• Poder Judicial y Estado costarricense lograron demostrar que respeto por derechos fundamentales primaron en caso penal seguido contra demandante.

“Se demuestra con el fallo de la Corte, que el accionar del Poder Judicial se hace de manera correcta, que en la institución construimos justicia y democracia y por ello en todo momento respetamos los derechos fundamentales de las personas que son sometidas a la justicia penal”.

Con estas palabras, la magistrada presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano Castro, celebró el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón al Estado costarricense en el caso denominado “Scot Cochran Vs. Costa Rica”.

El caso en cuestión se remonta al 2003, año en que se realizaron una serie de diligencias judiciales con el fin de allanar la vivienda del señor Scot Cochran, a quien en ese momento se le vinculaba con una serie de delitos de índole sexual cometidos contra personas menores de edad y que culminó con una sentencia de 45 años emitida por la jurisdicción penal.

Debido a lo anterior, el señor Scot demandó al Estado costarricense, ya que según se argumentó, le fueron violadas varias garantías judiciales y el derecho a la libertad personal, señalando que se violentó su derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular.

En la sentencia notificada por el presidente de la Corte Interamericana, el Juez Ricardo Pérez Manrique, se señaló que el Estado costarricense no es responsable por la violación a los derechos a la libertad personal y garantías judiciales, en particular el derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular, tema central sobre el que versó el presente litigio. Asimismo, destacó que la Corte IDH consideró que el Estado no violó el derecho a contar con un juez imparcial y que tampoco se vulneró el derecho a recurrir el fallo consagrado en el artículo 8.2.h) de la Convención Americana.

En un extracto de la sentencia, la Corte IDH determina que el señor Scot Cochran si fue informado del derecho que le asistía, debido a que cuando se confirmó la prisión preventiva y su firma para la resolución judicial, tuvo conocimiento de la posibilidad de recibir ayuda consular, lo cual sucedió escasas horas después de la materialización de su detención, por lo cual no hubo afectación de sus derechos en el trámite judicial.

De esta manera, se demuestra, que el Estado costarricense, mediante el accionar del Poder Judicial como baluarte fundamental del estado democrático de derecho, actúo de manera adecuada y respetuosa de los derechos fundamentales tutelados a nivel nacional e internacional en el proceso penal seguido contra el señor Scot.

“Me siento muy complacida de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos haya notificado el triunfo de Costa Rica en el caso “Scot Cochran contra Costa Rica” ya que logramos mostrar que su afirmación no era cierta y por eso, el hecho de qué nos hayan dado la razón, demuestra que los trabajos en equipo cuando los hacemos de manera concienzuda, dan frutos positivos, y el día de hoy esta noticia es un triunfo para el Poder Judicial y para Costa Rica” destacó Solano Castro.

Cabe destacar, que este fallo refuerza la credibilidad del trabajo que realizan las autoridades judiciales en nuestro país, destacando que tanto el proceso de detención, como las audiencias para la obtención de la prueba y el juzgamiento, se realizan basado en el respeto a los derechos fundamentales de las personas imputadas, siguiendo el debido proceso y garantizando el acceso a la defensa técnica material por parte del Poder Judicial y por del Estado.

La representación del Estado costarricense estuvo a cargo de la coordinación de la Presidencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Asesoría Jurídica de la Cancillería, quienes alcanzaron este gran triunfo para el país, además, fueron parte del proceso por parte de la institución, Carlos Jiménez González, gestor en Materia Penal de la Sala de Casación Penal y  Ricardo Salas Porras, letrado de dicha Sala.

El texto íntegro de la sentencia y su resumen oficial, pueden consultarse en el sitio web de la Corte IDH www.corteidh.or.cr.

El Poder Judicial presentó de la mano con representantes de los territorios indígenas, el informe de rendición de cuentas de la “Política de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas”, el cual procura garantizar a esta población un verdadero acceso a la justicia a través de una serie de lineamientos institucionales para brindarles atención, garantizando los más altos estándares internacionales para la tutela de Derechos Humanos.

La co-construcción del proyecto se realizó con los 8 pueblos de los 24 territorios indígenas del país y con las personas indígenas que viven fuera de esos territorios por diferentes motivos, considerando en todo momento sus necesidades particulares, creencias culturales y su cosmovisión.

El proyecto está a cargo de la magistrada Damaris Vargas Vásquez como coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas, contando además para ello con el aval de la Comisión de Acceso a la Justicia bajo el liderazgo el magistrado Jorge Olaso Álvarez y la colaboración de la Unidad de Acceso a la Justicia a cargo de Angie Calderón Chaves, jefa a.i.

El proyecto cuenta con la cooperación internacional del Sistema de Naciones Unidas y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La magistrada Damaris Vargas afirmó que “lo más importante es que la política se construye con los pueblos indígenas en sus territorios; lo que quiere el Poder Judicial es estar al lado de la gente, con una justicia centrada en las personas, es decir que escuchemos a quienes van destinadas las políticas de la institución para que ellos nos indiquen cuales son realmente los problemas que enfrentan para el acceso a la justicia, no lo que nosotros estimemos desde nuestros escritorios, sino que vayamos directamente a la fuente para poder determinar cuáles son los problemas para buscar las soluciones”.

“En las visitas nos hacemos acompañar por alguno de los magistrados o las magistradas integrantes de la Corte Plena y del Consejo Superior. También se cuenta con la participación del Fiscal General, el jefe del Organismo de Investigación Judicial, el jefe de la Defensa Pública, la Contraloría de Servicios, algunas direcciones administrativas del Poder Judicial y sus equipos de trabajo. Siempre vamos acompañados de personas tomadoras de decisiones dentro de la institución, porque queremos permear todo el quehacer institucional incluyendo la Judicatura que también ha estado acompañándonos en este proceso, muy especialmente y con mucho énfasis a los despachos que están ubicados en los circuitos judiciales donde se atienden en mayor medida los asuntos vinculados con los pueblos indígenas”, puntualizó la magistrada Vargas.

Por su parte, el magistrado Jorge Olaso indicó “es importante desarrollar cual es la cosmovisión de estos pueblos como un aprendizaje nuevo de conocer su cultura, su lenguaje, su forma de ver el mundo para poder desarrollar nuestros procesos, su acceso a la justicia. Considero que el tema es desde el punto de vista pedagógico de tratar de que nuestros jueces y juezas, así como personal judicial siempre tengamos una idea de la cultura, que es nuestra, que es autóctona, que es una cosmovisión y es necesario implementar en todas nuestras funciones, no solo en el sistema judicial sino también en el acceso que le damos a una persona cuando llega a una oficina judicial”.

Eva Martínez Sánchez, embajadora del Reino de España en Costa Rica recalcó que “la Cooperación Española desde los años ochenta del siglo pasado ha reconocido cada vez con mayor firmeza la necesidad de prestar una atención específica a los pueblos indígenas, con el objetivo de contribuir al reconocimiento y al ejercicio efectivo del derecho de estos pueblos a articular sus propios procesos de desarrollo social, económico, político y cultural. Por esta razón, hemos apoyado una iniciativa como la que presentamos hoy que busca garantizar el acceso a la justicia de los pueblos indígenas de Costa Rica, es un gran paso en el avance de la consecución de este y otros derechos”.

Les acompañaron también Ana María Upegui Cuartas, Asesora de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas; Geyner Blanco Acosta, Consultor por Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en la construcción de la Política y Steven Picado Gamboa, líder de Proyecto Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas, quien estuvo a cargo de la exposición del proyecto.

• Se analizó el acceso a audiencias orales por medios tecnológicos

Con el propósito de cumplir con los objetivos definidos en el Plan Anual Operativo y en ejecución de las políticas institucionales de acceso a la justicia, el pasado 28 de junio, personal del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil realizó una visita al Centro Especializado de Formación Juvenil Zurquí y participó en una sesión de trabajo.

La reunión contó con la participación de la licenciada Helena Ulloa Ramírez, Jueza Coordinadora, el Juez Jorge Arturo Camacho Morales, Andrea Mora Flores, coordinadora judicial, la licenciada Tatiana Álvarez Rodríguez directora del Centro y la Coordinadora del Nivel Penal Juvenil de la Dirección General de Adaptación Social, licenciada Jennifer Hernández.

Durante la sesión, se trataron temas como el acceso a audiencias orales por medios tecnológicos, las mejoras y necesidades en la infraestructura del centro, así como el trabajo que se realiza para mejorar las condiciones y áreas para las personas privadas de libertad. Se destacó la importancia de la reciente renovación del área de cocina.

Asimismo, se analizó la necesidad de mejorar la coordinación con el IAFA, para que realice visitas de seguimiento y atención de la población menor de edad, con el fin de tratar las situaciones de consumo problemático de sustancias psicoactivas.

Gracias a la iniciativa del Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil y la colaboración de las oficinas judiciales del II Circuito Judicial de San José, se realizó la entrega de sesenta DVD’s y CD’s con música, películas, conciertos, ropa variada para hombre, artículos de uso personal como toallas sanitarias, jabones de baño, dos juegos de mesa, cepillos y pastas dentales.

El Tribunal de Apelación de Sentencia Penal Juvenil, participa en la campaña de Alfabetización Penal Juvenil en instituciones educativas que requieren su apoyo y tiene visitas de trabajo pendientes al Programa de Sanciones Alternativas y al Centro Especializado Adulto Joven Ofelia Vincenzi Peñaranda.

• Proceso en organización de la gestión del despacho comienza el próximo 17 de julio de 2023

Un mejor servicio a la persona usuaria es el objetivo clave del proyecto de rediseño que implementará el Tribunal Contencioso Administrativo, con el fin de fortalecer la gestión de los procesos que conocen en esta materia.

La ejecución del proyecto se tiene previsto para el próximo 17 de julio de 2023 e involucra una serie de cambios que se implementarán de forma paulatina en la organización y redistribución del personal que integra el Tribunal Contencioso Administrativo.

El rediseño en la organización y gestión de este órgano judicial implicará la redistribución del personal, lo que podría variar, en algunos casos, la integración de las secciones de jueces y juezas responsables de los expedientes. 

El rediseño fue aprobado por el Consejo Superior, según los acuerdos 84-2021 del 28 de setiembre de 2021 artículo XXVIII y 95-2021 del 04 noviembre del 2021, artículo XXXIX. Las labores se realizarán apegadas a un cronograma y se informará paulatinamente el avance de las etapas.

Para las autoridades judiciales es prioritario el trabajo constante en la mejora cotinua del servicio público, pues el principal objetivo es la construcción de un Poder Judicial al lado de la gente y que ratifica la misión de fortalecer la democracia costarricense.