Sala de prensa - Page #161

Poder Judicial recibe apoyo de la Asamblea Legislativa para agilizar funcionamiento de la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado

Las autoridades del Poder Judicial en coordinación con el Poder Legislativo unen esfuerzos para agilizar la reforma de ley para poner en vigencia la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada.

Así lo dieron a conocer durante la reunión de Seguimiento de Seguridad Nacional, convocada por el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez, este jueves 30 de marzo de 2023.

En el encuentro, los representantes del Poder Judicial expresaron a las diputadas y los diputados la particular importancia de dar un trámite expedito al proyecto de ley 23.090, reforma para entrada en vigencia de forma inmediata la jurisdicción especializada en crimen organizado.

“Explicamos a las jefas y jefes de fracción el contenido del proyecto de ley 23.090 y la importancia que tiene para el funcionamiento del sistema de administración de justicia, que es una reforma a la ley de creación de la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada y que forma parte de las propuestas de ley que impulsa el Poder Judicial frente a la situación de inseguridad que vive el país”, destacó el Presidente de la Corte, Orlando Aguirre Gómez.

Las jefas y jefes de las fracciones legislativas se comprometieron con la iniciativa propuesta por el Poder Judicial.

Para la magistrada Patricia Solano “…el Poder Judicial en el tema de criminalidad organizada viene trabajando, realizando esfuerzos con su presupuesto ordinario para emprender la remodelación del edificio de Tribunales de San José, donde se ubicará la jurisdicción especializada en crimen organizado, con la que esperamos incidir en la tramitación de estos asuntos, garantizando el debido proceso y apegado a la ley”.

En el encuentro participaron el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez; la Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro y Carlo Díaz Sánchez, Fiscal General de la República. De parte de la Asamblea Legislativa estuvo presente Rodrigo Arias Sánchez, Presidente del Congreso; Gloria Navas Montero, diputada Presidenta de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, así como las y los jefes de las seis fracciones legislativas.

Cabe destacar que desde el lunes 20 de marzo, las autoridades del Poder Judicial entregaron al presidente del Congreso una lista de proyectos de ley considerados como prioritarios para combatir la inseguridad. Entre ellos destacan iniciativas concretas para dar mayor control de antecedentes de personas condenadas, la posibilidad de realizar intervenciones a comunicaciones orales y escritas en casos de femicidio y soborno transnacional, y dar un trato prioritario a víctimas y testigos de delitos.

Jerarcas judiciales destacan beneficios de la Resolución Alternativa de Conflictos en propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

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Jerarcas judiciales destacan beneficios de la Resolución Alternativa de Conflictos en propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial

En audiencian ante Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.
Proyecto legislativo 22.936 plantea la adición de un artículo 134 bis a la LOPJ para facilitar el acceso a la conciliación.

El magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión RAC del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas y las magistradas de la Sala Primera y de la Sala Constitucional, Iris Rocío Rojas Morales y Anamari Garro Vargas, participaron el pasado miércoles 29 de marzo en audiencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

Dicha audiencia, tuvo como objetivo explicar la relevancia del proyecto legislativo 22.936, el cual pretende la inclusión de un artículo 134 bis en la Ley Orgánica del Poder Judicial, para que los jueces y juezas conciliadores pasen de tener un rango reglamentario a tener un rango legal y que desde cada uno de los procedimientos en donde es posible la mediación, la conciliación o la resolución alternativa de conflictos, estos tengan la obligación de llamar, invitar e informar a las partes sobre la posibilidad de optar por dichos mecanismos para solucionar el conflicto.

En su intervención, el magistrado Alfaro Vargas destacó que este proyecto marca un cambio en lo que se tiene actualmente, ya que en todos los procesos lojueces y juezas van a llamar a las partes para indicarles que tienen la posibilidad de resolver los conflictos por sus propios medios, sin que el juez ordinario resuelva, ya que en la mayoría de los casos la resolución en la justicia ordinaria no genera satisfacción para las personas involucradas.

“La resolución alternativa de conflictos da una forma distinta de resolver, lo cual no significa que se pretende competir con el ordinario, no obstante, no se lo puede negar a las partes la posibilidad de conocer que pueden resolver sus conflictos de esta manera antes del proceso; procuramos un sistema de resolución distinto de los conflictos, en el cual tengamos como centro a las personas que quieren resolverlos, para que nadie se quede atrás, que todos y todas puedan acceder a un sistema de administración de justicia efectiva, pronta y cumplida”, destacó Alfaro Vargas.

Por su parte, la magistrada Iris Rocío Rojas Morales señaló que es importante tener en cuenta que la resolución alterna de conflictos es un derecho fundamental el cual está establecido en la Constitución Política y que el derecho moderno ha incorporado este tipo de solución al servicio público de administración de justicia, abarcando también el tema de la justicia administrativa.

“La norma que traemos no sólo sirve para mejorar la paz social, sino también la celeridad, porque el Estado ha expropiado el derecho humano a las personas de defender sus derechos e intereses legítimos, ya que el retardo en la administración de justicia por acumulación de casos es una realidad que no puede ser negada; este derecho humano nos parece que puede ser potenciado con esta reforma, obligando a que en todos los procesos los jueces y juezas informen a las partes de la posibilidad de acudir a estos mecanismos, que se ofrecen en calidad y cantidad necesaria para disminuir la mora judicial y contribuir a la paz social, bajando la litigiosidad”, mencionó Rojas Morales.

La magistrada Anamari Garro Vargas, subrayó la importancia que tiene la finalidad pedagógica, ya que esta reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial tiene una enorme finalidad en dicho sentido, porque contribuye a la creación y el fortalecimiento de una cultura de paz y al mismo tiempo incide directamente en la propia institucionalidad, concretamente en la disminución de la mora judicial, con aspectos interesantes desde el punto de vista de economía recursos para el Estado, por medio de la buena gestión.

Garro Vargas se refirió a la importancia de este proyecto en el sentido de dar fortalecimiento de la ciudadanía, elemento importante para la democracia, ya que hace protagonistas de la solución del problema a las partes.

Al final de la audiencia, los jerarcas judiciales respondieron las preguntas de los y las señoras diputadas y a su vez pidieron apoyo a esta iniciativa de ley que se encuentra pendiente de dictaminar por parte de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos para pasar a discusión del Plenario y convertirse en ley de la República.

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Foro Regional de Alto Nivel resalta los logros en materia de conciliación en los procesos judiciales

Actividad reunió a representantes de los Poderes Judiciales de Centroamérica, México y el Caribe.

Con el objetivo de conmemorar el 25 Aniversario de la implementación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley 7727 en Costa Rica y conocer los avances y logros en esta materia, se realizó el “Foro Regional de Alto Nivel sobre la Promoción de la Conciliación en los Procesos Judiciales en Centroamérica, México y el Caribe”.

En la inauguración del acto se contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, quien mencionó que la aprobación de esta normativa es un paso fundamental hacia la promoción de una cultura de paz, donde las personas puedan solucionar de manera constructiva y distinta de la tradicional, las diferencias patrimoniales. “La solución más conveniente, rápida y eficaz de un conflicto es llegar a un acuerdo y no tener que acudir a los procesos jurisdiccionales”, señaló.

Agregó que “hoy que conmemoramos 25 años de la ley RAC es necesario recordar el papel protagónico que ha jugado y sigue jugando el Poder Judicial en favor de la promulgación y la aplicación efectiva de los mecanismos de resolución alterna de conflictos, ya que impulsó vigorosamente junto con otros actores de la sociedad, la promulgación de esta ley”.

Por su parte, el magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas destacó que es importante celebrar la conmemoración de la vigencia de la Ley RAC, la cual rige en Costa Rica desde el 14 de enero de 1998, haciendo un recuento histórico de los pasos dados por el país en este sentido, resaltando también la puesta en marcha y la creación de una Ley de Justicia Restaurativa.

“Actualmente estamos en proceso de construcción de una política institucional de Resolución Alternativa de Conflictos, en donde ya hemos completado un diagnóstico de la situación en el Poder Judicial costarricense y ahora estamos en la construcción con todos los actores del sistema de un plan de acción que se espera esté aprobado en el 2024. Además, desde el seno de la Comisión de Resolución Alternativa de Conflictos se está promoviendo la inclusión de un artículo 134 bis en la Ley Orgánica del Poder Judicial que visibilice al Centro de Conciliación, para que las juezas y jueces conciliadores pasen de tener un rango reglamentario a tener un rango legal, y que desde cada uno de los procedimientos en donde es posible la mediación, la conciliación y la resolución alternativa de conflictos, los jueces y juezas de las diferentes materias tengan que llamar a invitar e informar a todas las partes de qué existen los mecanismos de resolución alternativa de conflictos”, indicó Alfaro Vargas.

La magistrada de la Sala Primera e integrante de la Comisión RAC, Iris Rocío Rojas Morales señaló la importancia de ver la Resolución Alterna de Conflictos como un derecho humano y fundamental de las personas en la defensa de sus derechos subjetivos y sus intereses legítimos, en donde se les da la posibilidad de ser actores en la resolución de sus conflictos.

“La meta debería ser que en nuestros Poderes Judiciales, esos mecanismos que se conocen como alternativos sean en el futuro la regla y que lo adversarial sea la excepción, aunque siempre va a existir esta posibilidad, porque es la obligación que tiene el Poder Judicial de ofrecer estas resoluciones de conflictos; pero entre más mecanismos alternativos vayamos incorporando, mejor servicio público estaremos dando a quienes se presentan a los estrados judiciales a requerir la respuesta del sistema judicial en la problemática que enfrentan en sus vidas”, acotó Rojas Morales.

Dicha actividad, se desarrolló de manera virtual este miércoles 29 de marzo y contó con exposiciones de especialistas nacionales e internacionales sobre diversos temas como “La importancia global del tema RAC para la Administración de Justicia” por parte del Profesor Hugo Díaz-Estúa Avelino, Presidente del Colegio Iberoamericano de Compliance y el “Programa RAC de la Corte Suprema de Justicia 1993-1995 y Ley RAC” a cargo del experto Hernando París Rodríguez.

Además, se desarrollaron los paneles “Avances y Retos de los Poderes de la Región en el tema RAC, a cargo de María Eugenia López Arias, Magistrada Presidenta del Órgano Judicial de Panamá; Alba Luz Ramos, Presidenta del Poder Judicial de Nicaragua y moderado por Sergio Valls Esponda, Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Estado de México y un segundo panel sobre el mismo tema, con la participación Samuel Arias Arzeno, Juez de la Sala Civil y Comercial del Poder Judicial de República Dominicana; Mirna Valenzuela, Magistrada del Poder Judicial de Guatemala; Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de México, el cual fue moderado por Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de CONAMAJ.

Cabe destacar, que dentro del universo de casos que tramita la institución, en el 2021 se resolvieron mediante RAC un 4% de los casos, mientras que para el 2022 se incrementó a un 5%, con más de 60 mil casos resueltos por esta vía.

La actividad contó con la participación de las Presidentas de los Poderes Judiciales de Panamá y Nicaragua, Magistrados y Magistradas de los Poderes Judiciales de Centroamérica, México y el Caribe, integrantes de la Comisión RAC del Poder Judicial de Costa Rica, conferencistas nacionales e internacionales, representantes del National Center for State Courts de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, representantes de la Escuela Judicial, Jueces y Juezas del Centro de Conciliación, funcionarios y funcionarias judiciales y público en general.

El Poder Judicial comprometido con el Derecho al Agua

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El Poder Judicial comprometido con el Derecho al Agua

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
El Poder Judicial comprometido con el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y los ODS

El agua como un aspecto fundamental del desarrollo sostenible, para el desarrollo socioeconómico, la energía, producción de alimentos, ecosistemas y en especial, la supervivencia de los seres humanos y de todas las especies que habitamos el planeta, fue el tópico que se desarrolló durante el evento paralelo virtual sobre la Declaración de Brasilia de Jueces y Juezas sobre Justicia del Agua de 2018, celebrada el pasado sábado 18 de marzo de 2023.

Este evento convocó a juezas y jueces de todo el mundo con el objetivo de analizar el estado de derecho ambiental y el papel que tienen las Cortes Supremas de Justicia para garantizar el acceso a la justicia del agua, como un derecho fundamental para todas las personas especialmente las que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Durante este foro, la Magistrada Damaris María Vargas Vásquez participó en el evento como expositora en su condición de integrante del Instituto Mundial Ambiental, coordinadora de la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.

También intervinieron la Magistrada Maria Filomena Singh de la Suprema Corte de Filipinas; Antonio Herman Benjamín, Magistrado de la Suprema Corte de Brasil y Presidente del Instituto Global Ambiental; Nicholas Bryner, Profesor de Derecho de la Universidad de Louisiana; Arnold Kreilhuber, Director UNEP, División de Derecho; Scott Fulton, Presidente Emérito del Instituto de Derecho Ambiental; y Rhiannon Tereari´i Chandler-Iao, Profesor de la Escuela de Derecho William S. Richardson.

En junio de 2010 el derecho al agua y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciéndose que debe serlo en cantidad suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona por día) segura, aceptable y asequible, cuyo costo no debe superar el 3% de los ingresos del hogar, además de ser accesible físicamente con una distancia a la fuente que no supere los 1.000 metros y su recogida no debe superar los 30 minutos.

Como bien lo señalan los representantes de la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), al resolver conflictos judiciales vinculados con el agua, se debe realizar con innovación y aplicar los principios ambientales, en especial el indubio pro-agua, como un derecho progresivo y nunca regresivo.

En Costa Rica ya se introdujo en la Constitución Política la prioridad del uso del agua para la población, más allá de otros usos y además, de manera comprometida y visionaria participó en la construcción y la firma de la Declaración de Brasilia de Jueces y Juezas sobre Justicia del Agua de 2018, la cual se ha estado incluyendo como base de análisis en las resoluciones del Poder Judicial.

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Reconocimientos a la labor judicial

Durante la inauguración del Año Judicial 2023, los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, entregaron los galardones que premian la trayectoria de personas servidoras judiciales por su destacada labor en el servicio judicial.

Este año, en la Sesión Solemne se otorgaron los reconocimientos “Luis Paulino Mora Mora”, “Fernando Coto Albán”, “Miguel Blanco Quirós”, “Ulises Odio Santos” y “Justicia con rostro de mujer”.

La magistrada Julia Varela Araya, presidenta de la Comisión del Tribunal de Reconocimientos del Poder Judicial hizo la entrega de los premios e indicó que “me honra presentar ante la población judicial y público en general, a las personas postuladas que resultaron recomendadas, siguiendo estrictamente criterios objetivos previstos para cada categoría de premio y escogidas por Corte Plena”.

“Les agradecemos por su entrega, dedicación, esfuerzo y compromiso con la institución y, en especial, con las personas usuarias, que son la razón de ser del servicio que brindamos. Con su mística, humanismo y excelencia, han logrado visualizar ante la institución sus logros, proponiéndolos como merecedores de reconocimiento”, puntualizó la magistrada Varela.

El reconocimiento póstumo “Luis Paulino Mora Mora” se dio a Carlos Romero Rivera, quien en vida se desempeñó como Contralor de Servicios en Pérez Zeledón. La Corte Plena otorga esta distinción a la persona profesional, que, sin ser administrador de justicia, por su quehacer profesional en cualquier área del conocimiento hubiese influido en el mejoramiento de la administración de justicia, haciendo posible su eficiencia y el acceso de las personas ciudadanas al servicio de la justicia.

La jueza Ruth Alpízar Rodríguez, fue la galardonada con el premio “Fernando Coto Albán”, Al buen juez (a), ella labora en el Juzgado Agrario de Liberia y además, se desempeña como jueza suplente del Tribunal Agrario y es facilitadora de la Escuela Judicial.

José Rubén Dimas Portillo, jefe del Departamento de Artes Gráficas del Poder Judicial fue premiado por su trayectoria y dedicación con el reconocimiento “Miguel Blanco Quirós”. Este reconocimiento es destinado a la persona funcionaria o exfuncionaria judicial que haya destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación en sus labores y que, con esta actitud, haya enaltecido y siga enalteciendo el nombre de este Poder de la República.

En cuanto al Premio “Ulises Odio Santos” 2023, se le otorgó a la Defensora Pública, Ligia Jiménez Zamora por su obra “Guía para facilitar el Acceso a la Justicia de las personas usuarias Indígenas en la Defensa Pública”.

En la sesión solemne se entregó el premio “Justicia con rostro de mujer” a María de las Nieves Rueda Rincón, primera mujer con carrera policial nombrada en una Jefatura de Delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El reconocimiento está destinado a las mujeres empleadas o exempleadas judiciales, administradoras de justicia o no, que en el desempeño de sus labores se hayan destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo; quienes con sus acciones, ejemplo y actitud hayan resaltado el aporte de las mujeres en las funciones encomendadas al Poder Judicial e influido o influyan en la erradicación de la violencia y de cualquier otra forma de discriminación en detrimento de los derechos humanos de las mujeres.