• Actividad reunió a representantes de los Poderes Judiciales de Centroamérica, México y el Caribe.

Con el objetivo de conmemorar el 25 Aniversario de la implementación de la Ley de Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, Ley 7727 en Costa Rica y conocer los avances y logros en esta materia, se realizó el “Foro Regional de Alto Nivel sobre la Promoción de la Conciliación en los Procesos Judiciales en Centroamérica, México y el Caribe”.

En la inauguración del acto se contó con la participación del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, quien mencionó que la aprobación de esta normativa es un paso fundamental hacia la promoción de una cultura de paz, donde las personas puedan solucionar de manera constructiva y distinta de la tradicional, las diferencias patrimoniales. “La solución más conveniente, rápida y eficaz de un conflicto es llegar a un acuerdo y no tener que acudir a los procesos jurisdiccionales”, señaló.

Agregó que “hoy que conmemoramos 25 años de la ley RAC es necesario recordar el papel protagónico que ha jugado y sigue jugando el Poder Judicial en favor de la promulgación y la aplicación efectiva de los mecanismos de resolución alterna de conflictos, ya que impulsó vigorosamente junto con otros actores de la sociedad, la promulgación de esta ley”.

Por su parte, el magistrado de la Sala de Casación Penal y coordinador de la Comisión de Resolución Alterna de Conflictos del Poder Judicial, Gerardo Rubén Alfaro Vargas destacó que es importante celebrar la conmemoración de la vigencia de la Ley RAC, la cual rige en Costa Rica desde el 14 de enero de 1998, haciendo un recuento histórico de los pasos dados por el país en este sentido, resaltando también la puesta en marcha y la creación de una Ley de Justicia Restaurativa.

“Actualmente estamos en proceso de construcción de una política institucional de Resolución Alternativa de Conflictos, en donde ya hemos completado un diagnóstico de la situación en el Poder Judicial costarricense y ahora estamos en la construcción con todos los actores del sistema de un plan de acción que se espera esté aprobado en el 2024. Además, desde el seno de la Comisión de Resolución Alternativa de Conflictos se está promoviendo la inclusión de un artículo 134 bis en la Ley Orgánica del Poder Judicial que visibilice al Centro de Conciliación, para que las juezas y jueces conciliadores pasen de tener un rango reglamentario a tener un rango legal, y que desde cada uno de los procedimientos en donde es posible la mediación, la conciliación y la resolución alternativa de conflictos, los jueces y juezas de las diferentes materias tengan que llamar a invitar e informar a todas las partes de qué existen los mecanismos de resolución alternativa de conflictos”, indicó Alfaro Vargas.

La magistrada de la Sala Primera e integrante de la Comisión RAC, Iris Rocío Rojas Morales señaló la importancia de ver la Resolución Alterna de Conflictos como un derecho humano y fundamental de las personas en la defensa de sus derechos subjetivos y sus intereses legítimos, en donde se les da la posibilidad de ser actores en la resolución de sus conflictos.

“La meta debería ser que en nuestros Poderes Judiciales, esos mecanismos que se conocen como alternativos sean en el futuro la regla y que lo adversarial sea la excepción, aunque siempre va a existir esta posibilidad, porque es la obligación que tiene el Poder Judicial de ofrecer estas resoluciones de conflictos; pero entre más mecanismos alternativos vayamos incorporando, mejor servicio público estaremos dando a quienes se presentan a los estrados judiciales a requerir la respuesta del sistema judicial en la problemática que enfrentan en sus vidas”, acotó Rojas Morales.

Dicha actividad, se desarrolló de manera virtual este miércoles 29 de marzo y contó con exposiciones de especialistas nacionales e internacionales sobre diversos temas como “La importancia global del tema RAC para la Administración de Justicia” por parte del Profesor Hugo Díaz-Estúa Avelino, Presidente del Colegio Iberoamericano de Compliance y el “Programa RAC de la Corte Suprema de Justicia 1993-1995 y Ley RAC” a cargo del experto Hernando París Rodríguez.

Además, se desarrollaron los paneles “Avances y Retos de los Poderes de la Región en el tema RAC, a cargo de María Eugenia López Arias, Magistrada Presidenta del Órgano Judicial de Panamá; Alba Luz Ramos, Presidenta del Poder Judicial de Nicaragua y moderado por Sergio Valls Esponda, Director General del Centro Estatal de Mediación, Conciliación y Justicia Restaurativa del Estado de México y un segundo panel sobre el mismo tema, con la participación Samuel Arias Arzeno, Juez de la Sala Civil y Comercial del Poder Judicial de República Dominicana; Mirna Valenzuela, Magistrada del Poder Judicial de Guatemala; Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ministro de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación de México, el cual fue moderado por Sara Castillo Vargas, Directora Ejecutiva de CONAMAJ.

Cabe destacar, que dentro del universo de casos que tramita la institución, en el 2021 se resolvieron mediante RAC un 4% de los casos, mientras que para el 2022 se incrementó a un 5%, con más de 60 mil casos resueltos por esta vía.

La actividad contó con la participación de las Presidentas de los Poderes Judiciales de Panamá y Nicaragua, Magistrados y Magistradas de los Poderes Judiciales de Centroamérica, México y el Caribe, integrantes de la Comisión RAC del Poder Judicial de Costa Rica, conferencistas nacionales e internacionales, representantes del National Center for State Courts de la Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica, representantes de la Escuela Judicial, Jueces y Juezas del Centro de Conciliación, funcionarios y funcionarias judiciales y público en general.

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua
• El Poder Judicial comprometido con el Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030 y los ODS

El agua como un aspecto fundamental del desarrollo sostenible, para el desarrollo socioeconómico, la energía, producción de alimentos, ecosistemas y en especial, la supervivencia de los seres humanos y de todas las especies que habitamos el planeta, fue el tópico que se desarrolló durante el evento paralelo virtual sobre la Declaración de Brasilia de Jueces y Juezas sobre Justicia del Agua de 2018, celebrada el pasado sábado 18 de marzo de 2023.

Este evento convocó a juezas y jueces de todo el mundo con el objetivo de analizar el estado de derecho ambiental y el papel que tienen las Cortes Supremas de Justicia para garantizar el acceso a la justicia del agua, como un derecho fundamental para todas las personas especialmente las que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

Durante este foro, la Magistrada Damaris María Vargas Vásquez participó en el evento como expositora en su condición de integrante del Instituto Mundial Ambiental, coordinadora de la Comisión de Justicia Ambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana y de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.

También intervinieron la Magistrada Maria Filomena Singh de la Suprema Corte de Filipinas; Antonio Herman Benjamín, Magistrado de la Suprema Corte de Brasil y Presidente del Instituto Global Ambiental; Nicholas Bryner, Profesor de Derecho de la Universidad de Louisiana; Arnold Kreilhuber, Director UNEP, División de Derecho; Scott Fulton, Presidente Emérito del Instituto de Derecho Ambiental; y Rhiannon Tereari´i Chandler-Iao, Profesor de la Escuela de Derecho William S. Richardson.

En junio de 2010 el derecho al agua y al saneamiento fue reconocido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableciéndose que debe serlo en cantidad suficiente para el uso doméstico y personal (entre 50 y 100 litros de agua por persona por día) segura, aceptable y asequible, cuyo costo no debe superar el 3% de los ingresos del hogar, además de ser accesible físicamente con una distancia a la fuente que no supere los 1.000 metros y su recogida no debe superar los 30 minutos.

Como bien lo señalan los representantes de la Unión Mundial de la Naturaleza (UICN), al resolver conflictos judiciales vinculados con el agua, se debe realizar con innovación y aplicar los principios ambientales, en especial el indubio pro-agua, como un derecho progresivo y nunca regresivo.

En Costa Rica ya se introdujo en la Constitución Política la prioridad del uso del agua para la población, más allá de otros usos y además, de manera comprometida y visionaria participó en la construcción y la firma de la Declaración de Brasilia de Jueces y Juezas sobre Justicia del Agua de 2018, la cual se ha estado incluyendo como base de análisis en las resoluciones del Poder Judicial.

Durante la inauguración del Año Judicial 2023, los magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia, entregaron los galardones que premian la trayectoria de personas servidoras judiciales por su destacada labor en el servicio judicial.

Este año, en la Sesión Solemne se otorgaron los reconocimientos “Luis Paulino Mora Mora”, “Fernando Coto Albán”, “Miguel Blanco Quirós”, “Ulises Odio Santos” y “Justicia con rostro de mujer”.

La magistrada Julia Varela Araya, presidenta de la Comisión del Tribunal de Reconocimientos del Poder Judicial hizo la entrega de los premios e indicó que “me honra presentar ante la población judicial y público en general, a las personas postuladas que resultaron recomendadas, siguiendo estrictamente criterios objetivos previstos para cada categoría de premio y escogidas por Corte Plena”.

“Les agradecemos por su entrega, dedicación, esfuerzo y compromiso con la institución y, en especial, con las personas usuarias, que son la razón de ser del servicio que brindamos. Con su mística, humanismo y excelencia, han logrado visualizar ante la institución sus logros, proponiéndolos como merecedores de reconocimiento”, puntualizó la magistrada Varela. 

El reconocimiento póstumo “Luis Paulino Mora Mora” se dio a Carlos Romero Rivera, quien en vida se desempeñó como Contralor de Servicios en Pérez Zeledón. La Corte Plena otorga esta distinción a la persona profesional, que, sin ser administrador de justicia, por su quehacer profesional en cualquier área del conocimiento hubiese influido en el mejoramiento de la administración de justicia, haciendo posible su eficiencia y el acceso de las personas ciudadanas al servicio de la justicia.

La jueza Ruth Alpízar Rodríguez, fue la galardonada con el premio “Fernando Coto Albán”, Al buen juez (a), ella labora en el Juzgado Agrario de Liberia y además, se desempeña como jueza suplente del Tribunal Agrario y es facilitadora de la Escuela Judicial.

José Rubén Dimas Portillo, jefe del Departamento de Artes Gráficas del Poder Judicial fue premiado por su trayectoria y dedicación con el reconocimiento “Miguel Blanco Quirós”. Este reconocimiento es destinado a la persona funcionaria o exfuncionaria judicial que haya destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación en sus labores y que, con esta actitud, haya enaltecido y siga enalteciendo el nombre de este Poder de la República.  

En cuanto al Premio “Ulises Odio Santos” 2023, se le otorgó a la Defensora Pública, Ligia Jiménez Zamora por su obra “Guía para facilitar el Acceso a la Justicia de las personas usuarias Indígenas en la Defensa Pública”.

En la sesión solemne se entregó el premio “Justicia con rostro de mujer” a María de las Nieves Rueda Rincón, primera mujer con carrera policial nombrada en una Jefatura de Delegación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). El reconocimiento está destinado a las mujeres empleadas o exempleadas judiciales, administradoras de justicia o no, que en el desempeño de sus labores se hayan destacado por su honradez, mística, transparencia, excelencia y dedicación al trabajo; quienes con sus acciones, ejemplo y actitud hayan resaltado el aporte de las mujeres en las funciones encomendadas al Poder Judicial e influido o influyan en la erradicación de la violencia y de cualquier otra forma de discriminación en detrimento de los derechos humanos de las mujeres.

• Asesora especial lidera temas de los discursos de odio

 Alice Nderitu, asesora especial de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio se reunió con magistrados y magistradas de la Corte Suprema de Justicia.

La relatora lidera la agenda global de la cooperación de la ONU en el tema de los discursos de odio y discriminación. Su visita tiene como objetivo fortalecer la cooperación de la ONU con distintos sectores del país tales como Estado, sociedad civil, academia, medios de comunicación, entre otros.

La vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez indicó que “recibir a la relatora de las Naciones Unidas es un honor para el Poder Judicial y una oportunidad de fortalecer relaciones con Naciones Unidas a fin de articular acciones que contribuyan con la identificación de los discursos de odio y de discriminación y sobre todo, su prevención y distinción con la libertad de expresión en los espacios públicos y privados de la Institución.”

“Es fundamental visibilizar todas las acciones positivas que hacemos desde el Poder Judicial asociadas a la intolerancia a los discursos de odio y de discriminación, en atención al Plan de Acción y a la Guía de Prevención que están desarrollando. Fueron muy valiosas las intervenciones de los magistrados y las magistradas que participaron pues expusieron casos emblemáticos abordados por la jurisprudencia de las Salas de Casación, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, además de los proyectos institucionales donde se aborda directamente el tema”, aseguró la magistrada Vargas.

La relatora Alice Nderitu mencionó que “tuvimos una reunión con los magistrados y magistradas, estuvimos discutiendo sobre los discursos de odio y qué está haciendo el sistema judicial con estos discursos de odio, como seguir el abordaje, y cómo podemos fortalecer lo que ya está en proceso”.

Como parte del equipo de trabajo le acompañó Allegra Baiocchi Coordinadora Residente Sistema de las Naciones Unidas en Costa Rica.  

Además, Alice Nderitu participará junto al Ministerio de Educación Pública y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto del lanzamiento global de la guía para la Prevención de Discursos de Odio a través de la Educación, que se realizará hacia el final de su misión en el país.