Mediante un taller de capacitación denominado “Fortalecimiento y Mejora del Programa Adaptación Laboral por Condición de Salud”, el Consejo Superior del Poder Judicial promueve el análisis del procedimiento para la adaptación del puesto de las personas servidoras judiciales que adquieran una discapacidad o afectación en su salud.

El taller reunió a jefaturas de los ámbitos auxiliares de justicia, de la judicatura y el sector administrativo, con el objetivo de impulsar mejoras en el abordaje integral que se realiza cuando en las oficinas judiciales se integre un servidor con algún tipo de discapacidad o deficiencia, para brindarle una continuidad laboral tomando en cuenta las obligaciones y responsabilidades institucionales.

Esta capacitación es organizada por Gary Bonilla Garro, integrante del Consejo Superior con el apoyo de la dirección de Gestión humana, y se contó con la participación del Departamento de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad, de la Dirección Nacional de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Gary Bonilla Garro, integrante del Consejo Superior destacó la importancia de este taller como una forma de plantear un análisis adecuado en el abordaje de este tema de relevancia institucional.

Para el Consejo Superior, la realización de este taller reviste de una especial importancia, sobre todo porque con más frecuencia se someten a conocimiento de este órgano colegiado, las solicitudes de las personas funcionarias para readecuar sus funciones por condiciones de salud, así como las recomendaciones de la oficina de Adaptación Laboral. “Estos casos merecen un análisis mesurado donde debe existir un equilibrio entre los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, y la obligación de las jefaturas como representantes patronales de brindar un servicio público de calidad contando con el personal idóneo”, señaló el integrante Bonilla Garro.

Este taller permitió identificar propuestas que fortalezcan el programa de adaptación laboral por condiciones de salud para el personal de este Poder de la República.

• Tribunal de Familia: Sentencia Nº 00216 – 2023

 Los atributos de la crianza y educación de un hijo o hija debe ser compartidos por la madre y el padre, así lo determinó el Tribunal de Familia de San José, al resolver un recurso de apelación de sentencia en un proceso de familia de Puntarenas.

 En la revisión del caso sobre guarda, crianza y educación, el Tribunal de Familia determinó que “…El hecho de que se confirme la guarda en la madre, es porque se considera que, en este momento, lo mejor para el menor es eso, pero no se está excluyendo de ninguna forma al padre de la vida del menor, por el contrario, como se indicó, debe de integrarse todavía más, en la vida cotidiana de este, en la toma de sus decisiones, en el crecimiento y crianza de esta, lo cual debe hacer junto con la madre, en igualdad de condiciones, buscando siempre lo mejor para [Nombre 004].”.

 Con lo resuelto en el recurso de apelación, se revocó la sentencia recurrida, únicamente, para determinar que la crianza y educación debe ser compartida por ambos padres y en lo demás apelado se confirmó lo resuelto por el Juzgado de Familia de Puntarenas.

 La sentencia del Tribunal especificó que el contenido personal de la patria potestad, en principio, es el único atributo que no puede ser compartido, salvo excepciones. 

 En el caso particular en estudio, el órgano colegiado concluyó que ambas partes han cumplido cabalmente con sus roles paterno y materno, lo que este actuar corresponde a “…un derecho de los menores al contacto y crecimiento junto a ambos padres, y esto se garantiza, por lo menos a criterio de esta integración, manteniendo la guarda a como ha venido ejerciéndose, a cargo de su madre, la cual, en su momento, así se acordó por ambos. Lo resuelto se considera a su vez, que, si se resuelve en el mejor interés de la menor, lo cual reafirma este Tribunal al confirmar la sentencia venida en alzada. Se ha valorado ampliamente el entorno del menor, cuál es su voluntad, y lo que, al respecto, indicaron los testigos, y las probanzas periciales, lo cual, se considera, que lo resuelto, en este aspecto, sí se hizo en el mejor interés de [Nombre 004]. –.”

 La resolución Nº 00216 – 2023 del Tribunal de Familia de San José se dictó el 10 de marzo de 2023, al resolver un recurso de apelación presentado por una de las partes, respecto a la sentencia dictada por el Juzgado de Familia de Puntarenas.

• Afirma Junta Administradora del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial (JUNAFO) en comisión legislativa.

 La falta de información técnica que determine el impacto actuarial y financiero de reducir el aporte patronal al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, como lo propone el proyecto de ley expediente 23 733, podría causar el cierre técnico del régimen jubilatorio judicial.  Ésta fue una de las consideraciones que expuso la Junta Administradora del Fondo.

 Este miércoles 28 de junio de 2023, compareció el Director a.i. de la Junta del FJPPJ, Oslean Mora Valdez, ante la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa que tramita la iniciativa de ley.

 Se expuso que el proyecto sometido a criterio de la comisión legislativa carece de una estimación actuarial que cuantifique el impacto real que el ajuste propuesto provocaría a las arcas del régimen del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial, pues se basa únicamente en un supuesto no probado.

 La propuesta de disminuir la tasa de aportación del 14,36% al 5,75% (de manera paulatina), podría implicar un cierre técnico del régimen jubilatorio judicial, por no contar con un estudio actuarial formal que se señale las repercusiones de la medida que se pretende y no contempla las medidas respectivas para sustituir esa fuente de financiamiento.

 Además, puntualizaron que su aplicación en el tiempo implicaría eventualmente un peso mayor al eslabón más débil de la relación laboral, en el cual la parte obrera aportaría más del doble que el patrono, lo que podría generar distorsiones irreparables en el perfil de beneficios asociados al régimen jubilatorio y podría violentar derechos adquiridos y derechos subjetivos de la población cotizante.

 Se especificó que se estima que la elaboración de un estudio actuarial demanda un plazo de alrededor de tres meses para su elaboración y análisis, conforme la normativa actual.

 Un punto importante que no considera en la propuesta de ley es la proporcionalidad del aporte patronal / aporte obrero / estatal, ya que lo correcto en un régimen jubilatorio es analizar las contribuciones forzosas que se exigen en la Seguridad Social en Costa Rica (aporte tripartito) como un todo y no interpretar los aportes de forma individual, como pretende este proyecto.  

 La JUNAFO señaló que el texto legislativo no considera las características diferenciadas existentes en el Fondo del Poder Judicial, como la contribución forzosa del 5.00% para el obrero y 8,75% para el patrono de cotización al Seguro de Enfermedad y Maternidad de la CCSS, que mantienen los jubilados y pensiones del Poder Judicial y cuya obligación no pagan para las personas beneficiarias del régimen del IVM.

 A esto se suma las diferencias de cotización, donde una persona trabajadora judicial aporta al fondo jubilatorio judicial un 8,83% más que una persona que cotiza para el IVM. Aunado a ello, las personas jubiladas y pensiones del Fondo del Poder Judicial, mantienen el aporte del 13% al régimen judicial, lo que no ocurre con el régimen del IVM, lo que claramente evidencia la importancia de la aportación que realizan las personas beneficiarias para apoyar a la seguridad social costarricense.

 Estas fueron algunas de las argumentaciones expuestas por Mora Valdez e incluidas en el informe remitido por la JUNAFO a la comisión legislativa.

• Consejo Superior visita los Tribunales de la zona

 Los avances, mejoras y requerimientos de los despachos judiciales que brindan el servicio en la zona de Quepos, se expusieron a las autoridades judiciales administrativas durante el jueves 22 de junio.

 Integrantes del Consejo Superior y representantes de la Dirección Ejecutiva y la Dirección de Planificación del Poder Judicial, entablaron un diálogo abierto con los diversos despachos judiciales de Quepos, para analizar la situación actual del servicio público y propiciar acciones para mejorar la atención de las personas usuarias a partir de la toma de decisiones en el ámbito administrativo judicial.

 Temas diversos como las cargas de trabajo en las diferentes oficinas, la importancia de contar con recurso humano de apoyo a la gestión del personal del circuito y los requerimientos en materia de infraestructura fueron algunos de los temas abordados. 

 Se destacó el acuerdo tomado por el Consejo Superior para dar inicio con el proceso de construcción del nuevo edificio de los Tribunales de Quepos, así como los pormenores relacionados con las oficinas que se integrarán una vez esté lista la obra, así como aspectos de costo y plazos de construcción.

 El proyecto de visitas, Consejos Ampliados y giras que emprende el Consejo Superior durante el año, tiene como meta realizar un acercamiento con los despachos judiciales y de esta manera fortalecer la gestión y la toma de decisiones.

 Estas visitas son periódicas y permiten abrir espacios para que las servidoras y servidores judiciales den a conocer los avances y mejoras del circuito judicial y señalen los requerimientos de cada despacho judicial, que tienen como fin mejorar el servicio que presta a las personas usuarias.  Esta es una línea de trabajo que forman parte del Plan Anual Operativo del Consejo Superior.

 En la reunión se contó con la participación del pleno de las y el integrante  del Consejo Superior, Ana Isabel Orozco Alvarez, Sandra Pizarro Gutiérrez, Siria Carmona Castro, Gary Bonilla Garro, así como la Subdirectora Ejecutiva, Dinorah Alvarez Acosta y la Directora de Planificación, Nacira Valverde Bermúdez.

 Las autoridades de los Tribunales de Quepos contaron con la representación del Presidente del Consejo de Administración, Luis Fernando Jacobo; la Administradora del Circuito, Evelyn Llanten Miranda; así como representantes del Departamento de Medicina Legal, la Defensa Pública, el Juzgado Penal, la Subdelegación del OIJ de Quepos y Parrita, la Fiscalía de Quepos y Parrita, el Juzgado Contravencional, Tránsito y Pensiones Alimentarias, la Oficina de Trabajo Social y Psicología e integrantes del Consejo de Administración.