• Los días 28 y 29 de julio.
• Se tiene como objetivo reiterar el curso en el año 2023, hasta cubrir a toda la población juzgadora que conoce de la materia laboral.

Como parte de los esfuerzos que realiza el Poder Judicial en la lucha contra la discriminación en materia de género, se desarrolló este jueves 28 y el viernes 29 de julio, la segunda fecha del Programa de Charlas “Sentencias con Perspectiva de Género y Prohibición de Estereotipos en los Procesos Laborales”.

Dicho programa se da con el objetivo de establecer la importancia en la aplicación de la perspectiva de género en la elaboración de las sentencias laborales, para que las personas juzgadoras fortalezcan su conocimiento, competencia y capacidad de respuesta en los casos en los cuales se alegan violaciones a los derechos de las mujeres.

Para el inicio de esta segunda jornada, la cual se realizó en el Salón Multiuso de la Corte, se contó con la presencia del magistrado de la Sala Segunda de la Corte, Jorge Olaso Álvarez; el Asesor Regional sobre derechos de las mujeres de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pedro Vera Pineda; la jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Jeannette Arias Meza y la Directora Interina de la Escuela Judicial, Rebeca Guardia Morales, quien participó de manera virtual.

Para el magistrado Jorge Olaso Álvarez, esta actividad se reviste de gran importancia, ya que pretende generar una sensibilización en los fallos en materia laboral con perspectiva de género, desde el punto de vista de lo que se puede y no se puede cambiar.

“Se debe tener voluntad, voluntad de implementar nuevas perspectivas, nuevas visiones, desde un punto de vista de una sensibilización de género, es algo que se tiene que hacer poco a poco; pero estos pasos que estamos dando, son gigantes, el hecho de capacitar a las personas juzgadoras y darles no sólo una visión, sino una forma de implementar esta perspectiva en las sentencias, es un punto esencial en esta voluntad que tiene el Poder Judicial, que es parte de nuestra obligación, de aplicar justicia con una verdadera sensibilización”, señaló Olaso Álvarez.

Por su parte, el Asesor Regional sobre derechos de las mujeres de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pedro Vera Pineda, señaló que “nos llena de mucha satisfacción esta cooperación que venimos realizando con la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial y valoramos muchísimo como este Poder del Estado toma esa actitud responsable, porque esto es una cuestión de derechos humanos, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, son altamente necesarias, para que el Poder Judicial y quienes lo representan, cumplan con este papel esencial de garantes de estos derechos”.

La Directora interina de la Escuela Judicial, Rebeca Guardia Morales, destacó que, para este órgano auxiliar, tener estos espacios de capacitación representan un distintivo a la labor que se cumple dentro del Poder Judicial, a fin de brindar las destrezas y habilidades de las personas que administran justicia, acorde con las necesidades que tienen las personas usuarias.

La jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, Jeannette Arias Meza, se refirió a la dinámica desarrollada dentro del Programa de Charlas, en el cual se realizan actividades como charlas, trabajos grupales y plenarias, abarcando temas como la violencia estructural en perjuicio de poblaciones en condición de vulnerabilidad y las mujeres, conceptos sobre teoría de género y estereotipos nocivos, el marco jurídico nacional e internacional, análisis de jurisprudencia, entre otros, espacios necesarios para que las personas asistentes expongan sus dudas y observaciones.

Los talleres se realizan a solicitud de la Presidencia de la Corte, en razón del informe 442-21 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hace referencia a una sentencia de hace dos décadas. En dicha sentencia, según se indicó, se utilizaron una serie de estereotipos nocivos y discriminatorios en perjuicio de una mujer trabajadora.

Este programa es organizado por la Comisión de la Jurisdicción Laboral, la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, y la Escuela Judicial y está dirigido a jueces y juezas de la materia laboral, consta de cuatro fechas de dos días cada una que van de junio hasta el mes de octubre 2022. La próxima fecha será los días 1 y 2 de setiembre en el edificio de la Corte. Además, se tiene como objetivo reiterar el curso en el año 2023, hasta cubrir a toda la población juzgadora que conoce de la materia laboral, tanto en Juzgados Especializados como Mixtos.

La actividad contó además con la presencia de Fabián Arrieta Segleau, juez laboral y quien brinda apoyo al proyecto, además de jueces y juezas laborales, personas letradas de las diferentes salas y personal de la Escuela Judicial y se desarrolló de manera presencial y virtual mediante la plataforma “Microsoft Teams”.

El Juzgado Concursal de San José hace la siguiente aclaración, en atención a las afirmaciones imprecisas, hechas contra lo actuado por el despacho, en el conocido casos Aldesa y publicadas en las noticias informativas de Diario Extra en las fechas 22 y 27 de julio de 2022, tituladas, “Remueven a curadora del caso Aldesa” y “Piden declarar quiebra de Aldesa como fraudulenta”.

No es cierto que “Un año debió trascurrir para que el Juzgado Concursal se enterara de que la curadora que nombraron en el caso ALDESA  no tenía experiencia en la materia”, como afirma el medio de comunicación.

El Juzgado procedió con la remoción de la persona curadora por no cumplir con una serie de prevenciones hechas por el propio juzgado, respecto a la entrega de los 516 informes de legalización de los acreedores, con los que debía cumplir.

La sentencia que ordena la remoción de la curadora con fecha del 20 de julio de 2022, la dictó el Juzgado Concursal de oficio, nunca recibió gestión de ninguna de las 645 partes que integran el proceso, ante el incumplimiento de la curada en la entrega de las 516 legalizaciones prevenidas, sin que se hubiera presentado al menos un informe de legalizaciones y que se detallan cronológicamente a continuación:

• El 8 de octubre de 2020, el Juzgado Concursal nombra la curadora, luego de revisar la lista emitida por la Dirección Ejecutiva.
• El 26 de octubre 2020, se tiene por recibido la aceptación del cargo por parte de la persona nombrada.
• El 5 de mayo de 2021 el Juzgado le amplía el plazo por tres más para la presentación del informe de legalizaciones.
• El 21 de julio de 2021, Representante legal de dos demandantes interpuso subsidio de insubsistencia de convenio preventivo.
• El 17 de noviembre de 2021, la curadora remite respuesta de contar con el 70% del informe a su cargo y solicita un plazo adicional de tres meses para su entrega.
• El 22 de noviembre 2021, el Juzgado solicita respuesta a la curadora en término de tres días por el subsidio de insubsistencia de convenio preventivo presentado por el representante legal de dos partes del proceso. Sobre el cual el Juzgado Concursal constata el incumplimiento del deber por parte de la curadora.
• El 14 enero 2022, el Juzgado Concursal ordena a la curadora presentar el informe de legalizaciones de una parte de los acreedores
• El 14 de febrero de 2022 el Juzgado Concursal ordenó a la curadora presentar el informe de legalización de otro grupo de acreedores.
• El 19 de abril de 2022, el Juzgado Concursal ordenó a la curadora presentar el informe de legalizaciones de otro grupo de acreedores. Adicionalmente se reitera la obligación de rendir los informes solicitados en enero y febrero del presente año.
• El 29 de abril de 2022, la curadora solicita que se le autorice realizar el informe en tres o más entregables. Y el pago de un anticipo de honorarios, el cual fue rechazado por el Juzgado por no haberse representado los informes requeridos.
• El 20 de mayo de 2022, el Juzgado ordena a la curadora entregar las legalizaciones de otro grupo de acreedores.
• El 20 de junio de 2022, el Juzgado ordena a la curadora entregar las legalizaciones de otro grupo de acreedores.

Se aclara que al iniciarse el proceso de quiebra en el caso de interés, en el año 2019, se mantenía vigente la normativa del Código Procesal Civil anterior, el cual señalaba como único requisito para ser curador, el ser abogado.  La verificación de los requisitos de las personas curadoras no es competencia del Juzgado Concursal, sino de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial.  El Juzgado al remitir solicitud de personas curadoras en un proceso, únicamente puede nombrar a las personas que integran las listas oficiales que remite la Dirección Ejecutiva.

Resulta falsa la afirmación que realiza el medio de comunicación de que el expediente esté paralizado, toda vez que desde marzo del 2021, el Juzgado Concursal solicitó personal adicional para atender los más de 600 escritos por resolver, en un caso tan complejo y que contabiliza 645 actores apersonados.  Al día de hoy, el expediente está al día y el Juzgado Concursal mantuvo activo el proceso con la resolución de múltiples recursos de revocatoria y apelación, resoluciones provenientes del Tribunal Contencioso Administrativo y medidas cautelares, solicitudes de la Superintendencia General de Valores y demás requerimientos de las partes apersonadas al proceso.

Reformas legales en materia de crimen organizado y lucha contra la corrupción, fueron los temas focales que expusieron las autoridades judiciales, durante la comparecencia en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro y la Vicepresidenta y Presidenta de la Sala de Casación Penal,  Patricia Solano Castro, atendieron la convocatoria legislativa, de este jueves 21 de julio 2022, para referirse a los retos y necesidades del Poder Judicial para asegurar la seguridad nacional, las necesidades legales, específicamente en materia penal y procesal penal nacional y el trámite de los casos por delincuencia organizada; con ambos jerarcas asistió el Director del Despacho de la Presidencia, Irving Vargas Rodríguez.

“Considero importante que se pueda concretar un centro o sección que se encargue de diseñar una política criminal, que integre todo lo penal y el crimen organizado en todas sus dimensiones, sería muy importante, porque permite que los estudios se realicen de forma sistemática en esta materia, con el uso de la exploración de datos y un enfoque de la ciencia de la política criminal”,  afirmó el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro.

El jerarca judicial señaló la importancia de analizar reformas al marco jurídico procesal en temas como el anticipo jurisdiccional de prueba, para que la Fiscalía General tenga mayor potestad y agilidad en emprender este tipo de diligencias, únicamente con una comunicación expresa al juez o jueza.

Además, el fortalecer la etapa intermedia mediante la vinculación de ésta con el debate a juicio y lo que no se plantee en esta etapa no pueda abordarse con posterioridad.  Señaló la importancia de analizarse la figura del testigo colaborador dentro del Código Procesal Penal (CPP) y que permita disminuir su pena sin que quede absuelto.

En materia de crimen organizado, el magistrado Fernando Cruz, puntualizó la importancia de establecer plazos a las diligencias judiciales de apertura telefónica, intervención de las comunicaciones y el secreto bancario, para darle agilidad a la gestión de la fiscalía y la investigación. 

Además señaló la necesidad de fortalecer el Centro de Intervenciones Judiciales en materia de infraestructura, el ámbito técnico y de recursos humanos, por ser una herramienta vital para la persecución de los delitos de crimen organizado.

La Presidenta de la Sala de Casación Penal,  magistrada Patricia Solano Castro puntualizó en los proyectos de mayor interés para mejorar la acción penal judicial como el expediente 22 838, que corresponde a una reforma al Código Procesal Penal  para darle prioridad a las diligencias judiciales donde se tienen víctimas protegidas, así como en allanamientos y el anticipo jurisdiccional de la prueba con plazos para el dictado de estas resoluciones.

El proyecto de ley número 22 838, para la incorporación de las intervenciones telefónicas en los procesos disciplinarios administrativos en el tema de la probidad y la ética en la función pública. El proyecto 22 834, que es una reforma a la Ley Sobre Crimen Organizado y fortalecer la jurisdicción contenciosa administrativa para la recuperación de activos que se tramitan por esta vía, mediante medidas anticipadas en aquellos bienes vinculados a actividades delictivas.

Solano Castro también destacó la propuesta de ley 22 529 propuestas por el Tribunal Supremo de Elecciones y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), relacionada con el financiamiento de partidos políticos y el proyecto 22 837 que busca reformar la Ley sobre Estupefacientes, sustancias psicotrópicas, uso de drogas no autorizadas y actividades conexas.

“El Poder Judicial sí investiga, persigue y juzga casos de crimen organizado y la institución se ha estado preparando por años, para la persecución de este tipo de delincuencia”, puntualizó la Vicepresidenta de la Corte, Patricia Solano Castro.

La jerarca judicial aclaró en la comisión el presupuesto que requería la ley que crea la Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado aprobada en el 2017 para la protección de víctimas y testigos el cual fue reducido considerablemente y hacer posible la implementación de esa jurisdicción este año 2022.

Acompañaron a ambos jerarcas judiciales en la intervención ante diputados y diputadas de la comisión, la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez y la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, Kenia Alvarado Villalobos.

La Oficial de Cumplimiento, Alvarado Villalobos, se refirió a las acciones impulsadas en el Poder Judicial tras la aprobación por Corte Plena de un reglamento para la adecuada gestión de los conflictos de interés de todo el personal judicial de todos los órganos y puestos. Explicó las funciones que esta oficina tiene en la prevención de los conflictos de interés, la gestión de éstos para evitar la corrupción, “hacemos una labor especializada dentro del Poder Judicial, en todas áreas sin distingo de puestos, aplica para todo el personal”, puntualizó. Agregó que esta es una materia preventiva que permite al funcionario utilizarlo para su correcto actuar y garantizar su imparcialidad.

Por su parte la Directora de Planificación, Valverde Bermúdez,  realizó una serie de aclaraciones en relación con la cantidad de casos entrados, en ejecución y seguimiento que componen el circulante judicial, explicó en detalle cuando se da por terminado un proceso judicial pues no siempre es con el dictado de una sentencia, sino que con ésta el caso inicia y se computa como procesos en ejecución o  seguimiento por ejemplo las medidas de protección en materia de violencia doméstica que tienen un plazo de un año, los procesos cobratorios cuando inicia el pago, las medidas alternas al juicio en materia penal que pueden tardar en seguimiento de 2 a 5 años según el plazo acordado por las partes involucradas en el proceso. Aclaró aspectos de restricción presupuestaria aplicados en el Poder Judicial desde el 2018 al año 2021, acentuada por la pandemia.

A la sesión, también asistieron el asesor de Presidencia Jorge D.  Morales Ramírez y el ingeniero industrial de la Dirección de Planificación Jorge F. Rodríguez Salazar.

• Informe de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos

 El avance del Poder Judicial de Costa Rica en materia de gestión de los conflictos de interés y la prevención y combate a la corrupción, se destaca en el Informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos.

 El estudio se publicó este 18 de julio de 2022, en la página oficial de la OCDE y su objetivo fue realizar un análisis de Costa Rica y la forma en que la reciente Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción, se convierta en una política de integridad concreta y coherente.

 “…el Poder Judicial de Costa Rica ha avanzado en el establecimiento de regulaciones específicas y bien definidas sobre conflicto de interés y en proporcionar orientación a este respecto. El Reglamento para la Prevención, Identificación y Gestión del Conflicto de Interés en el Poder Judicial busca ayudar al personal judicial a prevenir, identificar y gestionar posibles conflictos de interés. También proporciona una definición de conflicto de interés en el Poder Judicial y de los tipos de intereses privados con el potencial de generar tales conflictos”, señala el estudio.

 Resalta las obligaciones que dicho reglamento del Poder Judicial establece para sus cargos de gerencia, en la identificación y gestión efectiva de los posibles conflictos de interés en sus oficinas, la sensibilización permanente entre el personal a cargo, entre otros aspectos.

 Para la Oficial de Cumplimiento del Poder Judicial, Kenia Alvarado Villalobos, “en el capítulo sobre el sistema de gestión de los conflictos de intereses, el estudio reconoce y destaca que la regulación del Poder Judicial es específica, bien definida y proporciona orientación en esta materia y recomienda construir sobre esta experiencia, pues cataloga la experiencia de la institución como un referente, lo cual es un indicativo de que el Poder Judicial está avanzando en el camino correcto”.

 La OCDE determinó que “…Construyendo sobre esta positiva experiencia en el Poder Judicial, Costa Rica podría considerar establecer normas y reglamentos adicionales… incluyendo regulaciones para situaciones que se presenten antes y después de ocupar un cargo público (i.e. períodos de enfriamiento) y para la gestión adecuada del conflicto de interés. De igual forma, Costa Rica podría evaluar otras medidas relevantes en materia de conflicto de interés, más allá de puras reformas legales, tales como brindar orientación y regulaciones en sectores específicos”.

 También recomienda, que como país se trabaje en fortalecer el marco legal y ético dirigido a la identificación y gestión de conflictos de interés y lograr con ello un control, monitoreo y evaluación efectivos, incluyendo un sistema de declaraciones patrimoniales.

 El informe completo de la OCDE, se puede consultar en la página oficial, puede ingresar directamente al siguiente link:

 Estudio de la OCDE sobre Integridad en Costa Rica: Protegiendo los logros democráticos | es | OCDE | OECD )