• Realizan taller con representantes de entes de responsabilidad del ámbito administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia.

 Promover prácticas para la efectiva implementación de la Política Institucional de Simplificación y Celeridad de Trámites del Poder Judicial, es el enfoque que promovió el taller realizado este miércoles 11 de noviembre de 2023.

La actividad la lideró Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior y coordinadora del Programa Cero Papel con el apoyo de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

 “El taller tiene como objetivo explicar la forma en que los entes administrativos, jurisdiccionales y auxiliares de la administración de la justicia encargados de operativizar la política  conozcan la forma como deben ejecutarla y el equipo del programa que forma Cero Papel conozca como darle seguimiento y evaluar el cumplimiento de los planes de acción a fin de operativizar  la Política Institucional de Simplificación y Celeridad de Trámites, los planes y ejecución se revisaran  cada dos años. Lo que promueve dicha política es estandarizar los procesos, hacerlos más ágiles, más amigables con la persona usuaria y el personal judicial”, destacó Pizarro Gutiérrez.

 En el taller participaron representantes de los entes responsables de las oficinas y despachos de los tres ámbitos judiciales, administrativo, jurisdiccional y auxiliar de justicia, quienes tienen a cargo la definición de las acciones que implementarán en el marco de los lineamientos de las políticas.

 Las acciones que cada oficina o despacho judicial asuma como compromiso en materia de simplificación y celeridad de trámites deberán incorporarse al Plan Anual Operativo (PAO), y desde el sistema se le dará el seguimiento correspondiente y el nivel de cumplimiento.

 El taller estuvo a cargo de Allan Pow Hing Cordero, Jefe del Subproceso de Planificación Estratégica de la Dirección de Planificación del Poder Judicial.

 Entre los temas abordados se encuentran los antecedentes de la política institucional, un repaso del modelo de gestión de política institucional, así como la importancia del seguimiento y evaluación de las acciones, dirigida hacia la ejecución efectiva de la política.

 La Política Institucional de Simplificación y Celeridad en los Trámites Judiciales la aprobó Corte Plena en mayo del 2022.

• Equipo del Proyecto de Co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos y representantes del Sistema de Naciones Unidas, durante gira a San Vito de Coto Brus.

La etapa de encuentros regionales con los pueblos indígenas de Costa Rica que desarrolla el Proyecto de Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, permitió brindar a las lideresas y líderes indígenas un amplio informe de rendición de cuentas por parte de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas  y representantes del Sistema de Naciones Unidas.

La actividad la lideró la  Magistrada Damaris Vargas Vásquez, como  Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas y Directora del Proyecto".

Con la colaboración de la cooperación internacional de Naciones Unidades, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas lleva adelante la co-construcción de la política institucional, cuyo fin es mejorar el servicio de administración de justicia que se brinda a las poblaciones indígenas.

“Estos encuentros permiten hacerles una devolución de los avances realizados dentro del trabajo de la construcción de la política y escuchar sus observaciones.

El Sistema de Naciones Unidades presentó una síntesis y esquematización de todas las observaciones y sugerencias que hicieron los pueblos indígenas en las diferentes visitas, sobre cómo pueden mejorar el servicio público que ofrece el Poder Judicial y que son oportunidades de mejora desde la perspectiva de los pueblos indígenas”, explicó la magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

La información que emana de estos encuentros regionales permitirá finalizar el proceso de diagnóstico, que servirá para la construcción de la base de la política institucional que introduce el enfoque de género, de interseccionalidad y pluricultural, respetando la cosmovisión de cada uno de los 8 pueblos indígenas de Costa Rica.

En esta gira, que se constituyó en un plan piloto, participaron el territorio Maleku ubicado en Guatuso y los territorios de la Zona Sur y Sur-Sur del país, que los integran China Kichá en Pérez Zeledón y Salitre, Térraba, Rey Curré, Cabagra, Boruca y Ujarrás.

De parte de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, se rindió cuentas efectivas a la población indígenas sobre los avances que realizaron  en el proyecto de co-construcción de la política institucional y las labores propias de la Subcomisión a lo largo del año.

“Estamos construyendo una base de datos de los contactos de líderes y lideresas de los pueblos indígenas, que es propia del Poder Judicial y que fue información brindada de manera voluntaria por parte de la población indígena involucrada,  con el objetivo de trabajar la política institucional de acceso a la justicia de poblaciones indígenas”, explicó la magistrada Vargas Vásquez.

Durante esta gira se contó con el acompañamiento del magistrado de la Sala Constituional, Luis Fernando Salazar Alvarado, el Director de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez Murillo; el Subdirector del OIJ, Michael Soto Rojas; el líder del Proyecto de Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, Steven Picado Gamboa; el Administrador de los Tribunales de Corredores, Guillermo Mejía Villalobos y la Contralora de Servicios de Corredores, Yanory Olaya Delgado.

Liderezas indígenas exponen sus aportes

La gira contempló una reunión con lideresas indígenas de los territorios Maleku, Zona Sur y Sur-Sur, con la participación de la magistrada Damaris Vargas Vásquez y de parte del Sistema de Naciones Unidas, Ana María Opegui, encargada de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Costa Rica y Samatha Collí mujer indígena maya Consultora del Sistema de Naciones Unidas.

“Nos trasladamos al territorio indígena de Térraba, donde se celebró  una reunión con las lideresas indígenas de los diferentes territorios.  Esta reunión fue de gran trascendencia porque el proyecto se desarrolla con un enfoque de género y el tratamiento de esta población es muy distinto, al tratamiento que se le da a los pueblos indígenas en general, así lo ha hecho ver el relator especial indígena de cómo se debe abordar”, puntualizó la magistrada Damaris Vargas.

El Proyecto de Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas se inició en el 2021 con la aprobación de Corte Plena y siguiendo el modelo de construcción de políticas institucionales y de administración de proyectos del Poder Judicial.

Una primera etapa contempló la consulta informativa a los ocho pueblos indígenas ubicados en 24 territorios en todo el país, para informarles del proyecto y consultar su anuencia a participar en la co-construcción. 

Desde el 2021 se cuenta con la cooperación internacional del Sistema de Naciones Unidas, desde el proyecto EPO (Examen Periódico Universidad), de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Costa Rica y está por iniciar la cooperación  con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), para poder darle continuidad a este trabajo.

En el marco de la conmemoración del 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad se realizó la rendición de cuentas sobre las acciones desarrolladas en el Poder Judicial en relación con esa población, así como los avances en el “Proyecto Política de Acceso a la Justicia y Equiparación de Oportunidades de Personas con Discapacidad y su Plan de Acción” 

La Rendición de Cuentas se realiza con ocasión de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad según resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 3 de diciembre de 1992. Se trata de un resumen ejecutivo de las principales acciones realizadas por el Poder Judicial desde la Judicatura; el ámbito auxiliar de justicia integrado por el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública, así como el ámbito Administrativo, en relación con el tema de innovación y soluciones transformadoras para el desarrollo inclusivo; específicamente en los siguientes puntos: a) Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en el empleo (ODS 8), b) Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad en la reducción de la desigualdad (ODS 10); y, c) Innovación para el desarrollo inclusivo de la discapacidad (buenas prácticas).

El informe de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad estuvo a cargo de la magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y coordinadora de esta Subcomisión, Damaris María Vargas Vásquez, quien resaltó la relevancia que tiene para el Poder Judicial el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, según se evidencia del Plan Estratégico Institucional, al ser el acceso a la justicia uno de los ejes transversales. Eso significa que toda acción que realice el Poder Judicial desde sus diferentes ámbitos tiene que estar transversalizado con este tema que es propio, además, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el Pacto Nacional para su cumplimiento.

“Este acto de rendición de cuentas está dirigido a toda la población judicial y a la ciudadanía; especialmente, a las personas en situación de discapacidad y sus organizaciones, la Comisión de Acceso a la Justicia y el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis). También se dirige al Sistema de Naciones Unidas pues, conforme al Proyecto Examen Periódico Universal (EPU) -por medio de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidades para los Derechos Humanos (OACNHDH)- apoya con cooperación internacional en el desarrollo del Proyecto Política de Acceso a la Justicia y Equiparación de Oportunidades de Personas con Discapacidad” señaló la Magistrada Vargas Vásquez.

En la rendición de cuentas, se concretaron las principales acciones de la Judicatura y demás ámbitos auxiliares y administrativo del Poder Judicial en atención a las obligaciones establecidas por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las Personas con Discapacidad, de carácter supraconstitucional en tanto otorgan mayores derechos que la Constitución Política según reiterada y vinculante jurisprudencia de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; así como la normativa interna, especialmente, la Ley 7.600, y su Capítulo VIII “Acceso a la Justicia”, así como la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad

Se enfatizó en el cumplimiento de las metas del PAO 2022 de la Comisión de Acceso a la Justicia asociadas a Discapacidad, en atención del SEVRI 2022, el Plan de Trabajo 2022 comunicado a CONAPDIS a inicios de año; así como del Informe Anual 2022, presentado a la Asamblea Legislativa, sobre las acciones realizadas de agosto de 2021 a agosto de 2022. Se hizo alusión al avance de la accesibilidad universal de los servicios que ofrece el Poder Judicial, especialmente, los desarrollos tecnológicos, las páginas web institucionales, la infraestructura y demás acciones asociadas a la eliminación de todas las formas de discriminación a las personas con discapacidad, entre ellas, las actitudinales.

Agregó la Magistrada Vargas Vásquez que para continuar reforzando estos avances es indispensable continuar con el cumplimiento de la normativa que exige al Poder Judicial la reserva de al menos el 5% de las plazas vacantes de cada año, para ser cubiertas con personas con discapacidad y asegurar la eliminación de las barreras que les dificulten la gestión óptima de sus funciones, lo cual se está logrando gracias al apoyo y compromiso de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena y el Consejo Superior, así como el de las y los integrantes de la Comisión de Acceso a la Justicia, la Comisión Institucional de Empleabilidad, la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad y de todas las personas servidoras judiciales.

Se resaltó en la actividad la relevancia del Informe de la Contraloría de Servicios del Poder Judicial sobre la “Percepción y satisfacción de los usuarios con los servicios que les brinda el Poder Judicial” al servir de guía para atender los requerimientos de la ciudadanía pues se constituye en oportunidades de mejora del servicio; y las acciones de capacitación de la Escuela Judicial, y las Unidades de Capacitación del Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa Pública y la Dirección de Gestión Humana, para fortalecer las competencias de las personas servidoras judiciales. En éstas y otras acciones, se contó siempre con la colaboración del CONAPDIS y la Defensoría de los Habitantes de la República.

Angie Calderón Chaves jefa a. i. de la Unidad de Acceso a la Justicia señaló que “la inclusión de la discapacidad es condición esencial para el respeto a los Derechos Humanos, el desarrollo sostenible, la paz y la seguridad. También es una cuestión clave para cumplir con la promesa de no dejar a nadie atrás de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Respetar los derechos de las personas con discapacidad no es solo una cuestión de justicia, sino una inversión en nuestro futuro común”.

La actividad se realizó de manera virtual por medio de la plataforma Microsoft Teams.

• Mediante la integración de una comisión mixta impulsada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Colegio de Abogados y Abogadas.

Con ocasión de la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia en el año 2024 y en el marco del proyecto de “automatización de los procesos judiciales y el análisis del rezago judicial” se realizó el “taller para la revisión exhaustiva sobre las causas que ocasiona la mora judicial en materia de familia”, organizado por la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia, la Dirección de Planificación del Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.  

El taller fue dirigido a jueces y juezas que tramitan procesos de naturaleza familiar, la Contraloría de Servicios, representantes del Colegio de Abogados y Abogadas, así como a personas funcionarias de la Defensa Pública.

En la actividad se realizó un análisis de todas las situaciones que generan retraso en la tramitación y en el dictado de las resoluciones que ponen fin al proceso judicial, por lo que la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia en conjunto con distintas instancias institucionales, se encuentra trabajando para reducir los tiempos.

La magistrada y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción de Familia, Niñez y Adolescencia, Roxana Chacón Artavia indicó que “hemos realizado un trabajo muy fuerte primero con relación a la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia y se ha avanzado mucho con la Dirección de Planificación institucional con los diferentes objetivos que hay que cumplir antes de que se dé la vigencia, debo destacar que la capacitación se ha hecho con una mística muy grande desde la Escuela Judicial y el equipo de jueces tanto Eddy Rodríguez como Cristian Martínez coordinando un trabajo para la capacitación de las personas que van a implementar el nuevo código”.

“Nos faltan algunas cosas que para nosotros son fundamentales como tratar la mora judicial que tenemos en los diferentes juzgados y entrar a hacer un abordaje diferente de qué es la mora judicial y cuáles son las razones por las cuales tenemos mora judicial en los juzgados de pensiones alimentarias, familia y violencia doméstica que implican precisamente la ejecución del nuevo código”.

El magistrado y presidente de la Sala Segunda, Luis Porfirio Sánchez señaló que “hoy es un día importante, pues en la jurisdicción de familia congregamos en busca de soluciones, nosotros todos los días resolvemos el conflicto familiar, y sucede que ese conflicto familiar se viene dilatando su resolución. Celebro esta reunión porque la Sala Segunda se reúne con los jueces y juezas de familia y es la primera de muchas reuniones para tratar el tema de la mora judicial en materia de familia”.

Por otra parte, el magistrado Jorge Olaso Álvarez resalto que “lo importante es el aprendizaje, es bueno que un juez o jueza se enfrente a lo nuevo, a veces se considera tenebroso o miedo de enfrentarse a lo nuevo y es algo lindo porque es una aventura y novedosa para una jurisdicción que hace tiempo lo requiere, con la bendición de una “vacatio legis” de dos años, que nos va a permitir mejorar la administración de justicia”.

Jimmy Monge Sandí, coordinador de la Comisión de Familia del Colegio de Abogados y Abogadas afirmó que “es importante porque normalmente nosotros vemos el trabajo que ustedes realizan detrás del mostrador y tenemos nuestras propias preocupaciones y de alguna forma nosotros también tenemos algo que decir, porque somos lo que representamos el interés del administrado a la hora de que ellos ponen en conocimiento de ustedes los conflictos que quieren resolver”.

Nacira Valverde Bermudez, directora de la Dirección de Planificación expuso sobre los antecedentes y el contexto de la actividad; por su parte Yesenia Salazar Guzmán, jefa del Subproceso de Modernización del Dirección de Planificación indicó la metodología aplicada para la recopilación de oportunidades de mejora y explicó la dinámica del taller y las mesas de trabajo. Finalmente, Gustavo Solano Rivera, contralor de servicios de Guanacaste brindó un “diagnóstico de percepción del servicio de la persona usuaria”.

Se brindó un espacio para la revisión preliminar de las oportunidades de mejora y luego se realizaron las mesas de trabajo. La actividad fue en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.