• En el curso denominado “Delitos Económicos y Legitimación de Capitales” en el cual participan representantes de la judicatura, Ministerio Público, Defensa Publica, OIJ, así como letrados y letradas.

Personal judicial participa en el curso denominado “Delitos Económicos y Legitimación de Capitales”, el cual se realiza del 21 de setiembre al 28 de octubre.

Dicha capacitación constituye el último eslabón del ciclo de capacitaciones 2020-2021, organizado por la SubComisión de Delincuencia Organizada, bajo el auspicio de INL (Oficina Internacional de Asistencia Antinarcóticos y Cumplimiento de la Ley, por sus siglas en inglés), con la colaboración de la Universidad Internacional de la Florida y la Escuela Judicial.

El ciclo de capacitaciones inició, en modalidad virtual, a finales de julio de 2020, y en su desarrollo se han abordado temas como la ciberdelincuencia, la omisión impropia, delitos financieros y fiscales, el deber de garante de los funcionarios públicos en actividades financieras, bancarias y fiscales, temas de seguridad para operadores informáticos, así como seguridad administrativa en diligencias judiciales.

La Magistrada de la Sala de Casación Penal, Sandra Eugenia Zúñiga Morales, coordinadora de la SubComisión, resaltó la importancia de la colaboración de la Embajada de los Estados Unidos, para fortalecer y ampliar conocimientos, esenciales para la lucha contra el crimen organizado, a la vez que se da cumplimiento a la obligación fijada en la Ley de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, de capacitar a quienes en el futuro, formen parte de dicha jurisdicción.

“El esfuerzo debe reconocerse también, a las personas capacitadas, entre quienes se encuentran jueces y juezas penales, de juicio y de Apelación de Sentencia, así como defensores y defensoras públicas, fiscales, fiscalas, letrados y letradas e investigadores e investigadoras judiciales, ya que la especialización la realizan sacrificando su tiempo de descanso, a fin de no afectar la prestación del servicio público”, indicó la Magistrada Sandra Zúñiga.

Uno de los subproductos del curso de “Delitos Económicos y Legitimación de Capitales”, es una obra, escrita por las docentes, Catalina Vidales Rodríguez, Andrea Planchadell Gargallo y Beatriz Larriba Hinojar, la cual compara la normativa costarricense y española en el tema de legitimación de capitales, y será un insumo de gran valor no sólo para las cuarenta personas que participan activamente del curso en la actualidad, sino como material de referencia en el futuro, que puede ser aprovechado, en general, por los operadores en materia penal.

En virtud de la importancia del contenido de la capacitación que recibirán, los servidores y las servidoras que participen en el curso de especialización deberán coordinar lo necesario, con el fin de transmitir los conocimientos adquiridos durante esta experiencia formativa, al equipo de trabajo del cual forman parte, según los requerimientos institucionales.

• En conmemoración del Día Internacional de Acceso a la Información Pública.

El Poder Judicial de Costa Rica y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) realizaron el foro internacional de alto Nivel denominado “Acceso a la Información Pública en el marco de la Justicia Abierta”.

La actividad contó con la participación del Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, y fue moderada por Ana Virginia Calzada Miranda, Expresidenta de la Sala Constitucional de Costa Rica.

Los panelistas fueron Eduardo Bertoni, de la Oficina Regional de América del Sur, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, con la ponencia: Referentes latinoamericanos y desarrollo del derecho al acceso a la información pública.

Además expuso Alfredo Chirino, Decano de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Costa Rica, quien presentó el tema: Perspectivas contemporáneas del derecho a la información pública y finalmente Jaime Moreno Valle, del Departamento de Derecho Internacional, de la Organización de Estados Americanos expuso sobre: Estándares de la Ley Modelo del Acceso a la Información Pública 2.0.

Así mismo la Magistrada Vocal XII de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, María Eugenia Morales Aceña expuso sobre el tema de la situación del derecho al acceso a la información pública en Guatemala.

Para el Magistrado Fernando Cruz “hablar del Derecho Universal al acceso a la información pública, es hablar de un derecho muy propio y característico de las democracias, que ha ido evolucionando con el paso del tiempo, gracias en una gran medida a los avances tecnológicos que -cuando se usan para bien- pueden democratizar el conocimiento y brindar acceso a información de gran utilidad. La información y el acceso a ella es fundamental”.

“Pero nada más sugiero que la información, no es sólo la de los entes públicos o gubernamentales, sino también las empresas o corporaciones que realizan funciones de un indiscutido interés público. El poder no lo ejerce sólo el sector público formal, también lo ejercen las empresas o entes privados que realizan actividades de un indiscutido interés público, como servicios, actividades de medios, etc”, señaló el Presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El Magistrado Cruz Castro agregó que el Poder Judicial ha realizado esfuerzos importantes, desde la Política de Justicia Abierta, hasta el trabajo que realiza CONAMAJ, para construir una cultura donde los esfuerzos institucionales puedan acoplarse adecuadamente a estos principios y hacer una institución de puertas más abiertas hacia la ciudadanía.

• Se conocieron resultados del Diagnóstico Regional sobre Lavado de Activos en Centroamérica y el Caribe.

Representantes de los Poderes Judiciales y Tribunales Supremos de Centroamérica y el Caribe, dieron a conocer los resultados obtenidos del diagnóstico regional sobre el análisis comparativo sobre la normativa jurídica y la organización institucional en la lucha contra el delito de legitimación de capitales, en el marco del Consejo Judicial Centroamericano y el Caribe (CJCC).

La reunión tuvo como sede Costa Rica y se realizó bajo la modalidad virtual y presencial, con la participación de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana.

El magistrado Oscar Alberto López Jerez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, y Presidente Pro Témpore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe (CJCC), señaló que el diagnóstico “…en una herramienta en la lucha contra esta modalidad de criminalidad organizada dinámica que confirma el rol del Consejo Judicial Centroamericano y de El Caribe, como órgano integrador de políticas en materia de aplicación de justicia y seguridad jurídica entre los Poderes Judiciales de la región”.

En el acto oficial, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, Fernando Cruz Castro, destacó que el Proyecto Lucha contra la Legitimación de Capitales y financiamiento al Terrorismo, “… es una necesidad impostergable en la Región de Centroamérica y el Caribe, avalado por el Consejo ante la necesidad de construir una agenda regional contra el lavado de dinero y activos, que además, cuenta con el valioso apoyo de la cooperación internacional de la Unión Europea por medio del  Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado, El PacCto y del Centro Nacional de Cortes Estatales (NCSC siglas en inglés), que han mostrado un gran compromiso para contribuir con el bienestar de las personas de cada uno de los países de la región que integran el Consejo”.

La actividad contó con la participación de altas autoridades de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana, así como representantes del PACcTO, Delegación de la Unión Europea y del NCSC.

Sandra Zúñiga Morales, Magistrada de la Sala de Casación Penal, destacó la importancia del proyecto, el cual inició con la labor de un grupo de personas expertas de los países representantes y el desarrollo del diagnóstico regional, por medio del Grupo Especializado de Trabajo de Combate al Delito del CJCC.

“Costa Rica tuvo la iniciativa de presentar al Consejo Judicial Centroamericano y de El Caribe un proyecto para dar un paso al combate de este tipo de delincuencia y nos encontramos concluyendo la primera fase, que nos permitirá construir una hoja de ruta regional.  Los datos que aportan las agencias que dan seguimiento a este tipo de criminalidad, nos advierten de que continua en crecimiento y por eso era necesario tomar acciones”, afirmó.

• En el marco del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea, los Poderes Judiciales de Costa Rica, El Estado de México, Paraguay y República Dominicana, así como las universidades españolas de Vigo y de Santiago de Compostela. 

Intercambiar experiencias exitosas de justicia restaurativa y justicia terapéutica para que los países evalúen su incorporación en la administración de justicia, con el propósito de mejorar el servicio público que se brinda, es el propósito del “Taller de Intercambio de Buenas Prácticas en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica”. 

La actividad se realiza en el marco del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea, los Poderes Judiciales de Costa Rica, El Estado de México y Paraguay, en conjunto con las universidades españolas de Vigo y de Santiago de Compostela, quienes conforman la Alianza, para desarrollar la iniciativa de formación en Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica, donde figura como entidad participante el Poder Judicial de República Dominicana.

El taller pretende solventar retos en común, la continuidad de los servicios en esta materia en época de pandemia, promoviendo la virtualidad, para lo cual se hace indispensable la formación accesible y de calidad, destacándola como una alternativa satisfactoria para la resolución de conflictos.

El Magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa de Costa Rica, Gerardo Rubén Alfaro Vargas indicó que “La búsqueda de soluciones conjuntas entre socios, que dedicarán estos tres días, a compartir conocimientos, así como experiencias, ante los retos comunes identificados, potencian los recursos, de manera que los resultados sean de mayor impacto local y regional”.

“La experiencia de Justicia Restaurativa, próxima a cumplir diez años de aplicación, permite asegurar que es una forma de resolver problemas de delincuencia que tanto nos preocupa y ocupa como sociedad, brindando a las personas usuarias de manera real, efectiva y rápida, una respuesta al conflicto que lo llevó a solicitar los servicios de la administración de justicia. Por ello, el empeño en seguir conociendo y consolidando esta forma de atención a las personas usuarias” señaló el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro.

En la apertura de la actividad virtual participó además Luis María Benítez Riera, vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Paraguay y delegado representante en la Comisión MARC – TTD de Cumbre Judicial Iberoamericana, así como Laura Cabral del Programa ADELANTE 2 de la Unión Europea.

En la agenda del primer día se realizaron exposiciones sobre experiencias en la implementación de Justicia Restaurativa y Justicia Terapéutica en las cuales participaron representantes de España, República Dominicana, Paraguay, México y Costa Rica, esta última estuvo a cargo de Jovanna Calderón Altamirano, de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa.

Las personas participantes se reunieron en grupos de trabajo de forma presencial y virtual para poder desarrollar los temas e intercambiar las acciones con los otros países participantes.