Sala de prensa - Page #165

Poder Judicial participa en presentación de la “Operación Costa Rica Segura” del Poder Ejecutivo

Propuesta fue presentada por el Presidente de la República y los Ministros de Seguridad Pública y Justicia y Paz.

El presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y Damaris Vargas Vásquez respectivamente, participaron este miércoles 19 de abril en la presentación de la “Operación Costa Rica Segura” del Poder Ejecutivo, realizada por el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y los Ministros de Seguridad Pública, Jorge Torres Carrillo y el de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.

La actividad se desarrolló en la Plaza de la Democracia y contó con la participación de representantes de los tres Poderes de la República, integrantes del Cuerpo Diplomático, Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, entre otros.

La propuesta presentada, se da como parte de los esfuerzos realizados por los tres Supremos Poderes, en la lucha frontal contra la criminalidad, con el fin de atacar la inseguridad que vive el país.

La iniciativa señala que se aumentará la presencia policial en las calles como medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses, así como la presentación de un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa para contratar más fuerza policial.

Además, se mejorará el aspecto tecnológico en material policial y en las condiciones de trabajo de los y las policías, así como la gestión para obtener fondos para adquirir nuevas patrullas, para mejorar la presencia y la movilidad de oficiales de la Fuerza Pública.

También, se plantearán seis proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa en temas como la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico, la contención de personas infractoras que representan un peligro para la sociedad, reforma a la ley de armas, modernización en las intervenciones telefónicas, adecuación de la justicia penal juvenil a los retos de la delincuencia y la criminalidad organizada y un proyecto en relación con el manejo del sistema penitenciario nacional.

El Presidente de la República hizo un llamado a los tres Poderes de la República para trabajar en conjunto y así contrarrestar la situación actual que vive el país y devolver la paz y la tranquilidad a los y las costarricenses.

Poder Judicial resalta papel de personas jóvenes en los sistemas democráticos

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Poder Judicial resalta papel de personas jóvenes en los sistemas democráticos

La actividad se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Elecciones

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez participó como expositor en el panel de la Segunda Cumbre por la Democracia, que se llevó a cabo este 30 de marzo, en el Auditorio del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Como panelistas estuvo además el Presidente de República, Rodrigo Chaves Robles; el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez; el Vicepresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Max Esquivel Faerrón y la Embajadora de los Estados Unidos de América ante las Naciones Unidas, Linda Thomas-Greenfield.

Este encuentro internacional fue organizado por los Estados Unidos de América y se contó con la participación como coanfitrión de los Países Bajos, Zambia la República de Corea y Costa Rica.

Con la representación de los jerarcas de los Supremos Poderes, se resaltó la importancia de la Democracia y se desarrolló en la sesión plenaria como tema principal denominado: “Promoviendo el rol de la juventud en espacios políticos y democráticos”.

“El mérito de esta y otras cumbres deviene de la vocación democrática de sus organizadores y participantes, quienes en reconocimiento del carácter complejo de las sociedades, renovamos nuestros votos frente a amenazas que acechan la estabilidad de las naciones libres, a la vez que buscamos mejorar la calidad de nuestra convivencia ciudadana e institucional, basada en el respeto de la verdad, de la justicia y del Estado de Derecho. Es inevitable reiterar que las juventudes robustecen las democracias. Son ellas, desde su pasión y su apetito transformador, las que mantienen vibrante nuestro contrato social, elevan el estándar de exigibilidad de derechos y contribuyen al remozamiento de las instituciones democráticas” destacó el Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez.

Aguirre Gómez agregó que “los poderes judiciales desempeñan un papel crítico en la consolidación y el fortalecimiento de la democracia, al garantizar la justicia y la igualdad ante la ley, asegurando que su administración sea justa e imparcial, y que los derechos de todas las partes de la sociedad estén protegidos”.

Esta Cumbre al considerarse de proyección mundial es un espacio para destacar el liderazgo democrático de Costa Rica a nivel internacional.

La organización a nivel nacional estuvo a cargo de la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

Rinden cuentas en materia anticorrupción

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Rinden cuentas en materia anticorrupción

Acciones desarrolladas con Cooperación Internacional Periodo 2017-2022.

La Comisión de Transparencia y la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, rindieron cuentas sobre el Proyecto de Cooperación Internacional denominado “Fortalecimiento de la capacidad para detectar el fraude, prevenir la corrupción e implementar un marco ético eficaz en el Poder Judicial”, a la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica.

La actividad se realizó este 29 de marzo, en el salón de Expresidentes de la Corte Suprema de Justicia.

Dicho proyecto se realizó mediante la cooperación técnica internacional otorgada por la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica y su ente ejecutor, el National Center for State Courts (NCSC), quien acompañó y sumó acciones proactivas de fortalecimiento del sistema de justicia costarricense.

La Magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal y Coordinadora de la Comisión de Transparencia del Poder Judicial, Patricia Solano Castro destacó la importancia de contar con la cooperación de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica para que este proyecto se pudiera consolidar.

Al respecto comentó que la rendición de cuentas, cuando media una cooperación internacional, que implica asignación de recursos y asistencia técnica, es una obligación jerárquica e institucional. El deber de presentar resultados concretos, medibles y reales, no sólo promueve la sostenibilidad de futuras colaboraciones, sino que, viene a establecer tanto a la población judicial y la sociedad costarricense, como para las partes cooperantes, la certeza del uso adecuado de los recursos, en aras de cumplir los compromisos y objetivos institucionales trazados; y prometidos al momento de solicitar el apoyo internacional para fortalecer los pilares del Poder Judicial, indicó la magistrada Solano.

Respecto de la Política de Integridad y Anticorrupción, resaltó que con el plan de acción que se está desarrollando “marca una trazabilidad con los 11 ejes y las 71 acciones para poder tener prevención y que abarque el 91% y solo un 7% esperamos de reacción de lo que puedan ser eventos de corrupción y lo que es más importante, la identificación y prevención de este tipo de acciones dentro del Poder Judicial. La corrupción corroe a las instituciones, la democracia y los países en un Estado democrático de derecho, por eso, prevenirla en una institución como el Poder Judicial es indispensable”.

Por su parte, la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, Kennia Alvarado Villalobos, resaltó la importancia para el Poder Judicial de tener relaciones de cooperación en busca de la prevención de la corrupción.

“Para la oficina de Cumplimiento culminar un proceso de más de 5 años de cooperación internacional no podía hacerse de otra forma que de manera transparente. Este proceso que culminó con la política integridad y anticorrupción del Poder Judicial demuestra que la institución tiene las herramientas técnicas, el recurso humano técnico y profesional que permiten generar instrumentos y productos que hoy día ya se están implementando”, comentó Alvarado Villalobos.

Mediante la cooperación internacional, el Poder Judicial, Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica y NCSC permitió la materialización de una serie de acciones sin precedentes en el marco de las instituciones judiciales.

Para el representante de la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, Edward Swam, los Estados Unidos son un socio para Costa Rica para combatir todo tipo de corrupción y criminalidad.

“Hoy día la criminalidad a la que nos enfrentamos rompe la confianza entre los ciudadanos y el Estado y afecta la percepción y los resultados de la seguridad. La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica es un socio comprometido con el gobierno de Costa Rica y sus esfuerzos para fortalecer los mecanismos para prevenir y combatir la corrupción”, señaló Swam.

En la actividad se contó con la participación de Magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal y Coordinadora de la Comisión de Transparencia, Patricia Solano Castro; la Oficial de Cumplimiento, Kennia Alvarado Villalobos; el Subdirector del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto Rojas; la Subdirectora de la Defensa Pública, Yendri Portuguez Pizarro; el Subdirector Ejecutivo, Wilberth Kidd Alvarado; el representante de la Embajada de los Estados Unidos de América en nuestro país, Edward Swam; el Director País del National Center for State Courts, Juan Carlos Astúa Jaime y personal judicial en general.

Poder Judicial recibe apoyo de la Asamblea Legislativa para agilizar funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado

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Poder Judicial recibe apoyo de la Asamblea Legislativa para agilizar funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado

Las autoridades del Poder Judicial en coordinación con el Poder Legislativo unen esfuerzos para agilizar la reforma de ley para poner en vigencia la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.

Así lo dieron a conocer durante la reunión de Seguimiento de Seguridad Nacional, convocada por el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, este jueves 30 de marzo de 2023.

En el encuentro, los representantes del Poder Judicial expresaron a las diputadas y los diputados la particular importancia de dar un trámite expedito al proyecto de ley 23.090, reforma para entrada en vigencia de forma inmediata la jurisdicción especializada en crimen organizado.

“Explicamos a las jefas y jefes de fracción el contenido del proyecto de ley 23.090 y la importancia que tiene para el funcionamiento del sistema de administración de justicia, que es una reforma a la ley de creación de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada y que forma parte de las propuestas de ley que impulsa el Poder Judicial frente a la situación de inseguridad que vive el país”, destacó el Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez.

Las jefas y jefes de las fracciones legislativas se comprometieron con la iniciativa propuesta por el Poder Judicial.

Para la magistrada Patricia Solano “…el Poder Judicial en el tema de criminalidad organizada viene trabajando, realizando esfuerzos con su presupuesto ordinario para emprender la remodelación del edificio de Tribunales de San José, donde se ubicará la jurisdicción especializada en crimen organizado, con la que esperamos incidir en la tramitación de estos asuntos, garantizando el debido proceso y apegado a la ley”.

En el encuentro participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro y Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General de la República. De parte de la Asamblea Legislativa estuvo presente Rodrigo Arias Sánchez, Presidente del Congreso; Gloria Navas Montero, diputada Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, así como las y los jefes de las seis fracciones legislativas.

Cabe destacar que desde el lunes 20 de marzo, las autoridades del Poder Judicial entregaron al presidente del Congreso una lista de proyectos de ley considerados como prioritarios para combatir la inseguridad. Entre ellos destacan iniciativas concretas para dar mayor control de antecedentes de personas condenadas, la posibilidad de realizar intervenciones a comunicaciones orales y escritas en casos de femicidio y soborno transnacional, y dar un trato prioritario a víctimas y testigos de delitos.

Jerarcas judiciales destacan beneficios de la Resolución Alternativa de Conflictos en propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

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Jerarcas judiciales destacan beneficios de la Resolución Alternativa de Conflictos en propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

En audiencian ante Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Proyecto legislativo 22.936 plantea la adición de un artículo 134 bis a la LOPJ para facilitar el acceso a la conciliación.

El magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión RAC del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y las magistradas de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, Iris Rocío Rojas Morales y Anamari Garro Vargas, participaron el pasado miércoles 29 de marzo en audiencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Dicha audiencia, tuvo como objetivo explicar la relevancia del proyecto legislativo 22.936, el cual pretende la inclusión de un artículo 134 bis en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los jueces y juezas conciliadores pasen de tener un rango reglamentario a tener un rango legal y que desde cada uno de los procedimientos en donde es posible la mediación, la conciliación o la resolución alternativa de conflictos, estos tengan la obligación de llamar, invitar e informar a las partes sobre la posibilidad de optar por dichos mecanismos para solucionar el conflicto.

En su intervención, el magistrado Alfaro Vargas destacó que este proyecto marca un cambio en lo que se tiene actualmente, ya que en todos los procesos lojueces y juezas van a llamar a las partes para indicarles que tienen la posibilidad de resolver los conflictos por sus propios medios, sin que el juez ordinario resuelva, ya que en la mayoría de los casos la resolución en la justicia ordinaria no genera satisfacción para las personas involucradas.

“La resolución alternativa de conflictos da una forma distinta de resolver, lo cual no significa que se pretende competir con el ordinario, no obstante, no se lo puede negar a las partes la posibilidad de conocer que pueden resolver sus conflictos de esta manera antes del proceso; procuramos un sistema de resolución distinto de los conflictos, en el cual tengamos como centro a las personas que quieren resolverlos, para que nadie se quede atrás, que todos y todas puedan acceder a un sistema de administración de justicia efectiva, pronta y cumplida”, destacó Alfaro Vargas.

Por su parte, la magistrada Iris Rocío Rojas Morales señaló que es importante tener en cuenta que la resolución alterna de conflictos es un derecho fundamental el cual está establecido en la Constitución Política y que el derecho moderno ha incorporado este tipo de solución al servicio público de administración de justicia, abarcando también el tema de la justicia administrativa.

“La norma que traemos no sólo sirve para mejorar la paz social, sino también la celeridad, porque el Estado ha expropiado el derecho humano a las personas de defender sus derechos e intereses legítimos, ya que el retardo en la administración de justicia por acumulación de casos es una realidad que no puede ser negada; este derecho humano nos parece que puede ser potenciado con esta reforma, obligando a que en todos los procesos los jueces y juezas informen a las partes de la posibilidad de acudir a estos mecanismos, que se ofrecen en calidad y cantidad necesaria para disminuir la mora judicial y contribuir a la paz social, bajando la litigiosidad”, mencionó Rojas Morales.

La magistrada Anamari Garro Vargas, subrayó la importancia que tiene la finalidad pedagógica, ya que esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene una enorme finalidad en dicho sentido, porque contribuye a la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz y al mismo tiempo incide directamente en la propia institucionalidad, concretamente en la disminución de la mora judicial, con aspectos interesantes desde el punto de vista de economía recursos para el Estado, por medio de la buena gestión.

Garro Vargas se refirió a la importancia de este proyecto en el sentido de dar fortalecimiento de la ciudadanía, elemento importante para la democracia, ya que hace protagonistas de la solución del problema a las partes.

Al final de la audiencia, los jerarcas judiciales respondieron las preguntas de los y las señoras diputadas y a su vez pidieron apoyo a esta iniciativa de ley que se encuentra pendiente de dictaminar por parte de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos para pasar a discusión del Plenario y convertirse en ley de la República.