• Poblaciones más alejadas del cantón de Pococí recibieron una justicia cercana

Diversos servicios del Poder Judicial rompieron la barrera de la distancia y llegaron a brindar atención a las personas usuarias que viven en las comunicades de Barra de Colorado y Tortuguero, que son las poblaciones más alejadas del cantón de Pococí y que atienen los Tribunales de Justicia de la zona.

“Colorado es el distrito de Pococí más alejado y con menor índice de desarrollo donde se ubican las Barras de Colorado y Tortuguero. Las personas usuarias del Poder Judicial de estas comunidades deben viajar en bote cerca de 3 horas y 60 km para realizar alguna diligencia en el Edificio de Tribunales de Pococí; no cuentan con transporte público regulado ni formal, poseen grandes limitaciones económicas y muy restringido acceso a teléfono e internet, por ello es un reto para la Administración Pública por el costo del traslado. La planificación de la gira, favorece en cumplir la función del Estado, propiamente el garantizar una justicia pronta, cumplida y accesible”, destacó Miguel Gutiérrez Fernández, Administrador Regional de Pococí.

Cerca de 22 personas trabajadoras judiciales se desplazaron en bote hasta Colorado Norte, Colorado Sur y Tortuguero y brindaron servicios como recepción de denuncias, juicios colegiados y unipersonales, indagatorias, entrevistas, audiencias penales y de pensiones alimentarias, recepción de demandas de pensión, inspecciones, conciliaciones, notificaciones, entrega de usuarios de gestión en línea y certificaciones de antecedentes penales.

El trabajo coordinado permitió, durante los días 23, 24 y 25 de agosto de 2023, tener la presencia en estas comunicades del Tribunal Penal, Juzgado Penal, Fiscalía, Defensa Pública Penal, Defensa Pública de Pensiones Alimentarias, Juzgado Contravencional, Juzgado de Pensiones Alimentarias, Juzgado de Violencia Doméstica, la Oficina de Comunicaciones Judiciales y la Administración Regional.

Esta labor se emprende ante la necesidad de acercar la justicia a poblaciones alejadas y en condición de vulnerabilidad y que requieren que el Poder Judicial les garantice una justicia cercana, mediante acciones que faciliten una serie de servicios de Administración de justicia.

• Para la elaboración de Convención Internacional sobre Ciberdelitos.

Como parte de la delegación que representó a Costa Rica, el magistrado de la Sala de Casación Penal, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, junto con el Fiscal General de la República, Carlos Díaz Sánchez y el fiscal adjunto Juan Carlos Cubillo, estuvieron presentes en la sexta sesión del Comité Especial en la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Dicho encuentro, se dio como parte del trabajo para la elaboración de una convención internacional sobre la lucha contra la utilización de las tecnologías de información y comunicación para fines delictivos.

Para el magistrado Alfaro Vargas, jefe de la delegación nacional, Costa Rica es un país con tradición de protección de los derechos humanos, por lo que en congruencia con esta tradición, es que las actividades de prevención y combate de la ciberdelincuencia son primordiales dentro de la labor que realiza la institución como parte de un servicio de administración de justicia de calidad y al lado de las personas usuarias.

“Los derechos humanos están intrínsecamente relacionados con la dignidad de las personas y por esto, están presentes transversalmente en todos los instrumentos internacionales” destacó el magistrado.

Mediante este tipo de participaciones, el país busca garantizar a su ciudadanos y ciudadanas, el respeto pleno de sus derechos fundamentales y a su vez impulsar aún más la cooperación internacional en la lucha contra los ciberdelitos, mediante la creación de esta convención internacional que procura establecer reglas internacionales para abordar el uso de las nuevas tecnologías por parte de la delincuencia.

La sesión contó también con la participación del personal de la Misión de Costa Rica ante la ONU, además del apoyo en modo virtual brindado por la Misión ante la ONU en Viena y el Departamento de Desarme, Terrorismo y Crimen Organizado de la Cancillería. La próxima y última sesión del Comité se llevará a cabo en enero de 2024.

* Imagen tomada de la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

• Se conocieron buenas prácticas en esta materia de distintos países de la región.

Personas expositoras internacionales y nacionales participaron en el foro “Experiencias y Buenas Prácticas en el Acceso a la Justicia Ambiental en el maco de los Derechos Humanos”, cuyo objetivo fue dar a conocer el funcionamiento del sistema judicial ambiental de los Poderes Judiciales de los países de la región, a fin de dar cumplimiento a los Derechos Humanos, además de identificar cuáles han sido las fortalezas, los principales desafíos y las prácticas instauradas.

La actividad fue organizada por la Comisión de Justicia Medio Ambiental de Cumbre Judicial Iberoamericana, la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, el proyecto de Política Ambiental del Poder Judicial de Costa Rica y el despacho de la magistrada y vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vázquez.

La magistrada Damaris Vargas enfatizó que el clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente, según declaraciones de Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, conforme a la base de datos Copernicus, guía del último informe de expertos en cambio climático de la ONU (IPCC). También se refirió al enfoque de justicia ambiental centrada en las personas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), elementos clave para una buena gobernanza ambiental, avances de la jurisprudencia constitucional, de las Salas de Casación y de los más importantes tribunales del país, entre otros.

Vargas Vásquez puntualizó que “en esencia lo que pretendemos con esta actividad es conocer las lecciones aprendidas y las buenas prácticas desarrolladas en los diferentes países, para identificar elementos clave de los cuales nosotros podemos retroalimentarnos a fin de generar mejoras en el acceso a la justicia ambiental y fortalecer así el Proyecto Política Ambiental del Poder Judicial, dentro del cual se analiza la viabilidad de crear una jurisdicción ambiental especializada y además, fortalecer las competencias de las personas juzgadoras y en general, de todos los y las servidoras judiciales en el tema ambiental. Es un desafío institucional que impacta el país y el planeta en medio de la emergencia climática que estamos viviendo”.

Adicionalmente presentaron sus ponencias la magistrada del Poder Judicial de Uruguay, Sofía María Feuer Jaso; la ministra Anaid Paola Velasco Ramírez, especialista en derecho del comercio exterior y maestra en derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; Claudia S. de Windt, directora ejecutiva y fundadora del Instituto Interamericano sobre Justicia y Sostenibilidad (IIJS).También, la magistrada Wendy Martínez Mejía, jueza presidenta de la Primera Sala y primera sustituta de presidente de la Corte de Trabajo del Distrito Nacional, así como Néstor Cafferatta, secretario de juicios ambientales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina.

La actividad se realizó de manera presencial y virtual, contándose con más de 280 personas conectadas. Asistieron como invitados magistrados y magistradas, las y los integrantes del Consejo Superior, representantes de embajadas de Suiza, Colombia, República Dominicana y demás países que integran la Comisión de Justicia Medioambiental de la Cumbre Judicial Iberoamericana, personas servidoras judiciales, representantes de la academia, estudiantes, funcionarios y funcionarias del MINAE, y ciudadanía en general.

Desde el Proyecto de Política Ambiental del Poder Judicial se pretende el fortalecimiento de las competencias y capacidades institucionales de este poder de la República, para enfrentar los desafíos que la crisis climática nos impone en el cumplimiento de nuestro mandato constitucional de administrar justicia ambiental.

Constituyendo este Foro internacional la primera actividad que tuvo como objetivo la comprensión de la forma en que los diversos países de la región iberoamericana brindan el servicio de administración de justicia ambiental para cumplir con la garantía de los derechos humanos.  Proyecto institucional dirigido por la Magistrada Vargas Vásquez, liderado por la Jueza María Rosa Castro García con el acompañamiento del equipo de trabajo: Eugenio Solis en su condición de Regente Institucional y de la Dirección de Planificación que ha brindado el acompañamiento desde el inicio del proyecto.

Los avances en justicia abierta logrados por el Poder Judicial de Costa Rica fueron expuestos y compartidos en el marco de la Cumbre Global OGP 2023 (Alianza por Gobierno Abierto en español), llevada a cabo el 6 y 7 de setiembre en Estonia, ante una audiencia de miles de líderes mundiales de gobiernos, sociedad civil, empresa privada y organismos internacionales de todo el mundo.

 Esta cumbre tuvo por primera vez incorporada temas de justicia abierta en su agenda de debate de alto nivel, en donde la representación del Poder Judicial tuvo participación en tres diferentes foros, en los cuales se compartió información sobre los modelos como juzgados abiertos, Defensa Pública Abierta, Ministerio Público Abierto, apertura de datos y diversidad sexual, rendición de cuentas y participación ciudadana en la administración de justicia.

 En representación del Poder Judicial de Costa Rica participó el Magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas, en calidad de Presidente de la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj) y Coordinador de la Comisión de Justicia Abierta, quien compartió en la mesa de trabajo junto a integrantes de la Red Internacional de Justicia Abierta (RIJA), representantes de sociedad civil, órganos judiciales y academia, donde presentó los avances del modelo de Juzgados Abiertos que se está ejecutando en el país. Esta mesa fue llamada: "Justicia abierta local: experiencias y desafíos en América Latina" y se realizó como actividad preparatoria a la Cumbre el día 5 de setiembre.

 El Magistrado Alfaro tuvo su participación de fondo en el panel realizado el jueves 7 de setiembre denominado: “Hacia una agenda global de justicia abierta: Prioridades, estándares y herramientas que sirvan mejor a la ciudadanía”, en donde compartió el debate con el Gerente Global de Gobernanza del Banco Mundial, Roby Senderowitsch; además del Coordinador Ejecutivo de RIJA, Álvaro Herrero; la Jueza de la Corte de Justicia de Tailandia, Kamonchanok Katinasamit y la experta internacional en justicia abierta, Sandra Elena.

 Adicionalmente, el proyecto innovador en la apertura de datos y diversidad sexual que lidera el Poder Judicial de Costa Rica fue expuesto por la Directora Ejecutiva de Conamaj, Sara Castillo Vargas, en el panel: “Escuchar todas las voces: vincular herramientas en línea y fuera de línea para una participación comunitaria inclusiva”, en donde se tuvo la intervención de entidades como el Departamento de Estados de los Estados Unidos y organizaciones como Visión Mundial, Iniciativa Latinoamericana por los Datos abiertos (ILDA) y Diálogos.

 La Cumbre Global OGP 2023 es una potente vitrina de posicionamiento internacional en temas de gobierno abierto, por lo que la participación del Poder Judicial de Costa Rica en este espacio constituye una oportunidad de relevancia debido a las redes de trabajo que se generan, al intercambio y aprendizaje colaborativo, así como a la presencia del país en escenarios internacionales de alto nivel.

 Para más información sobre la participación del Poder Judicial de Costa Rica en esta cumbre o sobre la Política de Justicia Abierta se puede escribir a: Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.