La ruta de trabajo para el presente año fue establecida por el Poder Judicial, instituciones públicas, organismos internacionales y representantes de sociedad civil como parte de las acciones afirmativas en garantizar el derecho de acceso a la justicia sin discriminación por nacionalidad o condición migratoria.

La definición de prioridades se realizó en el marco de la primera reunión del año de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Población Migrante y Refugiada, en donde destacaron temas como las acciones de sensibilización y formación en capacidades profesionales para el combate y persecución de los delitos de trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y su ligamen con el crimen organizado, además del conocimiento sobre el sistema internacional de protección para la condición de refugio y la regularización de personas migrantes menores de edad en conflicto con la ley.

Para el Magistrado Coordinador de la Subcomisión, Gerardo Rubén Alfaro Vargas, es un año de oportunidades ya que se reavivan sinergias con miras a mejorar las condiciones de acceso a la justicia para un sector de la población que se suma a la fuerza laboral económicamente activa del país, además de su gran aporte a la riqueza cultural.

En la reunión de la Subcomisión, realizada virtualmente, participaron representantes de la Escuela Judicial, Defensa Pública, Unidad de Acceso a la Justicia, Contraloría de Servicios, Conamaj, Organismo de Investigación Judicial, Ministerio Público, así como de otras entidades como Ministerio de Trabajo, Tribunal Administrativo Migratorio, Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y la Asociación Nicaragüense Pro-Derechos Humanos.

Las alianzas dentro de este grupo interinstitucional y multisectorial, con representación de sociedad civil, maximiza los recursos financieros y humanos, al establecer acciones cooperativas a lo interno de la Subcomisión para alcanzar las metas planteadas.

Para más información sobre el quehacer de la Subcomisión se puede escribir a Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

En un intento del Tribunal Penal de Limón de llevar la justicia a personas imputadas y ofendidas, ambas habitantes del territorio indígena cabécar de Telire, se realizó un amplio recorrido por aire y tierra, que los llevó a evidenciar las necesidades de esta población.

 El 11 de diciembre de 2023 a las 9 de la mañana, fue el día establecido para la realización del juicio, contra dos personas indígenas por un delito de robo agravado, ese mismo día se esperaba a la persona ofendida y un testigo.  Las partes del proceso no llegaron a la citación pactada en Bajo Bley Sur de Alto Telire y los imputados fueron declarados en rebeldía.

 La entrada y salida de la zona indígena prevista para dos días, se extendió por dos días más por dificultades de comunicación y transporte.  Lo vivido permitió evidenciar, por experiencia propia, las dificultades que enfrenta esta población para acceder no solo a la justicia, sino a los servicios esenciales.

 El grupo fue integrado por el juez y las juezas del Tribunal,  Leonardo Smith Parks, Patricia Herrera Gómez y Yeimy Rebeca Flores López; la defensora pública, Maria Infante Arias; el fiscal auxiliar, Carlos Matamoros Ureña, la técnica judicial, Meisel Ruiz Villarreal y dos agentes de protección de la Oficina de Atención y Protección de Víctimas y Testigos.

 “Esta experiencia nos sensibilizó significativamente, sobre la enorme dificultad que tienen para acceder a la justicia, en caso de que se vean vulnerados sus derechos. El largo camino para interponer una denuncia, destinar no solo muchas horas de caminata, sino, además, tomar varios servicios públicos de transporte para llegar hasta los tribunales de justicia, sumando a otras condiciones de vulnerabilidad interseccionales”, puntualizó en pleno el juez y las juezas del Tribunal Penal de Limón que atendieron la diligencia judicial.

 Luego de analizar la petición de la Defensa Pública para la realización del juicio en la zona indígena, el Tribunal Penal de Limón ordenó llevar el debate hasta el territorio indígena y las coordinaciones institucionales se emprendieron.

 Una compleja logística requirieron los dos días programados, el traslado en vehículo institucional hasta el aeródromo en Pandora, Valle La Estrella, donde dos helicópteros los trasladarían al punto de encuentra, gracias a la colaboración del Servicio Nacional de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública.

 La llegada no tuvo contratiempos y permitió la instalación del Tribunal, sin embargo, el segundo día pactado para el regreso, la imposibilidad de comunicación y las inclemencias del tiempo, les impidió la salida.  Frente a los pocos suministros de comida y las condiciones limitadas del grupo, los obligó a tomar la decisión de salir a pie.

 Con la ayuda de un baqueado indígena emprendieron un camino de casi 20 kilómetros, que les demoró dos días en completarlo, con el asilo de una casa vecina para pasar la noche.  Sortearon el cruce del río Telire con una fuerte corriente, caminos llenos de lodo, ríos y quebradas y sobrepasaron una densa vegetación y  la amenaza de animales en el trayecto.  Una experiencia que marcó su vida y su trabajo.

 “Este regreso nos permitió palpar y vivir en carne propia, parte de las dificultades y obstáculos a las que se enfrentan las personas indígenas que viven en esta zona a diario: las largas distancias para arribar a un pueblo donde abastecerse de insumos básicos; el mal estado de los caminos; la inexistencia de medios de comunicación con personas al exterior del territorio, incluso para pedir auxilio por una emergencia de salud; la escasa variedad y cantidad de alimentos de consumo humano; la ausencia de una red eléctrica para la comunidad”, puntualizó el Tribunal en pleno.

• Datos al 31 de diciembre del 2023 muestra altos índices de utilización de los servicios digitales.

Los servicios en línea del Poder Judicial representaron una alternativa confiable para las personas usuarias durante el año anterior, hechos que se ven reflejados en los datos estadísticos correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023.

De esta forma, las herramientas tecnológicas con las que cuenta la institución permitieron que las personas usuarias realizaran sus consultas desde su casa u oficina, sin tener que trasladarse hasta el despacho correspondiente para revisar los respectivos expedientes.

Para el período mencionado, se entregaron 515.926 hojas de antecedentes penales (hoja de delincuencia), se registró la presentación de 249.558 demandas y 2.624.852 escritos, también se tramitaron 14.402 certificaciones de pensión alimentaria, 109.102 órdenes de apremio y 5.188.570 notificaciones.

En lo que respecta a los trámites de impedimento de salida del país, se gestionaron 202.786 consultas directas de personas usuarias y se gestionaron 5.401.963 consultas por parte de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME).

Finalmente, se registraron 5.595.307 consultas de jurisprudencia en el buscador Nexus PJ, 147.391 consultas al Chatbot del Poder Judicial, se tramitaron 122.646 claves de Gestión en Línea y se tramitaron 1.209.407 gestiones de expedientes electrónicos.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.