• Resultados destacan acción judicial en continuidad de los servicios a personas usuarias ante crisis fiscal y sanitaria

El Poder Judicial desde su propia iniciativa, se abre a la evaluación y análisis de su gestión, con la investigación que se presenta en el Cuarto Informe del Estado de la Justicia 2022.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, destacó que el Estado de la Justicia es un proyecto en el que el Poder Judicial de forma voluntaria se somete y colabora brindando la información y datos necesarios para ser evaluado por un centro especializado e independiente, algo inédito en América Latina.

“El Informe del Estado de la Justicia constituye en sí misma una práctica democrática inusual, desde el punto de vista del derecho comparado.  Demuestra esto nuestro compromiso con una cultura institucional abierta. Ninguna institución estatal se expone y asume el riesgo que asume el Poder Judicial, porque abre sus puertas y propicia la investigación, en la que no existe ningún sesgo institucional”, manifestó Cruz Castro en el acto de presentación de resultados.

La presentación del Cuarto Informe del Estado de la Justicia se realizó este miércoles 6 de julio, en el Salón Multiusos del Poder Judicial y fue trasmitido virtualmente por Facebook Live y contó con la participación de autoridades judiciales de los tres ámbitos judiciales, Jurisdiccional, Auxiliar de Justicia y Administrativo, asociaciones gremiales, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.

Rodrigo Arias Camacho, representante del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), destacó que “el país necesita un Poder Judicial robusto, que responda a las demandas crecientes de la ciudadanía, que esté a la altura de las necesidades de los tiempos cambiantes en los que nos encontramos y no puede estar sujeta a presiones de ningún otro Poder de la República y para ello, la información es clave, no solo para que el Poder Judicial pueda enriquecer las decisiones, sino que todas las personas de los demás poderes puedan analizar objetivamente esa información, que por medio de este informe se pone al servicio de Costa Rica”.

De acuerdo con Jorge Vargas Cullell, Director del Programa Estado de la Nación (PEN), este Informe representa una práctica única de transparencia y rendición de cuentas a la cual el Poder Judicial se somete voluntariamente, a un órgano externo independiente que valora su desempeño, y colabora con su elaboración de manera activa.

El estudio comprendió el análisis del período 2019-2021, marcado por dos crisis país: la fiscal, que redujo los recursos presupuestarios y la crisis sanitaria por el Covid-19. 

Se resalta que, ante condiciones excepcionales, el Poder Judicial logró mantener los servicios que presta a la población, donde varios factores facilitaron la buena repuesta judicial como lo son el sistema de gestión en línea, el expediente digital, la virtualización de los procesos judiciales que ya estaban en funcionamiento en la institución y que dieron paso al teletrabajo y a la justicia electrónica.  Además, se menciona el impulso de la justicia restaurativa y contra el crimen organizado.

“En el balance, debe decirse que el Poder Judicial respondió satisfactoriamente a la emergencia”, determinó el informe del Estado de la Justicia 2022.

La exposición de los hallazgos del estudio estuvo a cargo de Evelyn Villarreal Fernández, Coordinadora del Informe Estado de la Justicia, quien destacó que el Cuarto Informe contempla una serie de innovaciones en su estructura y abordaje de investigación.

“La primera consistió en transformar el Informe en una plataforma compuesta de una serie de productos que han sido publicados a lo largo del 2021, es decir previo a su lanzamiento…Otra de las innovaciones es que cada capítulo del Informe contiene una sección propositiva de recomendaciones, que contempla la sistematización de los resultados de una serie de sesiones de trabajo que se realizaron con personal y jerarcas del Poder Judicial, integrantes del Consejo Asesor”, destacó Villareal Fernández.

El Informe está dividido en dos grandes apartados. El primero corresponde a una sección de investigaciones a profundidad, que consta de cuatro capítulos con información inédita y poco explorada anteriormente por el Estado de la Justicia y que desarrolla los temas: la tutela efectiva de derechos en la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, la gestión del recurso humano desde el Gobierno Judicial para una justicia independiente y de calidad;  los aportes para el análisis automatizado de las sentencias de la Sala Constitucional y ¿Justicia pronta, cumplida y electrónica? Una mirada al Poder Judicial durante la pandemia por el Covid-19.

El segundo apartado corresponde a la sección de seguimiento, la cual se organizó en torno a indicadores de tres áreas: administrativa, jurisdiccional y política. Algunos de estos indicadores corresponden al análisis de las duraciones, costos, y productividad en el sistema judicial del país y tienen como finalidad construir un observatorio de los hallazgos recopilados en los anteriores informes del Estado de la Justicia.

El Informe señala como temas pendientes, el avance en las reformas estructurales en gestión, el nombramiento de las magistraturas y reformas en el Gobierno Judicial.

• Anuncia que no aspirará a un nuevo período como Presidente de la Corte
• Mantiene sus labores como magistrado de la Sala Constitucional, cuyo período vence en octubre de 2028.
• Proceso de elección al cargo de la Presidencia se realizará en aplicación del artículo 9 de circular 88-2017, aprobada por Corte Plena.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, anunció que no postulará su nombre para un nuevo período como máximo jerarca de la Corte Suprema de Justicia.

La comunicación oficial la realizó este lunes 4 de julio en la sesión ordinaria  de Corte Plena y de acuerdo con el proceso interno establecido para dar paso al proceso de elección del próximo magistrado o magistrada que ocupará el cargo en la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado Fernando Cruz finalizará sus funciones en la Presidencia de la Corte el próximo 31 de julio de 2022.

Cruz Castro mantendrá sus labores como magistrado de la Sala Constitucional, cuyo nombramiento está vigente hasta octubre de 2028, así dispuesto por la Asamblea Legislativa.

El magistrado Fernando Cruz Castro es Doctor en Derecho Penal por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios de postgrado en criminología de esa misma universidad.  Además, es Licenciado en Derecho de la Universidad de Costa Rica.

Su carrera judicial la inició como Agente de Faltas y Contravenciones de Alajuela en 1972, se desempeñó como actuario, Agente fiscal, Fiscal General, Juez Superior y Presidente del Tribunal de Casación Penal.

En el año 2004 asumió el cargo de magistrado titular de la Sala Constitucional hasta la fecha.  En octubre del año 2020, la Asamblea Legislativa lo reeligió en sus labores en la magistratura por un nuevo período constitucional, el cual vence en octubre de 2028.

Fernando Cruz Castro asumió la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia en agosto de 2018 y hasta el próximo 31 de julio de 2022.

Reglas para para la sucesión de una vacante permanente en la Presidencia o Vicepresidencia de la Corte

La circular 88-2017 establece las reglas internas que deberá seguir Corte Plena para abrir el proceso para la vacante permanente en la Presidencia de la Corte y en aplicación al artículo 9 de la norma interna:

Artículo 9. Si la vacante en el cargo de Presidente o Presidenta ocurriere por vencimiento del nombramiento o renuncia a ese cargo, la convocatoria estipulada en el artículo segundo se hará una vez producida cualesquiera de esas situaciones.

En cuanto al procedimiento de elección, el artículo 2 establece que la Corte Plena procederá a realizar la convocatoria a la elección de la persona que ocupará la Presidencia de la Corte. 

El período de inscripción de candidaturas tendrá un plazo de quince días y en los siguientes quince días se fijará un debate público entre las magistradas y los magistrados postulantes, para que expongan sus ideas y propuesta ante una eventual gestión institucional.  Mediante acuerdo de Corte Plena se podría adelantar el proceso de elección por razones fundadas.

La sesión de debate y elección la presidirá la persona que ocupa el cargo de la Vicepresidencia de la Corte. Una vez concluido el debate, se procederá inmediatamente con la votación para elegir a la próxima persona que ocupará la Presidencia de la Corte.

• Datos actuales a mayo de 2022.
• 60% restante corresponde a procesos judiciales en trámite: 540 476 casos en trámite de la materia cobratoria y 247 280 casos en trámite de las demás materias jurisdiccionales.

El circulante activo total del Poder Judicial, al mes de mayo 2022, corresponde a 1.318.063 expedientes, el cual se compone de los casos en trámite y los casos que ya tienen una resolución dictada, sea intermedia, en ejecución o en seguimiento.

De esta manera, en el 40% del circulante judicial activo total, ya se brindó una respuesta a la persona usuaria, pero por la naturaleza de la tramitación judicial, se mantienen activos en los despachos judiciales, hasta su cumplimiento final. 

El 60% restante corresponde a expedientes en trámite, es decir, casos que se encuentran a la espera del dictado de una resolución (intermedia, ejecución y seguimiento) o sentencia en primera instancia.

Estos datos actualizados aclaran, los expuestos en la reciente intervención de una señora legisladora en el espacio de control político en el Plenario Legislativo, en la cual indicó que el Poder Judicial tiene 1.252.182 de casos sin darle respuesta a las personas usuarias. La cifra corresponde a la sumatoria de todos los casos en el circulante activo total del Poder Judicial del año 2018.

En dicha intervención se omite el detalle de la composición real del circulante judicial activo, pues a mayo del 2022, se registra 1. 318. 063 de casos activos totales en el Poder Judicial, que se desglosan de esta manera:

• 530 307 casos en los que el Poder Judicial brindó respuesta a la persona usuaria; a través del dictado de una resolución, la cual está en ejecución o con medidas de protección, en materias no penales; o corresponde a resoluciones intermedias en materia penal que requiere del cumplimiento de un plazo para su finalización. (40% del total)
• 787 756 caso en trámite en todas las materias a nivel nacional. (60% del total).

Si se analiza en detalle el circulante judicial en trámite se determina que:

• 540 476 casos en trámite corresponden a la materia cobratoria (41% del total), el cual obedece principalmente a un impedimento de notificar a la parte demandada por inexactitud en el domicilio brindado por la parte actora.
• 247 280 casos en trámite en otras materias jurisdiccionales (19% del total).

Cabe destacar que, del 2018 a mayo del 2022, se ha dado un incremento del 22% en el dictado de resoluciones intermedias como conciliaciones, reparación del daño y suspensión del proceso a prueba en materia penal y de un 27% en el dictado de resoluciones de los procesos no penales que se encuentran en etapa de ejecución y seguimiento. Estos aspectos mantienen el circulante activo, en espera de los plazos de cumplimiento.

Los indicadores de la Dirección de Planificación del Poder Judicial también muestran el incremento de los casos terminados entre el 2018 y el 2019, cuyo crecimiento se registró en un 16%.  Para el 2020 estos valores disminuyeron en un 13% al compararlo con el dato del 2019, producto de la atención de la emergencia sanitaria y las acciones de cara a garantizar la continuidad de los servicios, frente al cierre de despachos por contagios como cumplimiento a las medidas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud en resguardo de la salud de personas usuarias y el personal judicial.

No obstante, en el 2021, los casos terminados se incrementan en un 10% al compararlo con los datos del 2020, lo que claramente se demuestra que el Poder Judicial ha venido orientando a la institución, a pesar de la nueva normalidad, en reducir la mora judicial de manera continua, dado que es uno de los principales temas prioritarios como parte de la estrategia institucional.

Presupuesto y recursos humanos

El crecimiento presupuestario y de recurso humano que se observó en el Poder Judicial entre el período 2000-2018, tiene su causa en la puesta en implementación de una serie de reformas legales a nivel nacional y por tanto, la apertura de nuevas oficinas judiciales en todo el territorio nacional. El 2005 registraba 648 oficinas judiciales y el 2021 finalmente alcanzó 880 oficinas en todo el país.

Solo entre 1990 y el 2018, el Poder Judicial registró la aplicación de 114 leyes nuevas y 1034 competencias nuevas, muchas de éstas sin contenido presupuestario específico dado por ley.

En el tema del costo de la materia cobratoria, el Informe del Costo de la Justicia 2021 que está en construcción, arroja como dato preliminar que esta jurisdicción abarca el 2,66% del presupuesto judicial.

Combate a la corrupción

La Cuarta Edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022, coloca a Costa Rica en el segundo lugar en América Latina, con una puntuación de 7,11 en acciones para detectar, castigar y prevenir la corrupción, superado únicamente por Uruguay con 7.42.

Tema en el que el Poder Judicial es referente por su avance en un modelo de combate a la corrupción interna, el fraude organizacional e infracción al deber de probidad, la creación de la Oficina de Cumplimiento, la aprobación del Código de Ética Judicial, el reglamento de conflictos de intereses, los resultados del Índice de Transparencia del Sector Público -posicionando a tres instancias (Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público y Poder Judicial) del Poder Judicial en los primeros tres lugares-, y la adopción de políticas que fortalecen la transparencia  y rendición de cuentas -como Justicia Abierta y participación ciudadana y el Observatorio Judicial.  Además, se trabaja en la construcción de la Política Institucional de Anticorrupción.

En marzo del 2019, la Corte Plena planteó la creación de la Sección de Anticorrupción en el Organismo de Investigación Judicial, además el fortalecimiento en el Ministerio Público para contribuir con la celeridad, eficacia y eficiencia en la resolución de los casos de corrupción que ingresan al Poder Judicial y es hasta el 2021, donde las autoridades del Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo dotan de recursos dicho plan.

Asimismo, en el 2021, se dio la segmentación de la Fiscalía de Probidad para contar con sedes regionales.

Finalmente, como parte del proceso de implementación del proyecto de la mejora integral del proceso penal, se implementó una sección especializada dentro del Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de San José que atiende los asuntos de Penal de Hacienda, los cuales involucran la atención de los casos de corrupción.

• Índice de Capacidad para combatir la corrupción 2022 evalúa la capacidad de los países de América Latina para detectar, castigar y prevenir la corrupción.

Con un puntaje de 7.11, Costa Rica ocupa para este 2022 el segundo lugar en el Índice de Capacidad para combatir la Corrupción, que mide a los países de América Latina.

En esta materia el país solo es superado por Uruguay que obtuvo una puntuación de 7.42, mientras el tercer lugar lo ocupa Chile con 6.88 puntos.

“El segundo lugar obtenido por Costa Rica en el índice que evalúa la capacidad de combatir la corrupción es un reconocimiento a los esfuerzos que se vienen impulsado a nivel país, y en donde el Poder Judicial ha tenido un papel fundamental”, destacó Kennia Alvarado Villalobos, Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial de Costa Rica.

Esta es la cuarta edición del estudio, publicado por los entes internacionales Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks.

Con respecto a Costa Rica, el informe destaca el avance progresivo del país en consolidar esfuerzos para mejorar la lucha contra la corrupción, como el lanzamiento de la Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción (2021-2030), en la que el Poder Judicial asumió el compromiso.

Se evaluaron tres categorías:  Capacidad legal, Democracia e instituciones políticas y la Sociedad Civil y medios de comunicación.

En caso de la capacidad legal resaltan los aspectos de independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, el nivel de cooperación internacional en materia de orden público, la independencia y eficiencia judicial y la independencia y recursos de la Fiscalía General y de los agentes de investigación.

“Importante destacar que, en el factor sobre la independencia judicial y la institucionalidad, componente de la categoría de capacidad legal que mide este índice, Costa Rica obtuvo la mejor calificación a nivel regional, lo que nos confirma la relevancia que el aseguramiento de estos factores tiene en el combate de la corrupción, entre otros efectos.  Esta calificación nos revela, además, que las acciones internas emprendidas por el Poder Judicial para la gestión del riesgo de corrupción interna, y que hoy nos posicionan como referentes en el sector público, resultan necesarias para el aseguramiento de una justicia independiente, imparcial, objetiva e íntegra”, destacó la Oficial de Cumplimiento.