• Prioriza necesidades en la implementación de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y el pago del Fideicomiso para la construcción del Edificio de Tribunales de Justicia de Puntarenas.
• Gasto presupuestario máximo para el próximo año es de ¢490.479 millones.
• El anteproyecto de presupuesto debe ser entregado a más tardar el 15 de junio próximo ante el Ministerio de Hacienda.

En sesión extraordinaria de Corte Plena realizada el pasado miércoles 1 de junio, los magistrados y magistradas del máximo órgano judicial conocieron el Anteproyecto de Presupuesto 2023 institucional, el cual ya fue aprobado por el Consejo Superior. Dicho anteproyecto fue presentado por la Directora de Planificación del Poder Judicial, Nacira Valverde Bermúdez.

Se destaca en la presentación, que el gasto presupuestario máximo para el próximo año es de ¢490.479 millones, en donde el Gasto Corriente se fijó en ¢464.937,5 millones y el Gasto de Capital es de ¢25.541,5 millones, lo cual representa una variación del 3,86% en relación con el presupuesto de ley 2022, autorizado por el Ministerio de Hacienda en oficio DM-0426-2022.

Dentro de este límite planteado, se incluyen gastos de carácter ineludible que cubren la totalidad de las operaciones, tales como las remuneraciones, las contribuciones asociadas, los servicios públicos y los contratos vigentes.

El financiamiento del gasto considera los ingresos por: Impuestos a Personas Jurídicas, Honorarios Oficina Defensa Civil, Plataforma Información Policial, Centro Judicial de Intervención de las Comunicaciones y Ministerio Público y al monto del gasto máximo aprobado se incorporan los recursos para implementar la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado y los recursos de Fideicomiso de Edificio de Puntarenas. Es importante indicar que no se autoriza la creación de nuevas plazas.

El anteproyecto considera dentro del gasto presupuestario máximo el monto correspondiente a las anualidades por el agotamiento de la vigencia temporal de la norma transitoria adicionada por la Ley 9908 que suspendía este incentivo para los periodos 2020-2021 y 2021-2022.

Dentro de las direcciones técnicas aprobadas por el Consejo Superior para el siguiente ejercicio presupuestario, se estableció en materia de construcciones que la Dirección Ejecutiva y la Comisión de Construcciones deben definir las necesidades y dar énfasis a los proyectos de mantenimiento; en lo referente a la materia tecnológica, las oficinas que tengan a cargo proyectos estratégicos deben consignar los recursos de cada período en el Sistema de Proyección Plurianual, además, se determinó no ampliar los servicios por concepto de contratos de seguridad y limpieza, salvo los estrictamente necesarios y se estableció internamente que  para el presupuesto máximo autorizado para el 2023, el límite presupuestario debe ser igual o menor al aprobado para el presupuesto del 2022.

En relación con el presupuesto asociado a la ejecución de proyectos estratégicos, se mantienen un total de 75 proyectos activos entre los diferentes programas incluidos en la propuesta, para un total de ¢11,452,219,623 en la formulación.

Sobre los aspectos relevantes del presupuesto de las distintas áreas, en materia de vehículos, en las directrices de Formulación Presupuestaria 2023, se autoriza el cambio de los vehículos cuyo modelo sea del año 2017 o anterior a este. El incremento en el 2023 se debe a los recursos aprobados para atender el requerimiento en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada por ¢1,099,909,440 para equipo de transporte. Si se excluye esta suma, el Presupuesto de vehículos mostraría un decrecimiento del 1,54% con relación al monto aprobado para el 2022.

El gasto tecnológico a nivel institucional presupuestó un total de ¢9,589,186,307, en sus diferentes temas estratégicos que incluyen la confianza y la probidad en la justicia, la gestión de personal, la optimización y la innovación de los servicios judiciales, la planificación institucional y la seguridad informática.

En lo que tiene que ver con los proyectos constructivos, se presupuestaron ¢9 997 millones, en donde se incluyen proyectos estratégicos en circuitos judiciales como San Ramón, San Carlos, San José, Turrialba, Corredores, Golfito, el Segundo Circuito Judicial de San José y el Departamento de Ciencias Forenses, entre otros.

En cuanto a seguridad, el monto total es de ¢640,884,267, monto que no registra ningún crecimiento relacionado al 2022, en rubros como el control de acceso inteligente, la modernización de los sistemas de seguridad electrónicos del Poder Judicial y el reforzamiento de la seguridad de los despachos judiciales.

Necesidades institucionales sin contenido presupuestario: Pese a lo anterior, existen necesidades que no tienen contenido presupuestario y que son fundamentales para la institución, como las que se detallan a continuación:

• Presupuesto requerido para la Atención y Acceso a la Justicia de Personas con Asuntos relacionados a Pensiones Alimentarias (18 plazas): ¢938,568,280.
• Necesidad de 22 plazas de Custodio de Detenidos para diferentes oficinas del OIJ a nivel nacional, estimado en ¢599,111,228 millones aproximadamente.
• Acceso a la Justicia de las personas ciudadanas en Zonas cercanas a Puerto Jiménez "Tribunales Peninsulares": ¢518,645,894.
• Requerimientos de personal Fiscal de Juicio en el Ministerio Público: ¢1,327,689,735.
• Tribunales de Juicio Penal a nivel nacional: Completar estructuras mínimas: ¢2,297,039,367.

Sumado lo anterior a las necesidades legales por la creación de nuevas leyes como la Ley N°9458 Ley de Bienestar de los Animales, la Ley N°9582 de Justicia Restaurativa, el Código Procesal de Familia y la Ley N°9609 del Nuevo Código Procesal Agrario, entre otras reformas legales y proyectos de ley.

También, dentro de los aspectos relevantes que impactan el presupuesto para el año 2023, resaltan el incremento por tipo de cambio, el incremento en el Aporte Estatal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, el pago de especies fiscales por Adjudicaciones, el tema de la Anualidad con aguinaldo y cargas sociales y el pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

Además, se aprobó el presupuesto de la Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones por un monto de 1.687.929.676, que son con recursos propios de la JUNAFO y financiado por el Poder Judicial 594.566.314.

Cabe indicar, que por disposición de la Procuraduría General de la República, el presupuesto de la JUNAFO se debe presentar en conjunto con el presupuesto del Poder Judicial.

El anteproyecto fue aprobado de manera unánime por los magistrados y magistradas de la Corte Plena y se deberá remitir a más tardar el 15 de junio al Ministerio de Hacienda.

En la presentación del anteproyecto estuvieron presentes los y las integrantes del Consejo Superior, los y las directoras de la Dirección Jurídica, la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicación, la Dirección de Gestión Humana, así como la Dirección de la Defensa Pública, el Organismo de Investigación Judicial y el Fiscal General de la República.

En favor de las personas menores de edad privadas de libertad del Centro de Formación Juvenil Zurquí, se presentó obra de teatro denominada "Si nosotras fuéramos ellos".

Dicha obra forma parte del proyecto de cooperación entre la Embajada de Francia, la Universidad Nacional, el Ministerio de Cultura y Juventud, Los Centros Cívicos para la Paz y el Centro de Formación Juvenil Zurquí, y se presentará en el Teatro Melico Salazar los días 10,11 y 12 de junio.

El Magistrado de la Sala Tercera y coordinador de la Sub-Comisión de Acceso a la Justicia en materia Penal Juvenil, Rafael Segura Bonilla y la jueza del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, Marianela Corrales Pampillo hicieron entrega como resultado de la campaña de colaboración para dotar de alimentación fuera del centro penal, vestido y otros implementos necesarios, a las cuatro personas menores de edad que participarán en dicha producción.

Segura Bonilla indicó que “el involucramiento de los jóvenes sentenciados con el arte es de vital importancia para su reinserción a la sociedad, de allí que cualquier acción que desde la Subcomisión Penal Juvenil se pueda hacer es fundamental. En el caso concreto, las alianzas estratégicas entre lo jurisdiccional, el Ejecutivo, la Universidad Nacional (UNA), el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas (ILANUD) y la Embajada de Francia, nos han permitido dar una nueva oportunidad a cuatro muchachos y muchachas en conflicto con la ley, quienes se presentarán como actores y actrices en una obra de teatro”.

Ignacio Mayoral Narros, del ILANUD hizo una donación en nombre de dicho instituto, que en conjunto con los aportes obtenidos por la campaña realizada desde el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y la Sub-Comisión de Acceso a la Justicia en Materia Penal Juvenil, permitirá que sean cubiertas las necesidades alimentarias y de vestido de las personas menores en sus días de ensayos y funciones, para las cuales no hay dotación institucional de recursos.  

El Magistrado señaló que la campaña no solo permite dotar de fondos a este proyecto en particular, sino que facilitó articular esfuerzos, trabajar en conjunto con organizaciones como el ILANUD e instituciones como el Ministerio de Justicia. “Principalmente se logró activar y sensibilizar a la población judicial, así como a los miembros de la comunidad, quienes son conscientes de la potencialidad de las personas menores de edad privadas de libertad y que el delito no debe definir sus derechos ni su futuro y así colaboran con la construcción de oportunidades de cambio e inserción”. 

La primera de las Plataformas Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) en abrir sus puertas un 5 de diciembre del 2011, fue en Pavas.

PISAV ofrece en un solo lugar servicios a las víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.

Cuenta con los servicios de Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Defensa Pública, Fiscalía, Oficina de Trabajo Social y Psicología, Oficina de Atención y Protección a la Víctima y Unidad Médico Legal.  Está ubicada de Plaza Rohrmoser, 100 metros norte y 75 metros oeste, en Pavas.

Se puede interponer demandas por pensión alimentaria, pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal en caso de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, solicitar representación de la Defensa Pública en materia de familia, así como atención psicológica y asistencia social.

El Dr. José Enrique Ramírez Muñoz, jefe médico forense de esta plataforma indicó que realizan un trabajo coordinado y engranado en equipo, con el objetivo ulterior de brindarle a la persona usuaria una atención integral tanto a nivel operativo como humano.

“El paso de los años nos ha llevado a desarrollar un sistema interdisciplinario coordinado y armónico que permite ofrecerle a aquella persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar o sexual, una combinación de servicios necesarios para el manejo de su caso sin que esta persona requiera desplazarse a otras dependencias, previniendo un desgaste físico y emocional de la persona vulnerada” indicó Ramírez Muñoz.

Agregó que “tenemos claro nuestro rol como personal profesional médico forense y es un orgullo contribuir de alguna forma con personas víctimas de violencia para que sus casos sean tramitados con objetividad y brindando insumos importantes a las autoridades judiciales para resolver”.

Para comunicaciones se pueden realizar al correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. , Teléfonos: 2291-5846 / 2291-5855 / 2291-5875 / Fax: 2291-5869.

Convenio de cooperación interinstitucional

Gracias al Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas, se cuenta con Defensorías Sociales, en las plataformas de Pavas, La Unión y Siquirres, quienes brindan asesoría y representación jurídica a personas en condiciones de vulnerabilidad, en violencia doméstica, asuntos de pensiones alimentarias referidos por las Defensas Públicas, modalidad PISAV, además de asuntos que les refiera el Juzgado de Familia, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres.  

El horario de atención en Pavas, son los martes y jueves de 8:00 am a 2:00 pm, el correo electrónico de contacto es Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.. Para obtener una cita se puede visitar los PISAV o comunicarse a los teléfonos de cada plataforma, en el horario anterior. 

La Plataforma Integrada de Servicios de Atención a la Víctima (PISAV) en San Joaquín de Flores ofrece en un solo lugar servicios a las víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.

Desde el 5 de diciembre del 2016 brinda los servicios de Juzgado de Pensiones Alimentarias y Violencia Doméstica, Defensa Pública, Fiscalía, Oficina de Atención y Protección a la Víctima, Departamento de Trabajo Social y Psicología.

Se puede interponer demandas por pensión alimentaria, pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal en caso de violencia física, psicológica, sexual o patrimonial, solicitar representación de la Defensa Pública en materia de familia,  solicitar una valoración de riesgo para su vida e integridad física, así como atención psicológica y asistencia social.

Su dirección es del Banco Nacional 300 metros oeste, frente a la gasolinera San Joaquín.

Melissa Román Quesada, fiscal auxiliar de esta plataforma comentó que “uno de los aspectos que puedo resaltar es el compromiso de la mayoría de los funcionarios y funcionarias que laboran en cada uno de los despachos que integran la plataforma. Esto nos permite brindar a los y las usuarias una pronta respuesta a las gestiones que a diario se reciben, nuestro trabajo es de relevancia porque mediante una intervención interdisciplinaria escuchamos a las personas para ofrecer y brindar los servicios que puedan dar solución al conflicto en un proceso judicial”. 

“A las personas usuarias que se acerquen a los despachos de la plataforma les podemos decir que nuestras oficinas se encuentran en la mayor disponibilidad de atender sus procesos dentro del marco legal que se nos ha otorgado. Reiterarles que nuestro compromiso no es solo con la institución, sino también con cada usuario y usuaria que acuda a los despachos en la búsqueda de los conflictos sociales que surjan y con la consigna de ser un instrumento de cambio para el ejercicio de una vida libre y sin violencia” afirmó Melissa Durán. 

Para consultar sobre los servicios se puede hacer en el correo electrónico: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. Teléfono: 2265-5640 / 2265-7833 Fax: 2265-8038.