• A cargo de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.

Como parte de la iniciativa de “Healing Trees”, una campaña que invitó a las personas que perdieron a un familiar, amigo o amiga a causa de Covid-19, a que sembraran un árbol y a la cual se sumó el Poder Judicial, la organización promotora indicó que se logró la meta con más de 5.3 millones de árboles plantados alrededor del mundo.

Se movilizaron 65 países de 5 continentes, más de 200 organizaciones incluyendo empresas privadas, Organizaciones No Gubernamentales locales e internacionales, proyectos de reforestación, universidades y escuelas, gobiernos locales y nacionales, así como familiares, amigos y colegas de víctimas del Covid-19.

Según indicaron en la organización Healing Trees “le dimos a las personas la oportunidad de hacer duelo y sanar juntos, como una sola familia alrededor del mundo; conmemorar de manera simbólica la vida de ese ser querido y tener esperanza, participando activamente en un movimiento de unidad, solidaridad y empatía. Además, como acción climática, Healing Trees tendrá un gran impacto en el medio ambiente y el cambio climático”.

La iniciativa en el Poder Judicial estuvo a cargo de la Comisión de Gestión Ambiental en atención a la invitación de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, en coordinación con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Gestión Humana.

La Magistrada de la Sala Primera, Damaris Vargas Vásquez es quien coordina la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y la siembra de árboles se realizó en la Ciudad Judicial en San Joaquín de Flores.

• Songhay White, coordinadora Subcomisión de Acceso a la Justicia de la Población Afrodescendiente del Poder Judicial

Personal judicial e invitados especiales recibieron la charla “Garantías Constitucionales para la Afro descendencia en Costa Rica: el papel de los derechos”.

La actividad fue organizada por la Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de la Población Afrodescendiente del Poder Judicial.

Songhay White Curling, coordinadora de la Subcomisión señaló que “la población afrodescendiente en cuanto al tema de la desigualdad ha afrontado una lucha de muchos años y Costa Rica no es la excepción, ya que estudios han confirmado que existe una condición desventajosa para esta población. Costa Rica es signataria de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por nuestro país desde 1967 y todas las personas afrodescendientes deberán de disfrutar de los Derechos Humanos, las libertades fundamentales de conformidad con las leyes y las normas internacionales en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna”.

“Tenemos que rediseñarnos, reeducarnos y promover dentro de nuestro país y por tanto dentro de nuestra institución una cultura que tolere la diferencia y la diversidad de conformidad con el artículo primero de nuestra Constitución Política, que habla de que Costa Rica es una República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural, así mismo el artículo 33, nos habla de que todos somos iguales ante la ley”, agregó Songhay White.

La Charla estuvo a cargo de Diana Senior Angulo, politóloga, historiadora y directora de la Oficina de Asuntos Internacionales y Cooperación Externa de la Universidad de Costa Rica, quien realizó un recorrido histórico sobre las garantías constitucionales que se han implementado junto al desarrollo del marco legal nacional para garantizar el acceso pleno a las oportunidades, así como a la vida nacional de la población afro costarricense.

En la presentación se trataron temas de antecedentes históricos de dicha población en Costa Rica, la abolición de la esclavitud (1824), Ley de bases y colonización (1862), Contratos con la United Fruit Company, censos poblacionales y diversas leyes, entre otros.

La ponente indicó que “todavía nos queda camino por recorrer y los avances individuales que realmente cuentan son los que suman en resultados colectivos, tanto para la comunidad afro como para el país en conjunto”.

Las personas participantes tuvieron la oportunidad de realizar consultas a la expositora e intercambiar ideas. La actividad se realizó por medio de la plataforma Microsoft Teams.

Conocer los beneficios y el impacto del Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores Judiciales Luis Paulino Mora Mora en Costa Rica, en su misión de garantizar el derecho de acceso a la justicia, promover la cultura de paz e implementar la resolución alterna de conflictos vecinales, fue la finalidad del Estudio de Evaluación de Resultados, el cual se presentó el pasado viernes 10 de junio por el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de la Organización de Estados Americanos (PIFJ/OEA).

Realizada de forma presencial y virtualmente, la presentación contó con la asistencia de la Presidenta en ejercicio de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, así como de otros Magistradas y Magistrados de la Corte, representaciones diplomáticas de países como Países Bajos, Centroamérica y organismos internacionales, Poder Ejecutivo, Instituciones Conamaj, sociedad civil, jefaturas y personal judicial de diferentes dependencias y órganos pertenecientes al Poder Judicial.

El auditorio también estuvo integrado por una representación de 15 personas facilitadoras judiciales provenientes de lugares como Talamanca, Limón, Osa, San Carlos, Bagaces, Cañas, Santa Cruz, Miramar, Corredores, Buenos Aires y Parrita, además del personal jurisdiccional y administrativo que se encarga de la implementación del Servicio Nacional de todo el país.

La Presidenta de la Corte en ejercicio caracterizó este servicio como un programa de alto contenido de inversión social, el cual impacta directamente las comunidades y a sectores realmente vulnerables de nuestro país. “Gracias a este servicio se ha fomentado la participación ciudadana, acercando los servicios judiciales a aquellas poblaciones que más lo necesitan, las personas facilitadoras judiciales son ese vínculo, ese canal, entre las personas usuarias y el Poder Judicial, ya que son personas que cuentan de su confianza”, afirmó la Magistrada Solano.

El informe con sus resultados fue expuesto por el Coordinador del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales de OEA, Dr. Juan Carlos Roncal, quien hizo un repaso de las necesidades atendidas por dicho estudio, alcances y abordaje metodológico. Entre las conclusiones destacadas estuvo la existencia en una mejora en la calidad de vida en las comunidades atendidas por el Servicio Nacional, fortalecimiento del tejido social en cuanto a que ofrece una alternativa para mejorar la calidad de vida, cultivo a las buenas relaciones vecinales, promoción de la paz social mediante el diálogo y la resolución pacífica de conflictos, así como una defensa y promoción de derechos fundamentales.

El estudio también tomó en cuenta la percepción de personas beneficiarias con este servicio voluntario en sus propias comunidades, en donde se identifica a la persona facilitadora judicial como un nexo clave con la institucionalidad pública, especialmente con el Poder Judicial. En el informe se concluye que la red de facilitadoras y facilitadores judiciales es vista por la ciudadanía de estos territorios como la existencia de un Estado de derecho que se interesa por las poblaciones, sobre todo las más vulnerables.

La presentación del Coordinador finalizó con recomendaciones generales para el mejoramiento del Servicio Nacional, las que rondaron en un llamado por el monitoreo estandarizado en todo el país, realización de evaluaciones internas sobre el modelo de gestión (parte administrativa y financiera), así como el fortalecimiento en cuanto a solventar la falta de recursos.

La actividad contó con un panel que analizó el Servicio Nacional desde su perspectiva de impacto comunitario, el cual fue moderado por la docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica, Carmen Marín González. Los panelistas invitados fueron el Juez Contravencional de Limón, Pablo Rubí Espinoza; la personas Doris Zamora Jiménez de La Fortuna de Bagaces y el facilitador Juan Badilla Vargas de Aguas Zarcas de San Carlos, así como una persona beneficiada de La Fortuna de Bagaces, Daniel Ierfino.

Para más información sobre este estudio o sobre la implementación del Servicio Nacional en Costa Rica se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

• Programa comprende cuatro fechas de dos días cada una que van de junio hasta el mes de octubre 2022.

Con el objetivo de establecer la importancia en la aplicación de la perspectiva de género en la elaboración de las sentencias laborales, para que las personas juzgadoras fortalezcan su conocimiento, competencia y capacidad de respuesta en los casos en los cuales se alegan violaciones a los derechos de las mujeres, inició el programa de charlas denominado “Sentencias con Perspectiva de Género y Prohibición de Estereotipos en los Procesos Laborales”.

Dicho programa, cuenta con la participación como facilitadores del magistrado de la Sala Segunda de la Corte, Jorge Olaso Álvarez, del Sr. Pedro Vera Pineda, Asesor Regional sobre derechos de las mujeres de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; y la jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Jeannette Arias Meza, además de la participación de Yajaira Mena Pérez, gestora de la Escuela Judicial.

El magistrado Jorge Olaso Álvarez mencionó que esta situación es un tema de cambio, un tema de derecho y de conceptos que es perfectamente modificable, a través de una sensibilidad y una perspectiva nueva de la problemática, de algo que está en nuestra cabeza y que es simplemente la forma de cómo se plantea la solución de los casos.

“La materia de género nos trató de ubicar un aspecto sensible del argumento, y lo vamos a ver, los argumentos con que muchas veces tenemos que resolver, son argumentos que se basan en mitos y preconcepciones sociales, propios del abogado y la abogada, que quiere conscientemente y a veces inconscientemente, reproducir su conciencia acerca de lo que es el mundo, lo cual implica la perspectiva que en ese mundo ocupan las mujeres,” señaló Olaso Álvarez.

Para el Asesor Regional sobre derechos de las mujeres de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pedro Vera Pineda, el Poder Judicial como garante de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas, tiene un papel primordial en la consecución de una justicia con perspectiva de género, tomando en cuenta la intersección de las discriminaciones y con el conocimiento de que todos y todas somos libres e iguales en dignidad y derechos.

“Es importante que el Poder Judicial se convierta en un agente de cambio, un agente de transformación de una realidad a veces desafiante, justamente a lo largo de estas dos jornadas, vamos a ver el tema relacionado con los estereotipos perniciosos o nocivos de género, como una limitante para el acceso a la justicia de mujeres, niñas y adolescentes, que no son un grupo homogéneo”, señaló Vera Pineda.

Para Jeannette Arias Meza, jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, esta es una oportunidad de oro, para visualizar cómo muchas de estas discriminaciones están insertas en las normas, las cuales algunas son muy evidentes y otras, que parecieran ser neutras en realidad generan discriminación por su efecto o resultado, adicionalmente la discriminación también puede provenir de la misma interpretación de la persona operadora del Derecho; de manera que en eso consiste la metodología de la perspectiva de género: un mecanismo para visualizar, de previo,  a quién afecta la norma y cuál será su impacto.

“Hablamos de los derechos de las mujeres, pero esto abarca poblaciones en condición de vulnerabilidad, porque las mujeres y los hombres no están en el aire, sino que están en un contexto, la metodología de la perspectiva de  género aplica tanto para mujeres como para hombres. No se debe entender que la metodología género es un sesgo hacia las mujeres, sino que es un proceso de equiparación de esas normas patriarcales para que se puedan ver esas diferentes condiciones entre los diversos grupos de mujeres y de hombres”, señaló Arias Meza.

Los talleres se realizan a solicitud de la Presidencia de la Corte, en razón de un informe negativo para Costa Rica, el 442-21 de la Comisión Interamericana de DH, que hace referencia a una sentencia de hace dos décadas, en donde se indica que se utilizó una serie de estereotipos nocivos y discriminatorios en perjuicio de una mujer trabajadora.

Para esta primera jornada que comprende los días 9 y 10 de junio, se desarrollan diferentes exposiciones relacionadas con la temática por parte de las tres personas expositoras y se realizarán además trabajos grupales sobre estereotipos y acceso a la justicia, así como el análisis a fondo del informe de la CIDH. La actividad se desarrolla en el Salón del Servidor Judicial de manera presencial y virtual.

Este programa es organizado por la Comisión de la Jurisdicción Laboral, la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, y la Escuela Judicial y está dirigido a jueces y juezas de la materia laboral, consta de cuatro fechas de dos días cada una que van de junio hasta el mes de octubre 2022. La próxima fecha será los días 28 y 29 de julio en el edificio de la Corte. Se tiene como objetivo reiterar el curso en el año 2023, hasta cubrir a toda la población de jueces y juezas que conocen de la materia laboral, tanto en Juzgados Especializados como Mixtos.