• Magistrado Orlando Aguirre Gómez
• Otorgada por el Tribunal Supremo del Reino de España y la Fundación Carlos III.

 Por sus aportes jurídicos en favor de los países iberoamericanos, así como su trayectoria personal y profesional, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden Iberoamericana de la Justicia.

“Con esta concesión se reconoce el prestigio internacional alcanzado por V.E en virtud de su actuación en favor de los países iberoamericanos, con cuyos setecientos millones de habitantes compartidos lengua española y portuguesa, historia, historia jurídica, religión y cultura, se premia la excelencia de su trayectoria personal y profesional, culminada con el ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica y anteponiendo siempre su amor a la docencia y al Derecho”, detalló la comunicación oficial que concede el reconocimiento al magistrado Aguirre Gómez.

La Orden Iberoamericana de la Justicia se constituyó en el 2012, para celebrar el Bicentenario de la Constitución del Alto Tribunal creado por las Cortes de Cádiz 1812, a solicitud de diversos Presidentes de Cortes Supremas Iberoamericanas.

Con la finalidad de resolver con mayor prontitud los procesos de personas menores de edad declarados en estado de abandono, el pasado jueves 20 de abril, la magistrada Roxana Chacón Artavia, Coordinadora de la Comisión de Familia, Niñez y Adolescencia visitó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) junto al equipo gestor de la Jurisdicción de Familia, los Jueces Cristian Martínez, Eddy Rodríguez y la administradora Lucía Víquez, del Centro y Gestión de Apoyo para el Mejoramiento Judicial para retomar la propuesta de convenio que se ha estado trabajando con el PANI desde el Gobierno anterior. 

Dicha propuesta de Convenio había quedado en espera de una decisión del PANI para su suscripción y firma.

El convenio impulsado procura que el Poder Judicial facilite procesos de capacitación de personal del PANI, además que el Patronato se haga cargo del pago de los peritos que harían los estudios psicológicos y sociales en aquellos procesos de declaratoria de abandono de personas menores de edad, para que pudieran ser resueltos con mayor prontitud y que vengan a resolver la situación jurídica de las personas menores de edad.

Además, se aprovechó la visita para conversar acerca de la necesidad de que el Patronato Nacional de la Infancia,  acompañe a personas menores de edad cuando deben de salir de su hogar por orden judicial. Por parte del Poder Judicial se le solicitó al PANI los números de expedientes de procesos judiciales que involucran personas menores de edad para ser resueltos si procediera con carácter de urgencia.

Según indicó la Magistrada Chacón Artavia, “hay que trascender de la denuncia de las instituciones, a la atención médica, psicológica, programas de sostenimiento económico; a la categorización de lo inmediato y urgente, la articulación, al control y seguimiento de todas las acciones que sumen para la protección de las niñas y adolescentes. Tenemos que entrelazar las acciones para garantizar la atención integral y proteger sus vidas”.

Finalmente se invitó a las personas profesionales del PANI, para que una vez firmado el Convenio, puedan ser capacitadas por parte del Poder Judicial en los temas atinentes al Código Procesal de Familia que entrará en vigencia el 1 de octubre del 2024. De igual manera se conoció sobre la necesidad de una coordinación entre ambas instituciones para entrelazar acciones en un solo protocolo interinstitucional, por lo que, una vez listo a lo interno del Poder Judicial, se ponga en conocimiento de otras instituciones que también atienden a la niñez en estado de vulnerabilidad.

Cabe destacar, que en un período corto, se efectuará la reunión indicada, y será convocado el PANI al igual que otras instituciones para que el Poder Judicial exponga la iniciativa. 

• Acciones judiciales se expusieron en Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa.

Autoridades del Poder Judicial expusieron las acciones que se emprenden para la atención de víctimas de delitos sexuales, ante la Comisión Permanente Especial de la Mujer de la Asamblea Legislativa.

La comparecencia se atendió, ante la solicitud del órgano legislativo que investiga los hechos ocurridos en torno al caso de la sustracción de una menor de edad en la localidad de Mata de Guineo en Cervantes de Cartago.

La magistrada Roxana Chacón Artavia, coordinadora de la Comisión de Género y de Familia, Niñez y Adolescencia, señaló la anuencia del Poder Judicial en revisar los protocolos para el abordaje de esos procesos y la atención en servicios esenciales que brinda el Poder Judicial.

“Estos asuntos tienen que ser atendidos por toda la institucionalidad, y acá es donde nosotros podemos crecer haciendo las coordinaciones oportunas y encendiendo las alarmas con un enfoque diferente para tramitar estos asuntos y que no se vuelvan a dar lamentablemente tocó en un caso tan frágil, de dos niñas una niña madre y una bebé, sustraída.  Esto nos tiene que llamar a todos a un compromiso, y una responsabilidad, yo si invito a trabajar en estos protocolos, desde la secretaría vamos a hacer las instancias y las coordinaciones oportunas, desde la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial”, puntualizó la magistrada Chacón Artavia.

Se destacó que desde la Secretaría Técnica de Género del Poder Judicial se coordina el protocolo de los Equipos de Respuesta Rápida para víctimas de violación durante las 72 horas de ocurrido el hecho. 

Actualmente funcionan en el país 18 equipos de respuesta rápida, que trabajan 24/7 y permiten una coordinación articulada entre el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), desde el accionar de las fiscalías, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Unidades de Medicina Legal, el Departamento de Trabajo Social y Psicología y los centros hospitalarios de la CCSS.

De igual manera, se emprenden reuniones mensuales de coordinación entre los Equipos de Respuesta Rápida y cada tres meses estas reuniones se atienden por las jefaturas, con el fin de analizar los nudos críticos y emprender acciones de mejora en la atención.

En este tema también se cuenta con la herramienta del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres, que es una ventana de información para la toma de decisiones y el público en general, donde se cuenta con información estadísticas en el tema de delitos sexuales y otros.

Entre los datos relevantes dados a conocer en la comisión, al año se denuncian aproximadamente 12 mil casos de delitos sexuales en perjuicio de personas menores de edad (dos terceras partes del total) y adultas.   El 21% de estos casos denunciados son violaciones, de las cuales el 18% corresponden a procesos que se tramitan por relaciones impropias o delito sexual con persona menor de edad.

Se aclaró que durante los cierres colectivos por vacaciones, el Poder Judicial mantiene en funciones los denominados servicios esenciales, que implica la atención de las personas usuarias durante estos días, por parte de los Juzgados de Violencia Doméstica, fiscalías y el OIJ en todo el país.

• Propuesta fue presentada por el Presidente de la República y los Ministros de Seguridad Pública y Justicia y Paz.

El presidente y la vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez y Damaris Vargas Vásquez respectivamente, participaron este miércoles 19 de abril en la presentación de la “Operación Costa Rica Segura” del Poder Ejecutivo, realizada por el Presidente de la República, Rodrigo Chaves Robles y los Ministros de Seguridad Pública, Jorge Torres Carrillo y el de Justicia y Paz, Gerald Campos Valverde.

La actividad se desarrolló en la Plaza de la Democracia y contó con la participación de representantes de los tres Poderes de la República, integrantes del Cuerpo Diplomático, Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, entre otros.

La propuesta presentada, se da como parte de los esfuerzos realizados por los tres Supremos Poderes, en la lucha frontal contra la criminalidad, con el fin de atacar la inseguridad que vive el país.

La iniciativa señala que se aumentará la presencia policial en las calles como medida temporal y excepcional por un espacio de seis meses, así como la presentación de un presupuesto extraordinario ante la Asamblea Legislativa para contratar más fuerza policial.

Además, se mejorará el aspecto tecnológico en material policial y en las condiciones de trabajo de los y las policías, así como la gestión para obtener fondos para adquirir nuevas patrullas, para mejorar la presencia y la movilidad de oficiales de la Fuerza Pública.

También, se plantearán seis proyectos de ley ante la Asamblea Legislativa en temas como la extradición de nacionales por delitos de narcotráfico, la contención de personas infractoras que representan un peligro para la sociedad, reforma a la ley de armas, modernización en las intervenciones telefónicas, adecuación de la justicia penal juvenil a los retos de la delincuencia y la criminalidad organizada y un proyecto en relación con el manejo del sistema penitenciario nacional.

El Presidente de la República hizo un llamado a los tres Poderes de la República para trabajar en conjunto y así contrarrestar la situación actual que vive el país y devolver la paz y la tranquilidad a los y las costarricenses.