• Para personas menores de edad, jóvenes y mujeres usuarias de la administración de justicia en el proceso penal juvenil.

Mediante dos talleres se presentó la Guía de Atención especializada con enfoque restaurativo y terapéutico para personas menores de edad, jóvenes y mujeres usuarias de la administración de justicia en el proceso penal juvenil, los cuales se realizaron los días 8 y 13 de marzo.

La guía representa un instrumento de consulta que brinda pautas de actuación integrales, propuestas desde una composición de lo interseccional, que permiten mejorar el abordaje que realizan las personas operadoras de justicia.

En los talleres que estuvieron a cargo de la Oficina Rectora de Justicia Restaurativa del Poder Judicial y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD), participaron representantes de la judicatura, del Ministerio Público y la Defensa Pública especialistas en la materia, así como representantes del Departamento de Trabajo Social y Psicología.

El magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa Gerardo Rubén Alfaro Vargas destacó que la herramienta se construyó a partir de la cooperación internacional “Adelante” de la Unión Europea, con la participación de varios países como República Dominicana, México, Costa Rica y Paraguay, siendo la jurisdicción penal juvenil costarricense, primordial para lograr la presente guía.

“Esta guía es una herramienta fundamental que viene a decirnos paso a paso cómo llevar adelante el trabajo con las personas menores de edad para poder hacer verdaderamente Justicia Restaurativa desde sus principios, entonces es un logro más a través de los años. Esta guía no es una imposición desde la Oficina Rectora ni de una organización internacional, sino que es el consenso de lo que desde la experiencia logramos plasmar en un documento que construimos a partir de los insumos que nos dio la jurisdicción”, puntualizó el magistrado Gerardo Rubén Alfaro Vargas.

La presentación de los contenidos de la guía de atención especializada dirigida a su aplicación integral estuvo a cargo de Silvia Frean, Asesora Principal del ILANUD, quien explicó los propósitos, el alcance y el desafío de la misma, el proceso de elaboración, definiciones y elementos clave de la Justicia Restaurativa y de la Justicia Terapéutica, orientaciones operativas de actuación, entre otros aspectos.  

Durante los talleres, se conformaron grupos para realizar un trabajo de la Técnica DRAFPO (Debilidades, Resistencias, Amenazas, Fortalezas, Potencialidades y Oportunidades).

En el siguiente enlace puede encontrar la guía y otros documentos de interés en la materia: https://justiciarestaurativa.poder-judicial.go.cr/index.php/documentos-de-interes-juvenil

O escanear el código:

Consejo Superior: 30 años innovando la administración judicial

•  Política Institucional de Simplificación y Celeridad en los Trámites Judiciales en marcha en todo el Poder Judicial.

 El impulso del Consejo Superior de acciones nuevas para mejorar la tramitación de los procesos judiciales, hoy involucra a todas las oficinas y despachos del país, con el compromiso de establecer líneas de trabajo que garanticen la simplificación y celeridad de las gestiones judiciales.

 La Política Institucional de Simplificación y Celeridad en los Trámites Judiciales, marcha firme dentro de la organización interna judicial, cuyos planes de acción deben ejecutarse en los siguientes cinco años.  En su cumplimiento, cada despacho y oficina, incorpora en sus Planes Anuales Operativos, propuestas que garanticen estos objetivos.

 Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior, explicó que la política institucional se puede considerar como la segunda fase del Programa Cero Papel del órgano administrativo judicial, el cual tiene a su cargo.

 “La política se trata de abordar esa necesidad de simplificar y darle celeridad a los trámites que deben realizar las personas usuarias, reducir la cantidad de requisitos en los diversos procesos jurisdiccionales y administrativos y esto también implica unificar criterios a nivel nacional dentro del Poder Judicial” destacó Pizarro Gutiérrez.

 La jerarca judicial explicó que se emprende un trabajo de sensibilización hacia la población judicial, mediante talleres de capacitación con gestorías, coordinadores de despachos jurisdiccionales, administradores regionales, representantes de las Contralorías de Servicios del país, para darle difusión y una efectiva aplicación a la política.

El primer seguimiento en el cumplimiento de los objetivos trazados por cada oficina y despacho dentro de sus PAO´s, estuvo a cargo del Consejo Superior, hoy esta responsabilidad recae en la Dirección de Planificación.

 “Lo que procuramos es que cada ente judicial del país identifique estos puntos o trámites en los que puedan generar un cambio significativo para la gestión de los procesos, y desde las líneas estratégicas de la política”, destacó Sandra Pizarro, integrante del Consejo Superior.

 El Consejo Superior es el máximo órgano administrativo del Poder Judicial a cargo de ejecutar la política administrativa de la institución.  Fue creado mediante la Ley N° 7333 del 5 de mayo de 1993 y su primera sesión se realizó el 3 de enero de 1994.

 Integración del Consejo Superior:

 Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez

Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Damaris Vargas Vásquez

Sandra Pizarro Gutiérrez, representante de los abogados y las abogadas litigantes Ana Isabel Orozco Alvarez, representante de las personas trabajadoras judiciales Gary Bonilla Garro, representante de abogados y abogadas que trabajan en el Poder Judicial, que no administran Justicia

Siria Carmona Castro, representante de los funcionarios y funcionarias judiciales que Administran la Justicia.

Ana Eugenia Romero Jenkins, Directora Ejecutiva

• Según se establece en la nueva normativa vigente a partir de su publicación, 8 de marzo de 2024.
• Se consignará, en dicha certificación, las existencias de los juzgamientos vigentes.

 Tome en cuenta que, si necesita realizar el trámite de solicitud de la “hoja de delincuencia”, ésta se emite con los nuevos parámetros que se utilizan para cancelar los juzgamientos que contiene la certificación, por lo que se consignará las existencias de los juzgamientos vigentes.

Lo anterior, se realiza ante la reforma del artículo 11 de la “Ley para fortalecer el Registro Judicial", Ley N° 10.435, en el que se modifica y aumentan los plazos de cancelación de las anotaciones de las sentencias en firme, que hayan dictado los tribunales competentes en materia penal.

Tal situación, se pone en conocimiento de la población en general, a fin de que conozca que la certificación de juzgamientos u “hoja de delincuencia”, se emite atendiendo a esos nuevos parámetros de anotaciones de juzgamientos, a partir de la publicación Alcance No. 50 de la Gaceta No. 45 del 8 de marzo de 2024.

Si la solicitud de certificación de juzgamiento se hace para fines laborales, se consignará, en dicha certificación, las existencias de los juzgamientos vigentes referidos en los incisos d) y e) del artículo 11 de la ley antes citada los cuales indican que una vez cumplida la pena se procederá a aplicar los siguientes parámetros:

 d) cinco años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea entre cinco y no mayor a diez años.

 e) diez años después de cumplida la condena impuesta, cuando la pena sea igual o mayor a diez años. Igual plazo deberá transcurrir cuando sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores de edad, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra los deberes de la función pública.

Recuerde que el trámite se puede realizar por medio de la página web del Poder Judicial www.poder-judicia.go.cr, o en las Administraciones Regionales de todo el país, también en el Registro Judicial ubicado en el Anexo A, del Primer Circuito Judicial de San José.

Abrir y consolidar canales de comunicación, así como construir alternativas de mejoramiento del servicio judicial en un diálogo permanente con la ciudadanía es uno de los objetivos que busca alcanzar el personal Juzgado de Tránsito de Cartago, como parte de las acciones que lidera en el marco del Modelo de Juzgados Abiertos.

El personal del juzgado ha realizado diferentes acciones para fomentar la participación ciudadana, la transparencia activa y la colaboración interinstitucional como por ejemplo la realización de talleres con la población usuaria, encuestas y sondeos de opinión, coordinación de ferias de servicios y enlaces con redes interinstitucionales.

Para el juez de dicho despacho, Juan Carlos Araya Moya, “los espacios abiertos al diálogo con las personas ciudadanas de nuestra comunidad nos permite establecer una comunicación directa, efectiva y sencilla, que nos lleva a su vez a recibir y compartir información valiosa respecto al servicio que brindamos y a las nuevas necesidades que demandan las personas usuarias de nuestro juzgado”.

Entre las ideas aportadas por ciudadanía participante de una reunión el pasado viernes 1 de marzo se destacó la necesidad de la celeridad en el proceso judicial, amplitud de los canales de comunicación e información hacia la población, el uso de lenguaje claro, mayor claridad para la persona usuaria en cuanto los tiempos y plazos en las resoluciones, promoción de la conciliación entre las partes y mayor enlace con la Delegación de la Policía de Tránsito local.

Esta iniciativa forma parte del plan de trabajo del Juzgado de Tránsito de Cartago en cuanto a la construcción del Modelo de Juzgados Abiertos, el cual cuenta con el apoyo de la Subcontraloría de Servicios, la Administración Regional, el Centro de Apoyo, Coordinación y Mejoramiento de la Función Jurisdiccional y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la Administración de Justicia (Conamaj).

El Modelo de Juzgados Abiertos se encuentra actualmente en un pilotaje con cuatro diferentes juzgados, que voluntariamente se inscribieron, el cual inició en 2023 y culminará en mayo de 2024 con resultados concretos para la construcción y formalización de indicadores de gestión. La experiencia acumulada de los juzgados participantes, entiéndase Juzgado de Violencia Doméstica de San Carlos, Juzgado de Violencia Doméstica de Alajuela, Juzgado de Pensiones Alimentarias de Heredia y Juzgado de Tránsito de Cartago, servirá como base para el resto de juzgados involucrados en el modelo.

Para más información sobre esta actividad se puede escribir al correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.