“Debemos enfocarnos hacia una justicia centrada en las personas, en los términos en los que ha señalado la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), una justicia que responda los altos requerimientos de las y los trabajadores, de las personas en condición de vulnerabilidad, del sector empresarial y productivo nacional y de la ciudadanía en general”, destacó la Magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris María Vargas Vásquez.

La Corte Plena designó a la magistrada Vargas Vásquez en la Vicepresidencia de la Corte Suprema de Justicia por unanimidad, por un período de dos años.

 Este lunes 30 de enero de 2023, durante la sesión de la mañana se realizó la votación pública y recibió el juramento.

La Vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas destacó la importancia del cargo, en el apoyo a los objetivos trazados por la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, cuyos ejes fundamentales son la transparencia y la eficiencia del Poder Judicial, así como el impulso de los proyectos que lideran las magistradas y magistrados.

 “Pongo a disposición de la Presidencia y de la institución, la experiencia que he acumulado en el tiempo laborado en el Poder Judicial por más de 33 años.  Esto me ha permitido conocer personalmente cómo opera un despacho judicial tanto en jurisdiccional como en lo administrativo y poder contribuir en ideas para modernizar y eficientizar el servicio que se brinda a las personas usuarias y fortalecer día con día la independencia de los jueces y juezas”, afirmó Vargas Vásquez.

 Señaló el papel primordial que cumplen los órganos auxiliares de Justicia, como lo son el Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Defensa Pública, que demanda la atención de la Corte, “… pues es desde la labor que ellos realizan, donde se evidencia parte importante de la seguridad de la ciudadanía, su fortaleza produce credibilidad y confianza en el Poder Judicial”.

 La jerarca judicial expuso que su reciente incorporación a la Comisión de Enlace Corte-OIJ le ha permitido un mayor acercamiento con la materia penal “… y mi objetivo es fortalecer las acciones del Poder Judicial desde sus competencias, coordinando acciones interinstitucionales con absoluto respeto al principio de separación de poderes; pero también debe considerarse la concertación de  posiciones entre el sector público y el privado quienes deben ir de la mano en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre otros temas país”.

 Dentro de los temas prioritarios también se encuentra el ataque a la mora judicial mediante herramientas como inteligencia artificial que coadyuve a eficientizar la gestión institucional, el desarrollo de Políticas que faciliten el acceso a la justicia de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y vulnerabilizadas; y en especial, asegurar la transparencia y cero tolerancia a la corrupción, enfocándose en los valores y en la búsqueda constante de la optimización de la calidad del servicio. Sin duda, debemos maximización el aprovechamiento inteligencia de los recursos con que cuenta la Institución.”

 Biografía

 La magistrada Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez es Licenciada en Derecho y Notaria Pública Universidad de Costa Rica. Es Especialista en Derecho Agrario del  Programa de Especialidades de Posgrado por la Derecho Universidad de Costa Rica, también es Especialista en Justicia Constitucional Universidad Castilla – La Mancha y es Doctoranda en Derecho de la Universidad Escuela Libre de Derecho.

 En su preparación académica destaca que es Máster en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Especialista en Administración de Proyectos, ambos del Instituto Tecnológico de Costa Rica; y certificada en Dirección de Proyectos.

 Asumió el cargo de Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia el 16 de enero del 2020, cuando fue designada por la Asamblea Legislativa.

 Su carrera judicial la desarrolló en su mayoría en Juzgados Agrarios ubicados en diferentes sectores del país como jueza de primera instancia desde el año 1990 a 1999; luego laboró como jueza del Tribunal Agrario hasta el año 2020 en que fue designada Magistrada Titular de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia. De igual forma, integró el Consejo Superior como suplente por 10 años consecutivos y fue Directora a.i. del Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional, aparte de dirigir varios proyectos institucionales estratégicos.

• Reconocimiento se entregó en la categoría de Cambio Climático del año 2021.

En el edificio de la Corte Suprema de Justicia, en el Primer Circuito Judicial de San José, se izó la Bandera Azul Ecológica, que representa el compromiso del Poder Judicial con el tema ambiental.

 Este reconocimiento se obtuvo mediante el trabajo conjunto de las personas servidoras judiciales de los diferentes ámbitos institucionales que laboran en el edificio de la Corte Suprema de Justicia mediante una labor en equipo que implicó la planificación y ejecución de una serie de requisitos. La dirección técnica estuvo a cargo de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional y la Subcomisión de Gestión Ambiental del Programa Bandera Azul del edificio de Corte.

Para obtener este galardón se cumplieron una serie de parámetros a través de la ejecución de acciones dirigidas a controlar y disminuir el uso del agua, energía eléctrica, combustibles fósiles, la generación de residuos e impulsar la reforestación, entre otros aspectos, requisitos que la Corte Suprema de Justicia cumplió para ganar la categoría de Cambio Climático en el año 2021 con una puntuación de 97 y una estrella blanca y anaranjada.

Los objetivos del Plan de Gestión Ambiental Institucional están relacionados a la gestión del agua, manejo de residuos sólidos, cambio climático, energía, consumo de papel y adquisición de bienes; promoviendo a través de la sensibilización y la capacitación del personal judicial la adopción de buenas prácticas ambientales y mejora continua de todas sus actividades.

La Magistrada de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y Coordinadora de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional del Poder Judicial, Damaris María Vargas Vásquez, destacó el compromiso institucional en materia ambiental.

“Una de las prioridades estratégicas del Poder Judicial es cumplir con los compromisos ambientales establecidos en las convenciones internacionales en materia de Ambiente, la Constitución Política y la normativa interna. Corte Plena aprobó el Plan Gestión Ambiental Institucional, el cual incorpora una serie de desafíos que se han venido cumpliendo mediante diferentes programas, uno de ellos es el Programa Bandera Azul Ecológica. Ese galardón es un distintivo que se otorga anualmente, es un incentivo para promover la conservación y el desarrollo, en concordancia con la protección de los recursos naturales, la implementación de acciones para enfrentar el cambio climático, la búsqueda de mejores condiciones higiénico-sanitarias y la mejora de la salud pública. Estas acciones están asociadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030” señaló la magistrada Vargas Vásquez.

Agregó “ha sido gracias al apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena, Consejo Superior y demás oficinas que tienen su sede en el Edificio de la Corte, que hemos podido obtener el reconocimiento Bandera Azul Ecológica. El proyecto ha sido respaldado por la Comisión de Gestión Ambiental Institucional integrada además por el Magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez, Presidente de la Sala Segunda y el Regente Ambiental, señor Eugenio Solís Rodríguez. Es liderado por la Subcomisión Ambiental, coordinada por la señora Amanda Madrigal Valerín. El otorgamiento ha implicado un esfuerzo significativo para poder cumplir con los parámetros establecidos previamente por el Ministerio de Ambiente y Energía, incluyendo auditorías ambientales periódicas, por lo que debemos enfocarnos en la mejora continua de las prácticas ambientales, cumpliendo así con el Plan de Gestión Ambiental Institucional”. 

Para Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental del Poder Judicial, este es un trabajo integral y de mucha coordinación para cumplir con el objetivo.

“La iza de la Bandera Azul es una muestra de que en el edificio de la Corte Suprema se preocupa en la promoción de un desarrollo con criterios socioambientales que genere beneficios no solo al Poder Judicial, sino también al país. Este logro no sería posible sin la labor de la Subcomisión de Gestión Ambiental del edificio, ya que desarrollaron acciones en diferentes temas desde ahorro de recursos hasta adaptación al cambio climático, con el fin de cumplir con los parámetros que solicita el Programa Bandera Azul para ser acreedores del galardón”, destacó Solís Rodríguez.

La finalidad de la categoría de cambio climático es incentivar a las organizaciones a tener un desarrollo de criterios de sostenibilidad socioambiental, minimizando el riesgo provocado por efectos del cambio climático, mediante una gestión ambiental integral, que genere un efecto multiplicador en diferentes sectores del país y que se les permita ser competitivas.

Para Amanda Madrigal Valerín, integrante de la Subcomisión de Gestión Ambiental del edificio de la Corte, la elaboración de planes de acción permite que “se trabaje con muchos temas como el ahorro eléctrico, gestión de aguas residuales, adaptación y compras sostenibles y esto es un trabajo de revisión contante de mes a mes en cada uno de estos aspectos para poder conseguir más puntos que se convierten en estrellas. En esta ocasión el edificio también quedó certificado con plan de bienestar animal, es decir, que el edificio está en apego con los planes de esta categoría”.

La actividad contó con la presencia del Magistrado Luis Porfirio Sánchez, Presidente de la Sala Segunda; los señores Wilbert Kidd Alvarado, Subdirector Ejecutivo; Andrés Méndez Bonilla, Jefe del Centro de Gestión de Calidad, personal de la Biblioteca Judicial e integrantes de la Comisión de Gestión Ambiental Institucional.

• Corte Plena emite acuerdo y ordena a la Dirección de Gestión Humana implementar la nueva legislación. 

Magistradas y magistrados analizaron los informes rendidos por la Dirección Jurídica del Poder Judicial y la Dirección de Gestión Humana que determinan la ruta a seguir para dar pleno cumplimiento a la Ley Marco de Empleo Público que entrará en vigor el mes de marzo del año 2023.

Se emitió un acuerdo unánime, por lo que se aprobaron ambos informes. Es voto público y el acuerdo se decretó en firme para que tenga ejecutividad y eficacia a partir de este lunes.

Desde la aprobación de esta nueva normativa por el Plenario Legislativo, se integró una comisión institucional creada por Corte Plena la cual impulsó un proceso técnico y participativo con el fin de determinar la existencia o no de personas servidoras judiciales que podrían estar bajo la rectoría del Ministerio de Planificación (MIDEPLÁN) del Poder Ejecutivo.

Tras  estudios técnicos realizados por la Dirección de Gestión Humana y la Dirección Jurídica, así como producto de varias de mesas de trabajo con jefaturas de los diferentes órganos de este Poder de la República,   gremios judiciales  y  ( reuniones de consulta con MIDEPLAN), se determinaron varios parámetros o criterios bajo los cuales se considera que todas las personas servidoras del  Poder Judicial deben estar bajo la rectoría de la Corte Suprema de Justicia y en consecuencia corresponderá a ésta emitir  las instrucciones para dar pleno cumplimiento a la Ley Marco de Empleo Público.

Lo anterior, en razón de que se estimó que todas las clases de puestos del Poder Judicial bajo uno u otro criterio se relaciona con los servicios que presta el Poder Judicial, conforme a la Constitución Política y la Ley, considerándose que su trabajo resulta exclusivo y excluyente en relación con las personas servidoras de otros Poderes de la República. 

Adicionalmente se aplica en esta decisión lo dispuesto en diversas resoluciones de la Sala Constitucional, las que puntualizan que  la Ley Marco de Empleo Público no modificó ni derogó las competencias de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del Organismo de Investigación Judicial y de la Defensa Pública, por lo que se deben adoptar las medidas para cumplir plenamente la indicada Ley y así no desacatar sus obligaciones legales.

Las labores que se desarrollan en este Poder de la República son consustanciales a la independencia judicial en su especialidad, conforme a los votos número 2018-019511 y 2021-017098 de la Sala Constitucional, que imponen prohibiciones, regulaciones o incompatibilidades aplicables exclusivamente a todas las personas servidoras judiciales y excluyente de otras personas servidoras públicas.

En consecuencia, el Poder Judicial acatará plenamente lo dispuesto por la Ley Marco de Empleo Público dictando las disposiciones que esta ley contempla de esta manera se dispuso que  la Dirección de Gestión Humana bajo la coordinación de la Comisión creada por esta Corte Suprema de Justicia para la implementación de la Ley Marco de Empleo Público, deberá realizar, entre otras, las siguientes acciones:

1. Realizar los estudios técnicos y acciones necesarias para ajustar la metodología de clasificación y valoración de puestos del Poder Judicial a fin de alinearla a las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público, determinar una metodología de valoración del trabajo y determinar los grados en la familia judicial.
2. Realizar los estudios técnicos y acciones necesarias a fin de construir la columna salarial de este Poder y definir los salarios globales de los diferentes puestos que integran la familia judicial.
3. Ajustar el manual descriptivo de clases de puestos del Poder Judicial, conforme las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público.
4. Ajustar los sistemas de pagos del Poder Judicial a fin de prepararlos para la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público.
5. Preparar los documentos técnicos necesarios para que esta Corte Suprema de Justicia pueda entrar a conocer y aprobar un plan de empleo público del Poder Judicial de mediano y largo plazos con fundamento en las disposiciones normativas que las regulan, los instrumentos de planificación estratégica y el conjunto de políticas institucionales existentes.
6. Revisar las bases selectivas y pruebas específicas para alinear el modelo de reclutamiento y selección del Poder Judicial a las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público.
7. Realizar las modificaciones necesarias para alinear la evaluación del desempeño, la capacitación y cual otro tema relacionado con las relaciones de empleo del Poder Judicial, en lo que fuere pertinente a las disposiciones de la Ley Marco de Empleo Público.
8. Implementar las regulaciones del capítulo de gestión de las relaciones laborales contemplado en la Ley Marco de Empleo Público para toda la familia judicial, a partir de la vigencia de dicho cuerpo normativo.  
9. Coordinar con el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica a fin de que se establezcan los mecanismos de coordinación y suministro de información necesarios para la plataforma integrada de empleo público, en el entendido de que la misma deberá contar con seguridad adecuada los sistemas de información del Poder Judicial.

Triada normativa. El Director Jurídico del Poder Judicial, Rodrigo Campos Hidalgo, explicó que todos los puestos de la institución, un total de 12.735 se encuentran inmersos en una relación de sujeción especial derivada de una triada normativa judicial, compuesta por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Estatuto de Servicio Judicial y la Ley de Salarios del Poder Judicial.  Con esta legislación coexisten otras disposiciones normativas que regulan las relaciones de empleo en el Poder Judicial que le dan contenido al Principio de Independencia Judicial esencial para el Estado de Derecho y el fortalecimiento de la democracia costarricense.

Por su parte la Directora de Gestión Humana, Roxana Arrieta Meléndez, indicó “…mediante un análisis legal exhaustivo de comprobación de los parámetros técnicos definidos que conforman el “Manual Descriptivo de Clases de Puestos” del Poder Judicial, se identificó que la totalidad de los puestos cumplen con las condiciones que les agrupa, y por ello se categorizan como exclusivos y excluyentes. Lo anterior, por cuanto en todos los puestos de la institución se reflejan los parámetros para el ejercicio de las competencias constitucionalmente asignadas al Poder Judicial”.

• Tenga a mano el número de expediente del proceso de cobro judicial.
• Desde este lunes 16 de enero 2023 ya se encuentra habilitada la consulta de datos generales sobre la materia.

Ahora las personas usuarias pueden consultar datos generales sobre los procesos de cobro judicial desde el Chatbot, que tiene disponible el Poder Judicial en su página electrónica, https://pj.poder-judicial.go.cr .

De acuerdo con el gestor de la Comisión de la Jurisdicción Civil, Luis Diego Romero Trejos, el objetivo es ir integrando dentro del desarrollo de inteligencia artificial de la institución, temas que competen a la materia de cobro judicial y que facilite la consulta a las personas usuaria.

“En materia de cobro judicial se ha logrado determinar que en la Línea 800-800-3000 del Poder Judicial, muchas de las consultas que se generan en esta materia tienen que ver con los datos generales que constan en el expediente y que es información pública, en temas como el estado del expediente, la fecha de ingreso, el tipo de expediente, la oficina judicial que lo tramita, el nombre de la persona juzgadora decisora y donde se ubica actualmente el expediente.  Todos estos datos ya se pueden consultar directamente al Chatbot judicial”, explicó Romero Trejos.

Habilitar la consulta de estos datos públicos sobre procesos de cobro judicial, permite que la persona usuaria obtenga la información a mano, de una manera electrónica, directa y a partir de información pública.

Cabe destacar que es importante que la persona tenga a mano el número de expediente del proceso.

Según explicó el gestor Luis Diego Romero, el Poder Judicial garantiza la confidencialidad de los procesos y recalca que las consultas sobre el fondo de un expediente solo es posible que la realicen las partes involucradas en el proceso.