• Durante la sesión de Corte Plena de este lunes 1 de agosto 2022.

“Mi prioridad ha sido ejecutar acciones institucionales enfocadas en el fortalecimiento de la independencia judicial, la transparencia administrativa, la lucha contra la corrupción, el uso de la tecnología en la administración de justicia y afrontar la mora judicial en tiempos tan difíciles como los que vivimos actualmente con la pandemia por el COVID-19 y limitaciones presupuestarias”, afirmó el magistrado Fernando Cruz Castro, durante la rendición de su informe de labores, en el cargo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Cruz Castro finalizó sus labores como Presidente de la Corte el 31 de julio de 2022 y detalló las acciones emprendidas durante estos cuatro años de funciones y los retos actuales del Poder Judicial.

Destacó que de las 22 propuestas de reformas urgentes al Poder Judicial, planteadas en el 2019, se alcanzó en su gestión un 81% de avance, con la aprobación de 18 de éstas, quedando pendientes reformas de igual trascendencia como la propuesta de reforma al sistema de nombramiento de magistrados y magistradas, el plan para concentrar a la Corte en aspectos macro de gobierno judicial y definición de políticas generales y el reglamento para la regulación del proceso de carrera, selección y nombramiento de la Defensa Pública, que garantice la transparencia y objetividad, criterios objetivos como calificaciones, experiencias, desempeño, antigüedad, capacitaciones, grados académicos e idoneidad.

Señaló los avances en materia de transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información, protección de grupos vulnerables y derechos humanos, igualdad de género, justicia abierta, así como la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

“Es por ello que la independencia judicial y el respeto a su autonomía, debe ser una construcción constante de todos los Poderes del Estado, en el respectivo marco de sus competencias; como también lo es el trabajar por la eficiencia y la celeridad y la mejora de la calidad de la justicia. Este ha sido nuestro reiterado compromiso con el país y el que ha asumido Corte”, puntualizó el magistrado Fernando Cruz.

El impulso de la tecnología para garantizar la continuidad de los servicios judiciales, en la atención de la pandemia fue una prioridad; la aprobación de protocolos para regular las audiencias virtuales en diversas materias impidió la parálisis de la justicia frente al COVID-19, así reconocido en el Estado de la Justicia 2022.

Destacó la puesta en marcha del Observatorio Judicial como una herramienta para ofrecer a la ciudadanía información judicial, para el control de la gestión de los despachos, el análisis de la mora judicial y la medición de los tiempos de respuesta.

Además recalcó la importancia de las instancias de control ciudadano sobre la transparencia y celeridad de la justicia, que deben tener causes definidos. 

“Debe mantenerse el ejercicio de rendición de cuentas tan particular que brinda el Estado de la Justicia, que es el someterse a la evaluación de un órgano externo, que examina y valora con plena independencia al sistema judicial”, puntualizó Cruz Castro.

En materia de acciones contra la corrupción, señaló la puesta en funciones de la Oficina de Cumplimiento, cuya función debe fortalecerse y que propone un control preventivo en el tema de los conflictos de interés, así como la entrada en vigor del Reglamento de Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés, para asegurar la imparcialidad en el actuar judicial, sin distingo de puestos.

• Con una nota de 96,33%.
• Reconocimiento es otorgado por el MINAE.
• Galardón reconoce el esfuerzo de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, las Subcomisiones de los diferentes Circuitos Judicial y en general, de toda la población judicial.

El Poder Judicial recibió la calificación de Excelencia en Gestión Ambiental, reconocimiento otorgado por parte del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al obtener una nota de 96,33 como parte de su gestión en la protección del ambiente.

Esta calificación, la brinda la Dirección de Gestión de Calidad de la citada cartera del Poder Ejecutivo, destacando el compromiso institucional y sus esfuerzos en procura de una adecuada labor en materia ambiental.

Cabe destacar, que la Comisión Técnica Evaluadora del Programa de Gestión Ambiental Institucional de dicho Ministerio, realiza visitas de seguimiento y auditorías anuales con el fin de verificar el estado de la implementación del programa, en donde para esta ocasión, se pudo corroborar la labor de la institución y su responsabilidad con esta temática.

En su última visita, la representación de la Comisión Técnica Evaluadora fue recibida por las personas integrantes de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, magistrada Damaris María Vargas Vásquez, el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, la señora Adriana Esquivel Sanabria, y los señores Eugenio Solís Rodríguez, Wilberth Kidd Alvarado, José Luis Soto Richmond y Allan Delgado Cairol, quienes acompañaron durante el recorrido a la funcionaria que les visitó y expusieron un panorama detallado de lo que viene haciendo la Institución en materia ambiental, tanto en lo directamente vinculado con la implementación del Plan de Gestión Ambiental Institucional, como en otras acciones ambientales conexas.

En el documento remitido a este Poder de la República por parte del MINAE, se destaca que la Institución muestra un gran compromiso e interiorización con el PGAI y la temática ambiental en general, ejemplificado esto con el Proyecto Estratégico Política Ambiental del Poder Judicial aprobado por Corte Plena, que se desarrolla conforme a la Metodología de Políticas Institucionales y la Metodología de Administración de Proyectos, aprobado por Corte Plena, con el que se pretende actualizar la Política Ambiental Institucional, así como su divulgación y seguimiento.

Además, se destacan los esfuerzos realizados en la aplicación de medidas en favor del ambiente en las nuevas edificaciones, tal es el caso del edificio Torre Judicial y los edificios de Jicaral y Los Chiles, en donde se cuenta con certificaciones LEED o EDGE, que evidencian la construcción de estas edificaciones bajo criterios ambientales. Adicionalmente, en el documento se extiende la felicitación por las campañas de reforestación y recolección de basura realizadas por distintas instancias del Poder Judicial junto con actores locales.

Por otra parte, se aplaude que el Poder Judicial cuente con procedimientos de gestión de residuos y conducción eficiente y a la vez, se insta a continuar avanzando para contar con todo procedimiento que garantice la continuidad de las acciones ambientales que se ejecutan para el cumplimiento del PGAI u otras líneas en pro del ambiente, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley de Gestión Integral de Residuos, impulsando acciones para la mejora constante de la calidad ambiental.

Es importante resaltar, que este reconocimiento se da gracias a la labor de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, la cual ha estado detrás de todos estos esfuerzos, los cuales responden al Plan de Gestión Ambiental Institucional, aprobado por Corte Plena y propuesto por dicha Comisión; esfuerzos que se suman a los realizados por todas las personas integrantes de la Subcomisiones Ambientales de los diferentes Circuitos Judicial y en general, de todas las personas servidoras judicial que con sus acciones han acreditado un alto compromiso y responsabilidad por el Ambiente.

Como lo señala DIGECA, este “efecto en cadena” apunta y suma de forma significativa al cambio cultural necesario para lograr una sociedad costarricense verdaderamente comprometida con la sostenibilidad, tal como lo dicta nuestra normativa y los acuerdos internacionales que ha suscrito Costa Rica en materia ambiental.

• Los días 28 y 29 de julio.
• Se tiene como objetivo reiterar el curso en el año 2023, hasta cubrir a toda la población juzgadora que conoce de la materia laboral.

Como parte de los esfuerzos que realiza el Poder Judicial en la lucha contra la discriminación en materia de género, se desarrolló este jueves 28 y el viernes 29 de julio, la segunda fecha del Programa de Charlas “Sentencias con Perspectiva de Género y Prohibición de Estereotipos en los Procesos Laborales”.

Dicho programa se da con el objetivo de establecer la importancia en la aplicación de la perspectiva de género en la elaboración de las sentencias laborales, para que las personas juzgadoras fortalezcan su conocimiento, competencia y capacidad de respuesta en los casos en los cuales se alegan violaciones a los derechos de las mujeres.

Para el inicio de esta segunda jornada, la cual se realizó en el Salón Multiuso de la Corte, se contó con la presencia del magistrado de la Sala Segunda de la Corte, Jorge Olaso Álvarez; el Asesor Regional sobre derechos de las mujeres de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pedro Vera Pineda; la jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Jeannette Arias Meza y la Directora Interina de la Escuela Judicial, Rebeca Guardia Morales, quien participó de manera virtual.

Para el magistrado Jorge Olaso Álvarez, esta actividad se reviste de gran importancia, ya que pretende generar una sensibilización en los fallos en materia laboral con perspectiva de género, desde el punto de vista de lo que se puede y no se puede cambiar.

“Se debe tener voluntad, voluntad de implementar nuevas perspectivas, nuevas visiones, desde un punto de vista de una sensibilización de género, es algo que se tiene que hacer poco a poco; pero estos pasos que estamos dando, son gigantes, el hecho de capacitar a las personas juzgadoras y darles no sólo una visión, sino una forma de implementar esta perspectiva en las sentencias, es un punto esencial en esta voluntad que tiene el Poder Judicial, que es parte de nuestra obligación, de aplicar justicia con una verdadera sensibilización”, señaló Olaso Álvarez.

Por su parte, el Asesor Regional sobre derechos de las mujeres de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pedro Vera Pineda, señaló que “nos llena de mucha satisfacción esta cooperación que venimos realizando con la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial y valoramos muchísimo como este Poder del Estado toma esa actitud responsable, porque esto es una cuestión de derechos humanos, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, son altamente necesarias, para que el Poder Judicial y quienes lo representan, cumplan con este papel esencial de garantes de estos derechos”.

La Directora interina de la Escuela Judicial, Rebeca Guardia Morales, destacó que, para este órgano auxiliar, tener estos espacios de capacitación representan un distintivo a la labor que se cumple dentro del Poder Judicial, a fin de brindar las destrezas y habilidades de las personas que administran justicia, acorde con las necesidades que tienen las personas usuarias.

La jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Jeannette Arias Meza, se refirió a la dinámica desarrollada dentro del Programa de Charlas, en el cual se realizan actividades como charlas, trabajos grupales y plenarias, abarcando temas como la violencia estructural en perjuicio de poblaciones en condición de vulnerabilidad y las mujeres, conceptos sobre teoría de género y estereotipos nocivos, el marco jurídico nacional e internacional, análisis de jurisprudencia, entre otros, espacios necesarios para que las personas asistentes expongan sus dudas y observaciones.

Los talleres se realizan a solicitud de la Presidencia de la Corte, en razón del informe 442-21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia a una sentencia de hace dos décadas. En dicha sentencia, según se indicó, se utilizaron una serie de estereotipos nocivos y discriminatorios en perjuicio de una mujer trabajadora.

Este programa es organizado por la Comisión de la Jurisdicción Laboral, la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, y la Escuela Judicial y está dirigido a jueces y juezas de la materia laboral, consta de cuatro fechas de dos días cada una que van de junio hasta el mes de octubre 2022. La próxima fecha será los días 1 y 2 de setiembre en el edificio de la Corte. Además, se tiene como objetivo reiterar el curso en el año 2023, hasta cubrir a toda la población juzgadora que conoce de la materia laboral, tanto en Juzgados Especializados como Mixtos.

La actividad contó además con la presencia de Fabián Arrieta Segleau, juez laboral y quien brinda apoyo al proyecto, además de jueces y juezas laborales, personas letradas de las diferentes salas y personal de la Escuela Judicial y se desarrolló de manera presencial y virtual mediante la plataforma “Microsoft Teams”.

El Juzgado Concursal de San José hace la siguiente aclaración, en atención a las afirmaciones imprecisas, hechas contra lo actuado por el despacho, en el conocido casos Aldesa y publicadas en las noticias informativas de Diario Extra en las fechas 22 y 27 de julio de 2022, tituladas, “Remueven a curadora del caso Aldesa” y “Piden declarar quiebra de Aldesa como fraudulenta”.

No es cierto que “Un año debió trascurrir para que el Juzgado Concursal se enterara de que la curadora que nombraron en el caso ALDESA  no tenía experiencia en la materia”, como afirma el medio de comunicación.

El Juzgado procedió con la remoción de la persona curadora por no cumplir con una serie de prevenciones hechas por el propio juzgado, respecto a la entrega de los 516 informes de legalización de los acreedores, con los que debía cumplir.

La sentencia que ordena la remoción de la curadora con fecha del 20 de julio de 2022, la dictó el Juzgado Concursal de oficio, nunca recibió gestión de ninguna de las 645 partes que integran el proceso, ante el incumplimiento de la curada en la entrega de las 516 legalizaciones prevenidas, sin que se hubiera presentado al menos un informe de legalizaciones y que se detallan cronológicamente a continuación:

• El 8 de octubre de 2020, el Juzgado Concursal nombra la curadora, luego de revisar la lista emitida por la Dirección Ejecutiva.
• El 26 de octubre 2020, se tiene por recibido la aceptación del cargo por parte de la persona nombrada.
• El 5 de mayo de 2021 el Juzgado le amplía el plazo por tres más para la presentación del informe de legalizaciones.
• El 21 de julio de 2021, Representante legal de dos demandantes interpuso subsidio de insubsistencia de convenio preventivo.
• El 17 de noviembre de 2021, la curadora remite respuesta de contar con el 70% del informe a su cargo y solicita un plazo adicional de tres meses para su entrega.
• El 22 de noviembre 2021, el Juzgado solicita respuesta a la curadora en término de tres días por el subsidio de insubsistencia de convenio preventivo presentado por el representante legal de dos partes del proceso. Sobre el cual el Juzgado Concursal constata el incumplimiento del deber por parte de la curadora.
• El 14 enero 2022, el Juzgado Concursal ordena a la curadora presentar el informe de legalizaciones de una parte de los acreedores
• El 14 de febrero de 2022 el Juzgado Concursal ordenó a la curadora presentar el informe de legalización de otro grupo de acreedores.
• El 19 de abril de 2022, el Juzgado Concursal ordenó a la curadora presentar el informe de legalizaciones de otro grupo de acreedores. Adicionalmente se reitera la obligación de rendir los informes solicitados en enero y febrero del presente año.
• El 29 de abril de 2022, la curadora solicita que se le autorice realizar el informe en tres o más entregables. Y el pago de un anticipo de honorarios, el cual fue rechazado por el Juzgado por no haberse representado los informes requeridos.
• El 20 de mayo de 2022, el Juzgado ordena a la curadora entregar las legalizaciones de otro grupo de acreedores.
• El 20 de junio de 2022, el Juzgado ordena a la curadora entregar las legalizaciones de otro grupo de acreedores.

Se aclara que al iniciarse el proceso de quiebra en el caso de interés, en el año 2019, se mantenía vigente la normativa del Código Procesal Civil anterior, el cual señalaba como único requisito para ser curador, el ser abogado.  La verificación de los requisitos de las personas curadoras no es competencia del Juzgado Concursal, sino de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial.  El Juzgado al remitir solicitud de personas curadoras en un proceso, únicamente puede nombrar a las personas que integran las listas oficiales que remite la Dirección Ejecutiva.

Resulta falsa la afirmación que realiza el medio de comunicación de que el expediente esté paralizado, toda vez que desde marzo del 2021, el Juzgado Concursal solicitó personal adicional para atender los más de 600 escritos por resolver, en un caso tan complejo y que contabiliza 645 actores apersonados.  Al día de hoy, el expediente está al día y el Juzgado Concursal mantuvo activo el proceso con la resolución de múltiples recursos de revocatoria y apelación, resoluciones provenientes del Tribunal Contencioso Administrativo y medidas cautelares, solicitudes de la Superintendencia General de Valores y demás requerimientos de las partes apersonadas al proceso.