Damaris Vargas Vásquez “Es un acontecimiento histórico que este Poder de la República haya dispuesto la creación de esta Política, la cual se ejecuta conforme a las Metodologías de Administración de Proyectos y de Políticas Institucionales aprobadas por Corte Plena y además, responde a los Altos Estándares Internacionales establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia reiterada basada en el Convenio 169 de la OIT. Premisa básica para su éxito es poder crear confianza intercultural con los pueblos indígenas, sus organizaciones representativas, sus líderes y lideresas; en especial, atender la cosmovisión de los 8 pueblos indígenas ubicados en los 24 territorios de todo el país, lo cual se espera lograr mediante la co-construcción y la implementación del Mecanismo de Consulta indígena. Además, ha sido clave y digno de reconocer el compromiso de la alta jerarquía institucional del Poder Judicial y de las personas servidoras judiciales de los ámbitos de la Judicatura, el Ministerio Público, la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el sector Administrativo, sumado el apoyo y asesoría técnica del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Para la Comisión de Acceso a la Justicia que preside el Magistrado Jorge Olaso Álvarez y para la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas a mi cargo, este Proyecto es una oportunidad de mejora sustancial al servicio de administración de justicia que brinda el Poder Judicial a la población indígena”.

 “La presentación de la buena fe y compromiso del Poder Judicial con los Pueblos Indígenas mediante la primera visita a distintas comunidades del territorio de Térraba en Buenos Aires de Puntarenas, tuvo la finalidad de informar sobre el inicio del proceso de creación de la política para el acceso a la justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, sus alcances, invitarles a participar mediante la co-creación y el mecanismo de consulta, así como escuchar sobre sus requerimientos materiales y culturales que incentiven su involucramiento en el proyecto”, explicó la lideresa del proyecto Melissa Benavidez Víquez.

 De los resultados de la visita se rendirá un informe de resultados sobre los espacios de diálogo y retroalimentación con las personas participantes y sus órganos representativos.

 El trabajo en grupos focales permitió definir la forma de participación de las y los representantes indígenas de las comunidades visitadas, en aspectos como la determinación conjunta de los lineamientos que guiarán el proceso de creación de la política institucional, las personas indígenas y sus organizaciones representativas, las personas intérpretes oficiales, las propuestas metodológicas y la definición de un cronograma de trabajo.

 Los sábados 20 y 27 de noviembre se visitarán los Territorio Maleku Salitre, respectivamente.

 De acuerdo con Benavides Víquez, el Proyecto de Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial espera abarcar e incorporar activamente a los pueblos indígenas, la población judicial, oficinas de institucionales estatales que brindan servicios a esta población y a la sociedad civil en general.

 

Estudios de antecedentes y evaluaciones psico-laborales en etapa final

El proceso riguroso  de las evaluaciones psico-laborales y de antecedentes de las personas que postularon sus nombres para el cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, se encuentra en la etapa final de notificaciones y resolución de las apelaciones que se puedan presentar.

De acuerdo con la Directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta Meléndez, es requisito la notificación a las personas oferentes de los resultados obtenidos en las evaluaciones de los estudios técnicos. 

En cumplimiento con el debido proceso se les otorga un plazo de tres días hábiles para interponer cualquier observación que consideren pertinente.  En este momento, solo se tramita una apelación en el caso de las evaluaciones psico-laborales.

Los informes correspondientes a los estudios de antecedentes se encuentran en redacción y notificación.  Igualmente, las personas aspirantes tienen el plazo de tres días hábiles para interponer apelaciones.

“Trasladadas estas notificaciones y si no se tienen apelaciones, se procederá con la comunicación de los listados de las personas preseleccionadas, con todos sus antecedentes, a la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial.  Este órgano tendrá a cargo la etapa de las entrevistas públicas.  Se proyecta que éstas inicien en el mes de enero del 2022”, explicó Arrieta Meléndez.

Con las entrevistas públicas se continua con la ponderación final de las notas  de las personas que participaron   para el cargo y se trasladaría la nómina final con el listado de personas que superaron la entrevista  a  Corte Plena para su debida discusión y designación del  nuevo Fiscal o Fiscala  General de la República.

 

Estudios de antecedentes y evaluaciones psico-laborales en etapa final

El proceso riguroso  de las evaluaciones psico-laborales y de antecedentes de las personas que postularon sus nombres para el cargo de Fiscal o Fiscala General de la República, se encuentra en la etapa final de notificaciones y resolución de las apelaciones que se puedan presentar.

De acuerdo con la Directora de Gestión Humana del Poder Judicial, Roxana Arrieta Meléndez, es requisito la notificación a las personas oferentes de los resultados obtenidos en las evaluaciones de los estudios técnicos. 

En cumplimiento con el debido proceso se les otorga un plazo de tres días hábiles para interponer cualquier observación que consideren pertinente.  En este momento, solo se tramita una apelación en el caso de las evaluaciones psico-laborales.

Los informes correspondientes a los estudios de antecedentes se encuentran en redacción y notificación.  Igualmente, las personas aspirantes tienen el plazo de tres días hábiles para interponer apelaciones.

“Trasladadas estas notificaciones y si no se tienen apelaciones, se procederá con la comunicación de los listados de las personas preseleccionadas, con todos sus antecedentes, a la Comisión de Nombramientos del Poder Judicial.  Este órgano tendrá a cargo la etapa de las entrevistas públicas.  Se proyecta que éstas inicien en el mes de enero del 2022”, explicó Arrieta Meléndez.

Con las entrevistas públicas se continua con la ponderación final de las notas  de las personas que participaron   para el cargo y se trasladaría la nómina final con el listado de personas que superaron la entrevista  a  Corte Plena para su debida discusión y designación del  nuevo Fiscal o Fiscala  General de la República.

 

“Por una justicia inclusiva y accesible”

  • Avances y desafíos para el acceso a la justicia de la ciudadanía con discapacidad.

El Poder Judicial y el Sistema de Naciones Unidas realizó el foro internacional virtual: “Para una justicia inclusiva y accesible – avances y desafíos para el acceso a la justicia de la ciudadanía con discapacidad”.

El día internacional de la personas con discapacidad promueve y reconoce sus derechos en todos los ámbitos desde la participación social, así como la concientización sobre las diversas realidades políticas, sociales, económicas y culturales en un contexto donde además se debe impulsar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que buscan la construcción de sociedades pacíficas, justas e inclusivas, que proporcionen igualdad de acceso a la justicia y se basen en el respeto a los derechos humanos en un Estado de Derecho efectivo, con independencia judicial, una gobernanza en todos los niveles, con instituciones transparentes y eficaces que rindan cuentas.   

Allegra Baiocchi, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas indicó que “es importante agradecer al Poder Judicial por su apertura, su disposición y su voluntad para trabajar por los derechos de esta población, pues las brechas y rezagos que enfrentan son innegables, muy reales y por eso nuestra tarea tiene que ser enforcarnos en transformar y revertir estas desigualdades especialmente las que se han agudizado por la pandemia”. 

El Magistrado y coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, Jorge Olaso Álvarez expuso sobre el “Acceso a la justicia de las personas con discapacidad”, en la cual explicó el voto número 00017 – 2010 del Tribunal Segundo Civil de San José, el Voto número 1768-2020 de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, así como artículos de distintas leyes.

La Magistrada y coordinadora de la Subcomisión de Personas con Discapacidad, Damaris Vargas Vásquez realizó su exposición titulada “Avances y desafíos en el acceso a la justicia de las personas con discapacidad”.

“Con ocasión de esta política que estamos construyendo y actualizando de equiparación de oportunidades y de igualdad de derechos de las personas con discapacidad para el acceso a la justicia, estamos incorporando la equiparación de oportunidades, es decir se le da un enfoque diferenciado que también está vinculado con la política de empleabilidad de esta población”, puntualizó la Magistrada Vargas Vásquez.

Así mismo, realizaron ponencias las personas panelistas Catalina Devandas Aguilar, Embajadora de Costa Rica ante las Naciones Unidas del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con la exposición “Principios y directrices internacionales sobre el acceso a la justicia para personas con discapacidad” y Rodrigo Jiménez Sandoval, experto de la Fundación Justicia y Género con la ponencia titulada “Enfoque de género en el acceso a la justicia para las personas con discapacidad”.

Alberto Brunori, representante regional para América Central del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “corresponde eliminar todas las barreras que restrinjan a esta población el acceso a la justicia”.

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Horario de atención : Lunes - Viernes, 7:00 am a 5:00 pm

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Dirección

San José, Barrio Gonzalez Lahmann avenida 6 y 8, Calle 19.

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800-8000-OIJ (800-8000-645)

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