• Actividad es el tercer taller que se realiza como parte del enlace entre el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas.

Con el objetivo de buscar soluciones de manera coordinada para contrarrestar el rezago en materia de cobro judicial, el Poder Judicial y el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica realizaron un taller para analizar el tema, como parte del compromiso entre ambas instituciones.

Dicho taller se desarrolló el pasado miércoles 1 de marzo y contó con la participación de la Vicepresidenta de la Corte y coordinadora de la Comisión de la Jurisdicción Civil, Damaris Vargas Vásquez; el Presidente de la Sala Primera y enlace del Poder Judicial con el Colegio de Abogados y Abogadas, Luis Guillermo Rivas Loáiciga y el Presidente de este ente, Álvaro Sánchez González.

Para la magistrada Damaris Vargas Vásquez, esta capacitación es relevante, ya que marca una serie de talleres que se van a realizar con diferentes ámbitos jurisdiccionales, con el objetivo de detectar elementos que ayuden a mejorar la gestión de los despachos, en esta ocasión en materia cobratoria. 

“Hemos descubierto que lo exitoso de un proyecto está, no en que vaya dirigido desde una oficina en particular, sino al escuchar a las personas juzgadoras, que están viendo día a día en sus oficinas oportunidades de mejora y que están identificando como mejorar la gestión que se realiza”, señaló Vargas Vásquez.

Por su parte, el magistrado Luis Guillermo Rivas Loáiciga mencionó que es relevante destacar el papel que tiene cobro en el sentido de mantener activa la economía del país, por lo que se deben tomar en cuenta los aportes de los jueces, juezas y el personal técnico que trabaja en esta materia para fortalecer su labor, además de resaltar el papel de las nuevas tecnologías en este objetivo.

“Creo que una de las respuestas para cobro es efectivamente incrementar y potenciar el uso de las nuevas tecnologías, me parece que es adecuado, se deben potenciar todas las posibilidades que tiene esta jurisdicción, porque es esencial y muy importante para el país, ya que mantiene la economía del país andando”, mencionó Rivas Loáiciga.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Álvaro Sánchez González, señaló que dicho colegio siempre estará anuente a colaborar con el Poder Judicial, con el objetivo del mejoramiento del acceso al servicio de justicia.

“Este es un tema país y que beneficia a Costa Rica en hechos reales, por lo tanto, es muy importante y somos conscientes que tenemos que hacer mucho más, ya que esto beneficia al sistema jurídico, al sistema judicial, que involucran a toda la abogacía de este país en los procesos cobratorios”, dijo Sánchez González.

En la actividad, también se contó con las presencia de los gestores en materia cobratoria Luis Diego Romero Trejos y Minor Delgado Sánchez, quienes hablaron acerca de la importancia de este tipo de actividades, así mismo, se tuvo la participación de la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez, quien subrayó el crecimiento de la jurisdicción de cobro, lo que permite pensar en nuevas propuestas de mejora.

“Hemos crecido como jurisdicción, se ha crecido en estandarización y especialización de los despachos, porque a partir de 2018 se tuvo un cambio también en las competencias, en donde se ordenaron las mismas y se ordenó la creación de despachos especializados , se generaron estructuras básicas para dichos despachos y hoy se puede también decir que se tiene más estandarización de las oficinas, hoy sabemos dónde estamos más congestionados y en donde no estamos tan congestionados y sabemos para dónde tenemos que caminar”, acotó Valverde Bermúdez.

Además, se presentó un informe de la Contraloría de Servicios en materia cobratoria a cargo de Gustavo Solano Rivera, Contralor de Servicios de Guanacaste.

En el taller, se analizaron las causas del rezago de la materia cobratoria y se escucharon de forma democrática las posturas de las personas participantes, con la finalidad de buscar propuestas e ideas que permitan reconocer de una manera exhaustiva las causas y normas que provocan este retraso en el conocimiento de los casos referentes a los asuntos de cobro, lo anterior mediante la dinámica de mesas de trabajo.

La actividad fue dirigida a Jueces y Juezas que tramitan procesos Cobratorios, representantes de la Contraloría de Servicios, participantes designados por el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, grandes usuarios y representación de la Asociación Bancaria Nacional.

Esta iniciativa fue organizada por el Despacho de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de la Jurisdicción Civil, la Dirección de Planificación y el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y se realiza de conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior del Poder Judicial en la sesión 89-2021, artículo XX, en donde se acordó integrar una Comisión Mixta para el análisis de la Mora Judicial, impulsada por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia y la Presidencia del Colegio de Abogados y Abogadas y contó además con la participación de integrantes de la Comisión Mixta de Mora Institucional. 

Con el propósito de tratar temas importantes de los “Comités Locales de Atención Inmediata y Seguimiento de casos de riesgo por violencia contra las mujeres” (CLAIS) se realizó una reunión interinstitucional entre el Poder Judicial, el Ministerio de Seguridad Pública y el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU).

En la actividad participó la magistrada y coordinadora de la Comisión Permanente para el Seguimiento de la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar del Poder Judicial, Roxana Chacón Artavia; el Fiscal General, Carlo Díaz Sánchez; la Ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada Hernández; el comisario y viceministro de Unidades Regulares y Director General de la Fuerza Pública, Daniel Calderón Rodríguez; la jefa de la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia del Poder Judicial, Jeannette Mena Arias, así como miembros de la Comisión de Violencia Doméstica y Comisión de Familia.

La magistrada Chacón Artavia indicó que establecieron varios mecanismos sobre la conformación de los CLAIS, y así mismo trataron diversos temas, entre ellos puntos sobre capacitación permanente para el adecuado abordaje a las víctimas, dirigido a las funcionarias y funcionarios que participan en estos comités.  

“Estamos luchando para establecer una serie de medidas, no solamente de acciones interinstitucionales, sino también con la presentación de algunos proyectos de ley que vamos a llevar antes del 8 de marzo a la Asamblea Legislativa, a la Comisión de la Mujer para que se puedan tomar acuerdos para que se hagan ley de la República. Estos son parte de los proyectos que nosotros estaríamos impulsando desde el Poder Judicial para el combate de la violencia en contra de las niñas, niños, adolescentes y sobre todo de la mujer”, señaló Roxana Chacón.

La jerarca puntualizó que “tiene que darse una coordinación muy estrecha entre las instituciones, un compromiso de todos los jerarcas con relación a la integración de los CLAIS. Yo creo que el ponernos de acuerdo para velar por las acciones que ellos están emprendiendo, así como las capacitaciones que se realizan, entre otros asuntos, para clasificar el riesgo que sufre una mujer, van a ser fundamentales para la protección de esa víctima y que no se llegue a un femicidio”.

Por su parte, el Fiscal General mencionó que “nosotros como Ministerio Público siempre estamos comprometidos en la defensa y protección de las mujeres, damos una atención prioritaria, también tenemos equipos que trabajan al respecto y para nosotros es fundamental este tipo de actividades porque conjuntamos esfuerzos para la protección de la mujer”.

Asimismo, se conocieron temas como el compromiso interinstitucional de participación y sostenibilidad de los comités para especializar y registrar la intervención que permita prevenir oportuna y eficazmente las situaciones de alto riesgo por violencia contra las mujeres, el femicidio y las tentativas de femicidio; contribuir a reducir la impunidad mediante acciones concretas que aseguren su protección integral y la realización de planes de seguimiento individualizado.   Actualmente, están conformados 23 CLAIS en diferentes zonas del país.  

•  La Oficina de Cumplimiento tiene a cargo el seguimiento de la política institucional.
• Sistemas del PAO y PEI facilitarán procesos.

 El Poder Judicial inició la implementación de la Política de Integridad y Anticorrupción, proceso que contempla a los y las responsables vinculados con las actividades de esta política institucional, su seguimiento y evaluación.

 La Oficina de Cumplimiento tendrá a su cargo, velar por el cumplimiento del plan de acción de esta Política, así como de emitir recomendaciones y medidas necesarias para asegurar la implementación efectiva de este instrumento orientador.

 Este seguimiento y evaluación respecto al cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada oficina y despacho judicial, se gestionarán desde los sistemas de los Planes Anuales Operativos (PAO), y el Plan Estratégico Institucional (PEI), de la Dirección de Planificación.

 “Para asegurar la eficiencia de la Política de Integridad y Anticorrupción, se estableció, el seguimiento periódico del cumplimiento del plan de acción, esto permite una revisión periódica de los avances de cada ente u oficina responsable de ejecutar las actividades establecidas dentro de esta guía orientadora, y la posibilidad de adoptar acciones de mejora continua, en aras de la sostenibilidad de este instrumento de forma real, efectiva y eficiente.” Indicó la Oficial de Cumplimiento, Kennia Alvarado.

 Dentro de las funciones de la Oficina de Cumplimiento está el definir los criterios de medición de resultados y el impacto de la implementación de los lineamientos anticorrupción, así como determinar la periodicidad de las evaluaciones, la verificación de cumplimiento de las metas, acciones y objetivos, la eficiencia en el desempeño de las acciones y su sostenibilidad en el tiempo.  También, le corresponderá establecer el proceso de rendición de cuentas ante la Dirección de Planificación.

 Con este insumo de rendición de cuentas, la Dirección de Planificación remitirá un informe a Corte Plena y con el apoyo de la Oficina de Cumplimiento, servirá de base para la toma de decisiones de la jerarquía institucional.

• Para implementar la competencia se realizó un taller entre personal del Poder Judicial y el Ministerio de Educación Pública.

Continuando con el  trabajo entre el Poder Judicial y el Ministerio de Educación Pública (MEP) para la implementación de la competencia de “autocuidado y manejo de la vida cotidiana para una cultura de paz” se realizó este viernes 24 de febrero el taller "El modelo restaurativo un estilo de vida".

Esta iniciativa agrupa una serie de valores, actitudes y habilidades que contribuyen a gestionar espacios de desarrollo personal y comunitarios pacíficos, en prevención de la violencia y la transformación del conflicto.

El taller se realizó con la metodología restaurativa (círculo restaurativo) en el cual participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, el magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, personas funcionarias judiciales, así como psicólogos, trabajadores sociales y orientadores del MEP.

Como parte de las acciones realizadas de manera conjunta entre ambas instituciones se pretende insertar en la malla curricular del MEP de este año 2023 dicha competencia, con un alcance para los y las estudiantes de preescolar, primaria y secundaria.

El magistrado Orlando Aguirre indicó que “los esfuerzos institucionales no deben quedar únicamente en la aprobación de normas, sino también resulta necesario promover acciones que contribuyan a generar una cultura de paz, una cultura donde la persona menor de edad comprenda que existen formas diferentes de resolver los conflictos a través de la generación de soluciones mediante el diálogo activo”.

Para el magistrado Alfaro Vargas “este es un encuentro muy importante, es un acercamiento de ambas instituciones para echar a andar una competencia específica que es transversal en todo el proceso de aprendizaje y que permite a las muchachas y a los muchachos a través de los docentes, el poder formarse en principios restaurativos y que sean capaces de resolver sus conflictos y los de su entorno”

 “Esta es una proyección importante del Poder Judicial porque es la única forma que tenemos nosotros de transformar la sociedad costarricense a través de la educación y enseñando una cultura de paz en nuestras escuelas y nuestros colegios”, aseguró el Rector de Justicia Restaurativa.

Así mismo, Laurent Delgado Carranza directora de Vida Estudiantil del Ministerio de Educación Pública explicó que se está trabajando con tres competencias para formar a la población estudiantil, la primera es una ciudadanía responsable y solidaria, otra es competencia para la vida y la tercera es la competencia para la empleabilidad digna.

“Este es un esfuerzo bastante importante a nivel de instituciones públicas porque es necesario que se articulen esfuerzos de tal manera que podamos trabajar con un mismo propósito, en este caso las herramientas que nos brinda la Justicia Restaurativa nos ayudan a prevenir todas las acciones y situaciones de violencia que se presentan en los diferentes centros educativos”, afirmó Laurent Delgado Carranza..

Uno de los objetivos es que la persona estudiante construya estrategias que prevengan la violencia y transformen el conflicto, potenciando el desarrollo personal y comunitario al relacionarse consigo misma y con los demás conforme a lo establecido en el ordenamiento jurídico.

Dentro de los elementos en la implementación de prácticas restaurativas en la cultura escolar se encuentran declaraciones afectivas, preguntas restaurativas, reunión restaurativa espontánea, círculos proactivos, proceso justo, manejo reintegrador de la vergüenza, ambiente restaurativo en el personal, entre otros.