• Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa cumple 10 años brindando oportunidades desde un abordaje restaurativo multidisciplinario.

 “Hoy le devolvemos a la sociedad costarricense, a 18 personas que entraron en conflicto con la ley y que luego de someterse voluntariamente, a un proceso de salud, hoy han superado su consumo problemático de drogas. Estoy convencido de que le devolvemos al país, 18 personas restauradas, que van a sus comunidades y que van a ser personas útiles, personas de bien y que forjarán con su trabajo la Nación costarricense todos los días”, reafirmó el magistrado y Rector de Justicia Restaurativa, Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

 Con la graduación de estas personas en diversas zonas del país, el Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa (PTDJR) celebra 10 años y renueva el compromiso interinstitucional de atender a personas, a quienes un consumo problemático de drogas, las llevó a tener un conflicto con la Ley Penal.

 “Hay personas como yo que tienen problemas graves y esta oportunidad me salvó la vida.  Yo entré a este programa el 5 de diciembre de 2013 y logré graduarme.  Fue un éxito muy grande, pero el trabajo de ahora en adelante es poderse sostener.  Todos nuestros anhelos y proyectos están en este espacio libre de sustancias. Hoy me siento muy bien al ver recibir a muchas personas más este título al éxito”, destacó Henry Argüello.

 De enero a octubre del 2023, el PTDJR ya registra un total de 76 casos, de los cuales 46 se tramitaron directamente con el Programa como una salida alterna al conflicto penal y 30 casos como pena alternativa, de los cuales 17 de estas personas proceden de la jurisdicción de Pérez Zeledón.

 “Podemos afirmar hoy que el país cuenta con un procedimiento de tratamiento de drogas bajo supervisión judicial restaurativa, con altos estándares de calidad, con profesionales de una alta preparación profesional y amplio conocimiento técnico.  El desarrollo de una comunicación fluida entre el Poder Judicial, el IAFA y el ICD ha sido significativa para este trabajo, que busca darle una respuesta a la población”, puntualizó Oswaldo Aguirre Retana, Director General del IAFA.

Por su parte, Fernando Ramírez Serrano, Director General de ICD, destacó que “desde el Instituto Costarricense de Drogas hemos dado un acompañamiento técnico, logístico y financiero, siempre dentro del marco de los límites de los recursos que las institucionales tenemos y hemos funcionado como punto focal para que organismos internacionales puedan dar el apoyo necesario para que este programa siga dando los resultados que hoy tenemos”.

 El PTDJR brinda una alternativa restaurativa a las personas cuyo consumo problemático de droga, las lleva a enfrentar un proceso penal. Al someterse voluntariamente al programa, superan su consumo problemático de drogas y el conflicto penal, con la dirección de los equipos interdisciplinarios restaurativos del Poder Judicial y los equipos clínicos del IAFA.

 A 10 años de su aplicación, se registra un alto nivel de cumplimiento, un 87% en salidas alternativas y un 97% en penas alternativas dentro del Programa de Tratamiento de Drogas bajo Supervisión Judicial Restaurativa.  Lo que refleja que el reparar vale más que castigar.

La actividad contó con la participación de magistrados, magistradas, integrantes del Consejo Superior, jefaturas de los órganos auxiliares de justicia.  Asistieron diputados, diputadas, representantes de instituciones públicas del Estado y personas invitadas especiales.

• Siria Carmona Castro, representante de los funcionarios y funcionarias judiciales que Administran Justicia.

 Con una experiencia de 34 años continuos de servicio en el Poder Judicial, su interés por mejorar la gestión del despacho judicial e impulsar la especialización e idoneidad de las personas juzgadoras es el norte de Siria Carmona Castro, integrante del Consejo Superior.

 “Propiciar una estructura, organización y sistematización de los recursos, que garantice la eficiencia y eficacia del Consejo Superior, a través de propuestas que aseguren su mejoramiento continuo para el buen servicio público, es una de las líneas de trabajo que me propuse”, destacó Carmona Castro.

 Afirma que su experiencia como integrante del máximo órgano administrativo, le ha permitido advertir una serie de oportunidades de mejora dentro de la administración de justicia, que pueden convertirse en fortalezas para mejorar la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de las labores encomendadas a este Poder de la República.

 Señaló como una prioridad reforzar las acciones para asegurar y potenciar el conocimiento de las personas juzgadoras y técnicas, con el fortalecimiento de los programas de especialización en Administración de Justicia por materias que están a cargo de la Escuela Judicial, con ello se resguarda la idoneidad de quienes ejercen como juezas y jueces de la República.

 Para Siria Carmona, el adaptar los servicios judiciales a las nuevas tecnologías, que propician la oportuna y correcta implementación de herramientas como el teletrabajo, de la mano con el desarrollo de seguridad informática, tiene una incidencia positiva en la motivación del funcionariado judicial, mejores ambientes laborales y la economía de recursos institucionales, que se traduce en un mejor servicio a la persona usuaria.

 “Considero vital empoderar a los Consejos de Administración en la toma de decisiones y motivar una política de auto gestión que les permita su mejoramiento continuo, la anticipación al cambio de forma proactiva, así como abordar riesgos y oportunidades”, puntualizó la integrante del Consejo Superior.

 Siria Carmona Castro ingresó a laborar en el Poder Judicial en 1989 y se incorporó a la función de la judicatura dentro del Programa de Jueces Supernumerarios, cuya labor la llevó a asumir funciones en órganos decisores unipersonales y colegiados, en todas las materias.  Su labor impartiendo justicia la llevó a recorrer casi todo el territorio nacional, conociendo la realidad en cada región.

 Fue integrante del Juzgado Civil de Hacienda de Asuntos Sumarios y jueza en el Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, donde asumió la coordinación del despacho en el 2007, para luego trasladarse al conocimiento de asuntos en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda por un período de cuatro años.  A partir del 2015 inició labores en el Tribunal de la Inspección Judicial, donde dos años después asumió la Presidencia de dicho órgano.

 Las labores del Consejo Superior no son desconocidas para Siria Carmona, pues desde el 2016 ejerció como integrante suplente, hasta su nombramiento como integrante propietaria, en el presente año.

 Su preparación académica la pone al servicio de la administración judicial, como Licenciada en Derecho, Magister en Administración y Derecho Empresarial; además cuenta con una especialidad en Corrupción y Régimen Sancionatorio de la Hacienda Pública.

• Para el análisis y discusión en la Asamblea Legislativa.

Cinco iniciativas de ley propone el Poder Judicial a la Asamblea Legislativa para construir acciones concretas, que refuercen el tema de seguridad en el país.

 La iniciativa judicial en materia de reformas legales, contemplan cinco ejes focales: el mejoramiento de las intervenciones telefónicas en delitos de femicidio y soborno internacional, el control de personas sentenciadas, el trato prioritario a víctimas y testigos, agilizar los procesos de levantamiento de cadáveres y la garantía en el cumplimiento de las penas impuestas.

 El compromiso de este Poder de la República con el país, es una prioridad en la búsqueda de propuestas que refuercen el tema de seguridad y se combata de forma más efectiva la criminalidad y violencia.

 El proyecto de ley 24 019, es el de más reciente presentación ante el Congreso y fue acogido por el Presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias Sánchez.  Su fin primordial es garantizar el cumplimiento de las penas impuestas a las personas condenadas y define claramente las funciones, los órganos que intervienen en la atención de las personas privadas de libertad y los principios rectores de las actuaciones en la fase de ejecución de la pena.

 Esta propuesta contiene aportes de la Sala de Casación Penal, la Fiscalía General y la Defensa Publica, con el apoyo de jueces de ejecución de la pena.

 La aplicación de las intervenciones telefónicas en los delitos de femicidios y soborno trasnacional, se tramita bajo el expediente 23 347, lo que permitirá que los tribunales autoricen las intervenciones de las comunicaciones orales, o escritas a estos tipos delictivos y facilitar las investigaciones para dar con los responsables de los delitos.

 El trato prioritarios a víctimas y testigos, proyecto de ley 22 836, ya cuenta con segundo debate y está pendiente de su publicación en el Diario La Gaceta para que se constituya en Ley de la República.  El Poder Judicial procuró con esta propuesta dar un trato prioritario a los procesos penales en los que se ordena la protección de víctimas o testigos  y acortar los plazos en audiencias, juicios y las diligencias judiciales requeridas.

 La propuesta legal, expediente legislativo 22 651, Levantamiento de cadáveres sin presas,  avanza en la Asamblea Legislativa y ya cuenta con aprobación en primer debate.  La propuesta judicial tiene como fin agilizar la gestión judicial en los accidentes que ocurren en carretera y que provoquen una muerte. Cuando se traten de delitos culposos, la policía judicial podría levantar el cuerpo sin necesidad de la presencia de un juez.

 Los aportes del Poder Judicial también contempla el Control de Sentenciados, proyecto 23 987, que incluye la modificación de la Ley N.º 6723  de Registro y Archivos Judiciales, en su artículo 11, para conservar durante mayor tiempo los antecedentes de las personas sentenciadas, con ello se procura mejorar las acciones tendientes a prevenir la reincidencia, provocando un impacto directo en la seguridad de las personas.

 La modificación legal del expediente 23 372, para exonerar el pago del IVA a las compras del OIJ, hoy cuenta con segundo debate y en espera de la firma del Poder Ejecutivo, para su publicación en el Diario Oficial La Gaceta y entrar en vigencia como Ley de la República.  Esto permitirá liberar recursos a la policía judicial para mejorar su operatividad en la lucha contra la criminalidad.

 A estos esfuerzos se suma la Ley 9481, aprobada en el 2017 por el Congreso, que corresponde a una iniciativa del Poder Judicial y permitió crear una Jurisdicción Especializada contra el Crimen Organizado, con Juzgados, Tribunal Penal y Tribunal de Apelación de Sentencia, especializados en la materia para la tramitación y resolución de los procesos que se definan dentro de los parámetros de delincuencia organizada que determina dicha ley.  La cual inició funciones el 21 de noviembre de 2022, luego de contar con el contenido económico requerido.

*La agenda de este día contempla más artículos, de ser necesario, oportunamente se remitirá el detalle del resto de numerales, en la misma forma y por la misma vía en que se facilitó este documento.

* Por la dinámica de la sesión, es posible que se incluyan artículos que no aparecen en esta agenda, de ser así, oportunamente se comunicará.