• Aprobada en la Asamblea Legislativa en segundo debate el 29 de mayo.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y la magistrada Presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro participaron en el acto de la firma de la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial, N°7333 y Reforma de Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada en Costa Rica.

La sanción la realizó el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y el Ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde. El acto se llevó a cabo en Casa Presidencial este martes 30 de mayo.

El Magistrado Orlando Aguirre afirmó que la aprobación de esta ley es el fruto del compromiso de los tres poderes de la República. “El Poder Judicial, de forma proactiva, ha impulsado acciones concretas para combatir el problema de inseguridad que atraviesa el país, desde estrategias preventivas en colegios hasta intervenciones articuladas del Organismo de Investigación Judicial y la Fiscalía con la Fuerza Pública en zonas conflictivas. Como una prioridad, impulsamos la aprobación de esta iniciativa como una herramienta necesaria para enfrentar la delincuencia organizada”.

Por su parte, la magistrada Patricia Solano aseguró que esta legislación constituye una herramienta necesaria para combatir de manera más eficaz el flagelo de la criminalidad organizada. “Representa un importante impulso para que el Poder Judicial asuma de la mejor manera nuestro compromiso con el país, con la ciudadanía, en el fortalecimiento de nuestro sistema constitucional y democrático, que tanto daño le produce este tipo de criminalidad”.

Rodrigo Chaves indicó que “asumimos el compromiso de convocar este proyecto de ley en sesiones extraordinarias y lo mantuvimos en la corriente legislativa, atendimos el llamado del Poder Judicial que señaló la urgencia de aprobar esta reforma antes del 7 de junio, en la Asamblea Legislativa comprendieron la importancia del proyecto y se sumó con patriotismo y solidaridad”.

También se encontraban en la actividad el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sanchez, así como diputados y diputadas y el Ministro de Seguridad, Mario Zamora Cordero.

La reforma, se convertirá en ley en las próximas horas, pues se le pidió al diario oficial La Gaceta celeridad en su publicación.

•  Corte Plena aprobó cambios en competencia territorial de juzgados para acercar la justicia a las personas usuarias.

 Las personas usuarias procedentes de La Unión y Río Azul tendrán una mejor atención de los asuntos en materia de Tránsito que tramitan, pues  ahora podrán realizar sus gestiones en juzgados más cercanos, así lo establece el acuerdo tomado por Corte Plena.

 La Corte Plena acordó en sesión 14-2023 celebrada el 27 de marzo de 2023, ARTICULO XXII aprobar el informe presentado por la Dirección de Planificación (620-PLA-EV-2019) que recomendó cambios en la competencia territorial de los juzgados que atienen la materia de Tránsito en estas zonas del país, con el fin de mejorar el servicio que se brinda a la población usuaria y darle más cercanía con los despachos judiciales competentes.

 De esta manera, en lo referente a los asuntos de Tránsito que se registren en el Cantón de La Unión se determinó “… a) Trasladar de competencia territorial de materia de tránsito del cantón de La Unión, al Juzgado Contravencional de La Unión. La Unidad Médico Legal y el Juzgado Penal de La Unión, atenderán lo que corresponda de la materia de tránsito una vez entrada en funcionamiento esta disposición”, detalló el acuerdo de Corte Plena.

 También se contempló trasladar la competencia territorial del distrito de Río Azul, “… de la materia de faltas, contravenciones y tránsito, al Juzgado Contravencional y al Juzgado de Tránsito de Desamparados según la materia, por un tema de accesibilidad para la persona usuaria de la localidad”, indicó el acuerdo de Corte Plena.

 Para apoyar la mejora en el servicio judicial también se amplió la competencia territorial de la persona juzgadora del Juzgado Contravencional de Cartago, con el fin de que se pueda conocer asuntos del Juzgado Contravencional de La Unión, en casos en los que se propongan planes de trabajo para apoyar a dicho despacho.

 De acuerdo con el análisis elaborado por la Dirección de Planificación, aproximadamente 112 procesos se trasladarían a los juzgados con nuevas competencias, mientras que 105 asuntos de Tránsito al Juzgado Contravencional de La Unión y siete procesos de tránsito al de Desamparados, que corresponden a personas usuarias del distrito de Río Azul.

La Comisión de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia del Poder Judicial sostuvo una reunión con representantes de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia (INL) de la Embajada de los Estados Unidos, para exponer el trabajo que se realiza en temas de seguridad Informática, ciberseguridad y ciberdelincuencia.

Este acercamiento tiene como objetivo mostrar el trabajo que se realiza en los tres ámbitos auxiliares de justicia y plantear la posibilidad de entablar acuerdos de cooperación internacional para desarrollar proyectos de manera conjunta.

Dicha comisión fomenta y mejora las prácticas de protección, acceso y resguardo de la información cibernética que permite mantener su confidencialidad, disponibilidad e integridad y de esa manera disminuir la materialización de eventos que puedan poner en riesgo la información sensible de la Institución.

Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Magistrado de la Sala de Casación Penal y Coordinador de la Comisión de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia del Poder Judicial, indicó:

“El objetivo principal es promover la colaboración, coordinación y sinergia en temas de ciberseguridad entre el Poder Judicial y otras instituciones, así como entes internacionales, además, de que propongamos acciones para mejorar dentro del Poder Judicial la protección, acceso y resguardo de la información que permita mantener la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información sensible de la Institución.”

Por su parte Anamari Garro Vargas, Magistrada de la Sala Constitucional y también integrante de dicha comisión señaló:

“La ciberseguridad del Poder Judicial y la lucha contra la ciberdelincuencia son objetivos de primer orden y están entrelazados. Son importantes no sólo para la institución sino para el país. Por eso la necesaria cooperación internacional que se reciba en estas materias es de altísimo impacto”.

En representación de la Oficina para Asuntos Antinarcóticos, Seguridad Ciudadana y Justicia participó Priscilla Hernández, especialista del Programa de Justicia, quien compartió la importancia de la Embajada de los Estados Unidos en temas de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia.

Además, se contó con la participación de jefaturas del Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial, Dirección de Tecnología de la información como integrantes de la Comisión de Ciberseguridad y Ciberdelincuencia y la representación de la Oficina de Cooperación Internacional

• En el marco del Grupo de Trabajo en Justicia Restaurativa del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, bajo la Co-coordinación de Costa Rica y Puerto Rico

 Establecer estrategias y buenas prácticas en el abordaje de los mecanismos alternos para la promoción de soluciones en justicia juvenil con enfoque restaurativo, fue el objetivo trazado por países de Centroamérica y El Caribe, durante el taller virtual dirigido por la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica.

 El taller “Aplicación de métodos alternos para la promoción de solución en justicia juvenil con enfoque restaurativo”, forma parte de las acciones emprendidas por el Grupo de Trabajo en Justicia Juvenil Restaurativa del Consejo Judicial Centroamericano y de El Caribe, Presidencia Protémpore Puerto Rico, del cual el Poder Judicial costarricense es miembro activo y coordinador de dicho grupo de trabajo.

 “La Justicia Penal Juvenil Restaurativa se constituye en Centroamérica y El Caribe, como una forma integral de abordar los procesos judiciales para niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, ofreciendo una respuesta basada en la dignidad humana y tomando en cuenta la particular vulnerabilidad en que se encuentra la niñez y la adolescencia. Por esta razón surge la necesidad de crear herramientas humanistas para la resocialización y reinserción de esta población, conforme la legislación vigente en cada país en materia penal juvenil”, puntualizó el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, Rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica.

 La actividad bajo la modalidad virtual reunió a representantes judiciales de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua Puerto Rico y República Dominicana, construyeron estrategias y buenas prácticas para el abordaje y fortalecimiento de la aplicación de la Justicia Juvenil Restaurativa, mediante diversas actividades, analizaron la normativa vigente en justicia restaurativa en cada país, las normas internacionales en la materia, así como , la guía para la aplicación de métodos alternos dirigidos a promover la solución de conflictos en justicia penal juvenil restaurativa.

 El taller virtual estuvo bajo la facilitación de Evelyn Elizondo Camacho, coordinadora de Justicia Juvenil Restaurativa a nivel nacional, con los aportes de Jovanna Calderón Altamirano, Jefa de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial de Costa Rica.