Favorecer la comunicación con las personas usuarias y lograr comprensión sobre las sentencias o pronunciamientos de los despachos judiciales participantes es parte del objetivo que se pretende alcanzar con la implementación del Modelo de Juzgados Abiertos en el Poder Judicial de Costa Rica, elementos reforzados en una capacitación virtual sobre lenguaje claro el pasado miércoles 31 de mayo.

Los énfasis en la justicia como derecho humano y el lenguaje como una herramienta elemental en el acceso a la justicia estuvieron presentes durante las dos charlas dialogadas que abarcó la capacitación, las cuales fueron impartidas por el Juez Carlos Núñez Núñez y por la Coordinadora del Programa de Participación Ciudadana en el Poder Judicial, Ingrid Bermúdez Vindas.

Ejemplos cotidianos sobre la forma de redacción escrita y la expresión oral que se tiene en el ámbito judicial fueron aportados mediante consejos prácticos para redactar conforme a las normas de un lenguaje claro tales como evitar latinismos, redactar con oraciones cortas y en orden lógico, uso adecuado de signos de puntuación y evitar el abuso del gerundio, repeticiones, lenguaje complejo y técnico jurídico.

El modelo de Juzgados Abiertos pretende mejorar la forma en que los despachos se relacionan con las personas usuarias a partir de la implementación de acciones vinculadas con los principios de la justicia abierta, uno de los primeros pasos es precisamente el uso de un lenguaje comprensible para las personas.

En 2023 se está llevando a cabo un plan piloto del modelo, en donde de manera voluntaria el personal de cuatro despachos judiciales se inscribió. Los juzgados participantes son: Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos, Juzgado de Violencia Doméstica de Alajuela, Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia y Juzgado de Tránsito de Cartago.

El proceso de acompañamiento para la implementación del modelo es liderado por la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj), ente encargado del seguimiento de la Política de Justicia Abierta, en conjunto con el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional. Para más información sobre el avance en el plan piloto del modelo se puede escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

• A personas usuarias sordas que lo requieran
• Procura capacitación y actualización voluntaria del personal judicial

La orientación inmediata en Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO) que ofrece el personal judicial capacitado en todo el país, cuenta con lineamientos claros en el abordaje de las personas usuarias que lo requieran.

La población judicial capacitada, sus jefaturas y los órganos judiciales a cargo de su aplicación, pueden consultar ya el “ Protocolo para facilitar la comunicación en LESCO, en diligencias menores, básicas e inmediatas, que son requeridas por las personas usuarias en situación de discapacidad auditiva, con la colaboración del personal judicial capacitado por la institución”.

Solo deben ingresar al link: https://secretariacorte.poder-judicial.go.cr/index.php/documentos?download=5318:protocolo-para-facilitar-la-comunicacion-en-lesco

Para la magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Personas con Discapacidad “LESCO es la lengua de señas costarricense (lesco) de las personas sordas en Costa Rica que libremente decidan utilizarla. El Poder Judicial en cumplimiento de su deber de asegurar a las personas sordas el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con los demás, al entorno físico, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información, ha aprobado dentro de sus lineamientos un Protocolo donde se establecen los lineamientos institucionales acordes con los estándares internacionales para esa población. Uno de los objetivos es la identificación y eliminación de las barreras y establecer los ajustes razonables a fin de generar las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida a las personas sordas, para garantizarles el goce y ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Para tal efecto, desde hace varios años se ha venido fortaleciendo un equipo de trabajo constituido por personas servidoras judiciales de todos los circuitos y ámbitos institucionales que voluntariamente apoyan en la atención primaria de las personas sordas que requieran ser atendidas por el Poder Judicial. Ese es un ejemplo más del compromiso y responsabilidad de la población judicial con la ciudadanía. El objetivo del Protocolo es potenciar este servicio mediante su regulación idónea a fin de maximizar el aprovechamiento de los recursos institucionales y garantizar eficacia, eficiencia y efectividad en el cumplimiento de la normativa nacional e internacional involucrada.”

 Uno de los objetivos del protocolo es motivar al personal judicial a capacitarse hasta el Módulo IV de interpretación en LESCO, no certificados, para que brinden colaboración a las personas usuarias sordas, una atención y orientación inmediata en los despachos judiciales del país.

Los lineamientos determinan que la asistencia es un servicio de orientación básico, “quedando absolutamente prohibido y en cumplimiento de la Ley Orgánica institucional la posibilidad de brindar la asistencia para actuaciones judiciales, donde por su naturaleza corresponde a las y los peritos inscritos en la base de datos del Poder Judicial, para actuar como intérpretes en audiencias y diligencias judiciales, según corresponda. (Circular 194-2013 de la Dirección Ejecutiva)”.

El personal judicial capacitado en LESCO solo podrá prestar el servicio a las personas usuaria del circuito para el cual laboran y deberán en coordinación con su jefatura llevar un registro de las colaboraciones brindadas.

El Subproceso de Gestión de la Capacitación de la Dirección de Gestión Humana, tendrá a su cargo la consolidación de los procesos de capacitación a la población judicial con la colaboración de la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación de los órganos auxiliares de justicia (Ministerio Público, Defensa Pública, Organismo de Investigación Judicial).

Además, se establecen competencias al Consejo Superior, las Contralorías de Servicios, Administraciones Regionales, la Comisión, la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Personas con Discapacidad y la Unidad de Acceso a la Justicia.

• La disminución del rezago judicial y la innovación en la gestión institucional serán sus ejes centrales.

Para este año 2023, regresa en su IX edición el Concurso de Buenas Prácticas, el cual tendrá como uno de sus ejes centrales la disminución del rezago judicial y la innovación en la gestión institucional.

Para el magistrado presidente de la Sala Primera de la Corte y coordinador de la Comisión de Buenas Prácticas del Poder Judicial, Luis Guillermo Rivas Loáiciga, esta es una oportunidad para que los y las funcionarias judiciales puedan presentar nuevas ideas para fortalecer los servicios de administración de justicia.

“Las mejores formas de cómo enfrentar esos retrasos la tienen los mismos compañeros y compañeras, las y los técnicos judiciales, los jueces y juezas de cada una de las oficinas, que saben cuáles son los obstáculos y saben cómo se puede mejorar la agilidad de resolver el asunto, cómo acortar los tiempos y cómo mejorar la calidad de la justicia, por eso queremos invitarles para que nos expongan las mejores formas de cómo hacer más rápido el servicio”, señaló Rivas Loáiciga.

Los detalles del concurso y su proceso de inscripción se encuentran en el siguiente enlace: https://buenaspracticas.poder-judicial.go.cr/

Les invitamos a participar.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez sostuvo una reunión con el jurista y director del Instituto Max Planck, señor Max Planck, Armin von Bogdandy, con el objetivo de conocer el trabajo que realiza este instituto en Derecho Público Comparado y Derecho Internacional.

En la reunión se contó con la participación de Damaris Vargas Vásquez, Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia; Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Presidente de la Sala Segunda; Rebeca Guardia Morales, Directora interina de la Escuela Judicial y Luis Emilio Jiménez González, Asesor de la Presidencia de la Corte.

El encuentro sirvió para explorar posibilidades de actualización profesional de los jueces y las juezas y potenciar sus redes profesionales mediante visitas al Instituto ubicado en la ciudad alemana de Heidelberg.

Posteriormente, Armin von Bogdandy brindó una conferencia titulada “El mandato transformador del Sistema Interamericano de Derechos Humanos” para jerarcas, jefaturas administrativas, personal judicial e invitados especiales.

El Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional realizan investigaciones relacionadas con cuestiones básicas y desarrollos actuales en las áreas del derecho internacional público, derecho de la Unión Europea y derecho constitucional y administrativo de estados individuales, además desempeña funciones de asesoramiento para instituciones públicas nacionales, europeas e internacionales.

“El instituto Max Planck ha venido a darnos una capacitación del derecho constitucional como un elemento transformador de la sociedad. Esto me parece que es muy importante desde esa perspectiva y denominación, pero vale la pena adentrándonos en estos conceptos desde la investigación”, destacó el Presidente Aguirre Gómez.

 Armin von Bogdandy es un jurista alemán. Desde 1997 ha sido profesor de derecho público, particularmente de derecho europeo y derecho económico internacional, así como de filosofía del derecho y desde 2002 es director del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional en Heidelberg.