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Poder Judicial obtiene primer lugar en Sector Seguridad Ciudadana y tercer lugar general en el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad

  • Reconocimientos son otorgados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS).

El Poder Judicial de Costa Rica obtuvo el primer lugar en el Sector Seguridad Ciudadana y el tercer lugar general en el Índice de Gestión en Discapacidad y Accesibilidad (IGEDA) 2021, por sus esfuerzos en la garantía y el respeto a los derechos y la adecuada atención de las personas con discapacidad.

Dichos galardones son entregados por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), institución que, en dicho índice, evalúo 103 instituciones públicas, 46 municipalidades y 10 colegios profesionales, de los cuales solo cuatro instituciones y una municipalidad superaron la nota de 601 a 800 que las cataloga como excelentes, en las que destaca el Poder Judicial.

El estudio, evaluó aspectos como la ejecución de diagnósticos sobre accesibilidad en los entornos físicos, la realización de planes de mejora con base en esos diagnósticos, los niveles de accesibilidad en los sitios web, la implementación de acciones como la promoción de derechos, la asistencia humana, la accesibilidad digital y la información y comunicación, la adaptación de formatos para brindar dicha información de acuerdo a las necesidades de esta población, la disponibilidad de productos de apoyo y la presencia de personas con discapacidad en los servicios.

Dicha actividad, se desarrolló en el marco de la celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que busca generar conciencia en las instituciones públicas y privadas, así como en las empresas sobre la importancia de eliminar la discriminación, garantizar el respeto a los derechos y el acceso a los servicios, así como la inclusión y la posibilidad de tener oportunidades reales de trabajo que permitan el empoderamiento de este sector de la población, que representa en el rango de personas adultas del país, un 18.3% de la población.

El reconocimiento por parte de la institución fue recibido por Angie Calderón Chaves, encargada a.i. de la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial. La actividad se llevó a cabo este viernes 3 de diciembre en las instalaciones del CONAPDIS.

El galardón se obtuvo gracias al compromiso y esfuerzo de toda la población judicial, liderada por la Comisión de Acceso a la Justicia coordinada por el Magistrado Jorge Olaso Álvarez, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad coordinada por la Magistrada Damaris Vargas Vásquez y la Unidad de Acceso a la Justicia cuya jefatura a.i. corresponde a la señora Angie Calderón Chaves.

Corte Plena acuerda remitir consulta facultativa de constitucionalidad sobre Proyecto Ley Marco de Empleo Público

  • Condicionada a la aprobación del proyecto de ley 21336 en primer debate en la Asamblea Legislativa.

 La Corte Plena acordó plantear una consulta facultativa de constitucionalidad sobre el proyecto de ley 21336, Ley General de Empleo Público, en lo referente a posibles afectaciones que podrían darse a las competencias constitucionales del Poder Judicial, respecto al contenido y efectos de las normas propuestas.

 El acuerdo se tomó por mayoría de las magistradas y magistrados presentes, con una votación de 18 votos a favor y 2 en contra, durante la sesión de este martes 30 de noviembre de 2021.

 La ejecución de este acuerdo, por parte de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, queda condicionada a la aprobación en primer debate del expediente legislativo.

 El objetivo es que se analice la incidencia y afectación de los principios de separación de poderes, independencia judicial y autonomía organizacional administrativa, respecto a las normas que se proponen sobre el Poder Judicial y se funda en el artículo 6 y otros, que establece la rectoría general de MIDEPLAN sobre un porcentaje significativo de la población judicial y otros artículos relacionados.

 La consulta facultativa se basa en el criterio judicial emitido por Corte Plena el 17 de noviembre de 2021, así como criterios de la Procuraduría General de la República, este último señala la persistencia de posibles vicios de inconstitucionalidades en el último texto de la iniciativa de ley.

 Se establecen cuatro ejes temáticos relacionados con la rectoría general del MIDEPLAN sobre un porcentaje significativo de la población judicial. 

 La relación de carácter vertical y directa que se plantea entre el MIDEPLAN y la Dirección General de Servicio Civil, con las oficinas de gestión humana, que incluye a la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial y otros órganos judiciales, se considera que obvia las funciones y competencias de gobierno, que ejercen órganos judiciales constitucionales como el Consejo Superior y la Corte Plena, en temas de reclutamiento y selección del personal, capacitación y evaluación de desempeño, la definición de las categorías de puestos y su remuneración.

 Se cuestiona que se omite las relaciones de cooperación y coordinación en los temas medulares, entre el órgano rector y los órganos de gobierno judicial.

 Si solo se excluyera de la aplicación de la propuesta de ley a los jueces y juezas, el 89.08% de la población judicial estaría sometida a la rectoría de MIDEPLAN (11 624 personas trabajadoras judiciales).  Si además se excluyera a personal de fiscalía y de la Defensa Pública, el 79,89% de la población judicial estaría bajo la competencia del ente ministerial (10 425 personas) y si se excluye también el escalafón de la policía judicial, el 63,90% (8338 personas) quedarían bajo los lineamientos, directrices y reglamentos de MIDEPLAN.

 

Despachos judiciales asumen compromiso con la Calidad de la Justicia

  •  9 despachos y oficinas judiciales reciben Acreditación de Calidad GICA-Justicia y 9 más se reacreditan.

 Oficinas administrativas, despachos jurisdiccionales y auxiliares de justicia recibieron la Acreditación de Calidad bajo la Norma GICA-Justicia, al cumplir con los estándares requeridos para brindar un mejor servicio a la persona usuaria.

En un acto oficial este viernes 26 de noviembre, se hizo entrega de la Acreditación de Calidad GICA-Justicia a 9 oficinas y despachos judiciales y 9 más, recibieron su reacreditación.

 El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro afirmó que “… las acreditaciones que se entregan hoy son el reflejo de una ardua labor de cada uno de los servidores judiciales que conforman las 18 oficinas, que con dedicación y esmero han logrado que sus despachos se certifiquen como oficinas con estándares de gestión de calidad.  Esto representa que el servicio público, brindado a las personas usuarias, sea de mayor calidad.  Es un esfuerzo que merece ser destacado, por el servidor público, en especial el servidor judicial que presta un servicio valioso al país”.

 Para el magistrado y coordinador de la Comisión de Gestión de la Calidad del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, “la Comisión y el CEGECA han logrado establecer una serie de procedimientos y un acercamiento a todas estas oficinas, que han permitido que todas tengan la introducción de estas formas de organización, de mejora de procesos y de orden de documentos, que nos permiten hacer mejor nuestro trabajo y hoy lo demuestran con la entrega de las acreditaciones de calidad”.

 Como invitada especial se contó con la participación de la magistrada del Poder Judicial de Honduras, María Fernanda Castro Mendoza quien destacó que “la calidad nos sirve de puente para acercar el servicio que prestamos, teniendo como centro a la persona usuaria, la satisfacción de sus necesidades y expectativas y que nos recuerda que todos los procesos son perfectibles”.

 Despachos acreditados en Normas GICA-Justicia:

 Secretaría General del OIJ- Sello Gestión Documental

  • Sección de Apoyo Psicológico Operacional del OIJ- Sello Gestión Procesos
  • Subproceso de Contabilidad de Macroproceso Financiero Contable- Sello Gestión Documental
  • Proceso Financiero de la Dirección de la Junta Administrativa del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial – Sello Gestión Documental
  • Administración Regional de Turrialba- Sello Gestión Documental
  • Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público- Sello Gestión Documental
  • Subproceso de Servicios de Salud, Sede I Circuito Judicial de San José- Sello Gestión Documental
  • Administración Regional de Nicoya- Sello Gestión Documental
  • Unidad de Atención Psicosocial de la Dirección de Gestión Humana- Sello Gestión de Proceso

 Además, la Unidad de Atención Psicosocial de Gestión Humana- Sello Gestión de Procesos recibió un reconocimiento por obtener la acreditación en los tres sellos de calidad

 En el acto participaron el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, la integrante del Consejo Superior, Sandra Pizarro Gutiérrez, representantes del National Center for State Courts de la Embajada de los Estados Unidos, del SINCA-Justicia y representantes de los despachos y oficinas acreditadas.

Cine foro “Audrie & Daisy: Cuando la violencia se viraliza”

  • Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

La Comisión de Género y la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial realizaron un acto conmemorativo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con el cine foro “Audrie & Daisy: Cuando la violencia se viraliza”.

La violencia contra la mujer es una violación de los derechos humanos y es consecuencia de la discriminación que sufren tanto en leyes como en la práctica, así como en la persistencia de desigualdades por razón de género. La violencia contra las mujeres se da en niñas y adolescentes y se puede evitar, la prevención es posible y es esencial.   

Para el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro “la reflexión en torno a este tema no debe quedarse sólo en palabras y por lo tanto, conlleva el compromiso activo de quienes conformamos la sociedad costarricense, particularmente un esfuerzo mayor por parte de la institucionalidad pública para ser garantes del respeto, tutela y protección de los derechos de las mujeres. No puede existir satisfacción ni respiro frente a un hecho tan grave, tan arraigado”.

“Desde la óptica del Poder Judicial es importante resaltar que la institución ha venido trabajando activamente en el logro de la agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo 5 incluye metas dirigidas expresamente a “eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación”, agregó el Magistrado Cruz Castro.

La Magistrada de la Sala Segunda y coordinadora de la Comisión de Género, Roxana Chacón Artavia señaló que en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la No Violencia Contra las Mujeres, organizaron dicha actividad con el propósito de continuar evidenciando las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia sexual y particularmente, las víctimas de violación.

“Año con año llegamos a esta fecha con la esperanza de que el trabajo que desde muy diversos frentes se realiza para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se evidencie en las estadísticas, pero lamentablemente, una y otra vez, enfrentamos la crudeza de la realidad que nos informa lo mucho que aún tenemos pendiente para asegurar a las mujeres de todas las edades y condiciones, un mundo seguro, libre de cualquier forma de violencia y discriminación” puntualizó la Magistrada Roxana Chacón.

Durante la actividad se transmitió el cine foro “Audrie & Daisy: Cuando la violencia se viraliza”, posteriormente se realizó un análisis con las personas panelistas Karen Valverde Chaves, jueza del Tribunal Penal de San José; Vanessa Villalobos Montero, subjefa del Departamento de Trabajo Social y Psicología y Larisa Tristán Jiménez, directora del Observatorio de la Comunicación Digital de la Universidad de Costa Rica. La actividad fue moderada por Daniel Ureña Varela, perito judicial de la Sección de Toxicología, Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial.

Alguna de las consideraciones que se dieron sobre la película fueron las presiones que tienen las mujeres especialmente las adolescentes, presiones para que consuman alcohol, normalización de la violencia, cómo se culpabiliza a la víctima (aumentando su sensación de vergüenza), el papel de los dispositivos móviles y redes sociales como factores que intensifican dinámicas estructurales de dominación y violencia, entre otros.

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